martes, 11 de noviembre de 2008

Argentina: La Corte Suprema admitió la libertad de agremiación

DIARIO HOY

En un fallo que altera el tradicional sistema de organización sindical en la Argentina, el Tribunal expresó que no hace falta estar asociado a un gremio con personería para ser delegado. La CGT lo tildó de "provocación".

La Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 41 inc. a de la ley 23.551 de asociaciones sindicales porque afecta la libertad de agremiación de los trabajadores.

El máximo tribunal de la Nación dijo que la exclusividad que otorga la norma a los sindicatos con personería gremial afecta el derecho de los trabajadores al exigirles la afiliación y además limita a los sindicatos que no gozan de esa personería en el ejercicio de su representatividad. La libertad sindical significa el derecho de los trabajadores a la constitución de sindicatos sin autorización previa.

El conflicto planteado en este caso se suscitó a raíz de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a elecciones de delegados de personal en el ámbito del Estado Mayor del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a lo que se opuso la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (Pecifa) por considerar que sólo ella era quien tenía facultades para realizar ese acto en razón de la personería gremial que le había sido conferida.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió la controversia desestimando el recurso de ATE. Al efecto tuvo en cuenta que la ley dispone que para ser delegado de personal se requiere "estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta" (art. 41, inc. a de la ley 23.551), por lo cual la única asociación que podía convocar la elección y cuya personería gremial comprendía específicamente al personal de los entes referidos era Pecifa. Tal decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VI).

Ante ese resultado, ATE acudió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal en el cual planteó, por una parte, que lo resuelto era arbitrario y, por otra, que la norma en la que se basaron tanto los jueces como la autoridad ministerial para resolver en el sentido indicado, vulnera el derecho a una organización sindical libre y democrática, consagrado en la Constitución Nacional (art. 14 bis).

La Corte consideró que el primer planteo resultaba inadmisible pero el segundo, en cambio, merecía ser tratado. Examinó las normas internacionales que consagran la libertad de asociación y, en especial, la llamada "libertad sindical" y su recepción en el derecho interno.

Hizo hincapié en que el Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como instrumento que define los alcances de dicha libertad, obliga a los Estados miembros de la organización internacional a poner en práctica las "disposiciones" que la garanticen, lo que implica, en primer lugar, reconocer el derecho de los trabajadores a la constitución de sindicatos sin autorización previa y la afiliación sindical.

"Carece de sentido común"

El dirigente de la CGT y titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, afirmó esta tarde que el fallo de la Corte Suprema sobre la libre agremiación "carece de sentido común" porque "afecta a los trabajadores" y es "un acto de provocación para enturbiar el clima social".

"Este fallo carece de sentido común, afecta a los trabajadores y hasta habría que tomarlo como un acto de provocación para enturbiar el clima social de la Argentina", afirmó Piumato.

El dirigente de la CGT que lidera Hugo Moyano consideró que el fallo de la Corte "es un verdadero disparate con intencionalidad política porque tiende a fragmentar al movimiento sindical".

A continuación el texto completo del fallo de la Suprema Corte de Justicia:

"ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO C/M1DE
TRABAJO"
S.C. A. n° 201, L. XL.
Procuración General de la Nación
S u p r e m a C o r t e :
-IContra
la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Sala VI, que confirmó la resolución del
MTESS n° 197 que ratificó la procedencia del planteo deducido
por la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas -PECIFA-
respecto de las elecciones de delegados convocadas por la
Asociación de Trabajadores del Estado -ATE-, en el ámbito del
Estado Mayor General del Ejército y Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas (fs. 133/134 y 153), la actora interpone
el recurso extraordinario (fs. 138/146 y 148), que fue replicado
(fs. 161/168 y 169/173) y denegado a fojas 175, dando
origen a la queja en examen (fs. 37/43 del cuaderno respectivo).
El decisorio apelado tuvo en cuenta que si bien la
resolución n° 414/66 -por la cual se otorgó a PECIFA la personería
gremial en el ámbito en cuestión- fue dictada, en el
plano de la ley n° 14.455, con pautas para el otorgamiento de
personería distintas a las que se encuentran en vigor (ley n°
23.551), lo cierto -señaló- es que subsisten las otorgadas de
conformidad con aquellas exigencias legales, excepción hecha
de que se haya verificado un conflicto intersindical (vgr.
disputa de personería o encuadramiento sindical), lo que no se
ha planteado en el expediente.
Añadió que la resolución n° 416/66 -que no fue objeto
de impugnación- excluye a la ATE del ámbito de Capital Federal
y de algunos partidos del Gran Buenos Aires -Vicente López,
San Martín, Tres de Febrero, La Matanza, Lanús y Avellanedaen
lo referido al personal agrupado en la PECIFA de Capital
Federal; y que es nulo y carente de efectos el llamado a
elecciones de delegados realizado treinta y siete años después
de dictada aquella resolución. Descartó por inoficiosos
planteos fundados en los principios de libertad sindical y
representación, legislados en los convenios n° 87, 98 y 135 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como
numerosas citas de decisiones de la Comisión de Expertos en la
Aplicación de Convenios y del Comité de Libertad Sindical,
señalando que las observaciones realizadas por el último organismo
mencionado a los artículos 38, 39, 41, 48 y 52 de la
ley n° 23.551 no interesan para la dilucidación del caso, por
encontrarse en juego los alcances de una personería gremial ya
otorgada, con la consiguiente exclusión de otra asociación
sindical de dicho ámbito de actuación (fs. 133/134 y 153).
-IIEl
argumento principal de la recurrente -en síntesis-
es que el fallo en crisis omitió considerar planteos
conducentes para la dilucidación del caso, pues nada se dijo
sobre dos resoluciones anteriores del Ministerio de Trabajo
que dan cuenta de la existencia de pluralidad sindical en el
ámbito de la Administración Pública Nacional. Afirma que
existe una verdadera coexistencia de entidades gremiales que
altera la regla de exclusividad de los derechos de las asociaciones
con personería sindical y que, en todo caso, el
desplazamiento produce efectos sobre los derechos relativos a
la negociación colectiva sectorial. Agrega que no se consideró
la ley n° 24.185, que contempla la coexistencia de entidades
con personería gremial, regulando la negociación colectiva en
el sector público y confiriendo el derecho a la negociación
colectiva, para todo el ámbito de la representación, a la ATE
y UPCN -Unión del Personal Civil de la Nación-, dejando la
"ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO C/M1DE
TRABAJO"
S.C. A. n° 201, L. XL.
Procuración General de la Nación
negociación colectiva sectorial para los sindicatos de cada
uno de esos sectores.
Refiere que sin perjuicio de que el régimen de personería
y exclusividad que prevé la ley nacional es incompatible
con los convenios n° 87, 98 y 135 de la OIT, entre otros
acuerdos internacionales, el decreto n° 1096/00 establece el
compromiso del gobierno argentino de compatibilizar de la
legislación sindical con los convenios referidos, en el marco
de lo establecido, especialmente, por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional. A todo evento y en forma
subsidiaria, plantea la inconstitucionalidad de la resolución
n° 414/66 por violar -entre otros- los artículos 14bis y 16 a
19 de la Carta Magna, haciendo hincapié en el desconocimiento
de los principios en la materia de igualdad, bilateralidad y
primacía de la realidad (v. fs. 138/146 y 148).
-IIIConsidero
que en el supuesto traído a dictamen se
configura, tal como lo sostiene el apelante, el extremo de
falta de tratamiento de cuestiones conducentes para la ajustada
solución del caso, que V.E. ha ponderado como causal de
la tacha de arbitrariedad de los pronunciamientos judiciales.
En efecto, ha dicho esa Corte que se viola el principio de
congruencia cuando el fallo impugnado omite decidir peticiones,
alegaciones o argumentos oportunamente propuestos a la
consideración del tribunal y que deben integrar la resolución
del litigio (cf. Fallos: 312:295, 451; 313:978; 314:313;
315:981, etc.). En el sub lite, la Cámara no se ha pronunciado
sobre la pretensión de la accionante fundada en que en
el ámbito de la Administración Pública Nacional media la posibilidad
de que coexistan personerías gremiales otorgadas a
distintos sindicatos que relativizan el principio de la exclusividad
representativa o unicidad promocionada. Dicho argumento
se basó, en esencia, en que existen antecedentes de
resoluciones ministeriales que así lo avalaban (res. n° 51/87 y
1101/94) y en que ello fue reconocido, también, mediante la
ley n° 24.185 de negociación colectiva en el sector público,
temas sobre los cuales, en rigor, no dio respuesta alguna.
Vale recordar que por resolución n° 51/87 -anterior a la ley n°
23.551 promulgada en 1988-, se reconoció a los sindicatos con
personería gremial y con actuación en el marco del Estado
Nacional, provincial y municipal la retención de cuota sindical
y la representación del personal de conformidad a lo determinado
en sus estatutos, sin afectar las personerías respectivas
oportunamente acordadas. Por su parte, tampoco son
objeto de adecuado tratamiento los artículos 4 y 6 de la ley n°
24.185 -citados junto con las resoluciones por la recurrente
(cfse. fs. 78: 10/18)- así como también, ampliamente, otros
preceptos de los decretos n° 1096/00 -invocado también por la
quejosa-; 757/01 y 760/01; resolución conjunta de la AFIP y la
Subsecretaría de Relaciones Laborales n° 103/01 y general n°
1027/01; y resolución MTEySS n° 255/03 -posterior a estas
actuaciones- entre otros. En ese contexto, adquiere igualmente
verosimilitud la protesta de la actora en el sentido de que,
en suma, ha omitido ponderarse la razonabilidad sobreviviente
de lo actuado en el marco de la resolución n° 414/66.
En tales condiciones, entiendo que la decisión no se
sustenta, sin que ello implique anticipar opinión sobre el
fondo del problema, aunque me exima de considerar los restantes
agravios.
-IV"
ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO C/M1DE
TRABAJO"
S.C. A. n° 201, L. XL.
Procuración General de la Nación

Por lo expresado, estimo que incumbe hacer lugar a
la queja, declarar procedente el recurso, dejar sin efecto la
sentencia impugnada y restituir las actuaciones al tribunal de
origen para que, por quien competa, se dicte nuevo pronunciamiento
con arreglo a lo expuesto.
Buenos Aires, 07 de septiembre de 2007.
Marta A.Beiró de Goncalvez
Es copia

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio
de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales", para
decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales
hizo lugar a la impugnación formulada por la Unión del
Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), y declaró la
invalidez de la convocatoria a elecciones de delegados del
personal efectuada por la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) en el ámbito del Estado Mayor General del Ejército
y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Contra esa
decisión, ATE interpuso un recurso jerárquico que la señora
Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desestimó, en
abril de 2003, teniendo en cuenta que: a. el art. 41, inc. a
de la ley 23.551 de asociaciones sindicales disponía que para
ser delegado del personal se requería "estar afiliado a la
respectiva asociación sindical con personería gremial y ser
elegido en comicios convocados por ésta"; b. la única asociación
profesional con aptitud para "convocar, organizar y fiscalizar"
las elecciones de delegados era aquella cuya personería
gremial abarcaba al personal del ámbito en cuestión, y
c. tal asociación era PECIFA de acuerdo con una resolución de
1966. Finalmente, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo confirmó lo resuelto por la autoridad ministerial.
Ello motivó el recurso extraordinario de ATE, cuya
denegación dio origen a la queja en examen.
2°) Que en la apelación extraordinaria, además de
cuestiones fundadas en la doctrina de la arbitrariedad, la
recurrente reitera el planteo Cya expuesto ante la sede administrativa
y ante la cámaraC de que el citado art. 41, inc. a,
vulnera el derecho a una organización sindical libre consagrado
por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y por
diversos tratados internacionales.
A juicio de esta Corte, los agravios aludidos en
primer término resultan inadmisibles (art. 280 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Empero, una conclusión
opuesta se impone en cuanto a la impugnación constitucional
(art. 14.3 de la ley 48), de manera que, al estar reunidos
los restantes recaudos de admisibilidad, corresponde
hacer lugar a la queja y habilitar esta instancia con tales
alcances.
El art. 41 de la ley 23.551 dispone que "[p]ara
ejercer las funciones indicadas en el art. 40 se requiere: a)
estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería
gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta
[...]". De su lado, el citado art. 40 contempla a la representación
ejercida por los "delegados del personal, las comisiones
internas y organismos similares, en los lugares de
trabajo o según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento
al que estén afectados".
3°) Que el desarrollo progresivo del que ha sido
objeto la regulación del derecho de asociación, ya previsto en
la Constitución Nacional de 1853-1860 (art. 14), puso de
manifiesto el doble orden de notas esenciales contenidas en
aquél, las cuales, en pareja medida, resultan decisivas para
esclarecer el sub lite. Por un lado, reveló las dos inescindibles
dimensiones que encerraba ese derecho: individual y
social. Por el otro, advirtió la especificidad de la asociación
en el campo de los sindicatos, dando lugar a la profundización
de la llamada libertad sindical. De todo ello, da
cuenta una sucesión ininterrumpida de numerosos instrumentos
internacionales que, desde 1994, tienen jerarquía constitu
cional (Constitución Nacional, art. 75.22, segundo párrafo).
Así, para abril de 1948, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre previó que "[t]oda persona tiene
el derecho de asociarse [...] para promover, ejercer y proteger
sus intereses legítimos de orden [...] sindical" (art.
XXIII), al tiempo que, pocos meses después, la Declaración
Universal de Derechos Humanos sumó a la norma general de su
art. 20: libertad de "asociación" (pacífica) y prohibición de
pertenencia obligatoria a una asociación, la del art. 23.4:
"[t]oda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses". Siguieron a estos
antecedentes, los dos Pactos Internacionales de 1966. El relativo
a Derechos Civiles y Políticos, según el cual, "[t]oda
persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso
el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para
la protección de sus intereses" (art. 22.1); y el concerniente
a Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de manera
estrechamente vinculada con la temática sub discussio,
reconoció el derecho de toda persona "a fundar sindicatos y a
afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los
estatutos de la organización correspondiente, para promover y
proteger sus intereses económicos y sociales" (art. 8.1.a). La
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a su hora (1969),
estableció que todas las personas "tienen derecho a asociarse
libremente con fines [...] laborales [...]" (art. 16.1). Por
cierto, se emplaza en medio de este decurso el art. 14 bis de
la Constitución Nacional, introducido en 1957, que prevé la
"organización sindical libre y democrática", sobre lo cual se
volverá infra.
Más aún, bajo variadas modalidades, los citados
instrumentos internacionales establecieron, al modo previsor
del art. 14 bis, marcados ámbitos de libertad sindical. De
esta suerte, el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, enunció el "derecho de los
sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del
orden público, o para la protección de los derechos y
libertades ajenos" (inc. 1.c). Además de ello, su inciso 3 se
hizo eco, preceptivamente, de un hito mayúsculo del historial
antes reseñado, al disponer que "[n]ada de lo dispuesto en
este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo
a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación
a adoptar medidas legislativas que menoscaben las
garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en
forma que menoscabe dichas garantías". El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, de su lado, mediante el art.
22.2 y 3, se expresó en términos sustancialmente análogos a
los del antedicho art. 8.1, y compartió ad litteram el inciso
3 de éste. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
su oportunidad, siguió puntualmente los mencionados arts. 8.1
y 22.2 (art. 16.2). Y todavía pueden sumarse a estos preceptos,
diversos enunciados del art. 8 del Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador, 1988), de jerarquía supralegal (Constitución Nacional,
art. 75.22, primer párrafo), como el "derecho de los
trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su
elección, para la protección y promoción de sus intereses"
(art. 8.1.a), la prohibición de la pertenencia compulsiva a un
sindicato (art. 8.3), y la reiteración del art. 16.2 de la
Convención Americana (art. 8.2).
4°) Que, desde luego, todos los textos legales reA.
201. XL.
RECURSO DE HECHO
Asociación Trabajadores del Estado c/
Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones
Sindicales.
cordados precedentemente, tributaron al desarrollo progresivo
de un designio que ya revistaba en el acto de creación de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), vale decir, la
Sección I de la Parte XIII del Tratado de Versalles, de 1919,
y contenido en el Preámbulo de su Constitución: el "reconocimiento
del principio de libertad sindical" como requisito
indispensable para "la paz y armonía universales", que encuentra
su correlato en la categórica proclama de la llamada
Declaración de Filadelfia, del 10 de mayo de 1944, por la cual
fueron reafirmados no sólo los principios fundamentales sobre
los cuales está basada la OIT, sino, "en especial", que la
"libertad [...] de asociación es esencial para el progreso
constante" (I, b). Argentina es miembro de la citada Organización
desde los orígenes de ésta: 1919.
Incluso, la Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, adoptada en
1998, después de memorar que, "al incorporarse libremente a la
OIT, todos los Miembros han aceptado los principios y derechos
enunciados en su Constitución y en la Declaración de
Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse por lograr los
objetivos generales de la Organización en toda la medida de
sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas",
y afirmar que "esos principios y derechos han sido expresados
y desarrollados en forma de derechos y obligaciones
específicos en convenios que han sido reconocidos como fundamentales
dentro y fuera de la Organización", declaró que "todos
los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios
aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera
pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer
realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución,
los principios relativos a los derechos fundamentales que son
objeto de esos convenios", inter alia, "la libertad de aso−
ciación y la libertad sindical" (1, a y b, y 2.a -el Anexo
prevé, además, un régimen de seguimiento de la DeclaraciónC).
5°) Que lo expuesto en el considerando que antecede,
muestra con elocuencia que la libertad de asociación sindical
remite muy particularmente al ya recordado Convenio N° 87, de
lo cual es ejemplo la sentencia de esta Corte recaída en el
caso Outón (Fallos: 267:215, 223 - 1967). Esto es así, por un
cúmulo de razones. El Convenio, además de haber sido
ratificado por la Argentina (en 1960) y estar claramente comprendido
en la citada Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, ha sido hecho
propio, de acuerdo con lo ya señalado, por dos tratados con
jerarquía constitucional.
A este respecto, resulta nítida la integración del
Convenio N° 87 al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales por vía del citado art. 8.3, so riesgo
de vaciar a éste de contenido o de privarlo de todo efecto
útil, lo cual constituye un método poco recomendable de exégesis
normativa (Madorrán c. Administración Nacional de Aduanas,
Fallos: 330:1989, 2001/2002 - 2007). Análoga conclusión
surge del criterio del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, al recomendar a los Estados, en repetidas
oportunidades, que adecuen su legislación al Convenio N° 87 (v.
Concluding Observations: Australia, 31-8-2000, E/C.12/1 Add.
50, párr. 29; Concluding Observations: Germany, 31-8-2001,
E/C.12/1/Add. 68, párr. 22, y Concluding Observations: Japan,
21-8-2001, E/C.12/1/Add. 67, párrs. 21 y 48, entre otras). Del
mismo modo corresponde discurrir en orden al ya transcripto
art. 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (v. Nowak, Manfred, Covenant on Civil and Political
Rights. CCPR Commentary, Kehl/Estrasburgo/ Arlington, N.P.
A. 201. XL.
Engel, 1993, p. 400). Y aun se debe agregar a estos dos
instrumentos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
a poco que se repare en la aplicación que ha hecho del
Convenio N° 87 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Caso Huilca Tecse vs. Perú, fondo, reparaciones y costas,
sentencia del 3-3-2005, Serie C No. 121, párr. 74).
El Convenio N° 87, según sus considerandos, se inspira
en los principios y valores de la Constitución de la OIT
y de la Declaración de Filadelfia, supra indicados. Con ese
sustento, dispone que todo Miembro de la Organización para el
cual esté en vigor, "se obliga a poner en práctica" determinadas
"disposiciones" (art. 1), entre las que se destacan,
para el presente caso, que "los trabajadores [...], sin ninguna
distinción y sin autorización previa, tienen el derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así
como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de las mismas" (art. 2),
así como, que las "organizaciones de trabajadores [...] tienen
el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos,
el de elegir libremente sus representantes, el de
organizar su administración y sus actividades y el de formular
su programa de acción". Por otro lado, así como las
"autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención
que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio
legal" (art. 3.2), la "legislación nacional no menoscabará ni
será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas
por el presente Convenio" (art. 8.2). Todo Miembro, añade,
también "se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y
apropiadas para garantizar a los trabajadores [...] el libre
ejercicio del derecho de sindicación" (art. 11). El término
"organización", aclara el art. 10, significa "toda organización
de trabajadores que tenga por objeto fomentar y defender
los intereses de los trabajadores [...]".
6°) Que todo el corpus iuris de los derechos humanos
pone de resalto el contenido del derecho de asociación
sindical y las dos inseparables dimensiones de éste: individual
y social. Según lo juzgó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, los términos del art. 16.1 de la Convención
Americana establecen "literalmente" que "quienes están bajo la
protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la
libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención
de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan
el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa,
por lo tanto, un derecho de cada individuo", sino que,
"además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización
común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones
que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad" (Caso Huilca
Tecse vs. Perú, cit., párr. 69 y su cita). La libertad de
asociación en "materia laboral", por ende, así como en su
dimensión individual "no se agota con el reconocimiento teórico
del derecho a formar sindicatos, sino que comprende además,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio
apropiado para ejercer esa libertad", en su dimensión social
resulta "un medio que permite a los integrantes de un grupo o
colectividad laboral alcanzar determinados fines en conjunto y
beneficiarse de los mismos" (ídem, párrs. 70/71). Y esta
libertad, como también lo ha entendido el tribunal interamericano,
radica "básicamente", en la facultad tanto de constituir
organizaciones sindicales, cuanto de "poner en marcha su
estructura interna, actividades y programa de acción, sin
intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca
el ejercicio del respectivo derecho" (Caso Baena Ricardo
y otros vs. Panamá, fondo, reparaciones y costas, sentencia
del 2-2-2001, Serie C No. 72, párr. 156). En todo caso, son
dos dimensiones que "deben ser garantizadas simultáneamente",
puesto que "[l]a libertad para asociarse y la persecución de
ciertos fines colectivos son indivisibles, de modo que una
restricción de las posibilidades de asociarse representa
directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de la
colectividad de alcanzar los fines que se proponga" (Huilca
Tecse vs. Perú, cit., párrs. 70 y 72).
Llegan a análogas conclusiones todos los restantes
instrumentos internacionales precisados en el considerando 3°,
sobre todo los dos Pactos de 1966, y muy especialmente el que
regula los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otro
tanto se sigue del Convenio N° 87.
Con todo, la sustancia de los principios a los que
debe responder la reglamentación del derecho de asociación
sindical, están contenidos con igual vigor en el art. 14 bis
de la Constitución Nacional.
7°) Que, en efecto, el art. 14 bis resultó no sólo un
temprano continuador de los documentos internacionales que lo
precedieron, al dar cabida a los impulsos del constitucionalismo
social desplegados, a escala universal, en la primera
mitad del siglo XX ("Aquino" Fallos: 327:3753, 3770, 3788 y
3797 - 2004). También se erigió, con no menor significación,
como norma anticipatoria de los que le seguirían. Así, puso
una precisa y definitoria impronta: "organización sindical
libre y democrática". La libertad, en el plano individual,
enunciada a fin de que el trabajador sin ataduras disponga
afiliarse, desafiliarse o no afiliarse y, de ser lo primero,
en la organización que escoja. En breve, la "afiliación libre
y consciente", que no puede verse herida con "supuestas razones
de interés sindical y bien común" (Outón, cit., p. 223). Y
la libertad para los sindicatos, con el propósito de que
puedan ser fundados y realizar sus actividades sin obstáculos
o limitaciones del Estado, que reduzcan injustificadamente las
funciones que les son propias: la promoción, ejercicio,
defensa, fomento y protección de los intereses legítimos de
orden sindical. "Nosotros Cobservó el convencional constituyente
Becerra, en 1957C no hemos calificado la forma del sindicalismo,
y no lo podemos calificar porque somos respetuosos
del derecho de asociación y del derecho de los obreros. Deseamos
que los obreros agremiados libremente se den la forma
sindical que mejor les parezca y que mejor crean que atiende a
sus propios intereses" (Diario de Sesiones de la Convención
Nacional Constituyente Año 1957, Congreso de la Nación, Buenos
Aires, 1958, t. II, p. 1356; v. asimismo, entre otras, las
intervenciones de los convencionales Jaureguiberry y Peña,
ídem, ps. 1222 y 1257, respectivamente). El reconocimiento de
un sindicato "por la simple inscripción en un registro
especial", como también lo dispone el art. 14 bis, resulta un
elemento reforzador de esta última finalidad (v., asimismo, la
exposición del convencional Prat, Diario de Sesiones, cit., t.
II, p. 1401).
La democracia, a su turno, fue reconocida como
prenda de convivencia, de apertura franca y amplia hacia el
pluralismo y la participación, tanto para la persona que libremente
se incorpora a una organización, cuanto para las
relaciones entre todas y cada una de éstas en el concierto de
los sindicatos que, no menos libremente, los trabajadores
deseen formar. La democracia gremial es un "signo" expresamente
consagrado por el art. 14 bis (Albornoz c. Nación Argentina,
Fallos: 306:2060, 2064 - 1984; Sindicato de Empleados
de Comercio Capital Federal, Fallos: 310:1707 - 1987).
El precepto constitucional, en consecuencia, manda
que el régimen jurídico que se establezca en la materia, antes
que impedir o entorpecer, debe dejar en libertad las mentadas
actividades y fuerzas asociativas, en aras de que puedan
desarrollarse en plenitud, vale decir, sin mengua de la
participación, y del eventual pluralismo de sindicatos, que el
propio universo laboral quiera darse. Los términos "libre y
democrática" que mienta el art. 14 bis, no por su especificidad
y autonomía, dejan de ser recíprocamente complementarios.
8°) Que este orden conceptual se corresponde con la
interpretación del Convenio N° 87 y la labor de dos órganos de
control internacional de la OIT. Por un lado, el Comité de
Libertad Sindical Ccreado por el Consejo de Administración de
la OIT en su 1170 reunión de noviembre de 1951C, destinado al
examen de las alegaciones relativas a la violación de la libertad
sindical (Compendio normativo aplicable al Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, adoptado
por el Consejo en su 2920 reunión, marzo de 2005, anexos
I y II). Por el otro, la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT Cinstituido por resolución
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo
en su octava reunión (1926)C, que ejerce el control regular de
la observancia por los Estados Miembros de las obligaciones
derivadas de los convenios que han ratificado (Manual sobre
procedimientos en materia de convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo, Sección VI). De estas fuentes,
por lo demás, hizo mérito la Corte Interamericana de Derechos
Humanos tanto en Huilca Tecse (cit., párr. 75) cuanto en Baena
(cit., párrs. 157, 164 y 165). Y tampoco ha faltado la
oportunidad para que el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales exhortara a un Estado a que revise su
legislación laboral con vistas a adaptarla a las observaciones
de la Comisión de Expertos relativas al Convenio N° 87 (vgr.:
Concluding Observations: Malta, 26-11-2004, E/C.12/1/ Add.
101, párr. 35, y Concluding Observations: Poland, 29-11- 2002,
E/C/C.12./1/Add. 82, párr. 44).
De consiguiente, es de importancia puntualizar los
criterios elaborados por dichos órganos, en particular, los
concernientes a los llamados por éstos "sindicatos más representativos",
condición que, en el ordenamiento nacional, es
reconocida por la autoridad del trabajo mediante el otorgamiento
de la personería gremial (ley 23.551, art. 25). Al
efecto, en fecha reciente, la Comisión de Expertos ha "recordado"
al Estado argentino, "que la mayor representatividad no
debería implicar para el sindicato que la obtiene, privilegios
que excedan de una prioridad en materia de representación en
las negociaciones colectivas, en la consulta por las
autoridades y en la designación de los delegados ante los
organismos internacionales" (Observación individual sobre el
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), Argentina (ratificación:
1960), 2008). El recordatorio, cabe acotar, alude a anteriores
observaciones de la Comisión de análogo contenido que la
antedicha (v. Observación individual sobre el Convenio núm.
87, Libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948, Argentina (ratificación: 1960), 1999, punto 2, que
reitera, vgr., las observaciones de 1998 y 1989).
Con ello, ciertamente, la Comisión no hacía más que
persistir, a la letra, en los límites que ya había enunciado,
con alcances generales, respecto de las legislaciones que,
"preocupadas por encontrar un justo equilibrio entre la imposición
de la unidad sindical y la fragmentación de las organizaciones,
consagran la noción de sindicatos más representativos
y suelen conceder a éstos derechos y ventajas de alcance
diverso" (Libertad sindical y negociación colectiva, Informe
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, Conferencia Internacional del Trabajo, 81°
reunión, 1994, Informe III, Parte 4B, párr. 97).
Más todavía, ya en 1989, al formular sus observaciones
sobre la ley 23.551, la Comisión de Expertos advirtió
que no parecía estar en conformidad con el Convenio N° 87 la
disposición de aquélla, conforme a la cual, "las funciones de
representante de los trabajadores en la empresa sólo pueden
ser ejercidas por los miembros de [las] organizaciones que
poseen la personería gremial", al paso que recordó: "cuando
[...] el legislador confiere a los sindicatos reconocidos, que
de hecho son los más representativos, ciertos privilegios
relativos a la defensa de los intereses profesionales [...],
la concesión de tales privilegios no debe estar subordinada a
condiciones de tal naturaleza que influyese indebidamente en
la elección por los trabajadores de la organización a la que
desean afiliarse" (Observación individual sobre el Convenio
núm. 87, Libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948, Argentina (ratificación: 1960), 1989).
Estos criterios de la mentada Comisión resultan,
indudablemente, del todo concordes con los del Comité de Libertad
Sindical: si bien a la luz de la discusión del proyecto
de Convenio n° 87 y de la Constitución de la OIT (art. 5.3),
"el simple hecho de que la legislación de un país establezca
una distinción entre las organizaciones sindicales más
representativas y las demás organizaciones sindicales no debería
ser en sí criticable", es "necesario" que la distinción
no tenga como consecuencia "conceder a las organizaciones más
representativas [...] privilegios que excedan de una prioridad
en materia de representación en las negociaciones colectivas,
consultas con los gobiernos, o incluso en materia de
designación de los delegados ante organismos internacionales".
En otras palabras, la distinción no debería "privar a las
organizaciones sindicales, que no hayan sido reconocidas como
las más representativas, de los medios esenciales para
defender los intereses profesionales de sus miembros, ni del
derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular
su programa de acción, previsto por el Convenio núm. 87" (Libertad
sindical: Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, Ginebra, OIT, 40. ed. revisada, 1996, párr. 309).
No huelga expresar que esta repercusión negativa
también se proyecta, con pareja intensidad, en el plano individual,
por cuanto las funciones limitadas que la legislación
reconoce a determinadas categorías de sindicatos, podrían
tener por efecto indirecto restringir la libertad de los trabajadores
para adherirse a organizaciones de su elección. Así
lo sostuvo el Comité de Libertad Sindical, por las siguientes
razones: "de manera general, la posibilidad para un gobierno
de conceder una ventaja a una organización determinada, o de
retirársela para beneficiar a otra, entraña el riesgo, aunque
no sea esa su intención, de acabar por favorecer o desfavorecer
a un sindicato frente a otros, cometiendo un acto de discriminación.
Es más, favoreciendo o desfavoreciendo a determinada
organización frente a otras, los gobiernos pueden influir
en la decisión de los trabajadores cuando elijan una
organización para afiliarse, ya que es indudable que estos
últimos se sentirán inclinados a afiliarse al sindicato más
apto para servirlos, mientras que por motivos de orden profesional,
confesional, político u otro, sus preferencias los
hubieran llevado a afiliarse a otra organización. Ahora bien,
la libertad de los interesados en la materia constituye un
derecho expresamente consagrado por el Convenio núm. 87" (Libertad
sindical: Recopilación..., cit., párr. 303).
En resumida cuenta, hay una "diferencia fundamental"
entre el monopolio sindical "instituido o mantenido por la
ley" directa o indirectamente, y el que "voluntaria y libremente"
quieran establecer los trabajadores. El primero,
cuando trasciende los límites señalados en este considerando,
"está en contradicción con las normas expresas del Convenio N°
87", el cual, aun cuando "manifiestamente no apunta a imponer
el pluralismo sindical", sí exige que éste "[sea] posible en
todos los casos" (confr. Libertad sindical y negociación
colectiva, cit., párr. 91).
9°) Que se sigue de cuanto ha sido expresado, que el
art. 41, inc. a de la ley 23.551 viola el derecho a la
libertad de asociación sindical amparado tanto por el art. 14
bis de la Constitución Nacional como por las normas de raigambre
internacional de las que se ha hecho mérito, en la
medida en que exige que los "delegados del personal" y los
integrantes de "las comisiones internas y organismos similares"
previstos en su art. 40, deban estar afiliados "a la
respectiva asociación sindical con personería gremial y ser
elegidos en comicios convocados por ésta".
La limitación mortifica dicha libertad, de manera
tan patente como injustificada, en sus dos vertientes. En
primer lugar, la libertad de los trabajadores individualmente
considerados que deseen postularse como candidatos, pues los
constriñe, siquiera indirectamente, a adherirse a la asociación
sindical con personería gremial, no obstante la existencia,
en el ámbito, de otra simplemente inscripta. En segundo
término, la libertad de estas últimas, al impedirles el despliegue
de su actividad en uno de los aspectos y finalidades
más elementales para el que fueron creadas. En tal sentido,
para ambos órdenes, corresponde reiterar que el monopolio
cuestionado en la presente causa atañe nada menos que a la
elección de los delegados del personal, esto es, de los representantes
que guardan con los intereses de sus representados,
los trabajadores, el vínculo más estrecho y directo,
puesto que ejercerán su representación en los lugares de labor,
o en la sede de la empresa o del establecimiento al que
estén afectados. La restricción excede, y con holgura, el
acotado marco que podría justificar la dispensa de una facultad
exclusiva a los gremios más representativos, del que ya se
ha hecho referencia.
Por lo demás, no se ha invocado, ni esta Corte lo
advierte, la existencia de razón alguna que haga que la limitación
impugnada resulte necesaria en una sociedad democrática
en interés de la seguridad nacional o del orden público, o
para la protección de los derechos y libertades ajenos. Antes
bien, parece marchar en sentido opuesto a dichos intereses y,
principalmente, a las necesidades de una sociedad del tipo
indicado, la cual, si algo exige, es que el modelo que adoptó
permee los vínculos asociativos, sobre todo aquellos que, como
los sindicales, están llamados a coadyuvar, de manera notoria,
en la promoción del "bienestar general".
10) Que, en consecuencia, corresponde revocar la
sentencia apelada en cuanto desconoció el derecho de ATE a
intervenir en la celebración de los comicios de delegados del
personal en el ámbito del Estado Mayor General del Ejército y
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con base en
que, pese a comprender dicho ámbito de actividad, no gozaba en
éste de personería gremial.
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora
Fiscal, se hace lugar parcialmente a la queja y al recurso
extraordinario interpuestos, y se revoca la sentencia apelada
con el alcance indicado, con costas (art. 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación), de manera que la causa
A. 201. XL.
RECURSO DE HECHO
Asociación Trabajadores del Estado c/
Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones
Sindicales.

deberá ser devuelta a fin de que, por quien corresponda, sea
dictado un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.
Hágase saber, acumúlese la queja al principal y, oportunamente,
remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de
NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN
CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.
ES COPIA
Recurso de hecho interpuesto por Horacio David Meguira y Matías Cremonte, letrados
apoderados de la actora (ATE)
Tribunal de origen: Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

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