lunes, 8 de septiembre de 2008

Ecuador: Función social y propiedad privada. ¿De que inseguridad habla la derecha? (Parte II)

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

Función social

La confusión, la ignorancia, la resuelta negativa a distinguir y a saber, han sido patrimonio tradicional de la reacción y la conservación.
Antoni Doménech

Los voceros de la derecha ponen el grito en el cielo, por cuanto el proyecto de nueva constitución establece que la propiedad “deberá cumplir la función social y ambiental”, en la intención de crear en la opinión pública la convicción de que se trata de una suerte de propuesta inicial, nunca antes incluida en los textos constitucionales. Su posición la sustentan en lo estipulado en el artículo 282, el que establece que: “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental”, y en el artículo 321 que estipula que: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”.

Si bien la reserva y temor que manifiestan parece fundamentado, no lo es, como peor lo es la gran alharaca levantada al respecto, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, por que la función social constaba ya en la constitución de 1998 y el principio expresado en forma implícita desde la constitución de 1929. En segundo lugar por cuanto el texto del artículo 282 antes mencionado se limita a estipular que “deben cumplir la función social y ambiental”, disposición que contiene tiene menor capacidad coercitiva que lo estipulado en la Constitución de 1998, puesto que en el artículo 30 de dicha constitución se establece que: “La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía”. Cita que permite constatar el uso del condicional mientras, superlativamente más condicionante que el deber cumplir establecido en el proyecto de nueva constitución. 

Como todo lo antes afirmado es así, procede preguntarse ¿por qué razón no armaron igual escándalo cuando se aprobaron los contenidos de la constitución de 1998? Las razones son evidentes, en esos tiempos, las cámaras y los partidos Social Cristiano y la Democracia Cristiana controlaban el poder político, por lo que era absolutamente improbable que se aplicase esta norma como efectivamente ocurrió, a pesar de que el mismo texto constitucional establecía explícitamente cuales eran los condiciones bajo las cuales se garantizaba la propiedad y la no aplicación del principio la función social. Efectivamente, de los contenidos de los artículos 242 y 247 de la constitución de 1998 se infiere que las propiedades cumplen su función social siempre y cuando sean tierras en producción, que cumplan con los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, como se desprende del contenido de esos artículos. Ciertamente, el artículo 267 establecía que: “El Estado garantizará la propiedad de la tierra en producción y estimulará a la empresa agrícola. El sector público deberá crear y mantener la infraestructura necesaria para el fomento de la producción agropecuaria”. Texto del que se colige que no está garantizada la propiedad de las tierras que no estén en producción, por lo que y en consecuencia, pueden ser afectadas, cuanto más si no cumplen lo que estipula el artículo 242, el que dispone iguales derechos y oportunidades para acceder, entre otros a la propiedad de los medios de producción, entre los cuales, como es conocido, se incluye la tierra. El artículo 242 estipula que: “La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de producción”. 

Si a lo antes expresado se agrega que las bases conceptuales y teóricas de lo que luego se conocerá como el principio función social, se incluyen ya en la constitución de 1929, el pregón de la derecha por presentar al proyecto de nueva constitución como el que genera inseguridad por contener ese principio, pierde todo asidero. A lo que debe agregarse que la constitución de 1929 no sólo contenía las bases teóricas de la función social, sino que además supeditaba explícitamente el derecho de propiedad: “en favor de los intereses generales del Estado, del desenvolvimiento económico nacional y del bienestar y salubridad públicos”. Supeditación que permitía que: “Los pueblos y caseríos que carezcan de tierras o aguas o sólo dispongan en cantidad insuficiente para satisfacer las primordiales necesidades domésticas e higiénicas”, tengan derecho a que: “a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas”.

Efectivamente, el texto del artículo 151, numeral 14, estipulaba que: “El derecho de propiedad, con las restricciones que exijan las necesidades y el progreso sociales. En tal sentido, corresponde a la Ley determinar las obligaciones, limitaciones y servidumbres en favor de los intereses generales del Estado, del desenvolvimiento económico nacional y del bienestar y salubridad públicos.

Los pueblos y caseríos que carezcan de tierras o aguas o sólo dispongan en cantidad insuficiente para satisfacer las primordiales necesidades domésticas e higiénicas, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, armonizando los mutuos intereses de la población y de los propietarios”, con lo que queda demostrado lo añejo del principio función social que hoy ataca la derecha, como si se tratase de una novísima innovación, como si fuese un principio inédito en las constituciones anteriores. 

A lo antes expresado debe agregarse que la Constitución de 1945, relativiza aún más la propiedad como derecho absoluto pretendido por la propaganda de la derecha, puesto que en forma explícita estipula que la propiedad tiene obligaciones sociales y que esta subordinada a los intereses de la colectividad. Efectivamente, el artículo 146 de la Constitución de 1945, en su numeral cuatro establece que: “El régimen de la vida económica debe responder a principios de justicia social y tender a liberar de la miseria a todos los ecuatorianos, proporcionándoles una existencia digna.

La propiedad, por tanto, crea obligaciones sociales y, en consecuencia, la utilización de la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la colectividad”. En consecuencia, lo intocable de la propiedad privada, deja de tener sentido el carácter de inmutable, de intocable que quiere asignarle la derecha en el marco de la actual confrontación política.

La constitución de 1946, aprobada un año luego de la de 1945 por una mayoría derechista aupada por Velasco Ibarra, como era previsible, incluye un texto regresivo respecto al de 1945. Reflujo que se produjo en tanto y en cuanto se prohibió la confiscación de bienes, lo que no obstó para que introduzca por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana el concepto función social en forma explícita, sin eufemismo, como lo demuestra el contenido del artículo 183, el que establece que: “Se garantiza el derecho de propiedad conciliándolo con su función social. Prohíbese la confiscación de bienes, la que, si de hecho llegare a producirse, no causará alteración alguna en el derecho de la parte perjudicada ni prescripción de ninguna clase, y originará, contra la autoridad que la ordenare y contra el Fisco, acción sumaria de daños y perjuicios”.

Desde 1946, el concepto función social se incluirá en las sucesivas constituciones en forma explícita, por lo que en la subsiguiente constitución de de 1967, igualmente se condiciona la garantía de la propiedad privada al cumplimiento de la función social, como se desprende del artículo 47, el que estipulaba que: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privadas mientras ésta cumpla la función social que le es inherente. La ley regulará su adquisición, uso, goce y disposición, y facilitará el acceso de todos a la propiedad” 

La constitución de 1978, codificada en 1997, igualmente mantiene la condicionalidad de la garantía del derecho de propiedad, más, a diferencia de la constitución de 1967, extiende la condicionalidad a todas las formas de propiedad, más allá de la propiedad privada a la que se refería el texto constitucional de 1967. La razón que subyace en la ampliación antes mencionada responde a la necesidad de disponer de bases legales para proceder a las privatizaciones de la propiedad pública, acorde con los postulados de la política neoliberal que había insurgido con fuerza hacia esos años. Esa la razón por la cual el artículo 63 estipula que: “La propiedad, en cualesquiera de sus formas, constituye un derecho que el Estado reconoce y garantiza para la organización de la economía, mientras cumpla su función social. Esta deberá traducirse en una elevación y redistribución del ingreso, que permita a toda la población compartir los beneficios de la riqueza y el desarrollo”.

Adicionalmente a lo antes expresado, debe mencionarse que la constitución de 1978, conserva una de las condicionalidades establecidas en textos anteriores para garantizar la propiedad de la tierra: que se halle en producción. A lo que adiciona la redistribución de la riqueza y condena el “acaparamiento de la tierra y el latifundio” como elementos complementarios. Efectivamente el artículo 66, establece que el “Estado garantiza la propiedad de la tierra en producción”. Y que: “La política del Estado, en cuanto a la actividad agropecuaria y a la estructura de la propiedad en el sector rural, tendrá como objetivos el desarrollo económico, la elevación del nivel de vida, la redistribución de la riqueza y de los ingresos”. A la vez que “proscribe el acaparamiento de la tierra y el latifundio”.

La constitución adoptada en 1998, en su artículo 30 reitera, como quedó ya expresado que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad, en cualquiera de sus formas “mientras cumpla su función social”, con lo cual mantiene este principio establecido en las constituciones anteriores. Por ello, en su artículo 267 y en referencia a la tierra, establece que: “El Estado garantizará la propiedad de la tierra en producción”, con lo que reitera uno de los principios que hacen al cumplimiento o no de la función social, que la tierra se halle en producción. Citas de las que comprueban lo que habíamos antes afirmado: la constitución de 1998 igualmente condiciona la garantía del derecho a la propiedad de la tierra, a que éstas se encuentren en producción. Citas que igualmente permiten inferir que todas las tierras que no se hallan en producción no cumplen la función social a la cual están destinadas, por lo que y en consecuencia, la propiedad sobre las mismas no esta garantizada por el Estado. 

A forma de conclusión vale entonces mencionar que el proyecto de nueva constitución a considerarse el próximo 28 de septiembre, reitera que el Estado reconoce y garantiza la propiedad en sus distintas formas al igual que la de 1978 y 1998, adicionando tan sólo el detalle de las formas de propiedad que se garantiza, todas las cuales deben cumplir la función social, como lo estipula el artículo 321, en el que se establece que: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”. Artículo que se limita a agregar la función ambiental a la función social. 

Las diferencias entre los textos de 1998 y la del proyecto de nueva constitución, se reducen, entonces, a las siguientes: 

a. El proyecto de nueva constitución retoma la norma establecida en la constitución de 1978 respecto a la prohibición de acaparar tierra y los latifundios (artículo 66), al estipular en el artículo 282 que: “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierras, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra.

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes….”; y,

b. Incluye, por primera vez en las constituciones del Ecuador en forma explícita, a las propiedades urbanas que son parte de las ciudades, como se infiere del contenido del artículo 31, el que estipula que: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. Lo cual, por cierto, no significa que en forma implícita no se hayan contenido en el texto de todas las constituciones anteriores, puesto que el uso del genérico propiedad incluía a todas las formas de propiedad, sin reparo al tipo de bien en propiedad. 

Así planteado el problema y por todo lo expresado en esta breve reseña sobre la función social y la garantía al derecho de propiedad, resulta evidente que la derecha no tiene razón alguna para poner énfasis en la inclusión del concepto función social, peor asegurar que ello ha generado la supuesta inseguridad que aducen, toda vez que de ser sincera su posición esta debería haber estado presente en los reclamos desde 1929, por las razones antes expresadas. Por ello, es factible afirmar que la supuesta inseguridad que habría creado el proyecto de nueva constitución no pasa de ser un argumento político que oculta la verdad de la historia constitucional ecuatoriana, que utiliza verdades parciales o parcialmente explicadas, que descontextualiza los contenidos, todo ello en el objetivo de manipular la opinión pública para que no voten Si en el referéndum del 28 de septiembre. 

Finalmente valga mencionar que la derecha ecuatoriana no hace alusión alguna a la función ambiental. Las razones son evidentes: ¿quien podría respaldar una propuesta que exija se garantice la propiedad privada de aquellos que afectan al medio ambiente? Nadie en sus cabales, podría estar a favor, cuanto más que medio ambiente se define como el: “entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto”, que: “Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras”. Medio ambiente que: “No se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, al agua, el suelo, el aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura”. Por ello la derecha silencia su reclamo y lo limita a la función social, ocultando que en el proyecto de nueva constitución la función social y ambiental forman un solo todo, indisoluble.

¿Qué tipo de bienes se afectan con la aplicación de la función social y ambiental?

Pero la manipulación no termina con lo antes tratado respecto a la función social y ambiental. La derecha igualmente manipula la opinión pública sobre la base de un argumento falso: que el texto permite el irrespeto a la propiedad privada de todo tipo de bienes, como son las viviendas, los vehículos e incluso los bienes blancos o equipos de música, como lo propagan sin recato alguno, en la forma más desvergonzada. Igualmente afirman, como lo hace Rodrigo Lasso ex Ministro de Agricultura en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que la reiteración del principio función social, permite que el Estado expropie semovientes, herramientas, aperos de labranza, etc. A pesar de lo falso, de lo endeble de esas aseveraciones, es indispensable desvirtuar esos falsos argumentos, por el impacto que generan sobre la opinión pública.

En el análisis incluido en los puntos anteriores del presente trabajo, se puso énfasis en relacionar a la propiedad privada con los medios de producción, lo que tenía un objetivo: el poner en claro que los bienes susceptibles de afectación, de no cumplir la función social para la cual están destinados, son los medios de producción y no otros. En otros términos, se afectan los bienes que, asociados a la fuerza de trabajo, permiten la generación social de excedentes, y, la apropiación de los mismos por parte de loa individuos que los poseen o controlan. En otros términos, los bienes susceptibles de afectación son lo valores de cambio, que no los valores de uso, puesto que los valores de uso son aquellos bienes destinados a satisfacer las necesidades de quienes los poseen, por lo que no se destinan al proceso de acumulación. Entre los valores de uso se incluyen la casa en la que uno habita, el o los vehículos que se destinan al uso de la familia, todos los bienes blancos (refrigeradoras, cocinas), los muebles, etc. 

A lo antes expresado es importante agregar, a propósito de los instrumentos de trabajo de los pequeños agricultores o de los artesanos, que aquellos, estrictamente, constituyen valores de uso, puesto que son utilizados por los propios campesinos o por los artesanos para el cumplir con sus tareas cuotidianas, lo que es absolutamente diferente de los medios de producción de los grandes capitalistas, los cuales los adquieren no para participar personal y directamente en el proceso productivo, sino como instrumentos para poner a trabajar a otros hombres, para apropiarse del plusvalor que generan las personas por ellos contratadas. En consecuencia, es falsa la afirmación de la derecha de que todos los tipos de bienes podrán ser incautados y redistribuidos, como lo es también la que sostiene que los instrumentos de trabajo de los pequeños agricultores y artesanos serían objeto de incautación y redistribución. .

En lo que tiene que ver con los medios de producción agrícolas, entre los cuales se incluye la tierra, así como la maquinaria agrícola y otros, es menester insistir en lo mencionado respecto a la garantía de la propiedad en el análisis de la función social y ambiental, puesto que éste puso en evidencia que no cumplen la función social los medios de producción que presentan las siguientes características:

a. En el caso de la tierra, aquella que no se destina a la producción. Que se mantiene inculta con el único propósito de que se incremente su precio (Constitución de 1998);

b. Las propiedades que se requieran para satisfacer “las necesidades y el progreso social” (Constitución de 1929). Este principio se conoce como expropiación, puesto que éstas e permiten para satisfacer fines de bienestar colectivo e interés social, para lo cual se procede a declararlos de utilidad pública y a expropiar los bienes que pertenezcan al sector privado, previa justa valoración, pago e indemnización (Este principio se incluye desde la Constitución de 1851);

c. Los intereses de la colectividad que se estableciesen en forma normativa (Constituciones de 1945 y 1946);

d. Posibilite la elevación y redistribución del ingreso, que permita a toda la población compartir los beneficios de la riqueza y el desarrollo (Constitución de 1978);

e. Cuando se acaparan tierras y conforman latifundios (Constitución de 1978)
 
A lo antes expresado debe agregarse, en el contexto urbano, que la tierra no cumple su función social, cuando los terrenos no se destinan a los siguientes objetivos: la dotación de vivienda, de servicios básicos o espacios públicos. Esto es cuando se los mantiene inactivos por razones especulativas, en el sólo propósito de que se incremente su precio.

En el sector industrial se aplica el mismo criterio que el establecido para la tierra agrícola y la urbana: el estar en producción o no. En este caso la intervención se producirá cuando por decisión de los propietarios y sin ninguna razón social o económica que lo justifique, se procede al cierre de las empresas. Esta paralización de actividades, por cierto exceptúa a los casos relacionados con el paro patronal, establecido en la ley.

En conclusión, las limitaciones de la garantía de propiedad se aplican única y estrictamente a los valores de cambio, y, en este caso, a aquellos que no cumplen con las condiciones antes expresadas. En consecuencia, se excluyen todos los valores de uso, esto es aquellos que se destinan a satisfacer las necesidades de los individuos en particular y de sus familias. Conclusión que contraría totalmente al discurso de la derecha, que pretende que el proyecto de nueva constitución afectaría, incluiría a las casas, departamentos, vehículos, refrigeradoras, cocinas, camas, muebles, semovientes, etc.

¿Es bien habida la propiedad que defiende la derecha?

Definida el tipo de propiedades que podrían ser actualmente afectadas por incumplir con la función social, sobre la base de los textos constitucionales vigentes, es ineludible analizar si el derecho a la propiedad que reclama la derecha ecuatoriana es lícita o no. En otros términos, es forzoso analizar si el origen de las propiedades sobre las cuales demandan una garantía absoluta, se adquirieron legalmente, o si, por el contrario, son producto de exacciones, de latrocinios, de rapiñas, de abiertos y desembozados hurtos. Más allá, por cierto, de la apropiación de los excedentes socialmente creados que caracteriza al capitalismo que transitoriamente impera en el país. 

El descubrir el origen de las grandes propiedades en el Ecuador obliga a iniciar el análisis en la etapa colonial, puesto que todo el bárbaro despojo del que fueron objeto nuestros pueblos ancestrales, se inició con la atribución de la propiedad de las tierras conquistadas por parte de la Corona -denominadas tierras realengas-, las cuales se distribuyeron entre los conquistadores, los funcionarios y los colonos. Apropiación que justificaron, como siempre lo han hecho los conquistadores, afirmando que se trata de seres inferiores, “hombrecillos con apenas vestigios de humanidad”, como los calificara a nuestros antepasados el fray Gines de Sepúlveda, para quien: “Con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, como gentes crueles e inhumanos a muy mansos, exageradamente intemperantes a continentes y moderados, finalmente, estoy por decir cuanto los monos a los hombres.

La justa guerra es causa de la justa esclavitud, la cual construida por derecho de gentes, lleva consigo la pérdida de la libertad y de los bienes”.

Apropiación que no se limito a las “tierras realengas”, puesto que pronto se expandieron a las tierras de las comunidades indígenas, hasta tal punto que 1589, el Presidente Barros de la Real Audiencia de Quito expresaba: “a otra cosa mui principal se a puesto freno después que lo llegué a esta Audiencia que ha sido el repartir tierras a los españoles … con notable perjuizio de los indios el qual solo se les sigue de quitarles las tierras que tienen i an menester i son suias para las dar a los españoles sino otro muii mayor dando por esclavos a los mismos indios para se las labrar y cultiar …” (8). Cita que igualmente se refiere a la expoliación y cuasi esclavitud a la que se sometió a nuestros pueblos ancestrales a través de las encomiendas, institución que a la vez que concedía derecho a percibir tributos y prestación de servicios personales, mandaba a los encomenderos la obligación de proteger a los indios y cuidar de la instrucción religiosa con ayuda de los curas doctrineros, a más de respetar en forma absoluta el derecho de propiedad de las tierras de los encomendados. Obligación que nunca se cumplió, como lo confirma la siguiente cita de Oswaldo Albornoz, en la que afirma: “Así el derecho de propiedad territorial es burlado todos los días mediante infinidad de artimañas. Se apoderan de las mejores tierras, aquellas de pan sembrar, denunciándolas como baldías. Compran tierras a los caciques no obstante la prohibición legal. Y hasta pretenden suceder en la propiedad de los indios muertos sin herederos.

La encomienda entonces, resulta una puerta abierta, anchamente abierta para la formación de latifundios. Cuando se extingue el derecho del encomendero, es decir, cuando se ha terminado la vida o las vidas para las cuales fue concedida la encomienda, los descendientes del encomendero, gracias a la rapiña ejercitada, devienen en grandes y poderosos latifundistas”, a lo que agrega: “Asomémonos a las puertas de la encomienda y observemos como son usurpadas las tierras comunales”, luego de lo cual detalla que: “Uno de los medios es apoderarse de las tierras de los encomendados, no se sabe por qué, se considera como legítimo heredero. Así aprovechando de una gran mortandad acaecida en los pueblos del Virreinato de Nueva España. Los encomenderos se adueñan de las tierras de los indios muertos”. La expoliación alcanzó tal magnitud que el 14 de mayo de 1546, mediante cédula real se ordena: “que los españoles encomenderos por ninguna vía sucediesen en las tierras y heredamientos que quedasen de indios muertos en los pueblos encomendados, sino que tales tierras y heredamientos, en el caso de carecer los indios difuntos de herederos, se entregasen a los pueblos, a fin de que las gozaran y pudieran pagar los tributos tasados”. 

A todo lo anterior, Albornoz agrega que: “También los encomenderos de pueblos de poco desarrollo, que producen solamente lo necesario para satisfacer sus necesidades primarias, se valen de este hecho para apropiarse de sus tierras. Primero, cobran el tributo mediante trabajos personales, y si esto no es suficiente, se salda la deuda con la tierra del encomendado”. Todo entonces queda dicho respecto, al origen de la propiedad rural que hoy defienden los hijos de los encomenderos.

Pero la historia del desarrollo de las propiedades mal habidas se prolonga en la colonia, mediante la institución denominada “composición”, la que J.M. Ots Capdequi, especialista en derecho agrario colonial, la define así: “La ‘composición’ fue, tanto n el derecho histórico español como en el derecho propiamente indiano, una figura jurídica por la cual, en determinadas circunstancias, una situación de hecho –producida al margen o en contra el derecho- podía convertirse en una de derecho, mediante el pago al Fisco de una cierta cantidad” (9). Institución que permite que las tierras usurpadas, robadas, especialmente a las comunidades indígenas, sean legalizadas. Robo que se extiende de tal manera que la corona debe reconocer y ampliar el desafuero, como lo confirma la siguiente cita de una cédula real que ordenaba: “Considerando el mayor beneficio de nuestros vasallos ordenamos y mandamos a los virreyes y presidentes y gobernadores, que en las tierras compuestas por sus antecesores no innoven, dejando a los dueños en su pacífica posesión; y los que se hubieren introducido y usurpado más de lo que les pertenece, conforme a las medidas, sean admitidas en cuanto al exceso, a moderada composición, y se les despachen nuevos títulos”. Palabras más que elocuentes para demostrar que las tierras de los antecesores de los que hoy protestan por la posibilidad de que se aplique el principio función social, fueron usurpadas, robadas a los verdaderos propietarios, por lo que no deberían tener el valor de reclamar por la posesión de aquello que no les pertenece.

Tierras mal habidas entre las cuales se cuentan también las de las congregaciones religiosas y en especial los jesuitas, quienes llegaron a ser los más grandes latifundistas en los territorios de la Audiencia de Quito, en los cuales llegaron a poseer 131 haciendas, a través de una serie de instrumentos de apropiación, entre las cuales vale citar: compras ilegales; donaciones y mercedes reales; composiciones; herencias y donaciones pías; cofradías, capellanías y censos; misiones. Prácticas entre los cuales se destacan las compras ilegales, para las cuales las congregaciones religiosas mostraron especial pericia y dedicación, hasta el punto que: “Este mismo año (1635), afirma el escritor conservador Pablo Herrera, se despachó a la Real Audiencia otra cédula previniendo que se haga cumplir y ejecutar la prohibición de que los religiosos adquieran rentas y haciendas, pues desde Pasto hasta Loja, se habían apoderado en menos de dos años, de más de la mitad de las haciendas, de modo que al cabo de poco tiempo podrían haber llegado a ser dueños de todo” (10). 

El caso de los jesuitas merece título aparte, no sólo por lo desmesurado de su ambición por poseer riquezas terrenales, sino por el método que les fueron arrebatadas por las familias de más rancio abolengo, las más piadosas. Efectivamente. luego de la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas en 1767, por el Rey Carlos III, los propios jesuitas o la “Comisión de Temporalidades”, entregó con el carácter de temporales las haciendas de los jesuitas, sin embargo de lo cual, y como corresponde entre “aristócratas”, entre “notables”, estos se negaron a devolverlas como correspondía, en franco, desembozado y descarado hurto de las propiedades igualmente mal habidas por los jesuitas. Será que la “aristocracia” se allanaba con es práctica al cielo por ello de que “ladrón que roba a ladrón, mil años de perdón”. Sea cual haya sido la razón para ese vil comportamiento, vale preguntarse: ¿Es admisible, procedente que los descendientes de aquellos que robaron los bienes a los jesuitas, quienes a su vez hurtaron a las comunidades indígenas, pongan el grito en el cielo, ante la posibilidad de que, de aprobarse el proyecto de la nueva constitución, se aplique el principio función social?

Pero la historia de las expoliaciones de la propiedad ajena no termina con lo brevemente descrito respecto al período de la colonia. La historia se continuó durante la república. Buen ejemplo es el caso de la usurpación de propiedades para constituir los grandes latifundios que caracterizaron a la explotación cacaotera de fines del siglo XIX e inicios del XX, como bien lo ejemplifican los casos de las comunas indígenas de Ñauza y Chirijo. Al respecto, Gonzalo Ortiz Crespo, sobre la base de los escritos de Uggen, afirma que: “Una de las formas que tomó la ampliación de las fronteras de los latifundios fue la apropiación de tierras de indios de comunidad, como es el caso de los indios Ñauza, cuyos títulos coloniales fueron siempre respetados. Sin embargo, al llegar el siglo XIX, un Camilo Landín, se dedicó a la tarea de comprar pedazos aledaños, inclusive tierra de la Comunidad que el entonces Gobernador de Guayaquil , Vicente Ramón Roca, futuro presidente del Ecuador, había despojado en 1835 a los indígenas para vendérsela a un particular”. Más adelante agrega: “Otro caso mencionado por Uggen de despojo a comunidades campesinas es el de la Hacienda Milagro, donde actualmente está asentado el Ingenio Valdez. Originalmente esta hacienda era el territorio de la comuna indígena de Chirijo, pero ya en la primera expansión del imperio del cacaco, a finales del siglo XVIII pasa en parte a Miguel de Salcedo. Alrededor de 1880 la hacienda es adquirida por Rafael Valdez, quien la compra y establece poco después el famoso ingenio” (11).

Michael T. Hamerly, por su parte asevera que: “Una de las maneras que tenían los propietarios para incrementar sus propiedades a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX era denunciando seis a ocho leguas de tierra, que abarcaban muchas fanegadas ya cultivadas y amplias extensiones de bosques. Hasta que se estudie el Tribunal de Tierras de Guayaquil, no se sabrá el mecanismo de la denuncia. Aparentemente involucraba la pretensión a tierras baldías y/o tierras pertenecientes a labradores con títulos precarios. En todo caso un buen número de labradores perdió sus tierras y se encontraban forzados a escoger entre irse tierra adentro y comenzar de nuevo o quedarse como aparceros o jornaleros” (12). 

La breve reseña sobre los métodos adoptados para configurar la que luego pasaría a formar parte de la propiedad privada, señala inobjetablemente que ésta es el producto de una expoliación continua, la que atraviesa por distintas etapas, a todas las cuales les es común la apropiación de propiedad ancestral de comunidades e incluso de propietarios “privados”. Este señalamiento basta inicialmente descalificar la cerrada defensa de propiedades mal habidas, más, es importante cerrar esta historia ignominiosa, agregando que quienes hoy elevan su grito al cielo en contra del proyecto de nueva constitución son los descendientes directos de los principales actores de la vergonzosa historia antes reseñada. Baste recordar que en el tránsito entre la colonia y la república, la “aristocracia” que había hurtado las tierras de las poblaciones ancestrales, reconstituyó su poder a través del matrimonio con miembros del ejército libertador. De esa alianza provienen quienes se apropiaron de las propiedades de las comunas de la zona cacaotera, de los recursos del Estado a través de la emisión de moneda y de préstamos usurarios al erario nacional, del control de la institucionalidad del Estado, de las sucretizaciones, del dinero de los depositantes con el feriado bancario, por citar los casos de expoliación más destacados. 

En suma son los mismos. Sí, son los que nunca respetaron la propiedad ajena, los que reclaman hoy que la propiedad debe ser respetada, intocada. Si son los mismos, no cabe duda alguna. Más como siempre existe la posibilidad de que se ponga en tela de juicio nuestra aseveración, incluimos como anexo el estudio genealógico de Oswaldo Albornoz, que pone en evidencia que la verdadera y profunda razón de la protesta y de la lucha por el NO de las Cámaras de Agricultura; de los banqueros; de la cúpula de la Iglesia; de los grandes industriales; de los grandes latifundistas; de quienes siempre han controlado el aparato del Estado; de quienes siempre han gobernado en su favor; de quienes usurparon y usurpan; de la Gran Familia Ampliada, es la lucha por conservar el poder, su poder, que hoy se halla en juego. Por ello sus acciones desesperadas, sus atropellos, sus improperios, sus exabruptos. Por ello son peligrosos, por ello debemos estar atentos. Por ello no debemos ni podemos desmayar. ¡Por ello debemos triunfar!


Notas:
8) El conjunto de esas relaciones constituye la estructura económica de la sociedad dentro de la cual se desarrolla el proceso productivo.  
9) Denominase así al proceso económico mediante el cual se captan recursos de terceros, principalmente a través de los siguientes mecanismos: el crédito obtenido en el sector financiero (Bancario, Mutual, etc), la colocación de títulos valores y de acciones en el mercado de capitales.
10) En a Landázuri Soto, El régimen laboral indígena en la Real Audiencia de Quito, Madrid, 1959, página 57, citado en “La economía colonial. Relaciones socio-económicas de la Real Audiencia de Quito”, Corporación Editora Nacional, Quito, 1984, página 29.  
11) Citada por Oswaldo Albornoz, Op. Cit. Página 101.
12) Albornoz Peralta, Oswaldo: “Historia de la Acción Clerical en el Ecuador. Desde la conquista hasta nuestros días”, Ediciones Solitierra, Quito, Ecuador, páginas 14 y 15.

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