miércoles, 8 de abril de 2009

Perú: ¿Año de la justicia?


Jorge Zavaleta (especial para ARGENPRESS.info)

Fujimori es culpable. Recobraría su libertad el 10 de febrero del 2032. El fallo judicial es saludado por la mayoría de peruanos, pero rechazado, como era de esperar, por los familiares del ex presidente, simpatizantes y beneficiarios directos del régimen más corrupto de la historia republicana del Perú y responsable de crímenes de Estado, como parte de su política contra el terrorismo.

La condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, fue aprobada unánimemente por el Tribunal peruano, después de 17 años de haberse cometidos los crímenes. A Alberto Kenya Fujimori Fujimori, la justicia le reserva el derecho de apelación, aunque diversos juristas indican que es improbable que dicha sentencia sufra modificaciones.


Más allá de toda duda razonable, los jueces han encontrando responsabilidad penal en el ex mandatario, por haber creado y dirigido una maquinaria extralegal, que actuaba con alevosía y premeditación para acabar con sus opositores. El tribunal también ha hallado responsabilidad de asesinatos extrajudiciales de varias personas en Chimbote y Pativilca y los frustrado crímenes del entonces parlamentario Javíer Diez Canseco y de Yehude Simon, actual premier del gobierno aprista.

Una eventual amnistía para el ex mandatario, por parte del actual presidente Alán García, es una opción muy difícil, por cuanto los crímenes de Estado, según la legislación local y el Derecho Internacional son imprescriptibles. García - según el tribunal que juzgó a Fujimori - durante su primer gobierno habría cometido “omisiones impropias” en el caso de la masacre de la comunidad andina de Acomarca.

Los familiares de las víctimas inocentes han expresado su satisfacción por el fallo jud
icial y esperan también las respectivas indemnizaciones. Sin embargo, este avance no significa que el poder judicial sea una institución que goza del respeto ciudadano. Por el contrario, la estructura del fujimorismo se mantiene casi intacta y en muchos casos está vinculada con diversos fallos a favor de cabecillas del narcotráfico. A la fecha quince ex ministros de Fujimori están involucrados en diferentes delitos administrativos del oncenio.

“El caso peruano es un hito porque llega a una sentencia”, precisa el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), que apoya a países que luchan contra la impunidad, en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de los derechos humanos. La opinión es interesante, considerando que en el mundo, desde 1990 a la fecha, se han dado 69 ocasiones de jefes de estado comprometidos en este tipo de deli
tos, pero que solo 35 de ellos han llegado a la justicia y solo el 17% ha sido condenado.

La justicia peruana para sancionar a Fujimori ha recibido constantes presiones e invalorables aportes de instituciones como Amnistía Internacional, Defensoría del Pueblo, OEA, EEUU con la liberación de documentos y de la Comisión de la Verdad.

Los fujimoristas, durante el proceso judicial, mantuvieron una constante admiración a los miembros del tribunal presidido por César San Martín, frente al fiscal que pidió 30 años de condena. Sin embargo, a partir de hoy los ministros fujimoristas comenzaron a cuestionar a los diferentes magistrados, sosteniendo que algunos fueron separados, injustamente, por Fujimori, y que su actuación estaría alimentada por la venganza.

Este discurso es continuado por Keyko Fujimori, quien califica el fallo como venganza política, al mismo tiempo que ratifica su candidatura presidencial en las elecciones del 2011 y promete el indulto para su padre.

Símbolo esperado

El 2009 será el año en que la justicia recaerá sobre un ex presidente que “simboliza mucho de lo peor que nuestra sociedad ha sido capaz de expresar en las últimas décadas”, señala la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en su Informe Anual del 2008, al mismo tiempo que propone una agenda mínima con los riesgos que enfrenta la población y así como los déficits más serios por parte del Estado.

“No nos alegremos por la suerte de un hombre y la pena de su familia. Reconfortémonos sí por lo que representa en términos de mensaje de igualdad ante la ley, de consuelo para las miles de víctimas, y de legitimidad para nuestra democracia tan frágil”, remarca el documento.

La trascendencia del fallo no impide que la ciudadanía peruana siga descontenta porque las reformas institucionales, iniciadas en el 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, aguardan una nueva administración estatal. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad ocupan un lugar muy secundario por los actores políticos, y sus actividades son sistemáticamente objeto de desprestigio desde las esferas más altas del poder. Es imprescindible reformar la justicia militar para evitar que siga interviniendo en casos de violación de derechos humanos.

En el plano internacional, se encuentra pendiente la adecuación de la legislación penal peruana al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la implementación del Mecanismo Nacional de la prevención contra la Tortura.

El Gobierno aprista ha dejado pasar la mitad de su mandato sin impulsar una política pública de derechos humanos coherente e integral. El gobierno subestima los derechos humanos, mediante la criminalización de la protesta social. No protege a la prensa independiente sobre todo del interior del país. Hostiliza a las organizaciones de la sociedad civil, que actúan como agentes de vigilancia ciudadana y ha pretendido afectar los derechos colectivos de pueblos indígenas y nativos con el ingreso inconsulto del capital transnacional.

Hasta ahora no hay atención a las demandas de justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Todavía no existe un programa de indemnizaciones a los familiares de las 70 mil víctimas de la violencia de la guerra contra sendero, cifra emblemática de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El panorama social es más complejo por la activación de dos nuevos problemas. La prensa ha denunciado casos de “limpieza social” practicados presuntamente por miembros de la Policía Nacional, en Trujillo, ciudad donde se fundó el Apra, en contra de delincuentes comunes. De corroborarse esta situación, al menos 20 personas habrían sido asesinadas en estas circunstancias.

El segundo problema es la reactivación de una extensa zona de lucha contrasubversiva en la región central del país, en Valle de los Ríos Apurímac y Ene. La actual intervención estatal, básicamente militar y sin dirección de la autoridad civil, coloca en situación de alta vulnerabilidad a la población campesina de la zona y a los propios agentes de seguridad del Estado. Luego de 8 años se ha vuelto a denunciar en el Perú ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas.

Barrios Altos y La Cantuta

La sentencia a Fujimori recae específicamente por los crímenes de Barios Altos, Universidad La Cantuta y el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, causales que fueron determinadas por la justicia chilena, al autorizar la extradición de Santiago en el 2006, ciudad donde ingresó clandestinamente, procedente del Japón.

El caso Barrios Altos, según pruebas irrefutatables recogidas por el tribunal, fue un asesinato colectivo, en 1991, por acción de agentes del Estado. Las víctimas fueron veinte personas, de las cuales 15 murieron y cuatro quedaron afectadas en su integridad física. Las investigaciones corroboran que fue un atentado contra gente inocente, que celebraba una fiesta en una quinta cercana al Parlamento, en el centro de Lima.

Sobre este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 14 de marzo del 2001 que el Estado peruano impidió deliberadamente la investigación de crimen mediante la imposición de mecanismos legislativos y judiciales para encubrir a los culpables.

Pocos meses después, ese gobierno lideró un golpe de Estado, cerrando el Congreso el 5 de abril de 1992. Las acciones contrasubversivas no se detuvieron, y el 18 de julio de ese mismo año, con aprobación de mandos supremos, nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad Nacional de la Cantuta, fueron ejecutados con ametralladores, incinerados y sepultados en lugares clandestinos. El gobierno, por presión de algunos sectores sociales, no tuvo otra opción que enjuiciar y sancionar a los responsables, con el avocamiento ilegal por un fuero militar.

Esta política autoritaria prosiguió, y en 1995 el llamado Congreso Constituyente Democrático con los votos del partido fujimorista Cambio 90, aprobó la ley de amnistía amplia y general para los militares y policías implicados en las violaciones de los derechos humanos que contravenía pactos internacionales suscritos por el Perú.

Con esta decisión legislativa, quedaron archivados todos los hechos derivados de la lucha antiterrorista desde 1980. Se prohibía explícitamente investigar los casos donde estaban comprometidos militares y policías y se ordenó suspender y archivar cualquier investigación en directa relación con Barrios Altos y La Cantuta, entre otros.

El fallo del martes

El fallo del martes 7 de abril, era esperado por una amplia mayoría de ciudadanos, aunque los fujimoristas y sus medios de comunicación aliados, pretender dar la imagen de que la hija mayor del asesino, es una alternativa de poder. Los analistas más serios consideran que aún estamos lejos de las elecciones generales del 20011, y se puede presumir que los seguidores del fujimorismo podrían ser cada vez menos y que en el mejor de los casos, el movimiento lograría solo unos cuantos curules en el Congreso, institución que el ex mandatario no tuvo reparo en cerrarlo.

La sentencia estuvo precedida de una vigilia. Seguidores de Alberto Fujimori se concentraron durante la noche en las inmediaciones de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) donde es juzgado su líder. En cambio los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta se dieron cita el frontis de Palacio de Justicia, al mismo tiempo que diversas organizaciones sociales sancionaban el autogolpe fujimorista del 5 de abril de 1992.

Fujimori en su autodefensa, aprovechó la benevolencia del tribunal para dar un discurso político, e insistió en que no existen pruebas en su contra, y preguntó a la sala porqué a sus antecesores Fernando Belaunde y Alan García no los procesaron por excesos que se cometieron en sus gobiernos (matanzas de Putis y Cayara). “Fujimori está pidiendo a gritos la intervención de García”

Este proceso ha servido para no olvidar los crímenes de las dictaduras de Pinochet, Videla, Meza, entre otros casos de América Latina. En las calles y plazas, ya en carteles o en conversaciones, la gente repite frases como estas:

“El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Fujimori está siendo juzgado no por sus errores sino por sus delitos. Pinochet era un hombre “honrado” y solo muerto se descubrió que era ladrón y su fortuna fue expoliada al fisco Chileno. La pacificación fue fruto del trabajo de los campesinos ronderos, y de valientes policías que capturaron al líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán sin disparar una bala sino con el trabajo estrictamente profesional.

Cómo puede hablar Fujimori de haber sido un gobernante honesto, cuando fue él quien que llenó 45 maletas de videos, dinero y botines diversos, tomó el avión presidencial y pasó de Brunei a Tokio, donde pidió asilo y desde donde renunció por fax a la presidencia de la República. Quince de sus ministros o están presos o están con orden de captura por ladrones. Ya tiene una condena de seis años por allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su socio Montesinos.

Por otra parte, el presidente del tribunal estableció la fecha del 11 de mayo para la apertura del siguiente caso contra Fujimori, el de los llamados "quince millones", en referencia al pago de quince millones de dólares al entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Este delito está penado con un máximo de ocho años.

Poco futuro para APRA y Fujimori

Fujimori niega haber ordenado matar a Alan en 1992. Pero según voceros oficiales del Apra, el día del autogolpe, intentó asesinar a García. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, que también sufrió el secuestro por cuatro señala que el golpe dado por Fujimori sirvió para la formación de un "narco-estado", debido a los vínculos de su entonces asesor Vladimiro Montesinos con los capos del narcotráfico.

El fujimorismo tiene una gran capacidad de sobrevivir. Mientras un sector aprista rechaza toda cercanía con Fujimori, el presidente García Pérez tiene lazos intensos con el fujimorismo. Sus dos vicepresidentes no esconden simpatías fujimoristas y comparten con el su presidente en la necesidad de controlar las futuras elecciones, discurso que configura, justamente, una lógica autoritaria y fraudulenta. La oposición política considera que las próximas elecciones no serán solo el triunfo de un candidato sino también las posibilidades de poner fin al modelo económico, al autoritarismo, a la corrupción y de transformar nuestra democracia, donde no habrá mucho espacio para el Apra y menos para el fujimorismo.

Fotos: Perú – Alberto Fujimori momentos antes y durante la lectura de la sentencia judicial. / Autor: Jorge Zavaleta


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