miércoles, 29 de junio de 2011

Guatemala: Subsidiarias de empresas canadienses intensifican sus operaciones debido a la débil legislación sobre minería

CERIGUA

Transnacionales de capital canadiense han intensificado sus operaciones en Guatemala, al coordinar acciones con empresas nacionales para explorar y explotar metales en diferentes regiones y aprovechar la debilidad de la legislación nacional sobre el tema; los recursos naturales y las economías de la Costa del Pacífico están amenazadas por la minería de hierro, mientras que Santa Rosa por la de oro y plata.

Juan Manuel Arija, de la Coordinadora Diocesana de Medio Ambiente, citó las declaraciones de un experto, uno de los principales asesores en la materia invitado por la Embajada de Canadá para visitar el territorio recientemente; ese país cuenta con normas que restringen severamente el trabajo de minería, por lo que se aprovechan de naciones como Guatemala para explotar los recursos.

CODIDENA y el Parlamento Xinca llevarán a cabo consultas comunitarias sobre minería de oro, plata y otros metales en Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa, los próximos fines de semana; la transnacional canadiense Goldcorp cedió los derechos a Tahoe Resources para que a través de la minera San Rafael se implemente el proyecto El Oasis.

Tahoe Resources compró a Goldcorp los derechos mineros por 505 millones de dólares, de los cuales pagó 230 en efectivo y por el resto la canadiense recibirá un 40 por ciento de las acciones de Tahoe, según un comunicado de prensa de CODIDENA y el Colectivo Ecológico Madre Selva.

Goldcorp también es subsidiaria de la Mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán y Sipkapa, San Marcos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el Estado guatemalteco interrumpir los trabajos de explotación a cielo abierto por considerar que atenta contra el bienestar, la salud y la vida de las poblaciones indígenas.

También mandó al gobierno a desarrollar investigaciones sobre la contaminación de los afluentes de agua adyacentes a la minera, así como a implementar políticas locales para atender los problemas de salud que presentan las personas de esos municipios.

Un estudio costo-beneficio elaborado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) reveló que los costos sociales, económicos y culturales de la Mina Marlin exceden el beneficio; además, la empresa opera al margen de la ley.

La Alianza por la Costa Sur estima que los yacimientos de hierro en Guatemala son de 100 mil millones de toneladas, un 12 por ciento de las reservas mundiales; el país podría producir 10 millones de toneladas anuales por un periodo de 20 años al excavar diez metros de profundidad.

La canadiense G4G Resources Ltd. inició a finales del año pasado el reconocimiento de magnetita o hierro en un área de 300 kilómetros cuadrados en las costas del Pacífico guatemalteco, con el permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Champerico, uno de los 14 municipios que verán afectadas sus economías, sus formas de vida y sus recursos naturales, tan sólo con los trabajos de exploración, se encuentra en el proceso de organización de una consulta comunitaria sobre minería.

Diecisiete consultas se han llevado a cabo hasta el momento a nivel nacional, todas han dado como resultado el rechazo generalizado de la población hacia cualquier tipo de minería; el gobierno ha ignorado los resultados por considerar que no son vinculantes.

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