miércoles, 26 de mayo de 2010

Argentina, Santa Fe: Tras 25 años de reclamos. Para que ser valiente no salga tan caro

Héctor M. Galiano (NOTIFE)

Un dictamen de la Fiscalía de Estado recomienda al Gobierno que anule una cesantía que perjudicó a un policía santafesino que, a principios de los '80, denunció a sus jefes de haber participado en la represión ilegal.

El Fiscal de Estado Jorge Barraguirre firmó el pasado 10 de mayo un dictamen de 25 páginas en el que aconseja al Gobierno a que adopte una medida ejemplar en un hecho que, tras 25 años de reclamos y otros tantos de anemia estatal, podría significar un acto de justicia para la víctima: Oscar Rubén Cantero.

Cantero, un ex policía oriundo de Villa Ana, quedó cesante hace 25 años, ya en democracia, pero por los hechos denunciados en la época de impunidad y represión ilegal. En sede administrativa y judicial, el entonces oficial culpó a jefes y colegas de haber cometido delitos vinculados la –entonces- denominada “guerra o lucha antisubversiva” y otros delitos comunes, como exacciones, hurtos o marcar zonas liberadas.

La Fiscalía de Estado recomienda dictar la declaración de ilegitimidad del acto administrativo de cesantía y advierte que el ex policía se encuentra en condiciones de retirarse en función de la edad que tiene hoy. Así las cosas, el propio dictamen expresa que el Poder Ejecutivo debería dictar un decreto anulatorio del acto cuestionado y, a la vez, reincorporar al agente dándole el reconocimiento de grado, antigüedad y situación de revista que tenía entonces e inmediatamente disponer su pase a situación de retiro con el grado que hubiera correspondido de haber seguido prestando servicio efectivo, a partir de su baja, hasta la de fecha de su reincorporación.

El dictamen número 162, al que tuvo acceso NOTIFE, repara en todos los antecedentes del caso entre los cuales sobresalen las premeditadas intenciones del momento. Lo particular es que todos los trámites se abrieron para investigar las denuncias de Cantero contra sus superiores y colegas. “Cuando los instructores consideraron ausentes las conductas denunciadas, con igual criterio, transformaron la investigación en sumarios administrativos en donde el señor Cantero fue imputado por incumplir deberes relacionados a su estado policial”, señala.

El ex policía fue objeto de persecuciones de todo tipo, amenazas y del peor castigo para un padre joven: perder el trabajo de una forma decadente e injusta. Tras varios sumarios en su contra, el jefe de la Policía de la Provincia firmó una resolución fechada el 23 de febrero de 1984 en la que le solicitaba al entonces ministro de Gobierno la cesantía de Cantero. La democracia no modificó las formas heredadas del Proceso y así el entonces policías quedó cesante a través del decreto 775, firmado el 3 de abril de 1985 por el gobernador José María Vernet.

Cantero no cesó a su lucha y recurrió a la Corte para cuestionar el decreto de cesantía. El máximo organismo judicial de la provincia se tomó 10 años para mover su reclamo y lo sostuvo en estado larvario pensando que así, por cansancio, el reclamante echaría pòr tierra sus posibilidades. Desde 1995 hasta el 2007, Cantero interpuso 17 prontos despachos en los organismos públicos reclamando por su caso. Pero recién en 2008 la Fiscalía de estado comenzó a evaluar seriamente su expediente.

El dictamen del Fiscal Barraguirre cuestiona el acto administrativo de la cesantía desde la figura de “desviación de poder”, entendida como vicio autónomo del acto administrativo, “surge de la comparación entre el fon del objeto generalmente predeterminado por la norma y el concretado como resultado de la actuación administrativa”. Barraguirre ataca la cesantía –también – “por la escandalosa paralización del trámite de revocatoria” y por la “evidente animosidad con que los secretarios de instrucción o instructores sumariales abordaron su tarea”.

La semana pasada, Cantero hizo gestiones ante la secretaría de Seguridad Pública en donde deberá evaluarse la situación de revista y el grado policial que debería alcanzar el reclamante tras declararse nulo su decreto de cesantía.

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