miércoles, 14 de abril de 2010

Por una renovación de la Iglesia

Silvia Juliá - Aidé García - Yury Puello (ARTEMISA)

Estos días hemos visto crecer en el escenario público internacional el agravio social y humano por los abusos sexuales a menores y a mujeres perpetrados por sacerdotes de la Iglesia católica o integrantes laicos de las órdenes y organizaciones religiosas, poniendo al descubierto que no son hechos aislados ni solamente individuales, sino que responden también a responsabilidades institucionales y estructurales.

El problema sigue ganando presencia en los medios, con más y más denuncias en diversos países del mundo. En los últimos meses, se han hecho públicos clamorosos escándalos en Alemania, Holanda, Irlanda, Brasil, México… e Italia. La reacciones de la jerarquía eclesiástica han sido, por un lado la de minimizar el problema diciendo que ese tipo de casos son escasos, y por otro la de auto-victimizarse diciendo que las denuncias atienden a intereses de orden político, evadiendo así asumir su responsabilidad, por acción u omisión, en los delitos de pederastia en la Iglesia católica.

Finalmente, han querido desacreditar las denuncias acusándolas de falsas y sin fundamento, o producto de 'chismes' o habladurías'; nada más lejos de los hechos y evidencias que se han colocado tanto en la opinión pública como en las instancias correspondientes en El Vaticano y las Conferencias Episcopales de los países involucrados.

Por eso, como Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, nos unimos a este sentimiento de indignación mundial, e invitamos al papa y los obispos a que examinen su conciencia con sinceridad y responsabilidad; ellos han sido responsables y cómplices en estos y otros abusos perpetrados por jerarcas católicos; abusos que han sido ocultados y cuya justicia ha sido obstaculizada, como queda demostrado en hechos como:

- La protección de los sacerdotes abusadores, a quienes cuando se les descubre y denuncia, simplemente se les transfiere a otras parroquias, diócesis e incluso países, como el mecanismo que la jerarquía católica ha encontrado para 'solucionar' estas situaciones; estas trasferencias contribuyen a encubrir y mantener impunes a los inculpados, a la vez que exponen a más comunidades a abusos semejantes.

- La colusión con las autoridades civiles y políticas para evitar que los sacerdotes pederastas sean sometidos a la justicia por sus actos, claramente delictivos en las legislaciones de todos los países del mundo.

- La protección desde las altas esferas de la institución católica, que involucran directamente al cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, y cuya responsabilidad no es reciente, sino que se remonta a su gestión al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, e inclusive a su ministerio episcopal en Alemania:

- Cinco años como arzobispo de Munich, durante los cuales se dieron abusos por parte de, al menos, un sacerdote y delincuente sexual, trasladado de sede durante el obispado de Ratzinger.

- Veinticuatro años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe dan fe de su conocimiento e involucramiento en la gran cantidad de denuncias por abuso sexual a menores llegadas a esta instancia, sobre todo a partir de 2001, cuando el entonces Prefecto Joseph Ratzinger, envió a todos los obispos del mundo un documento donde tipificaba como 'secreto pontificio' todos los delitos sexuales de clérigos, y penalizaba con castigo eclesiástico el rompimiento de ese secreto.

- Tuvo asimismo a su cargo, desde el principio, la investigación de las denuncias hechas por ex-legionarios contra Marcial Maciel por abuso sexual; investigación que nunca prosperó en la Congregación presidida por Ratzinger, y terminó con una sanción canónica insignificante para el fundador de la Legión de Cristo.

- Ante estas claras muestras de la responsabilidad institucional de la jerarquía católica y personal del pontífice, la reacción de los episcopados católicos ha sido cerrar filas en torno a Benedicto XVI, como una muestra más de la complicidad existente y que se mantiene a toda costa.

Ante estos hechos consideramos necesario afirmar que no es suficiente que el Papa pida disculpas a las víctimas de abusos sexuales; demandamos:

- Una reacción seria de investigación y penalización de los culpables, tanto por parte de la Iglesia como por parte de los Estados. Porque la pederastia es un delito grave cometido por los miembros de la Iglesia a personas indefensas y para eso hay leyes civiles ante las cueles todos los ciudadanos, sean religiosos o no, deben responder.

- Una conversión en el pensamiento parcial y pernicioso de la Iglesia sobre la sexualidad, que propicia prácticas poco saludables, sobre todo en los sacerdotes y en quienes están sujetos a un celibato impuesto; siendo conscientes que, si bien no todo celibato conduce al abuso sexual, su imposición y la ausencia de una verdadera libertad, puede generar prácticas de abuso en detrimento de la dignidad de las mujeres , niñas y niños en nuestra iglesia.

- El respeto a la laicidad del Estado en nuestros países, con una sana separación entre lo político y lo religioso, el ejercicio de las leyes y la justicia sin favoritismos o actitudes obsequiosas hacia la jerarquía católica.

Finalmente llamamos a una sincera y real conversión de nuestra institución católica, desde el Papa, los obispos y los sacerdotes hasta la comunidad eclesial entera, que produzca frutos verdaderos para la reparación justa del daño a las víctimas de abuso sexual en la iglesia y para asegurar la verdadera solución y la no repetición de estos hechos deplorables contra las y los más indefensos.

Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir

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