miércoles, 24 de septiembre de 2008

Ecuador: Recupera el gobierno 1.664 concesiones mineras

El gobierno ecuatoriano recuperó 1.664 concesiones mineras que estaban en poder de particulares, en su mayoría por violar la ley o por haber caducado, según informó hoy en un comunicado la Presidencia de la República.

El documento indicó que las 1.664 concesiones mineras recuperadas por el Estado representan un total de 2,6 millones de hectáreas.

El viceministro de Minas, José Serrano, dijo que las concesiones incumplían los artículos 2, 5 y 6 del Mandato Minero aprobado por la Asamblea Constituyente.

Según el funcionario, 543 concesiones violaban el artículo 2 por no haber cancelado las patentes de conservación y el resto debido a que sus trámites habían caducado según el Mandado Minero aprobado en abril pasado por la Constituyente.

Serrano no descartó que otras áreas también sean recuperadas por el Estado luego de que la subsecretarías de Minas y de Protección Ambiental concluyan el análisis de una legislación que declara extinguidas las concesiones que afecten los yacimientos acuíferos.

Según Serrano, entre las concesiones caducadas había 85 otorgadas a ex funcionarios o parientes de ex ministros, a quienes no identificó, por un total de 125.722 hectáreas.

Serrano agregó que ex directores de Minería, ex subsecretarios de Minas y sus familiares formaban parte de compañías mineras que tenían concesiones en las provincias de Pichincha, Loja, El Oro y Azuay.

De acuerdo con el mandato minero aprobado por la Constituyente, "se declara la extinción, sin compensación económica alguna, de todas las concesiones mineras otorgadas a favor de funcionarios y ex funcionarios" de los ministerios del sector.

El mandato incluye los ministerios de Recursos Naturales, Energía, Minas y Petróleos, y afecta a parientes inmediatos de esos funcionarios hasta el cuatro grado de consanguinidad y segundo de afinidad, "por utilización en su interés personal de información privilegiada".

Serrano agregó que otras concesiones fueron revertidas por incumplir el pago de las patentes de conservación en el plazo establecido en la Ley de Minería hasta el 31 de marzo de cada año y por adelantado a partir de 2004.

El mandato minero emitido por la Constituyente también suspendió por seis meses toda la actividad minera en el país mientras se redacta y debate una nueva Ley de Minería.

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