lunes, 2 de agosto de 2010

Argentina, Córdoba: Juicio a campesinos. La Justicia consumó otro despojo campesino

Alexis Oliva (PRENSA RED)

El TSJ confirmó el jueves la condena de la Cámara Penal de Deán Funes contra una familia campesina que resistió el despojo de su campo. El caso de los Olivera ilustra el desamparo de los campesinos que literalmente le ponen el cuerpo a la defensa de la tierra y el monte nativo.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia por usurpación contra seis miembros de la familia Olivera condenados por la Cámara Penal de Deán Funes, entre ellos dos mujeres que impidieron el paso a una topadora en el paraje norteño de La Penca, a veinte kilómetros de Sebastián Elcano.

La abogada Victoria Gauna, representante legal de la Unión Campesina del Norte (UCAN), en diálogo con Prensared, afirmó que “este fallo es un ejemplo de lo que es la justicia de Córdoba que con la connivencia del poder político beneficia a los poderosos y desconoce los derechos adquiridos por gente que vive hace años en estos campos”.

“No es casualidad que el proyecto de la Ley de Bosques continúe sin tratarse en la Legislatura y esta dilación obedece hay intereses muy fuertes para que la ley salga como quieren los sectores agropecuarios, sin tener en cuenta a la sociedad en su conjunto”, afirmó.

“El modelo sojero sienta sus reales en esta provincia y este fallo es una mala señal porque en la misma Cámara Penal de Deán Funes hay varias causas pendientes contra campesinos del norte cordobés”, expresó.

El caso Olivera

El caso de los Olivera reproduce un libreto demasiado frecuente en el norte cordobés. Un conflicto “de papeles”, que según las leyes vigentes debiera zanjarse en la Justicia civil dándole prioridad a la posesión, termina derivando en el fuero penal y la criminalización de los poseedores ancestrales.

También es un ejemplo típico del enfrentamiento entre dos modelos: el de los agronegocios vinculados al monocultivo de la soja, contra el modelo de la biodiversidad y soberanía alimentaria, que puede apreciarse en el campo de los Olivera, donde coexisten el cultivo de una huerta orgánica y la crianza de vacas, cerdos, ovejas y gallinas.

“Somos ocho hermanos nacidos y criados en este campo de unas 400 hectáreas y algo, del que mi padre era el único poseedor. Después sale que mis tías les venden una parte a los señores Muñoz. Pero mis tías se fueron a Córdoba hace 50 años y no han vivido nunca acá -explica Martín-. Mi padre falleció y seguimos junto a mi madre, que tiene 73 años, trabajando en el campo. Estos señores llegaron hace nueve años con que eran dueños y con máquinas topadoras a voltear los alambres y el monte. Voltearon unas 100 hectáreas y venían por otras 181 que las teníamos reservadas como monte nativo virgen, donde habíamos criado toda la vida chivas y vacas”.

Lo relatado se corresponde con el paisaje, que muestra al campo de los Olivera como un islote de monte en medio de un océano verde soja, salvo en el centenar de hectáreas ya desmontadas sobre las que rige una medida judicial de no innovar.

Su hermano menor, René, sigue narrando: “En el 2001, un día llegaron ellos y quisieron entrar al campo. Yo les dije que el campo era de mi papá, que no podían meterse, y se fueron directamente a denunciarme. Me pintaron los dedos en la policía, me amenazaron, de todo… En el 2003 aparecieron con la topadora y voltearon una parte, como 100 hectáreas. Como no teníamos abogados que nos asesoren, ellos se metieron. Después quisieron ocupar las otras 181 hectáreas y ahí nosotros nos opusimos, hubo denuncias, y empezó este juicio”.

No pasarán

Aquel 16 de marzo de 2004 volvió la topadora. Así lo recuerda doña Lucía Lazarte de Olivera: “Nos tocó ir a ponerse allá en el campo, porque ya nos venían a cortar los alambres. Yo fui y me acompañó la nuera mía, con el chico en los brazos, a estar en la orilla del alambrado. Estábamos solas y también tuvimos que salir a la calle para ver si atajábamos a esta gente. Ellos querían entrar, pero nosotros no los dejamos que entren. ¿Por qué iban a entrar si nosotros no le vendimos a nadie? Si nunca quisimos vender, ni los chicos ni yo. Y eso nos valió… Pero nosotros hablamos la verdad”.

Lo que les valió fue la sentencia de la Cámara Penal de Deán Funes, integrada por los jueces Juan Carlos Serafini, Juan Abraham Elías y Horacio Enrique Ruiz, que en diciembre de 2004 impuso a la señora Lazarte y a su nuera Verónica la pena de ocho meses de prisión condicional por “usurpación”. En tanto, a cuatro de sus hijos se los condenó a dos años, también en suspenso, por “usurpación por despojo con uso de arma de fuego”.

Sobre esta acusación, René expresa su propia versión, que consta también en el expediente: “El campo estaba con status quo y ellos lo mismo vinieron con ocho o diez empleados, abrieron y metieron la gente ahí. El abogado nos dijo que esa gente se tenía que ir. Nosotros le dijimos que se vayan y se armó una pelea. Ahí nos imputaron, nos pintaron los dedos. Ellos tenían armas y nos echaron la culpa que nosotros teníamos escopetas, carabinas... No, era al revés. La misma policía les sacó las armas cargadas que tenían, las abrieron delante nuestro, les sacaron las municiones, las llevaron y al otro día se las entregaron de vuelta a los Muñoz”.

Además, la Cámara de Deán Funes ordenó la “restitución” del inmueble al denunciante, Damián Muñoz. De confirmarse, para Martín sería una catástrofe familiar, “porque no tenemos estudio ni nada y si perdemos el campo perdemos todo”. Y añade que las denuncias que hicieron “nunca salieron a favor, porque siempre hemos tenido en contra a la policía y los jueces. Nunca tuvimos apoyo. No sólo nosotros, porque ha habido muchos casos de gente que se ha tenido que ir al pueblo, porque la han amenazado, la han sacado y se ha apoderado del campo gente con mucho poder”.

No obstante, mantenían un vestigio de esperanza en el recurso de casación presentado por el equipo jurídico de la Unión Campesina del Norte (UCAN) ante el TSJ. “Yo tengo todavía mucha fe -sostenía René-. Nosotros tenemos todo el derecho a defender nuestras tierras, porque hemos nacido y nos hemos criado acá. Tenemos el derecho a recuperar nuestras tierras. Ellos compraron con nosotros adentro. Yo doy fe, porque es nuestra tierra y nuestra sangre; nuestra abuela le dejó este campo a mi viejo”.

Pero la máxima autoridad judicial de la provincia también les dio la espalda.

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