jueves, 25 de septiembre de 2008

Argentina: Tarifas, modelos y subsidios


Gustavo Calleja (MORENO)

A partir del anuncio de los aumentos de las tarifas de electricidad y gas a todas las categorías de usuarios con vistas a ‘recomponer’ los cuadros tarifarios para los usuarios residenciales y aliviar las cargas del presupuesto público buscando reducir subsidios, se analizan los distintos efectos que se producirán. La aplicación de “parches” a medida de los beneficiarios del modelo de mercado vigente solamente seguirá profundizando la crisis del sector energético.

El gobierno nacional ha hecho conocer que se aumentarán las tarifas de electricidad y gas a todas las categorías de usuarios. El anuncio oficial fue adelantado por la Sra. Presidenta de la Nación y, posteriormente, repetido con detalles por el ministro Julio De Vido. Ya tiempo atrás se habían producido aumentos para los usuarios industriales y comerciales –que han llegado a perder, en algunos casos, su característica de servicio público- y se venían desarrollando conversaciones con las empresas distribuidoras y transportadoras de luz y gas, con vistas a ‘recomponer’ los cuadros tarifarios para los usuarios residenciales. Algunas empresas ya habían llegado a un acuerdo y ya están aplicando las nuevas tarifas, como el caso de Gas Ban, en el Gran Buenos Aires, Edelap en la electricidad en la zona de La Plata. Y ahora les toca al resto. 

Dos son los argumentos con los que las autoridades justifican los aumentos. Por un lado se esgrime, infaltable, el atraso de las tarifas que, se dice, no se modificaron para los hogares desde el año 2001; lo que no se manifiesta es que en ambos casos esa categoría de usuarios no supera el 25 % del total. Pero inmediatamente se pone como paradigma principal "hacer justicia", fijando aumentos progresivos a los mayores consumos, eximiendo a los consumidores más humildes, y fijando, en el caso del gas por redes, precios subsidiados a las garrafas de GLP. Si bien no es "reparto de la riqueza", por lo menos, se sugiere, es una distribución más equitativa de las cargas. En el caso de las garrafas, la diferencia entre el precio “social” esperado de $ 16 y el vigente actualmente (entre $ 30 y 40), será absorbida por el Estado; esto quiere decir que los proveedores habituales de GLP – las concesionarias de producción de la Ley de Hidrocarburos, las grandes refinerías y las transportadoras de gas natural- no aportarán nada.

Pero, aparece también, aunque no se mencione abiertamente, la necesidad de aliviar las cargas del presupuesto público, buscando reducir subsidios y neutralizar las represalias de las empresas ante el congelamiento parcial de las tarifas. Se da acuerdo para autorizar los aumentos si las empresas "suspenden" los juicios que muchas de ellas han iniciado ante el CIADI, el tribunal arbitral de la CFI, o sea el Banco Mundial. Y decimos suspenden porque no hay indicios concretos y efectivos de que las empresas retiren los cargos presentados contra la Nación. Es bueno señalar que muchos de esos Acuerdos tienen vencimiento anual y si no se los denuncia se renuevan automáticamente; esto es lo que ha sucedido desde siempre en nuestro país.

Lo que el anuncio de los nuevos acuerdos no revela es que los cuadros tarifarios estaban distorsionados, y no lo remedian, pues lo siguen estando. Esto se originó en el desaforado embate de la privatización de las empresas estatales y su desmembramiento entre múltiples empresas productoras y distribuidoras, a partir de comienzos de los años noventa; esta situación genera problemas técnicos y genera costos innecesarios. En Inglaterra, a Margaret Tacher ni se le ocurrió dividir a BG en el momento de privatizarla: la vendió entera; aquí, para satisfacer a la mayor parte de los “amigos” creamos dos transportadoras y ocho distribuidoras, sin contar a GAS NEA, la única sin “caños”, entregada a Gas de France, quien apenas llegó a Paraná y la devolvió. En ambos casos, se unificaron las escalas de los usuarios domésticos y se ubicó a esta categoría de usuarios cautivos en el nivel más alto; se alegó falsamente, que era debido al mayor costo de distribución y se inventaron parámetros para afectarlos en el transporte; en el caso del gas, para quienes menos consumen –por debajo de los 30 m/3 bimestrales, aproximadamente, se creó el concepto “Consuno mínimo” que les permite a las distribuidoras cobrar por el gas que no venden. Esto no se ha modificado.

Ahora, a pesar de que se establecen incrementos de tarifas mayores para los consumos más altos, la distorsión se mantiene. Y además se fijan un piso de consumo por debajo del cual no habrá aumento: esto no hace estricta justicia con quien menos tiene, sino que favorece al que menos consume. Se han olvidado de aplicar una zonificación generalizada. Es fácil ver que los hogares más pobres están más poblados, con más hijos pequeños, con mayores requerimientos de energía, que otros hogares, unipersonales, de clase media. En el reciente incremento eléctrico, quedaron afectados miles de usuarios que, ante la imposibilidad de sumarse a las redes de gas natural, satisfacían sus necesidades mediante el uso de la energía eléctrica; ello demuestra que el Gobierno no ha tenido en cuenta los cambios negativos que provocó el sistema de mercado; en el último período de Gas del Estado se incorporaba a la red de gas natural 500.000 usuarios por año; desde la privatización y desregulación no alcanzan a 100.000 en el mismo período. Las productoras, transportadoras y distribuidoras prefirieron vender al exterior y olvidarse del mercado interno. Así nos fue.

El centro del anuncio es que se acordó con las empresas utilizar parte de la mayor recaudación para crear un fondo que se usará para subsidiar el precio de la garrafa de gas licuado, que consumen buena parte de hogares pobres del conurbano bonaerense y la casi totalidad de la población del NOA y el NEA (unos 4 millones de hogares) Así se establece que habrá un subsidio de $ 550 millones al año para la hasta hoy, inhallable "garrafa social”. El envase de 10 kilos del gas que usa la gente más pobre pasaría a costar $ 16, en lugar de los $35, y hasta $ 40, actuales. Dicen calcular sobre un costo de $ 25, y aseguran que los fraccionadores de garrafas recibirían un subsidio de $ 5,50 por cada envase, y los distribuidores $ 3,50 por cada una. Y las partes se comprometen a vender la garrafa a 16 pesos.

La garrafa social ya tiene su historia. Ya en 2004, con el impulso de (FETERA y organizaciones de consumidores, que proyectaron y alentaron la sanción de una ley, acompañando estudios de costos que determinaban que el precio en mostrador de una garrafa de 10 Kg. no debería pasar de $ 6) el Gobierno logró un acuerdo con las empresas para vender la garrafa de 10 kg. en $ 18, pero el acuerdo llegó a establecer sólo 600 puntos de venta en todo el país, que muchos hoy no funcionan, en los que los precios son muy superiores al acordado –sobreprecio por "flete" o recargos varios-. El Gobierno desoyó el pedido de realizar una auditoría de costos desde la boca de pozo en adelante para lo cual está expresamente autorizado por la Ley de Hidrocarburos –es decir, trabajar y fijar los precios en base a los costos internos- y declarar al sistema de gas licuado como un servicio público, sino que sancionó la Ley Regulatoria específica, donde el precio de referencia es el internacional. Es para preguntarse si es que ahora va a ser muy distinto, pues no se modifica el modelo ni se lo declara servicio público.

El MORENO manifiesta que aquellas actividades que satisfacen una necesidad imprescindible y permanente de la sociedad deben ser declaradas servicio público, donde sus precios sólo deben ser fijados por el Gobierno Nacional; en este caso previa reorganización del sector, en base a costos internos y que permitan el acceso y la permanencia de todos los argentinos, no importando su lugar de residencia.

La aplicación de “parches” a medida de los beneficiarios del modelo de mercado vigente solamente seguirá profundizando la crisis del sector energético

Gustavo Calleja es Vicepresidente del MORENO.

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