jueves, 19 de noviembre de 2009

Argentina: Ramona Bustamante, su historia y su lucha contra los desalojos

Irina Santesteban (LA ARENA)

Ramona Bustamante es una campesina cordobesa de 83 años que se resiste a abandonar el campo que habita desde que nació. Su caso tiene ribetes jurídicos y políticos, en medio del avance de la soja y del desalojo de centenares de familias campesinas.

¿Qué vale más para el ordenamiento jurídico? ¿La posesión de más de sesenta años en un campo, o el derecho de propiedad esgrimido por dos productores que habrían comprado el campo, pero que nunca tuvieron la posesión? Esta controversia ha adquirido una gravedad inusitada en algunas zonas de nuestro país, por la afligente situación de los campesinos con posesión ancestral, que deben hacer frente al embate de propietarios, asesorados por expertos abogados, y al amparo de una Justicia que tiene venda en los ojos y tapones en los oídos.

Ramona Bustamante vivió toda su vida en un campo situado en el paraje Las Maravillas, a 20 kilómetros de la localidad de Sebastián Elcano, en el norte cordobés. Por ser hija extramatrimonial, cuando falleció su padre en 1983, la ley no la protegía y la esposa y las hijas matrimoniales (medio hermanas de Ramona) la dejaron fuera de la declaratoria de herederos. Inmediatamente después las herederas vendieron el campo de 230 hectáreas a una persona de apellido Piatti, en cuya casa una de las herederas trabajaba como empleada doméstica.

Ramona vivió siempre en ese campo, donde tiene su rancho y vive de sus cabritos, como tantas otras familias de esa zona, donde los campos tenían hasta hace pocos años muy poco valor. Pero el avance de la soja en Córdoba, la primera provincia en la producción de esa oleaginosa, valorizó esos campos y provocó una avalancha de desalojos contra campesinos que vivían y viven desde hace muchísimos años, sin títulos pero como poseedores.

La historia

Según el Código Civil, para adquirir la propiedad de un inmueble es necesario que concurran varios requisitos: pagar el precio, la tradición (la entrega efectiva del inmueble), la escritura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad. Este último requisito es declarativo, no constitutivo, es decir, da publicidad a la adquisición pero la sola inscripción no constituye el derecho de propiedad. El requisito que sí es indispensable para que la adquisición del dominio sea completo, es la "traditio", que es tener la posesión efectiva de la cosa.

Ramona siempre "poseyó como dueña", pues su madrastra y sus medio hermanas vivían en una punta del campo y ella en la otra, hecho que era público para todos los habitantes de la zona. Sin embargo, cuando las herederas vendieron el campo excluyendo a Ramona, lo hicieron a una persona -Piatti-, quien nunca entró en posesión del campo. Al año siguiente, 1984, Piatti vendió a los hermanos Scaramuzza, productores de soja de Oncativo, el campo donde estaba Ramona, quien nunca se fue de su rancho ni renunció a sus derechos como heredera y como poseedora ancestral. En 1992, los hermanos Edgardo Héctor y Juan Carlos Scaramuzza le hacen firmar a Ramona, que es analfabeta, un convenio de desocupación. Ella lo firmó porque le dijeron que así "se iban a terminar los problemas" y que iba a poder vivir tranquila en su rancho sin que nadie la molestara. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2003, Ramonita, como la llaman todos en la zona, fue desalojada por la Justicia. Ella se resistió al desalojo y volvió a los pocos días, en
tonces la implacable Justicia la volvió a desalojar el 23 de enero de 2004.

La semana pasada, la Cámara del Crimen de Dean Funes, sobreseyó a los hermanos Scaramuzza por el delito de fraude, por el que el fiscal Hernán Funes les había pedido tres años y medio de prisión. El fallo fue un nuevo escollo en la lucha de Ramona y los campesinos agrupados en la Asociación de Productores del Norte Cordobés (Apenoc), que integran el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC). Uno de los abogados de este Movimiento es Ramiro Fresneda, hijo del abogado Tomás Fresneda, desaparecido el 6 de julio de 1977 en Mar del Plata, en la llamada "Noche de las Corbatas", porque ese día fueron secuestrados ocho letrados, entre ellos el conocido abogado laboralista Norberto Centeno. Hasta el propio ministro de Justicia del gobierno cordobés, Luis Angulo, se hizo presente en el juicio, en un implícito apoyo al reclamo de la campesina. Esta actitud fue duramente criticada por el abogado de los imputados, Gustavo Montoya, quien aseguró que volverán a pedir el desalojo de Ramona.

Registro trucho

Dos meses después del desalojo de Ramona, el gobierno de José Manuel de la Sota impulsó la sanción de la ley 9150, por la cual se creó el Registro de Poseedores, en el ámbito del Registro de la Propiedad. Sin embargo, luego de más de cuatro años de esa sanción, la realidad demuestra que los campesinos no lograron una solución a sus problemas de falta de títulos. En efecto, el abogado asesor de la Unidad Ejecutora de Títulos, del Registro de Poseedores, Mariano Pelliza, reconoció que actualmente hay 30 mil trámites iniciados en esa repartición, pero sólo 20 han logrado inscribirse como tales, y otros 200 están prontos a ser inscriptos.

La explicación del funcionario sobre la falta de ejecutividad en los trámites iniciados, es que la gente concurre "sin pruebas". Por su parte, el abogado de Ramona Bustamante, Javier González, dice que los campesinos deben viajar a las localidades donde hay delegación del Registro, y allí, los funcionarios, si vienen "sin papeles" los hacen volver. La verdad es que la mayoría de los campesinos no tiene ningún papel, justamente porque poseen sin títulos, y para eso se creó el Registro.

El requisito que se exige para poder inscribirse es acreditar más de veinte años de posesión en el lugar, a título de dueño, con una convivencia pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe.

Bueno es recordar que en Córdoba, desde 2006 se instruye una causa conocida como la "megacausa del Registro", en la que se investigan fraudes en las titularidades de tierras y campos, con miles de propietarios estafados. Cuando comenzó, el fiscal Alejandro Moyano ordenó el cierre del Registro de la Propiedad desde el 27 de abril hasta el 15 de mayo de 2006 y detuvo a más de 30 imputados, entre abogados, escribanos, contadores y empleados del Registro. Parte de esa causa ya fue a juicio oral el año pasado y fueron condenados numerosas personas, mientras la investigación continúa, por la magnitud de los fraudes cometidos. Está claro que con esa falta de "seguridad jurídica" en la obtención de los títulos de propiedad de inmuebles urbanos y rurales, la queja de los campesinos está más que justificada.

Lamentablemente, la Justicia de Dean Funes le dio un nuevo golpe a Ramona, quien el mismo día del juicio oral que la tuvo como querellante, escuchó la sentencia absolutoria de quienes la habían estafado, dijo que "del campo no me voy". En el rancho que construyó luego de los dos desalojos y rodeada de un desierto verde de soja, Ramonita continúa aferrada a la tierra que la vio nacer.

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