miércoles, 20 de mayo de 2009

Noticias Censuradas (XX) Los países ricos hicieron que el FMI recuperara poder e influencia


Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

La crisis global fortaleció al Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encontraba sumergido en el más completo descrédito en sus 65 años de existencia. Pero ésta fue una imposición del Reino Unido y de los demás países ricos que dominan el llamado Grupo de los 20, el G 20, donde también participan Brasil y Argentina, que ha sido víctima de las políticas del fondo.

La idea central es que haya “cambios para que todo quede igual”, como decía el personaje de la novela Il Gattopardo, escrita por el italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. O sea, fingir cambios pero dejando las cosas como están para garantizar la existencia del “libre mercado”.

La aparente pérdida de EEUU del control del Banco Mundial, cuya presidencia probablemente recaiga en el futuro próximo en otros países ricos con gobiernos de derecha y extrema derecha, como el Reino Unido, Francia o Alemania, constituye otra medida gattopardiana para enfrentar la crisis. Dicho de otro modo, equivale a poner a los ratones como vigilantes del queso parmesano, según centenares de noticias censuradas coleccionadas por el Proyecto Censurado de California.

El FMI volvió al lugar central

El despliegue de la crisis económica global puso de nuevo al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el lugar central. Típicamente, el FMI presta a los países en crisis y, a cambio, exige el cumplimiento de rigurosos ajustes económicos depredadores.

El Secretario del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, ha propuesto incrementar el financiamiento del FMI a 500 mil millones de dólares, pidiéndole al Congreso de EEUU que disponga de 100 mil millones para ampliar el poder y el alcance del Banco Mundial y del FMI a fin de asegurar la conservación del “libre comercio”.

La escala del préstamos del FMI ya es inmensa, y ha crecido por encima del 38% en los últimos dos años: les ha extendido préstamos ampliados a Islandia (2.400 millones de dólares), Ucrania (6.500 millones) y Hungría (15.700 millones). Paquistán, Serbia, Bielorrusia y Turquía son candidatos a probables nuevos préstamos en un futuro próximo.

Las condiciones que trae consigo esta última ronda de préstamos del FMI son particularmente opacas, pero sus sostenedores están seguros de que los países beneficiarios llegarán a ser vulnerables a una presión intensa para privatizar los recursos públicos, reducir verticalmente los gastos en educación, salud y bienestar, mientras se reducen las protecciones y la soberanía.

Un encuentro de economistas progresistas realizado en Venezuela en octubre de 2008 advirtió que la dinámica de esta crisis “anima nuevas rondas para la concentración de capitales y, si la gente no se opone firmemente a esto, es peligrosamente probable que la reestructuración ocurra simplemente para salvar a los sectores privilegiados”. Sin una resistencia eficaz, la crisis será solventada a expensas de poblaciones crecientemente más desposeídas.

“Este es un aspecto importante a entender: la crisis capitalista no lleva automáticamente al final del capitalismo. Sin resistencia eficaz y lucha, la crisis será eventualmente resuelta a expensas de la gente trabajadora, particularmente en el hemisferio sur”, escribió Adam Hanieh, especialista en política económica del Medio Este europeo, de la Universidad York, de Toronto, Canadá. Su artículo, publicado en Left Turn, se titula “Haciendo pagar la crisis a los pobres del mundo: la crisis económica y el Sur global”. (1)

EEUU “pierde” al presidente del Banco Mundial … pero todo seguirá igual

EEUU perdió su poder de designar al presidente del Banco Mundial después que el secretario de Desarrollo del Reino Unido, Douglas Alexander, negociara un acuerdo para abrir el puesto a candidaturas de cualquier país.

Apoyado por gobiernos europeos y de países en vías de desarrollo, Alexander venció la resistencia de EEUU y Japón para asegurar una reforma que él describió como “significativo paso adelante”.

Washington ha tenido derecho a escoger a dedo al presidente del Banco Mundial desde que fundaron la institución después de la Segunda Guerra Mundial, con Europa eligiendo al director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El acuerdo proporciona la oportunidad para que los candidatos sean nombrados sin importar nacionalidad; se asegurará de que seleccionen al candidato más bien capacitado”, dijo Alexander.

Los países no desarrollados han vivido más de medio siglo frustrados cada vez más por el dominio de las naciones ricas en los dos cuerpos multilaterales con sede en Washington, el banco y el FMI.

La presión por un cambio se aceleró después de la presidencia vergonzosa ejercida por Paul Wolfowitz, un hombre del entorno de Bush y ex asesor ideológico del Pentágono y teorizador de las políticas guerreras de Washington, quien fue obligado a renunciar por el escandaloso aumento de sueldo a su novia, también empleada del banco.

Curiosamente, el actual presidente del banco, Robert Zoellick, de conocida trayectoria globalizante según los intereses estadounidenses, ahora urgió a los países ricos a no olvidar sus compromisos de ayuda financiera al “mundo en vías de desarrollo”, eufemismo que alude a los países pobres. El banco cree que el número de subalimentados, o sea, hambrientos, aumentará en 44 millones este año.

Los países donantes también discutieron un probable paquete de ayuda de varios miles de millones de dólares para la reconstrucción de Zimbabwe, pero Alexander dijo que un nuevo gobierno zimbabuense tendría que demostrar respeto por los derechos humanos y permitir que las organizaciones de caridad entreguen su ayuda al país. Como generalmente esa ayuda "caritativa" está condicionada políticamente y las acusaciones contra el gobierno de ese país registran una marcada intencionalidad política, los cambios en el Banco Mundial parecen "más de lo mismo".

*) Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010.

Fuentes:
1) “Making the World's Poor Pay: The Economic Crisis and the Global South”Adam Hanieh, Left Turn, November 25, 2008 http://www.leftturn.org/node/1253
2) Investigado por Jennifer Donahue y Jayson Reed
–“US surrenders power to appoint World Bank president” Heather Stewart and Larry Elliot, The Guardian, 12/13/2008
http://www.guardian.co.uk/business/2008/oct/13/worldbank-usa


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Sri Lanka: La derrota Tamil deja sin piso a la USAID (Segunda parte y final)


Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Tras la derrota militar de los separatistas de Sri Lanka resulta mucho más tenebroso un programa de “ayuda al desarrollo” de los gobiernos locales financiado por la desacreditada Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU, más conocida como USAID, por su sigla en inglés. Mientras esto ocurre, los medios de prensa occidentales consuman una estrategia cuestionadora del régimen progresista de Sri Lanka, poniendo en duda la muerte del máximo líder militar separatista, cuyo ejército fue financiado por las grandes potencias durante casi tres décadas.

El terrorismo de los tamiles fue responsable del asesinato del primer ministro de la India Rajiv Gandhi, en 1991; de la muerte de Ranasinghe Premadasa, presidente de Sri Lanka, en 1993; y de un atentado contra la jefa del Estado en 1999, Chandrika Bandaranaike, del que salió herida, pero murieron 30 personas.

En un país de 65.610 km cuadrados y 21 millones de habitantes, el apoyo occidental hizo posible que el separatista Ejército de Liberación de los Tigres Tamil (LTTE, por su sigla en inglés), fundado en 1972, llegara a tener su propia fuerza aérea, como ninguna otra guerrilla en el mundo. La minoritaria etnia tamil representa el 12,5% de la población de Sri Lanka, ex Ceilán, contra un 74% de mayoría cingalesa.

Mientras el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se apresta a visitar Sri Lanka esta semana, el presidente Mahinda Rajapaksa aseguró ante el Parlamento que su país "fue liberado del terrorismo", en tanto la televisión mostraba imágenes del cadáver del líder tamil Prabhakaran. La reubicación de los refugiados tamiles que huyeron de los campos de batalla se ha convertido en el principal pretexto “humanitario” de la intromisión de las grandes potencias en Sri Lanka.

Con Prabhakaran desapareció el jefe militar de la etnia tamil que aspiraba a construir por la fuerza un estado propio. Las agencias internacionales han afirmado en estos días que llegó a controlar 65 mil km cuadrados, probablemente un error malicioso, porque ésa es la superficie total del país.

“Sri Lanka depende de la amistad y decencia de China y Rusia para mantener alejados a los perros del Consejo de Seguridad de la ONU, después de haber sido víctimas de los fraudes informativos de las agencias Reuters, AFP y AP”, escribió el periodista srilankés Ajit Randeniya. (1)

USAID: “No me ayude compadre”

“Sin embargo, existen amenazas significativas a la seguridad interna que están siendo operadas desde adentro de Sri Lanka por supuestos diplomáticos y trabajadores de la “ayuda” del imperialismo, en connivencia con agentes locales y de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONGs)”, alertó el periodista. Una de estas trampas ha sido “el programa de consolidación de las autoridades locales en el este del país” puesto en marcha el 29 de abril por la estadounidense Agencia Internacional de Desarrollo (USAID).

Los Tigres Tamiles gobernaron 'de facto' parte del territorio del noreste de la isla de Sri Lanka, que según los grandes medios alcanzó al 15% del total del país y fue el campo más propicio para recibir la "ayuda para el desarrollo" de la USAID.

El cuadro de Sri Lanka se estaba pareciendo demasiado al de Darfur, en Sudán, donde también existe un movimiento separatista financiado secretamente por EEUU y las potencias occidentales, que intenta llevar adelante la desmembración de ese país, en consonancia con los intereses estratégicos de las potencias occidentales y sus grandes corporaciones.

El programa de la USAID era operado desde adentro de la embajada de EEUU y estaba destinado a sustentar la “gobernabilidad local” en las áreas afectadas por el conflicto armado, bajo el pretexto de la “descentralización”. “Nos piden creer que éste es un programa totalmente altruista y noble, cuyo objetivo ha sido civilizar el este”, comentó Randeniya. La USAID proporcionaría “entrenamiento y asistencia técnica” a las autoridades locales, con el objeto de “aumentar la participación pública en la toma de decisión local, mejorar la transparencia en el gobierno local y consolidar las relaciones entre diversos niveles de gobierno y los cargos electos”.

El programa, llamado SuRG, proveería “entrenamiento y asistencia técnica” a las autoridades locales, a los presidentes de consejo urbanos, otros cargos electos y personal administrativo. USAID también entrenaría a “grupos comunitarios”, donde podría encajar la juventud tamil desempleada, para cumplir roles de responsabilidad como autoridades locales y encauzar a los ciudadanos de manera que puedan enganchar con los funcionarios que dirigirán las necesidades de la comunidad. Para 2009 se prevé la participación de 11 comunidades y 14 más el próximo año.

Se proclama que el programa recibe “la ayuda” del ministerio de Gobierno Local y de los Consejos Provinciales. Pero los acuerdos los firman directamente Ms. Susan Ward, jefa del programa SuRG de la USAID, y Rebecca Cohn, directora de la misión USAID en Colombo.

El periodista Randeniya dijo que “como escritor con algún conocimiento sobre el largo historial de las actividades de la USAID a través del tiempo no le cabe sino advertir al gobierno srilanqués, a la policía, el ejército y particularmente a los servicios de inteligencia, que ¡tengan cuidado con la USAID!

La supuesta “agencia del desarrollo” USAID tiene una larga historia como canalizadora de fondos de la CIA para financiar actividades subversivas a través del mundo y también sirve de pantalla a operaciones de inteligencia encubiertas. “USAID colabora y ejecuta diagramas de la CIA y planes secretos del departamento de Estado, de EEUU”, advirtió el periodista. “Su papel es actuar como instrumento de penetración de la CIA en la llamada sociedad civil aportando financiamiento “legítimo” dirigido a promover la política exterior de EEUU y así influir la política interna de las naciones, como lo ha venido haciendo en Venezuela y Bolivia, entre otros países en que la USAID juega el rol desestabilizador de gobiernos progresistas.

1) Ver http://www.argenpress.info/2009/05/fracasa-un-nuevo-kosovo-en-sri-lanka.html


Ver también:
- Fracasa un nuevo “Kosovo” en Sri Lanka


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Ex diplomático Uribista en Estocolmo fue asesor político a Carlos Castaño que pagó por su trabajo


Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

El ex diplomático colombiano en Suecia y actual columnista del diario El Espectador, Ernesto Yamhure, fue en realidad todo menos un diplomático. Fue amigo y asesor político personal de Carlos Castaño, máximo jefe de los escuadrones de la muerte, AUC, durante la peor época de matanzas y crímenes de lesa humanidad cometido por la “6 a División” de las FF.MM., como bautizó Human Rights Watch a los paramilitares colombianos.

Las denuncias a este reportero contr
a Yamhure no la hacen organismos de derechos humanos sino Juan R. García, el amigo y también asesor político de Carlos Castaño y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’. Si la policía sueca de seguridad y de extranjería hubiera tenido esta información el 2005, pues
todo indica que Yamhure habría sido expulsado del país nórdico por cometer espionaje a sus compatriotas.

Espiaba a la colonia colombiana en Suecia

Ernesto Yamhure era hasta 2006 oficialmente el primer secretario de la embajada colombiana en Estocolmo, Suecia, pero varias fuentes tanto en Suecia como en Colombia indicaban que era el encargado de crear la “Red de 100.000 amigos de Colombia en el Exterior”, una de las primeras decisiones que tomó Álvaro Uribe cuando asumió la presidencia en agosto del 2002. La idea de esa red era registrar toda la oposición en el exterior y la responsabilidad para esa tarea recaía sobre la embajada o respectivo consulado. En Colombia, el Ministerio de Defensa tiene la misma tarea, pero crear una red de ‘Sapos’ llamada “Red de Cooperantes e Informantes”, que, según el ministerio ya tiene más de tres millones de colombianos como “superagentes”.

Pero el diplomático Yamhure fue desenmascarado en el mes de julio 2005 cuando fu
e tomado ‘in fraganti’ registrando con su cámara fotográfica a los colombianos exiliados. Éstos se habían concentrado en el muelle del puerto de Estocolmo cuando llegó el buque Gloria de la marina colombiana. Los exiliados manifestaron su rechazo al Terrorismo de Estado y los crímenes y detenciones masivas cometidos por el régimen del presidente Uribe.

La acción de Yamhure fue ampliamente divulgada tanto en la prensa escrita como
en la radio estatal sueca en donde le preguntaban los periodistas por qué él estaba haciendo registro de sus compatriotas que habían sido victimas por un estado terrorista, pregunta que el diplomático se enredó bastante en su respuesta.

Yamhure fue además demandado por los exiliados en Suecia a la policía de Extranjería y los organismos de seguridad (Sä
po), pero el caso, como es complicado con diplomáticos, fue archivado, pero ahí quedó registrado el calvito oligarca.

Carrera diplomática quemada

Ernesto Yamhure, que viene de una familia oligarca de la costa atlántica tuvo
a Fernando Araujo como cuñado ya que el ex canciller uribista estuvo casado con Mónica Yamhure, hermana de Ernesto. Durante la retención por parte de la guerrilla de las FARC del corrupto y ladrón de terrenos de los afrodescendientes en Cartagena, la hermana de Ernesto le puso los cachos a su marido, Araujo.

“Como las relaciones de la oligarquía colombiana son basadas en el interés, y para lograr ese objetivo utilizan hasta la familia. Luego de la retención por parte de la guerrilla de Fernando Araujo, esta (Mónica Yamhure) lo dejó y se fue con otro”, relata Miguel Suárez, director de la Radio Café Stereo en una de sus crónicas semanales [1].

La carrera diplomática de Yamhure se vio quemada por el escándalo del espionaje
a los exiliados colombianos en Suecia. Dicen fuentes en Bogotá que Uribe tenía planeado designar a Yamhure como embajador en los Países Bajos. El dibujado camino fue truncado. Y el Sr. Yamhure ha agarrado un tipo de “odio-amor” a este humilde reportero, dándome la culpa por haber “quemado” su carrera diplomática. Por eso me sindica a cada rato en su columna en El Espectador de ser “embajador” de la guerrilla colombiana, a la cual la tilda de “terrorista”.

Yamhure con Carlos Castaño y setenta jefes paramilitares

¿Pero quién es el verdadero vocero de los verdaderos terroristas?


El 3 de febrero recibí un correo electrónico a través de una agencia de noticias en Caracas, dirigido a mí en donde el Sr. Juan R. García, asesor político a Carlos Castaño y ‘El Alemán’, opinaban sobre algunos asuntos en donde el señor Yamhure está implicado. Se trataba de una cumbre c
on los 70 máximos comandantes de las AUC el año 2002. Me extrañó que Ernesto Yamhure, este ‘godo’ (conservador) estuviera presente en una reunión donde la seguridad física de esos paramilitares tendría que ser de la más alta prioridad y en donde no cualquier personaje tiene permiso para entrar. Pero ahí estaba el Sr. Yamhure, según García.

Hace una semana tomé contacto al señor García y le pedí unas aclaraciones sobre el cont
enido de la carta del 3 de febrero y le hice las siguientes preguntas:

Dick Emanuelsson: Dice que Usted, Yamhure y Juan Rubín (argentino y también asesor político a las AUC) participaron en una c
umbre del 2002 con 70 comandantes de las AUC. ¿En que calidad participaron? ¿Asesores del gobierno o de las AUC?

Juan R. García: Rubini (estuvo)
en calidad de asesor de las AUC, Yamhure en calidad de asesor de Carlos Castaño, y yo en calidad de asesor de Carlos Castaño, de Fredy Rendón (El Alemán), y de mi hermano Carlos Mauricio (Rodrigo Doblecero), quien no estaba presente (fue asesinado el 28 de mayo de 2004 en la ciudad de Santa Marta, Colombia por sicarios de las AUC).

Dick Emanuelsson: Usted ha escrito que “….. y a la luz de los e
studios de Ernesto Yamhure, quien se aprovechó de la confianza que como a su asesor y amigo le tuvo Carlos Castaño,. . . .” ¿Yamhure era amigo y asesor a Carlos Castaño o se refiere a Usted?

Juan R. García: Yamhure era amigo y asesor de Carlos Castaño, y como tal tuvo acceso a información sobre las AUC que luego utilizó para una tesis sobre esa organización y sus debilidades frente al gobierno para una negociación.

Dick Emanuelsson: Sigo la cita de su texto en que subraya “. . . que aunque el doctor Yamhure sea fiel escudero del fiel escudero de
l presidente, el ministro de agricultura, y sea asesor o empleado de la oficina del alto comisionado para la paz, no por eso es menos cierto que Carlos Castaño lo quería como amigo, lo respetaba como asesor, y hasta donde tengo conocimiento, le pagaba. . .” ¿Fue Yamhure que Carlos Castaño quería como amigo, como asesor, y hasta (…) le pagaba.” a Yamhure?

Juan R. García: Efectivamente. Mi hermano Carlos Mauricio decía que Carlos Castaño cuando veía un cura o un godo se “meaba a goticas”, y eso le ocurría con Yamhure como godo. No se cómo
llegó Yamhure hasta Castaño, pero sabiendo los amigos en común que tenían, no es extraño, pero yo lo conocí en la casa de Carlos Castaño, donde nos vimos varias veces en calidad de asesores y amigos de Carlos (ambos), compartíamos con él días enteros hablando de temas políticos, y en alguna ocasión, en presencia mía, Carlos le entregó una suma de dinero en efectivo, no se bien si eran 3 o 5 millones de pesos (aproximadamente 2.300 dólares, nota del redactor), ni se si era por honorarios o por otro concepto, por lo que afirmé lo del pago en esos términos un poco imprecisos.

Paramilitarismo “política de estado”: Salvatore Mancuso

Las declaraciones de Juan R. García son interesantes y confirma hasta donde han llegado los tentáculos de los paramilitares colombianos en el aparato estatal.

Pero ¿Quién aprovecha a quien?

Recuerda que Salvatore Mancuso en las audiencias publicas con los fiscales colombianos o en diálogo con los familiares de las victimas de las AUC afirmaba y afirma que las AUC eran un producto de los sectores poderosos de la sociedad colombiana y lo que hacia este orga
nismo paramilitar era “política de estado” [2].

No se sabe cuanto tiempo el ex diplom
ático de Uribe ejercía el papel de asesor político al máximo jefe de los paramilitares, pero sostiene García que los dos se reunieron con Castaño y los 70 jefes paramilitares el año 2002. También es importante poner esa época en su contexto en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos de los paramilitares.

Yamhure asesoraba Castaño que cremaba sus victimas en hornos

El 29 de abril Salvatore Mancuso sacudió la opinión pública internacional en una declaración judicial transmitida desde Washington. Decía, que como un favor a dirigentes políticos y jefes militares incineraron (las AUC) en hornos cent
enares de cadáveres de sus victimas. El máximo jefe paramilitar señaló que la orden de “desaparecer personas era un favor que (el desaparecido jefe paramilitar) Carlos Castaño les estaba haciendo a las autoridades”.

Detalló que la decisión fue tomada tras una reunión con militares, políticos y altas personalidades, en la que se acordó hacer un favor a las autoridades y disminuir las estadísticas de víctimas de la violencia paramilitar debido a la cantidad de muertos y masacres que estaba saliendo a la luz del año 2001 al 2003, reportadas todas por las agencias de noticias internacionales.

¿Pero qué tiene que ver Ernesto Yamhure en este asunto?

Recordamos las declaraciones de Juan R. García que relataba que él, Rubini y Yamhure se
encontraba el 2002 en los campamentos paramilitares y que Yamhure y García intercambiaba y asesoraba a Castaño con quien tuvo conversaciones días enteros para darle orientación al temible jefe de los paracos.

¿Quién era la persona que era un buen amigo de Yamhure y que éste asesoraba?

Pues Castaño era la persona que dio orden de construir hornos para quemar centenares de víctimas al mejor estilo nazi alemán. Así desaparecieron las victimas por sus crímenes horrorosos y así pulieron la fachada del estado y de una organización criminal en un proceso ya preparado por los asesores de Castaño cuando asumiera la presidencia Álvaro Uribe.

“Grupo de los 7”, los verdaderos Patronos de las AUC

Prácticamente todos los extraditados jefes paramilitares declaran ahora que los verdaderos patronos de los paramilitares eran o son los grupos de poder en Colombia. El mismo Carlos Castaño menciona en su libro “Mi Confesión”, con prologo de la franquista Salud Hernández Mora, periodista de un periódico vespertino español, que los verdaderos “Arañas” del terrorismo para-estatal era el “Grupo de los 7”, un grupo entendido como los más poderosos oligarcas, generales y políticos en Colombia. Son los responsables por el genocidio político-sindical de la Unión Patriótica, los tres mil sindicalistas exterminados, los desaparecidos y toda una gama de redes sociales y políticas en los barrios y en los campos colombianos que han sido eliminados, dejando solo un cascarón de estructura.

Los casi 30 años que he cubierto Colombia como periodista ha dejado impactos imborrables. Las muertes de Reynaldo Maiguel (1994) y José Güette (2001), dos presidentes seccionales del sindicato Sintrainagro de los obreros bananeros en Ciénaga, centro de la producción de la empresa transnacional gringa Dole, que en esta zona son acusados incluso ahora por los jefes paramilitares como ‘Carlos Tijera’ de ser los promotores y verdaderos “Patronos” de los paramilitares. Según Tijeras, Dole financiaba a 40 por ciento la estructura militar de las AUC en los departamentos de Magdalena y Guajira, región de donde viene Ernesto Yamhure y el ex jefe del DAS (la policía política secreta bajo el mando directo del presidente Uribe), Jorge Noguera.
O Oviedo Olivo, secretario general del sindicato de los obreros bananeros Sintrainagro y el presidente seccional de Apartadó, Francisco Giraldo, o para no hablar de los mil lideres, militantes del Partido Comunista Colombiano o la Unión Patriótica, el joven dirigente comunista y secretario general del concejo de Apartadó, Albeiro Bustamante, que el ejercito acusó por ser responsable a una matanza en la ciudad en enero del 1993. Estuvo encarcelado un año y cuando fue liberado porque era inocente, lo mataron tres semanas después. Fueron luchadores populares que dejaron en mi una memoria imborrable por su valentia, coraje y principios clasistas a favor a la clase trabajadora y el socialismo. Pero sujetos como Yamhure jamás entenderán eso, nacidos con pañales caritos.

Yamhure, Noguera y la Red de Sapos en el exterior

Noguera será juzgado en Colombia, acusado por la fiscalía de ser el responsable de entregas de listas a los paramilitares sobre personas que posteriormente fueron asesinados. Es el mismo ex jefe de DAS que en enero del 2005 se hizo presente en San José de Costa Rica para convencer al médico colombiano Hernando Vanegas, exiliado desde 1997 en el país centroamericano y con dos hermanos asesinados en Colombia, de entregarse y colaborar con el DAS para facilitar una pista de los integrantes de la Comisión Internacional de las FARC-EP y capturarlos. A parte que no sabía donde se encontraban los guerrilleros, Vanegas sabía perfectamente bien que al otro lado de la mesa tenía un terrorista institucionalizado, un enviado especial de Uribe que quería armar una trampa y secuestrarlo como hicieron con Rodrigo Granda en Caracas. Con la ayuda de movimientos populares en Costa Rica, y el ACNUR, la familia del Sr. Hernando Vanegas logró escapar de la red que había montado DAS en Costa Rica con ayuda de los organismos de seguridad y algunos políticos corruptos de ese país y radicarse en Suecia donde tienen residencia permanente, protegido por el estado sueco.

La red de Pinochet cayó, lo mismo pasará con la de Uribe

La tarea de Yamhure y su “Red de Amigos” en el país nórdico tenia y tiene como tarea hacer inteligencia al estilo de la embajada Pinochetista en Estocolmo durante la dictadura militar (1973-1990), porque la colonia chilena era un frente de resistencia antifascista y antidictatorial que a final aportó su granito de arena para que fuera derrotada la dictadura chilena.

Las declaraciones de García, Mancuso, y otros personas ligados a las AUC, son importantes por que se confirma otra vez, que era y es el Estado colombiano quien dirige personajes e instituciones como Yamhure, Castaño, AUC y DAS, respectivamente en la guerra contra el pueblo colombiano.

Lo triste para un periodista es constatar que un medio con prestigio como El Espectador presta espacio a un señor que era amigo personal y que asesoraba a un jefe de una organización que cremaba sus victimas en hornos como hacia los nazis alemanes y que además es un ‘loro’ Uribista que ‘hace dedo’ a todos y todas que cuestionan el presidente. En esta actitud hay ´complicidad´? Porque la gerencia de El Espectador, la revista Semana y El Tiempo, el diario del vicepresidente y ministro de Defensa, nunca cumplen el papel ético y el derecho universal de réplica o rectificación a las personas que son acusados en forma descarada por personajes como Yamhure. Quizas porque son de la misma clase social. Y entre ellos se pelean pero cuando se trata de proteger su clase, pues cierran filas en forma hermética.

1] Fernando Araujo y el corral de los bandidos, Por: Miguel Suárez *

2] El Tiempo, 15 de mayo, 2007: 'El paramilitarismo es una política de Estado'

* Reportero sueco en América Latina desde 1980

Reflexiones personales y subjetivas sobre la obsesión de Yamhure

Yamhure tiene una obsesión a este humilde periodista y reportero. Quizás por que lo tomé en flagrancia con mi camera cuando estuve en Suecia 2005, reemplazando compañeros en la redacción del diario Flamman (fundando 1906) que disfrutaba sus vacaciones. Parece que se quemó en su carrera diplomática y la da culpa a mí.

Desde que yo tenía que salir en diciembre del 2005 de Colombia como consecuencia de las amenazas por mi labor periodística, el ex diplomático ha escrito por lo menos cuatro crónicas en el diario El Espectador, dándome el titulo “embajador de las Farc”, sin pensar en ninguna de las consecuencias para mi seguridad, o quizás justo por eso.

El 29 de abril recientemente, varió el lenguaje titulándome “Embajador itinerante del terrorismo de las Farc”, sacando por completo unas declaraciones que había hecho yo en la emisora Café Stereo acerca el uso de las minas antipersonales en Colombia.

En ese dialogo informé de mis propias experiencias en el Sur de Bolívar (departamento en el norte de Colombia) en donde llegué a unas fortificaciones que la guerrilla había conquistado de los paramilitares y en donde fueron decomisadas minas antipersonales de producción gringa, llamadas “Kleymore” y distribuido por el ejército a los paracos. Expliqué también que a raíz del escalamiento de la guerra por parte de Uribe y su padrino militar de Estados Unidos, las minas antipersonales como defensa propia de la guerrilla ya es un arma muy usado, que incluso ha dado golpes y resultados a las tropas regulares.

Pero Yamhure saca el tema, como hacen personajes que temen la verdad, de su contexto y sostenía que yo defendía el uso de las minas que matan militares y población civil:

“Lo paradójico es que ese individuo (Dick E.) continúe como un pez, moviéndose entre Centroamérica y Europa con total impunidad. ¡Cuánto nos falta en materia de cooperación internacional para la judicialización de los adláteres de los violentos!”

Es decir; el ex diplomático uribista quiere cooperación internacional para capturarme y juzgarme por terrorismo internacional.

Pues habría preguntar a la fiscalía, el DAS, la inteligencia militar, la cancillería, la embajada colombiana en Estocolmo y al mismísimo presidente Uribe ¿cuál es el delito que ha cometido este reportero? ¿Lo que yo sepa es que ni siquiera figuro en el famoso laptop del comandante Raúl Reyes a pesar que lo entrevisté una cantidad de veces en la selva colombiana y en Estocolmo cuando venia invitado por la canciller Anna Lindh (q.e.p.d.) y el gobierno sueco más los industriales suecos? A pesar que el mismo Reyes estuvo en mí casa en donde conversamos mucho acerca el futuro de Colombia, NADA ha sido dirigido hacia mí porque mis principios por el periodismo no son hacer cosas por debajo de la mesa o a las espaldas de alguien sino de frente.

Pero sin duda, Ernesto Yamhure ahora tiene mucho que explicar porqué se encontraba y frecuentaba en la base paramilitar de Carlos Castaño, no solamente una vez, sino cantidades de veces.

Dick Emanuelsson

Lea más en: “Periodista sueco en la mira del gobierno colombiano”, por Ernesto Carmona. Es periodista y escritor chileno, consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y Secretario Ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).
http://www.seinforma.ca/dickesp.html

Foto 1: Colombia - Ernesto Yamhure, ex diplomático de Uribe y asesor político y amigo de Carlos Castaño, AUC. / Autor: Dick Emanuelsson
Foto 2: Colombia - Ernesto Yamhure en acción, registrando a los colombianos exiliados en Suecia el 25 de julio 2005. / Autor: Dick Emanuelsson
Foto 3: Colombia - ¿Asesoría de Yamhure? / Autor: Apolinar Martínez
Foto 4: Colombia - Paramilitares: Salvatore Mancuso, máximo jefe paramilitar después del asesinato de Carlos Castaño por sus propios amigos de armas. Mancuso fue extraditado junto con 13 jefes paracos por Uribe a USA para silenciar sus declaraciones sobres los verdaderos autores intelectuales de la creación del monstruo paramilitar.
Foto 5: Colombia - La viuda Carmen Elena Riobo y 8 de sus 9 niños. Los paramilitares en Cienaga asesinaron a su esposo Adán, obrero bananero. ¿Así asesoraba Ernesto Yamhure a su amigo y patrón, Carlos Castaño, dejando miles de niños huérfanos? / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 6: Colombia - Víctimas: El presidente seccional del sindicato bananero de Sintrainagro en Apartadó, Francisco Giraldo, miembro del partido comunista colombiano, asesinado 1996. / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 7: Colombia - Víctimas: El secretario general del sindicato bananero de Sintrainagro, Oviedo Olivo y líder también del Partido Comunista Colombiano en el departamento de Antioquia. Fue asesinado 1996. / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 8: Colombia - Víctimas: El presidente seccional del sindicato bananero de Sintrainagro en Cienaga, José Güette, fue asesinado en enero 2001, durante las negociaciones entre el sindicato y Chiquita. Güette me guiaba durante tres días en las fincas bananeras en diciembre del 2000, reportaje que resultó en cinco páginas en el semanario LO-Tidningen, semanario de la central obrera sueca en donde muchos sindicatos querían iniciar un boicot a bananos de Chiquita en protesta del terror dirigido a los obreros y sindicatos bananeros en Colombia. / Autor: Dick Emanuelsson.
Foto 9: Colombia - Exiliados: Fueron estos manifestantes, colombianos exiliados en Suecia que Ernesto Yamhure, primer secretario de la embajada colombiana en Estocolmo, fotografiaba cuando llegó el buque Gloria al puerto de la capital sueca el 25 de julio 2005. Pero Yamhure tenía otra tarea que la diplomacia, asesoraba su amigo Carlos Castaño que a su vez le pagaba a Yamhure por estos favores. / Autor: Dick Emanuelsson.


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Estados Unidos y Derechos Humanos. Exceso de pragmatismo y oportunidad


Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La administración de Barack Obama anunció el pasado viernes que un tribunal militar del Pentágono se hará cargo del proceso judicial de algunos detenidos de la cárcel de Guantánamo, Cuba.

La noticia se produce en sincronía con la elección de Estados Unidos el 12 de abril por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este órgano fue diseñado para monitorear el cumplimiento de acuerdos internacionales que velan por los DDHH. Washington había manifestado un permanente desacuerdo de la forma en que estaba concebido y de sus procedimientos.

La Embajadora de EEUU ante la ONU, Susan Rice, cuando se le preguntó sobre esta decisión, enfatizó la necesidad de reformar el Consejo.

La primera información ha causado una fuerte reacción contraria en juristas y defensores de los DDHH en EEUU, especialmente aquellos que sostienen que con la medida anunciada se estaría violando las normas que determinan los instrumentos internacionales.

La entrada de EEUU al Consejo que vela por los DDHH, si bien puede ser considerada un paso importante en su reinserción en el multilateralismo, también genera expectativas encontradas respecto hasta qué punto la lógica de la supremacía -que es parte de su filosofía política- se va a adaptar al universo del Derecho Internacional.

Una potencia con cultura de supremacía, - eufemísticamente se le confunde con liderazgo- desde un plano práctico es reacia a ser controlada. Y es precisamente ese ámbito de órganos de control el que genera rechazo en EEUU.

En este momento en que EEUU entra al Consejo de DDHH de la ONU, enfrenta el problema de las torturas en la cárcel de Guantánamo y el procesamiento de detenidos por tribunales militares.

La medida de encargar al Pentágono para formar comisiones militares para juzgar confirma la tendencia de ser EEUU una de las naciones con menos vocación de adherir a los Pactos internacionales de derechos civiles y políticos, como queda demostrado en Derecho Internacional (pp.1029; Madrid 1997), un erudito texto de análisis crítico del catedrático español Antonio Remiro Brotons y un grupo de autores asociados.

EEUU todavía no firma ni ratifica el protocolo de la Corte Penal Internacional (ICC Statute 1998 Roma ) que juzga a las personas que han cometido genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo desapariciones forzadas, torturas, secuestros entre otras violaciones.

Su status especial de potencia mayor le ha conferido un “derecho” de negociar su compromiso con los pactos internacionales de derechos económicos, sociales, y políticos que le dan cuerpo y vida a la Declaración Universal.

Ese derecho de alguna forma está sustentado por el resto de las naciones debido al sistema de alianzas y a la pasividad, aunque también están los resabios de una guerra fría que no se desactiva.

El argumento para justificar esa adhesión con fórceps a los instrumentos jurídicos de D.I. y a sus mecanismos institucionales está sustentado por lo general a la necesidad reformar los organismos.

Por cierto, EEUU ha sentido siempre incomodidad con el derecho internacional naciente, y aunque el fenómeno no es de su exclusividad, el hecho de haber estructurado su óptica del derecho internacional a partir de una visión de supremacía, lo hace proclive a conservar esa condición.

A partir de la estratégica decisión de organizar una “guerra internacional contra el terrorismo”,-hasta este punto hecha doctrina-, EEUU se ha transformado en un estado de excepción, difícil contener. Al mismo tiempo le ha permitido introducir un sistema paralelo de interpretación del derecho internacional.

Las torturas en la cárcel de Guantánamo y el mantener los tribunales militares para juzgar a los detenidos en esta prisión, conducen a pensar que estamos frente a un estado de excepción.

Y no podría ser de otra forma. La constitución de EEUU en su origen se gesta como un vector orientado a la expansión protegiendo su capacidad de país de intervenir en ultramar. EEUU con su interpretación del DI, trata de evitar el abigarrado abanico de instrumentos convencionales de vocación universal como lo define A. R. Brotóns.

Todo lo anterior vuelve a colocar en el primer plano el instrumento más potente de última generación que dispone el Derecho Internacional como es la Corte Internacional Penal, o el Estatuto de Roma (1998).

Se ha programado una primera conferencia de revisión del Estatuto de Roma, que se llevaría a cabo en Kampala (Uganda) durante la primera mitad de 2010. El estatuto se ratificó en julio 2002 con 66 países (se necesitaban 60).

Esta conferencia usará la provisión del estatuto de Roma para que sea revisado en su artículo 124. Este es un protocolo de tipo opcional que permite a los estados no someter a sus ciudadanos a la jurisdicción de la Corte por un período de siete años respecto a crímenes de guerra.

Es así que hay mucha inquietud en los defensores de los DDHH. Al centro del debate se sitúa el tema de la tortura como sistema de represalia y obtención de información, y los subterfugios de los países para evitar el control.

La impronta de una potencia en guerra internacional contra el terrorismo es el legado político que más está pesando en la nueva administración. Significará probablemente que otras medidas como esta adoptada con los detenidos de Guantánamo, cargadas de un exceso de pragmatismo innecesario y deformante en una agenda reformadora ante la cual se ha generado una expectativa mundial positiva.

Nunca EEUU, especialmente por el discurso de la actual administración, había estado al frente de una oportunidad tan abierta y clara para hacer despegar un nuevo paradigma en DDHH, y menos desvirtuado por la mediatización política.

Foto: Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. / Autor: Check Kennedy – White House


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Paraguay: País de amagues

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Recurso futbolístico eficaz, expresión de tácticas militares, síntomas de algunas enfermedades, el amague es ademán, es intención y es un clásico juego de personas, en particular entre adolescentes y jóvenes, duchos en hacer el movimiento, la seña, la advertencia sobre algo que no se cumplirá.

Hasta ahí, todo casi bien y hasta divertido, pero en Paraguay esa costumbre se trastoca cuando se traslada a la actividad del grueso de los políticos, de los empresarios, movimientos sociales, sindicatos, policía, Ejército y todos los servicios del Estado, especialmente el Poder Judicial y los sectores financiero, la enseñanza y otros sitios donde, casi sin excepción, se dice una cosa para hacer otra.

Desde la primera semana de enero, una ola de amenazas de bombas se ha instalado en Asunción y, aunque naturalmente está generando cierta inquietud entre la población, la verdad es que de una docena y media de artefactos detectados, apenas explotó uno, que fue en el Palacio Judicial, sin provocar víctimas.

Ese fue el único atentado que el o los presuntos autores no alertaron, dos días después asumido, en nombre del Ejército del Pueblo, desde la cárcel de mujeres por Carmen Villalba, quien purga un condena de 25 años, acusada del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija mayor de Raúl Cubas, fugaz Presidente en 1999.

Todos los demás actos, que han terminado en falsa alarma, han sido advertidos en su totalidad con llamadas telefónicas, desde algunos de los seis millones de celulares que circulan en el país, más de uno por habitante.

El anuncio de la investigación se hizo con expresiones adustas por el Ministro del Interior Rafael Filizzola y el Comandante de la Policía Nacional, Comisario General Viviano Machado, sin que hasta ahora exista la más mínima señal del resultado, aparte del anuncio de ambos de estar procesando mucha información.

Es de presumir que esa inoperancia está estimulando a algunos irresponsables que se divierten creando zozobra, pero también podría ser que se esté incubando algún plan terrorista contra un gobierno que, aunque incapaz de cumplir con su promesa de justicia social, ha amenazado a círculos poderosos de la mafia, la cual no tiene porqué pensar que sólo se trata de otro amague de Lugo y su gente.

A su vez, los movimientos sociales amenazan con grandes movilizaciones y, cuando las hacen, generalmente terminan con el gusto de un cítrico inmaduro, y la carta de sus reivindicaciones tiene mucho de emotividad y poco contenido programático, aunque menos tétrico que las organizaciones empresariales, que hasta amagan en convertirse en patriotas.

Felizmente, no todo es amague, como hace poco más de un año lo demostró el pueblo al desbaratarle la presidencia del país al Partido Colorado, que se la había apropiado en 1947 e hizo de ella una suerte de empresa privada hasta 1989, cuando ensayó un cambio, aconsejado por servicios extranjeros de inteligencia, expertos en maquillar la máscara de regímenes muy desprestigiados.

En febrero de ese año, un golpe militar desplazó al General Alfredo Strossner de su sillón y a alguno de sus esbirros, en un acto de traición corporativa que, aunque merecido, fue ejecutado por los jerarcas y aliados más próximos, formados por especialistas que nunca amagan cuando se trata de mantener el poder en contra de los intereses populares, en manos de siervos obedientes.

Esos nuevos amos del poder paraguayo obraron entonces, hace apenas dos décadas, con calculada vileza y se aliaron con fuerzas de una oposición que, durante años arrodillada, se había hecho experta en amagues de todo tipo. En conjunto elaboraron una nueva Constitución e instalaron un gatopardismo que, con buena salud, ha sobrevivido sin mayor inquietud a algunos leves achaques.

Una de las jugadas más acertadas de los sucesores de Strossner, fue reformar la Carta Magna, confiriéndole nuevos poderes al Parlamento que pasó a desempeñar un papel absolutamente negativo para el despegue del país.

Ello se ratifica estos días con la aprobación, por Diputados, de un proyecto de ley para trasladar la administración de la enseñanza y la salud, a los municipios y gobernaciones, todas en poder local de los dos partidos tradicionales, Colorado y Liberal. Además de debilitar al Ejecutivo.

Buen patriota, consecuente con la tradición, el Presidente Fernando Lugo no ha querido defraudar en el oficio de los amagues y, en los nueve meses que lleva al frente del cuasi nuevo gobierno variopinto, está cosechando junto a su equipo muchos puntos que, si existiera un torneo regional de ese juego, Paraguay andaría entre los favoritos al título.

Aunque en otros aspectos, el ex Obispo se destaque por su eficacia, y algunos de sus colaboradores hagan algunas tareas con regular para arriba, los resultados de su administración están muy lejos del mínimo que necesita el país para evitar que siga en aumento la miseria.

Seis de cada diez habitantes están pobres y muy pobres, apenas el diez por ciento recibe gratis algunos servicios de salud, derecho respetado a medias por el Instituto de Previsión Social, que está financiado por un porcentaje del salario y otro de la patronal.

Sólo un cuarto de los asalariados percibe el sueldo mínimo de un millón 300 mil guaraníes, alrededor de 260 dólares mensuales. El mayor número de empleos se encuentra en la administración y en el sector informal que ocupa desde niños de ocho años hasta octogenarios, mayoría mujeres, alto porcentaje de madres solteras.

Por las calles viven o deambulan miles de niños y adolescentes, presas de la drogadicción y la prostitución, buena parte nacidos en hogares de campesinos expulsados de la tierra, que se han asentado en los barrios de plástico y cartón que rodean Asunción, “la madre de las ciudades”, como gusta llamarla el oficialismo.

Muchas promesas ha hecho Lugo y su equipo de combatir la corrupción y, en ese punto, algo ha logrado, aunque diste mucho de la higiene moral prometida, pero uno de los más graves problemas de su administración es que su política económica sólo hace amagues de reorientación y continúa la senda trazada por los colorados.

Un reciente préstamo del Banco Mundial, de 100 millones de dólares, se destinará a mejorar la administración del Estado, un cáncer de 250 mil burócratas desganados, casi en su totalidad empleados por el Partido Colorado, y especializados en sabotear la función pública y proteger y practicar la corrupción.

Ningún proyecto de producción nacional aparece, ni siquiera en rubros básicos de la alimentación. Los pretextos de la falta de capital sólo sirven para enmascarar la incapacidad para diseñar un programa de gobierno, lacra que los enemigos acarician, fomentando la decepción popular y la división en torno a Lugo.

El Vicepresidente Federico Franco, dirigente liberal minoritario, tan hábil en el amague como incapaz para controlar su avaricia presidencialista, todos los días tiene algún nuevo motivo para condenar al mandatario, en una actitud francamente desestabilizadora, que conspira contra cualquier iniciativa positiva e, incluso, con su futuro político.

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Censos


Néstor Sappietro (APE)

Pasaron casi 35 años del “villazo”, aquella gesta popular nacida en Villa Constitución promovida por los trabajadores del sur santafesino contra el poder económico, en la que participaron junto a los metalúrgicos, los obreros textiles, los docentes, el Centro de Comerciantes, una comisión de mujeres apoyando a los trabajadores y hasta los pibes que cuando jugaban a los cowboys decían que los malos eran “fachos”.

A casi 35 años de semejante demostración de conciencia política, aparece una información nacida en las entrañas de aquel lugar que desesperanza.

En Villa Constitución se lanzó un censo para señalar a los inmigrantes pobres.

Los vecinos “autoconvocados” reclamaron al municipio que lleve adelante el relevamiento para identificar al villero extranjero para así enfrentar “los crecientes robos y hechos de violencia”.

En las últimas semanas, un grupo de asistentes sociales visitó los distintos asentamientos irregulares y pasó casa por casa para “relevar su situación”, y de paso, conocer su origen para así saber “cuántos son los villeros no villenses”.

La modalidad se repite en distintos puntos de nuestro territorio.

Hace unos días dábamos cuenta de una situación similar ocurrida en La Paz, una localidad de Entre Ríos, donde “los vecinos de las calles asfaltadas” exigen a las autoridades que frenen la llegada de pobres... y cómo no mencionar, en el colmo de la discriminación, al tristemente célebre muro de San Isidro con la idea de aislar a un barrio pobre.

Las autoridades municipales, en todos los casos, terminan accediendo a la presión de la intolerancia. El intendente de Villa Constitución, Horacio Vaquié, señaló “que de unas 100 familias registradas en dos de los barrios bajos, sólo ocho eran de ‘afuera’. Son de la ciudad de Santa Fe y de Reconquista, y llegaron en la época de la inundación, hace varios años”.

Sin embargo, aunque las sospechas no se puedan confirmar, la culpa de todo la tienen los pobres. Esa parece ser la consigna. Hay que expulsar a los pobres a algún rincón oscuro del Universo. Un lugar donde no molesten.

La cruzada contra los pobres echó mano también a la tecnología con la creación del blog www.villasinvillas.blogspot.com, que “recluta gente que no está de acuerdo con la radicación de villas miseria en la ciudad”.

En ese sentido, la crónica periodística es por demás elocuente: “Reno Dona sale de su casa colonial en barrio Congreve, en el centro de Villa Constitución, apunta su dedo hacia las barrancas del río y sentencia: ‘Ven allá. Eso lo vamos a limpiar todo. Sacar los árboles y desmalezar. Y ya pedimos alambre de púas a Acindar para cercar el lugar’”, su mujer, en tanto, afirma que “los que nos roban se guarecen en esos árboles”.

El informe presenta algunas cifras que develan las auténticas razones de la inseguridad. “Villa Constitución atraviesa una profunda crisis laboral como consecuencia de la caída de la industria metalmecánica. Según dijo el intendente, Acindar ‘jubiló’ a 400 empleados, Paraná Metal tiene un régimen de suspensiones que afecta a 800 y el recorte perjudicó a otros 600 trabajadores de talleres y contratistas satélites de esas empresas”.

Algo más que los 35 años pasaron desde aquel “villazo” gestado por una sociedad que decidió enfrentarse al poder económico con una conciencia política clara que distinguía dónde se escondía el enemigo, en la cual hasta los pibes sabían que los malos eran los “fachos”.

Algo más que los 35 años pasaron para llegar a esta sociedad que tiene como toda aspiración de futuro un censo para identificar y expulsar a los inmigrantes pobres.

Pasó la construcción del olvido. Pasó el individualismo más feroz.

Por esa razón, se nos ocurren algunas preguntas para que los censistas realicen a los vecinos de las calles asfaltadas:

De las personas que habitan este hogar ¿Cuántas son las que creen que la solidaridad es un valor irremplazable y que suele andar abrazada a la renuncia?

¿Cree que la inseguridad la provocan los hambreados o los hambreadores?

¿En cuánto lo afecta el tamaño de la exclusión?

Es probable que el cuestionario sea algo engorroso, pero también es cierto que algunas de estas preguntas responderían en serio, quiénes somos, cómo estamos y si será posible descontar la ventaja que nos viene sacando la infamia.

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Argentina: Cuando cierta "progresía" nos habla de inseguridad

Ricardo Peidro (ACTA)

En nuestro país existe cierto "progresismo" que, pese a que adorne su discurso con una retórica académica, termina siendo funcional al coro estable de la "mano dura" para criminalizar a los pibes pobres. Así de simple.

Por más esfuerzo que hagan en demostrar las mejores intenciones o que naveguen en los mares del progresismo, la realidad es que abonan el terreno para hacer más digerible el discurso (y no sólo el discurso) de los que colocan a los jóvenes y especialmente a los jóvenes y adolescentes pobres en la primera línea de fuego en el “combate contra la inseguridad”. No le den más vueltas: quieren hacer punibles a los pibes y pibas de 14 años.

Con la excusa del respeto a las garantías penales de adolescentes, evaden la discusión principal que es cómo hacer para garantizar la vida de los 25 pibes y pibas que mueren por causas evitables, cómo achicar la brecha de la desigualdad para que la mayoría de nuestros jóvenes no sean pobres, cómo poner los esfuerzos para garantizar la Asignación Universal por Hijo y no para financiar a los grupos económicos.

¿Cómo puede ser que se planteé que como único modo de brindarles garantías constitucionales es la introducción en el sistema penal a adolescentes de 14 o 15 años?. Como dice un documento firmado por más de 30 organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos: “los adolescentes que hoy tienen entre 14 y 18 años son las principales víctimas de las políticas neoliberales desarrolladas durante el menemismo y que expresa sus efectos y continuidades en la actualidad. Mientras miles de padres se quedaban sin trabajo, los pibes nacían en un país en dónde se destruía la educación, la salud y el trabajo con la consecuencia de la desintegración social y la marginación. Por ende nos parece imprescindible en este contexto garantizar la asignación universal por hijo. Entendemos que antes de preocuparnos sobre lo que hacen los chicos con los adultos, es imprescindible ocuparse de lo que hacemos los adultos con nuestros pibes. Los adultos responsables sabemos y nos consta que ningún pibe nace chorro ni drogadicto. Que el crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos está liderado por el mundo adulto, que sólo es posible con la complicidad del poder político, judicial y policial. Que la inducción al consumo de drogas produce indefectiblemente la degradación del ser humano, y en el caso de niños y jóvenes les impide proyectarse en el tiempo y vivir en libertad, y que esta economía informal del “menudeo de drogas” sostiene a la misma partidocracia que impide reformas estructurales en materia de violencia urbana”.

En una de las recorridas por el conurbano bonaerense acompañando a Víctor De Gennaro en la construcción de la Constituyente Social, en medio de barrios de trabajadores y trabajadoras que pelean todos los días por la supervivencia, se levanta un “barrio cerrado” (“El Ombú” creo que es el nombre) con triple alambrado, el del medio electrificado. Nos preguntábamos de cara a esos cercos como crecerán los niños y niñas del alambrado hacia adentro, con que subjetividad crecerán acerca de sus pares del alambrado para afuera con los que deberían compartir escuelas, juegos y deportes. Desde su nacimiento les “marcan” al enemigo. Todo un símbolo.

¿Cómo puede ser, insisto a riesgo de ser redundante, que en medio de esa realidad se abone a acrecentar ese símbolo, diciendo que desde el único lugar que se puede garantizar el derecho del “enemigo” de 14 años es desde el derecho penal ?

La energía utilizada para asegurar estas “garantías” deberían estar puestas en que se garantice la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. De este modo impedirían que los niños pobres sean la principal clientela de Régimen Penal Juvenil.

Estamos acostumbrados a confrontar con los que abiertamente pretenden criminalizar la pobreza y fundamentalmente a los jóvenes, porque en ellos ven la semilla de la que germinarán los nuevos tiempos.

Por eso más nos indigna cuando desde el "progresismo", que rinde culto diario en el templo del posibilismo, nos quieren poner nuevamente en el lugar de los utópicos y nostálgicos sin propuestas cuando rechazamos enfáticamente la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

Ya hemos demostrado que nos sobran propuestas para terminar con el hambre, que es un crimen, y estamos abocados a la tarea de realizar una amplia convocatoria a la unidad popular para avanzar en la construcción de la fuerza política y social necesaria para cambiar las relaciones de fuerza con el poder dominante.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina damos testimonio de nuestra lucha para que se defiendan todas las garantías constitucionales, incluídas las de los miles de pibes que sufren abusos y gatillo fácil como es el caso de Luciano Arruga de 16 años, desaparecido desde el 31 de enero.

Ricardo Peidro es secretario de Derechos Humanos de la CTA.


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Argentina: Cuando cierta "progresía" nos habla de inseguridad

Ricardo Peidro (ACTA)

En nuestro país existe cierto "progresismo" que, pese a que adorne su discurso con una retórica académica, termina siendo funcional al coro estable de la "mano dura" para criminalizar a los pibes pobres. Así de simple.

Por más esfuerzo que hagan en demostrar las mejores intenciones o que naveguen en los mares del progresismo, la realidad es que abonan el terreno para hacer más digerible el discurso (y no sólo el discurso) de los que colocan a los jóvenes y especialmente a los jóvenes y adolescentes pobres en la primera línea de fuego en el “combate contra la inseguridad”. No le den más vueltas: quieren hacer punibles a los pibes y pibas de 14 años.

Con la excusa del respeto a las garantías penales de adolescentes, evaden la discusión principal que es cómo hacer para garantizar la vida de los 25 pibes y pibas que mueren por causas evitables, cómo achicar la brecha de la desigualdad para que la mayoría de nuestros jóvenes no sean pobres, cómo poner los esfuerzos para garantizar la Asignación Universal por Hijo y no para financiar a los grupos económicos.

¿Cómo puede ser que se planteé que como único modo de brindarles garantías constitucionales es la introducción en el sistema penal a adolescentes de 14 o 15 años?. Como dice un documento firmado por más de 30 organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos: “los adolescentes que hoy tienen entre 14 y 18 años son las principales víctimas de las políticas neoliberales desarrolladas durante el menemismo y que expresa sus efectos y continuidades en la actualidad. Mientras miles de padres se quedaban sin trabajo, los pibes nacían en un país en dónde se destruía la educación, la salud y el trabajo con la consecuencia de la desintegración social y la marginación. Por ende nos parece imprescindible en este contexto garantizar la asignación universal por hijo. Entendemos que antes de preocuparnos sobre lo que hacen los chicos con los adultos, es imprescindible ocuparse de lo que hacemos los adultos con nuestros pibes. Los adultos responsables sabemos y nos consta que ningún pibe nace chorro ni drogadicto. Que el crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos está liderado por el mundo adulto, que sólo es posible con la complicidad del poder político, judicial y policial. Que la inducción al consumo de drogas produce indefectiblemente la degradación del ser humano, y en el caso de niños y jóvenes les impide proyectarse en el tiempo y vivir en libertad, y que esta economía informal del “menudeo de drogas” sostiene a la misma partidocracia que impide reformas estructurales en materia de violencia urbana”.

En una de las recorridas por el conurbano bonaerense acompañando a Víctor De Gennaro en la construcción de la Constituyente Social, en medio de barrios de trabajadores y trabajadoras que pelean todos los días por la supervivencia, se levanta un “barrio cerrado” (“El Ombú” creo que es el nombre) con triple alambrado, el del medio electrificado. Nos preguntábamos de cara a esos cercos como crecerán los niños y niñas del alambrado hacia adentro, con que subjetividad crecerán acerca de sus pares del alambrado para afuera con los que deberían compartir escuelas, juegos y deportes. Desde su nacimiento les “marcan” al enemigo. Todo un símbolo.

¿Cómo puede ser, insisto a riesgo de ser redundante, que en medio de esa realidad se abone a acrecentar ese símbolo, diciendo que desde el único lugar que se puede garantizar el derecho del “enemigo” de 14 años es desde el derecho penal ?

La energía utilizada para asegurar estas “garantías” deberían estar puestas en que se garantice la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. De este modo impedirían que los niños pobres sean la principal clientela de Régimen Penal Juvenil.

Estamos acostumbrados a confrontar con los que abiertamente pretenden criminalizar la pobreza y fundamentalmente a los jóvenes, porque en ellos ven la semilla de la que germinarán los nuevos tiempos.

Por eso más nos indigna cuando desde el "progresismo", que rinde culto diario en el templo del posibilismo, nos quieren poner nuevamente en el lugar de los utópicos y nostálgicos sin propuestas cuando rechazamos enfáticamente la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

Ya hemos demostrado que nos sobran propuestas para terminar con el hambre, que es un crimen, y estamos abocados a la tarea de realizar una amplia convocatoria a la unidad popular para avanzar en la construcción de la fuerza política y social necesaria para cambiar las relaciones de fuerza con el poder dominante.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina damos testimonio de nuestra lucha para que se defiendan todas las garantías constitucionales, incluídas las de los miles de pibes que sufren abusos y gatillo fácil como es el caso de Luciano Arruga de 16 años, desaparecido desde el 31 de enero.

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Argentina: No hay que bajar la edad de punibilidad

Gustavo L. Vitale (RIONEGRO ON LINE)

La llamada "ley" de facto 22.278 de 1980, conocida como "régimen penal de la minoridad", debe ser derogada indefectiblemente y sustituida por otra que responda a una concepción diametralmente opuesta. La razón de ser de tan necesaria reforma legal es bien clara: el régimen de dicha norma es inconstitucional por cuanto habilita la imposición de penas para niños que no han cometido delito alguno y a los que ni siquiera se les atribuye la comisión de alguno de ellos.

Es que tal normativa les acuerda a los "jueces de menores" poderes amplísimos sobre los niños. Son tales jueces los que (en nombre de una pretendida y engañosa "tutela") pueden hacer con los niños lo que se les ocurra, pero (¡eso sí!) lo que hagan lo harán siempre ¡para "protegerlos"! Con ese falso discurso, pueden entregar a los niños a sus padres, darlos a otra familia o grupo de contención o, entre otras medidas, ordenar su "internación" en un "hogar" del que no pueden salir por propia voluntad. Pero, lo que es peor, tendrán la venia para hacerlo no sólo cuando cometan delitos, sino también cuando resulten sospechosos de haberlo hecho y, aunque parezca mentira, también cuando (sin ocurrir nada de lo anterior) simplemente tengan "problemas de conducta", cuando se encuentren "abandonados" o en "peligro material o moral" (por ejemplo cuando andan en la calle) e, inclusive, cuando son víctimas de delitos (por ejemplo cuando se trata de un niño violado). Para entender la razón por la cual esto constituye una irracionalidad, basta pensar en que ningún adulto víctima de delito soportaría que lo encerraran por ser víctima y, encima, que lo hicieran con un discurso hipócritamente "protector" ("te encerramos para cuidarte; para que no te vuelvan a violar" (¿?). Sobre esto puede consultarse el texto de los artículos 1, segundo y cuarto párrafos y 2, último párrafo, 3 inc. a y 3 bis, primer párrafo, de la llamada "ley" 22.278.

Esas facultades de imponer penas sin delito hubieran sido declaradas inconstitucionales, sin duda alguna, si se hubieran referido a personas adultas. Si ello en general no ha ocurrido fue, básicamente, porque a los niños -por mucho tiempo- se los consideró como algo menos que personas, desconociéndose olímpicamente sus derechos (aunque todo se lo vistió con el engañoso ropaje de un derecho "tutelar" -mientras en el discurso se dice que se los "protege", en la realidad se ignoran sus derechos más elementales-).

Por esas razones es necesario sancionar una nueva ley nacional que regule la situación penal de los niños y que, para el ámbito nacional, establezca un juicio justo contra los niños acusados de cometer delitos (el que ya existe en nuestra provincia y que se encuentra regulado por la ley 2.302 de Protección Integral de los Derechos del Niño). En los dos ámbitos (el penal y el procesal penal) la legislación de niños debe ser menos rigurosa que la que se aplica a los adultos, debiendo reconocer a los niños más derechos (y nunca menos) que los que se les reconocen a las personas mayores, precisamente por tratarse de personas en formación, con un grado de madurez mucho menor que la adultez (lo que hace que se encuentren, en tal sentido, en inferioridad de condiciones que los mayores y que necesiten, por ello, más protección real de sus derechos).

Es cierto, entonces, que ese aspecto de la "ley" 22.278 debe ser eliminado cuanto antes, porque permite que se encarcelen o internen niños de cualquier edad en las diferentes situaciones ya señaladas, que pueden incluso no vincularse con la comisión de delitos.

Eso es verdad. Pero ¡cuidado! Ello no habilita al Estado a crear un régimen penal (ni siquiera parcialmente) más riguroso que el que hoy rige a nivel nacional y en muchas provincias (como en la del Neuquén), dejando de lado la necesaria progresividad en materia de derechos y la correlativa prohibición de regresividad. Ninguna ley puede dejar de brindarles a los niños el trato especial y más benigno que ellos merecen en relación con los adultos (aunque esa ley mejore la situación nacional, mientras empeora la de varias provincias). Esto surge, por un lado, del principio constitucional de igualdad ante la ley (igual trato en iguales circunstancias y distinto trato en situaciones desiguales). Por otra parte, la propia Convención Internacional sobre Derechos del Niño requiere para ellos una protección especial (mayor que la que debe brindarse a los adultos), debiendo establecerse una edad mínima antes de la cual se presumirá que no tienen capacidad para infringir las leyes penales. Esa edad ya está fijada en la Argentina en 16 años. Si en virtud de una norma de la época más represiva la edad a partir de la cual se es punible se fijó en 16 años, entonces no sería legítimo -en plena democracia- bajar esa edad para inyectar más cuotas de violencia que las que, incluso, se admitía en la mencionada dictadura. Es más, en la "ley" 22.278 los niños sólo pueden ser penalizados luego de ser declarados responsables para la ley penal, cumplidos los 18 años y después de haber sido sometidos a determinado "tratamiento tutelar" (permitiéndose reducir la pena de un tercio a la mitad de la sanción legal) y siempre que la penalización no resulte luego innecesaria, caso este último en el cual corresponde su absolución. Este contenido de la "ley" de facto debe también mejorarse (acordando más derechos a los niños frente al poder penal) y no represivizarse aun más. Entre tantos aspectos, deben establecerse penas menores para los niños que delinquen, prohibiéndose los establecimientos de estructura carcelaria, fijándose máximos temporales para las penas, permitiendo que se cumplan a través de diversas medidas alternativas, debiendo mantenerse la necesidad de absolución cuando -a pesar de la declaración de responsabilidad- luego no resulte necesaria la imposición de una pena (porque, por ejemplo, el niño ha tenido una actitud de vida constructiva en relación con la cual la pena podría servir para obstaculizar el progreso alcanzado en los años siguientes al de la comisión del delito -el cual es propio de una etapa muy vulnerable de su vida-). Bajar la edad de punibilidad importaría una regresión en materia de derechos del niño, que haría que éstos sean tratados como los adultos que delinquen (es decir, cada vez con mayor represividad -para lo cual basta pensar en el aumento de las penas que, paradójicamente, se produjo en los períodos constitucionales de gobierno [¡llegando el máximo de la prisión a nada menos que 50 años!], en lugar de diversificar cada vez más las respuestas institucionales no punitivas y más útiles para enfrentar conflictos humanos-).

Claro que la nación debe dictar también una ley procesal penal para ellos adecuada a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, como Neuquén ya tiene su ley de Protección Integral de los Derechos del Niño (la 2.302). Esta última, como parte de un verdadero programa protector de los derechos de los menores, establece un juicio previo a la imposición de una pena, en el cual el niño -tratado como un ser humano y no como un objeto "disponible"- tiene sus derechos: a tener un defensor para contestar la imputación del fiscal, a permanecer libre mientras no se pruebe que ha cometido un delito y que la pena resulta estrictamente necesaria -por medio de una sentencia firme de condena y de necesidad de pena-, a producir pruebas para probar su inocencia, a recurrir un fallo en su contra, etc.

De ningún modo es admisible que la nueva ley que se dicte a nivel nacional, con el objetivo de eliminar la normativa de facto, termine aumentando (en todo o en parte) las cuotas de represividad del aparato estatal en contra de los niños. La "ley" de facto hay que derogarla, entonces, pero para hacer una más humana y no para superar su irracionalidad bajando la edad de punibilidad, como inexplicablemente parecen querer hoy los exponentes de posiciones ideológicas incluso antagónicas.

Al bajar la edad de punibilidad, los niños de 14 ó 15 años podrían ser encarcelados -con el nombre que se quiera y por el tiempo que fuera- en lugar de prohibirse terminantemente su encarcelamiento o internación, disponiéndose la necesaria desjudicialización de las cuestiones no jurídicas y de la cuestión delictiva anterior al cumplimiento de la actual edad mínima de punibilidad. Todo ello debe pertenecer a la órbita de las políticas públicas de educación, vivienda, salud, alimentación, etc., como un modo de lograr en términos más reales un mundo mejor (como viene sucediendo hoy en diversos ámbitos provinciales y como podría comenzar a ocurrir en el ámbito nacional si se humanizara la legislación penal de niños sin incurrir en la contradicción de querer hacerlo disminuyendo la edad de punibilidad). Es cierto que el aumento de la violencia estatal al que daría lugar la baja de la edad podría ser neutralizado -en parte- a través del establecimiento de garantías a favor de los niños imputados de delito o condenados por su comisión, pero siempre quedará un plus de represión inadmisible: el encierro forzoso de chicos tan pequeños en las penosas cárceles (o "institutos") de nuestro país. ¿Qué pasará más adelante con los chicos de 13, 12, 11, 10, 9 o aún más pequeños que cometan un ilícito dándose cuenta, de algún modo, del sentido de sus actos? ¿Habrá que abrir las cárceles -o "institutos"- también para ellos? No es éste, claro, un modo de cumplir con el "interés superior del niño", que manda a respetar la Convención Internacional, como pauta orientativa de las decisiones estatales, precisamente porque la baja de la edad avasalla uno de sus derechos más preciados: su libertad ambulatoria. Otra vez estamos frente a un viejo dilema: el divorcio entre el discurso y lo que se esconde detrás. ¿Bajar la edad para "proteger" a los niños? Ése no es -de ninguna manera- un modo de tratar a "los chicos primero".

Gustavo L. Vitale es profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.


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Argentina: Violencia de género. Leyes adecuadas, Estado incapaz

Irina Santesteban (LA ARENA)

A pesar de los avances legislativos en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, la falta de políticas públicas y presupuestos acordes, más la indiferencia policial y judicial, siguen produciendo hechos desgraciados, que podrían evitarse.

El pasado 5 de mayo, en Tacuarendí, una pequeña localidad del norte santafesino, cercana a Villa Ocampo, una trabajadora social sufrió un salvaje ataque a manos de un comerciante que había sido denunciado por maltrato y violencia doméstica. Marianela Tours concurrió al domicilio de Alfredo Brac, acompañada por una médica, María Liz Santín, para intervenir en el caso denunciado por la esposa de Brac, quien había abandonado su hogar por las terribles palizas que le propinaba su esposo. Haciendo gala de la peligrosidad que subyace en todo hombre golpeador, Brac tomó un cilindro metálico de 1,5 metros de longitud y comenzó a golpear salvajemente a la profesional, quien se protegió con su maletín. No obstante, terminó con un corte en la cabeza y con una de sus manos prácticamente destrozada.

No terminó allí la tragedia de Marianela, pues al concurrir a la comisaría de Tacuarendí, no quisieron tomarle la denuncia hasta que no la viera el médico policial de Villa Ocampo. Este profesional no quiso concurrir a la comisaría y le exigió que fuera a su consultorio. Finalmente, la trabajadora social fue llevada al hospital de Reconquista, donde fue atendida y debió quedar internada por un corte profundo en el cuero cabelludo. Los golpes fueron de tal magnitud que debió ser operada, pues tenía los tendones extensores de la mano izquierda "totalmente destrozados". Marianela forma parte del programa Médicos Comunitarios de la Nación, tiene un contrato de 2.000 pesos mensuales y no tiene obra social.

Violencia congénita

Por la repercusión pública de este lamentable hecho, se conoció que la situación de violencia en el hogar de la familia Brac tenía más de 10 años, y que la señora había realizado por lo menos cinco denuncias en la policía y la justicia, sin ningún resultado. Así, la señora Brac dejó su casa y se fue a vivir a Rosario, llevándose a la menor de sus hijas, de 3 años. Las otras dos hijas, de 10 y 11 años, quedaron con su padre, y cuando una de ellas llamó a su madre para que la busque, la mujer volvió a Tacuarendí, pero antes de concurrir a su antiguo hogar, solicitó la intervención del Centro de Salud de la localidad, adonde trabaja Marianela Tourn.

A pesar de las denuncias, nunca la policía ni la Justicia citaron siquiera a Alfredo Brac, quien volvió a hacer gala de su violencia machista, atacando a una profesional por el solo hecho de haber concurrido a su casa para hacer una entrevista y comprobar el maltrato denunciado por la esposa.

El caso conmovió a la provincia de Santa Fe y originó la intervención de la Cámara de Diputados provincial, a iniciativa de legisladoras que promovieron un proyecto de ley, repudiando el hecho y exigiendo al gobierno santafesino un mayor presupuesto en la implementación de los programas de erradicación de la violencia familiar.

El proyecto lleva la firma de las diputadas Alicia Perna, Mónica Peralta, Analía Schpeir, Lucrecia Aranda, Nidia Goncebat, Alicia Gutiérrez y Estela Méndez de De Micheli y pone de manifiesto el desamparo de las víctimas en el ámbito del Poder Judicial, que frente a cinco denuncias penales contra la persona del agresor, no tomó medida de prevención alguna, ni con la familia ni con la trabajadora social que intervenía para definir la tenencia de las hijas, dejando en evidencia, una vez más, la impunidad judicial en hechos de violencia contra las mujeres.

"No te metas"

Según reconocen todos quienes trabajan en esta temática, en muchas localidades del interior, la policía directamente no toma denuncias de violencia familiar, con la vieja y patriarcal concepción que dice "no hay que meterse" y que estos problemas deben arreglarse en el seno del hogar. Justamente, la legislación sancionada en los últimos años, tanto a nivel nacional como en las provincias, combate esos prejuicios que durante décadas contribuyeron a que la violencia hacia las mujeres no fuera visible. Si a eso se le suma la indiferencia o complicidad de la policía (los agentes policiales son uno de los grupos que más denuncias tienen por violencia familiar), y la inacción o lentitud de la justicia, hechos como el de Tacuarendí no constituyen casos aislados.

La llamada violencia de genero, no sólo abarca la violencia doméstica, esto es los malos tratos o actos violentos perpetrados en el seno de la familia, por otros miembros de la familia, mayoritariamente varones (padres, abuelos, tíos, hermanos, etc.). Se considera también violencia de género la perpetrada en la comunidad en general, que puede ir desde los actos más graves como el abuso sexual, la trata de mujeres o la prostitución forzada, hasta el acoso y las intimidaciones en el trabajo o en instituciones educacionales. Y es también violencia de género la que se realiza desde los poderes del Estado, o es tolerada por éste, por ejemplo, las mujeres presas, o dentro del Poder Judicial, cuando se refleja un contenido discriminador en las sentencias judiciales.

Control patriarcal

La modalidad de la violencia de género es el factor de riesgo o vulnerabilidad que tienen las mujeres, por el solo hecho de pertenecer al género femenino, vulnerabilidad que se agrava si a esa circunstancia se le agregan otros factores, como la etnia, clase social o discapacidad. En su gran mayoría, los agresores son varones, aún cuando la víctima puede ser una mujer o un varón. La motivación de la violencia de género son consideraciones tales como el fortalecimiento del poder masculino, los privilegios o ideas de superioridad propias de ese sexo, etc.

Aún con los avances de los últimos años, respecto a la visibilidad de la violencia contra las mujeres y su previsión en leyes que pretenden erradicarla, esta violencia es sistémica y estructural. Constituye un mecanismo de control patriarcal sobre las mujeres, que ha sido construido sobre la base de una ideología centrada en la superioridad masculina y la inferioridad femenina, y que intenta perpetuar roles sexuales y estereotipos estructurados socialmente, a partir del predominio económico y político de los varones, y la consecuente dependencia de las mujeres.

Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belem do Pará" de 1994, la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos y por ellos entre sus disposiciones reconoce, entre otros, como derechos de las mujeres: a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado; al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos; a que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral; a la libertad y seguridad personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; a la igualdad de protección ante la ley; a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. Los Estados partes de esa Convención reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Hay leyes, pero...

Históricamente se pensó que la violencia familiar, una de las manifestaciones de la violencia de género, era un problema privado, íntimo, y que debía ser resuelto al interior de cada familia. Por ello es que, durante muchos años, nuestra sociedad no tuvo una legislación acorde a esa problemática y que, en consecuencia, la violencia familiar no fuera entendida como lo que efectivamente es, un fenómeno social creciente y complejo.

Actualmente, aunque casi todas las provincias cuentan con instrumentos legales que tienen por objeto prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y a nivel nacional existe una amplia y avanzada legislación en esta temática, casos como el de Marianela Tourn no son una excepción, sino que constituyen manifestaciones de una violencia que parece no cesar. Y es que además de contar con presupuestos adecuados para los programas que intentan erradicar y prevenir la violencia de género, es necesario también una acción más profunda por parte del Estado, en materia de educación y comunicación, que elimine los estereotipos en programas de televisión o publicidades, así como dotar a los contenidos de la enseñanza, desde el mismo jardín de infantes, que den a nuestros niños, niñas y adolescentes una educación con contenidos de género, donde se enseñe que todos y todas tenemos los mismos derechos y que ninguna persona, sea varón o mujer, tiene derecho a ejercer violencia sobre otro/a.

Es una tarea difícil, pero si el Estado y en particular la Justicia y las fuerzas policiales, siguen mirando hacia otro lado, la violencia contra las mujeres seguirá su curso ascendente.

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Argentina, Corrientes: Internos piden a la Justicia que garantice las condiciones de alojamiento a menores

MOMARANDU

Internos del Penal Nº 1 de la Ciudad de Corrientes elevaron una solicitud al Juzgado de Menores de la Provincia en la que reclaman el cumplimiento de las garantías constitucionales en el Pabellón de Menores: “duermen sobre la losa de los camastros”, señala el expediente que además da cuenta de “violentas requisas de día y de noche”.

El documento firmado por menores y adultos condenados y alojados en la Unidad Penal Nº 1 exige a las autoridades judiciales que “velen por garantizar las condiciones de alojamiento como marca la ley y la Constitución”.

Los internos hicieron llegar por medio de organizaciones de derechos humanos al Juzgado de Menores el documento en que refieren sobre sus condiciones de alojamiento infrahumanas en el Pabellón de Menores.

“Ya que no cuentan con colchones ni frazadas adecuadas, duermen sobre la losa de los camastros, tienen una puerta reja que no posee ningún tipo de cerramiento que los proteja del frío y del viento que en esta época del año empieza a castigar”, señalan.

Pero el expediente además da cuenta de “malos tratos” y “permanentes requisas que suceden a cualquier hora del día o la noche”. Los operativos son muy violentos contra los internos y sus pertenencias”, sostienen.

Por ello, los internos solicitan en el mismo documento que a las autoridades judiciales que promuevan un “contacto más fluido” o que “se hagan visitas periódicas del Juzgado de Menores al lugar de detención”

Según los internos, actualmente el Penal Nº 1 aloja a más de 500 presidiarios cuando la edificación sólo está preparada para contener a 180. “Ello es causa de hacinamiento, insalubridad y escasez de alimentos y medicamentos”, señalan.

Estas condiciones sumadas a excesivas dilaciones en las solicitudes de beneficios como salidas transitorias, visitas familiares y libertad condicional motivaron en 2008 violentas grescas y huelgas de hambre.

A mediados de abril, la Corte Provincial requirió al Ministerio de Gobierno y al Ejecutivo a que informe en un plazo de 15 días "si han dado cumplimiento a la orden de revertir la precariedad de unidades carcelarias y policiales de Corrientes".

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Argentina, Formosa: Wichis denuncian discriminación

COPENOA

La organización Interwichi, que agrupa a ocho comunidades wichis, se presentó en la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Capital Federal para acusar las violencias cotidianas que sufren por acción u omisión del gobierno de la Provincia de Formosa.

La Presidenta del INADI, Dra. María José Lubertino, se comprometió a hablar con las autoridades provinciales, les recomendó hacer las denuncias ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y acordó en mantenerlos informados acerca de las acciones que llevarán a cabo.

Las principales problemáticas expresadas por las comunidades fueron: falta y mal estado de las viviendas, discriminación en el sistema educativo, deficiencias en el régimen sanitario, manipulación en épocas electorales y dificultades para acceder a la Justicia.

En relación a la vivienda, comentaron que son excluidos de los planes habitacionales de la provincia y que sus reclamos por más y mejor vivienda no son escuchados. Esta situación está agravada por el hecho de que la precariedad de sus casas, es una de las principales causas de la propagación del Chagas.

Con respecto a la educación, sostuvieron que, a los problemas edilicios comunes en todo el país, se le suman los insultos que efectúan docentes y directores hacia los alumnos wichis. Así mismo, tampoco se enseña sobre historia y cultura propia de esta comunidad.

Por otro lado, denunciaron que en épocas de elecciones son forzados a votar a ciertos candidatos a costa de no recibir los beneficios de la asistencia social. Según consta en el acta realizada en el INADI, “En algunos casos son lospropios maestros los que les quitan los documentos y obligan a las personas a votar por quienes ellos/as les dicen”.

Además, sufren de desnutrición, Chagas, tuberculosis, dengue y mal trato en hospitales. En ciertas ocasiones, les han dado medicamentos vencidos o los médicos los han atendido como últimos pacientes, aunque hayan llegado primero a los centros de Salud.

Por último, manifestaron que no pueden acceder a la Justicia porque no tienen recursos económicos para contratar abogados. Encima, los integrantes de este pueblo originario son acusados de delitos que nunca cometieron, imputaciones de las cuales no pueden defenderse porque no son escuchados por los Jueces.

Esta cantidad de denuncias fueron asentadas en el INADI; ahora, los wichis esperan que sean tomadas las acciones necesarias para resolver estos problemas y quesus derechos elementales no sean violados.

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Argentina, Tucumán: Exigen prioridad. Reclaman más recursos para agilizar los juicios a los represores

PRIMERA FUENTE

Los jueces de los Tribunales Orales de todo el país reclaman más recursos humanos, técnicos y materiales a fin de agilizar los procesos contra los represores juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Exigieron que se resuelva con “emergencia” el problema de las subrogancias para la integración de los tribunales.

Para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, los jueces de los Tribunales Orales reclamaron por más recursos humanos, técnicos y materiales a fin de lograr una “rápida y eficaz” conclusión de los procesos contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar.

En ese sentido, alertaron que “es imperioso” otorgar prioridad a los procesos en los que se juzgan los crímenes de lesa humanidad. Esta es una de las principales conclusiones del encuentro nacional de jueces de los Tribunales Orales que se realizó la semana pasada en Tucumán, con la presencia del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández.

En el escrito, los magistrados también dejaron sentado que le enviaron una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para que se resuelva “en emergencia” el problema de las subrogancias para la integración de los tribunales que deben juzgar a los acusados.

Los delitos por comercialización de estupefacientes también estuvieron en la agenda del encuentro. Y en este tema concluyeron que es necesario “instrumentar servicios especializados de atención integral a personas drogadependientes bajo proceso penal”, que se encuentren en unidades de detención y en hospitales públicos.

Por último, subrayaron la necesidad de crear juzgados de ejecución penal en cada jurisdicción.

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