jueves, 8 de julio de 2010

Guatemala: Empresas aumentan acciones paramilitares para desalojar a campesinos

CERIGUA

Cada vez más las empresas realizan acciones paramilitares fuera de la ley, con el aval del gobierno para desalojar familias campesinas de sus tierras, advirtió el investigador de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, (AVANCSO), Mario López, en un encuentro con periodistas donde se analizó el avance de megaproyectos en el país.

López advirtió sobre el uso de aparatos de seguridad privados financiados por las empresas para sacar a campesinos por la fuerza de terrenos que históricamente les pertenecen; ya no se trata solo del Estado y sus fuerzas de seguridad dijo.

En el encuentro el investigador indicó que el panorama entre la lucha de las comunidades indígenas y campesinos para quedarse en sus tierras frente al poder de empresas y el Estado se torna cada vez más conflictivo.

Uno de los ejemplos más recientes del uso desproporcionado de la fuerza privada fue el de la comunidad San Miguel Cotxojá, donde un grupo compuesto por más de 300 efectivos de la seguridad del ingenio Chabil Utzijá amenazó con desalojar a las familias, el pasado 1 de julio.

Domingo Caal, uno de los pobladores, dijo a Cerigua que ocuparon esas tierras porque históricamente les pertenecieron a sus abuelos y a sus padres; tuvieron que abandonarlas en el 2002 pero a falta de un lugar para vivir regresaron a la finca, que reclaman como suya.

El desalojo se pudo evitar ya que los comunitarios se comunicaron con otras organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC), que les ofreció su apoyo para evitar la llegada de los elementos de seguridad, que aseguran promueve César Montes, de la Fundación Turcios Lima, junto con el ingenio.

De acuerdo con López, solo en el 2010 han muerto 8 dirigentes en el departamento San Marcos, que se han opuesto a las operaciones de la transnacional Unión FENOSA; en todos los crímenes se señaló como responsable a la empresa, dijo.

Por otro lado el investigador advirtió sobre el aumento de numerosas acciones ilegales para intimidar a las comunidades que se oponen a proyectos mineros o que defienden sus tierras ante el acaparamiento de éstas por los empresarios.

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