martes, 17 de noviembre de 2009

Argentina: Ensayos clínicos y ciencia neoliberal

Dr. Medardo Ávila Vázquez (especial para ARGENPRESS.info)

El embajador norteamericano James Check (1993-1996) declaró al llegar a Buenos Aires que tenía dos grandes áreas de negocios bilaterales para desarrollar en su gestión, una la introducción de transgénicos, principalmente soja, en la producción agropecuaria argentina, y la otra el desarrollo de los ensayos clínicos de nuevos fármacos para la gran industria de laboratorios farmacéuticos.

Después de más de 15 años todos conocemos el crecimiento en la producción de transgénicos, sus "ventajas" económicas y el perjuicio ambiental y sanitario que esta producción acarrea.

Es menos conocido el crecimiento del negocio de los ensayos clínicos. Este en 10 años pasó de utilizar 10.000 a 45.000 argentinos que "prestan", anualmente, su cuerpo a los laboratorios para prueba de drogas. Un mercado que movió 50.000 millones de dólares el año pasado a nivel mundial y que, crecerá un 11% por año, al 2018.

El gran desarrollo de esta actividad ocurre junto a la instauración del paradigma de ciencia neoliberal (Lander 2001) en EEUU. Con la modificación de la ley de patentes, fortalecen el concepto de que los científicos no "descubren" la cura de una enfermedad, sino que la "inventan", y por lo tanto ese descubrimiento ya no integra el conocimiento general de la humanidad, sino que esa invención es propiedad privada de una persona o grupo económico que financia la investigación.

Los científicos y hasta las universidades pasaron a tener participación económica directa en las empresas biotecnológicas; la figura del investigador-empresario forma parte de la vida normal de la comunidad científica universitaria, los más exitosos y prestigiosos son los que tienen la mayor cantidad de patentes registradas, dando forma a lo que se llamó Capitalismo Académico.

Pero los laboratorios necesitan rápidamente presentar nuevos y exclusivos productos, por lo que actualmente el 75% de las investigaciones son realizadas directamente por “organizaciones que investigan por contrato” (CRO en ingles), que constituyen grupos privados dedicados al reclutamiento de pacientes y desarrollo de pruebas en el marco de los protocolos establecidos a nivel central. Estos CRO se han reproducido en nuestro país y en Córdoba.

El vínculo entre ciencia y mercado en el área de salud se da en el marco del sistema de salud norteamericano sometido a prácticas comerciales del mercado ultracapitalista, donde no existe un subsector público capaz de priorizar y sostener la salud como valor social. Recordemos las dificultades que enfrenta el presidente Obama para extender la prestación de salud a los que están fuera del mercado.

Ensayos clínicos en Argentina

Los costos de las investigaciones son crecientes, los innumerables abusos cometidos contra los pacientes han ido generando mecanismos de protección del público en los países centrales y, como consecuencia de ello, se incrementa el desplazamiento de los ensayos hacia países de desarrollo intermedio, donde los médicos están bien formados y pueden cumplir con eficiencia los pasos instrumentales de los protocolos, sobre todo cuando llegan a percibir como pago hasta 12.000 u$s por cada paciente sometido a ensayos.

La Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos confirma que el número de ensayos clínicos está aumentando exponencialmente en la región y que el incremento se debe entre otras causas a la facilidad de reclutar pacientes sobre todo entre los grupos más vulnerables, es decir entre los pobres.

Los ensayos consisten, básicamente, en probar en un grupo de pacientes una nueva droga y compararla contra una ya conocida y de probados efectos o a veces contra placebo (nada); se busca mejorar los efectos terapéuticos y disminuir los tóxicos; la mayoría de los estudios tienen resultados negativos o no superiores a los preexistentes.

Actualmente entre nosotros se llevan adelante cientos de pruebas, sobre miles de pacientes, experimentando muy diversas drogas como antidepresivos, antiepilépticos, anticoagulantes, drogas neurológicas, inmunológicas, etc. (no hay para chagas ni dengue, no son redituables) Los efectos perjudiciales a corto y largo plazo son desconocidos y la prensa “científica” generalmente los esconde. Simultáneamente los costos de cuidado de esos pacientes siguen a cargo de la Salud Pública o de la obra social del paciente reclutado para el ensayo. Me pregunto ¿porque el PAMI, APROSS, DASPU, PRENSALUD u otras mutuales no han tomado medidas para evitar que los costos de los ensayos con sus afiliados recaigan sobre sus fondos solidarios?

Se aprobó una ley que intenta regular la actividad, es un paso adelante pero insuficiente. Es preciso defender los derechos ciudadanos de los pacientes cuando la ciencia neoliberal los manipula con fines estrictamente comerciales. Con ese objetivo la UNESCO emitió la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en 2005, formulando lineamientos que promueven la defensa de los grupos vulnerables; propendiendo al beneficio de la comunidad que pone su cuerpo; protegiendo a las personas de los daños a su salud; justificando las investigaciones transnacionales solamente en la necesidad del país anfitrión; exigiendo la independencia de los comités de ética de evaluación, respecto de los laboratorios y CRO locales, entre otros aspectos.

El avance del conocimiento humano es importante para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, pero no su única condición. La Comisión de Determinantes Sociales de la OMS publicó que los avances en medicamentos y tecnología, entre 1991 y 2000, evitaron 176.633 muertes en EEUU, pero si la tasa de mortalidad en afro-americanos fuera igual a la de los blancos se hubieran evitado 886.202 muertes, demostrando que el problema no está en que nos falten conocimientos sino que las herramientas para cuidar y recuperar la salud no están al alcance de todos por la gran inequidad del sistema.

La mayoría de pruebas se realizan sobre protocolos que han sido autorizados por los organismos de control estatal, podríamos sostener que formalmente pueden hasta constituir una actividad lícita en términos legales, pero cuando observamos los contextos en que se desarrolla su aplicación práctica y la vulnerabilidad de las personas que son utilizadas es un imperativo ético resistirse a que en “nombre de los avances científicos” se pretenda consolidar como legítimas conductas que, al menos, deben ser reprochables por antiéticas.

El Dr. Medardo Ávila Vázquez es Ex Subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba.

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