martes, 11 de diciembre de 2012

“Quieren ser blanquitos y europeos”

Dario Aranda (COPENOA)

Leyes que no se cumplen, un proyecto de Código Civil que resta derechos y el modelo extractivo que avanza. El Gobierno que divide organizaciones, medios y DDHH. Voces indígenas que interpelan.

La Ley de Comunicación Audiovisual no es la única norma nacional que no se cumple.

Los pueblos originarios tienen amplia normativa que protege sus derechos. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Convenio 169 de la OIT (norma internacional vigente en Argentina) y Ley Nacional 26160 (insta, desde 2006, a suspender los desalojos).

“Son décadas de lucha, no fue regalo de ningún gobierno, lo logramos con lucha”, aclara con voz firme la abuela huarpe Paz Argentina Quiroga, y de inmediato explicita la preocupación de los pueblos indígenas: “Mucho de lo obtenido está en peligro, el nuevo Código Civil que buscan aprobar quiere sacarnos derechos. No lo vamos a permitir”. Entiende que, junto con la Ley Antiterrorista (26734, sancionada en diciembre de 2011), el Gobierno avanza en la conformación de una ingeniería legal para avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas. El trasfondo: el modelo extractivo de agronegocios, petróleo y megaminería.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, presentaron el 27 de marzo el proyecto de reforma de Código Civil. Entre las novedades, promocionaron como hecho positivo que se incluiría la “propiedad comunitaria” indígena. Los grandes medios de comunicación replicaron el discurso oficial.

“Es curioso que nunca nos preguntaron a los afectados”, recuerda Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y del Consejo Plurinacional Indígena (CPI), espacio conformado en la marcha indígena del Bicentenario. Y advierte: “El nuevo Código Civil será un retroceso para los pueblos originarios”.

Quiroga y Nahuel aclaran que se vulneró los derechos indígenas desde el inicio de la reforma, cuando no se los consultó (como marca la legislación nacional e internacional), objetan que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio” (concepto mucho más amplio) y cuestionan que sólo mencionan “comunidad” (evitan referirse a “pueblo”, estatus superior de organización).

Quiroga, dirigente huarpe de San Juan, es la mujer originaria que en mayo de 2010 puso en aprietos a la Presidenta, en la misma Casa de Gobierno, cuando hastiada por la falta de respuesta presidencial a las demandas territoriales, le explicó que “el problema son las transnacionales que avasallan nuestros territorios”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tuvo respuesta.

Dos años después, Quiroga no duda: “El Código Civil que quieren aprobar le quita derechos a los pueblos indígenas”.

¿Por qué se oponen a la reforma del Código Civil?

Jorge Nahuel (JN): Tiene aberraciones como considerar a las comunidades indígenas dentro del derecho privado, en lugar del derecho público, como incluso lo marca la Ley de Medios. Equipara comunidades con clubes de fútbol, sociedades de fomento o consorcios de edificios. El Código Civil ha sido un elemento represivo con los pueblos indígenas. Entonces creemos importante que se actualice, por el momento actual que vivimos y porque suponemos que el Código debe durar décadas. Los pueblos indígenas tenemos un marco normativo alentador, la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por todo eso nos generaba expectativa, pero lamentamos la escasa participación y consulta que tuvimos los pueblos originarios para referirnos al tema. En ese sentido, es un claro retroceso, por eso lo denunciamos, es desalentador el tratamiento que se le está dando desde el Congreso. El desafío de los legisladores es definir qué sociedad quiere reconocer, si una sociedad con diversidad o
una sociedad represiva de la diversidad que viven en el territorio.

¿Por qué creen que no existió la consulta que marca la ley?

Paz Argentina Quiroga (PAQ): No es un descuido. Es coherente con la política del Gobierno, con el famoso modelo nacional y popular. Todas las políticas implementadas por este Gobierno para los pueblos indígenas son una continuidad del neoliberalismo de la década pasada, han cambiado de caras, pero sigue mandando un poder que atenta contra la vida indígena. Y el nuevo Código Civil viene a reafirmar este poder, es anticonstitucional y avasalla derechos adquiridos y logrados por tantos años de lucha. Por ejemplo, la propuesta de Código deja afuera la restitución de territorios indígenas, algo que está en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT (convenio supralegal que rige en Argentina). El proyecto no nos reconoce como pueblos, solo como comunidades. No reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, algo que incluso está explícito en la Constitución Nacional.

JN: El fondo del asunto es la confrontación de dos modelos de vida. Por un lado los pueblos indígenas que luchan por llevar adelante sus planes de vida o buen vivir, y por otro las industrias extractivas que avanzan a cualquier precio. Ante este modelo, los pueblos indígenas son la interferencia principal que tienen empresas y gobiernos en los territorios, y por ese necesitan dejarlos desguarnecidos en cuanto a la aplicación de derechos.

El Gobierno tomó la bandera de los derechos humanos y ha realizado cambios concretos respecto… Quiroga interviene antes de finalizar la pregunta. “Los derechos humanos del Gobierno llegan solo hasta los crímenes de los ’70. Los derechos humanos de los pueblos indígenas están siendo avasallado en todos los territorios. Hay violencia física, judicialización, asesinatos y también hay violencia ejercida por los gobiernos provinciales, aliados del kirchnerismo, que por acción u omisión atentan contra las comunidades”.

El reclamo por el Código Civil ha estado invisibilizado. ¿Han tenido apoyos?

JN: Hemos encontrado mucho apoyo en organismos de derechos humanos. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otros. Y también organizaciones sociales y de ONG jurídicas. Las instituciones que han estudiado el marco normativo indígena nos han dado una gran adhesión a nuestro reclamo. También nos han escuchado desde algunos sectores de la oposición, pero necesitamos que la mayoría del oficialismo no convierta este proyecto en un abuso de poder e impunidad. Se pondrá a prueba si serán abierto a un real debate en el Congreso o habrá abuso de autoridad sobre los pueblos indígenas.

PAQ: Estamos de acuerdo en que el Código Civil vigente es obsoleto, pero no ha habido consulta real a los pueblos indígenas, y eso muestra mala fe. Incluso se toma en los artículos referidos a pueblos indígenas una tesis académica de la jueza (de la Corte Suprema, Elena) Higton de Nolasco, la respetamos, pero es la cosmovisión occidental, sin consulta a los indígenas.

Desde el Gobierno afirman que hay muchas organizaciones indígenas que apoyan la reforma.

PAQ. Los que apoyan son los que están bajo las faldas del Gobierno.

JN. El Estado está manipulando el principio básico de participación y consulta de los pueblos indígenas. El Gobierno ha invertido gran cantidad de dinero para crear aparatos que le puedan ser útil a ese fin. Incluso ha llegado al extremo de fraguar firmas e inventar organizaciones. Ahí ha quedado de manifiesto el verdadero rol manipulador del aparato creado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Esta situación da lugar a un profundo replanteo del rol de manipulación del Gobierno entorno de la figura de participación indígena.

¿Cómo juega el INAI?

JN: Avala absolutamente lo que decide el Gobierno y da la espalda a la gran mayoría de los pueblos indígenas. El INAI debiera ser un ámbito que defienda los derechos indígenas, y en la práctica defiende al Gobierno y desprotege a las comunidades. Es el mundo del revés.

PAQ: El Gobierno desde el INAI ha dividido organizaciones indígenas, comunidades e incluso ha divido familias indígenas. Un Gobierno que se dice progresista divide hermanos y reprime a quien defiende el territorio.

¿Cómo debiera actuar el Gobierno para respetar el derecho a consulta y participación?

JN: Tiene que reglamentar ese derecho, algo que no ha hecho. Tiene que elaborar propuestas y dirigírselas a los representes de las comunidades, de organizaciones y de pueblos, ya que existen distintos niveles de representación. En Argentina hay más de treinta pueblos indígenas, y cada uno tiene su forma de organización.

¿Se puede hacer operativo?

JN: Claro que sí, pero con el tiempo que corresponde. No se puede hacer en 90 días, como querían con el Código Civil. Y menos sin procedimientos claros. Convocar a audiencias, como hizo la Comisión Bicameral del Congreso, no es lo que se debe hacer en cuanto al respeto de los derechos indígenas. El Estado debe garantizar la participación y consulta de los pueblos indígenas, es una obligación del Estado, debe destinar recursos, intérpretes, información y tiempo.

¿Por qué no lo hace?

JN: No quiere que participen los pueblos originario porque sabe que vamos a rechazar los que hacen en materia indígena. Por eso la situación indígena lo mantiene en la órbita del desarrollo social.

¿Qué sucede si el Código Civil se aprueba como lo envío el Ejecutivo?

JN: Entrará en el marco de la inconstitucionalidad.

Cuando la Presidenta y Lorenzetti presentaron el proyecto, todos los grandes medios de comunicación, a pesar de la polarización, remarcaron el articulado indígena como un hecho positivo.

PAQ: Los grandes medios desconocen el tema. Y los medios que están enfrentados al Poder Ejecutivo han tomado algunas de nuestras banderas pero sabemos que es algo momentáneo.

JN: Los grande medios empresariales son una representación del poder que siempre oprimió y saqueó a los pueblos indígenas. No podrían ser nunca nuestros portavoces naturales, todo lo contrario. Pero eso no quita que los pueblos indígenas utilicemos cualquier micrófono para gritar una verdad que está oculta. Tenemos que utilizar todos los medios posibles para denunciar.

Ya hace dos años de la histórica marcha indígena del Bicentenario. ¿Cuál es la evaluación a la distancia?

PAQ: La marcha puso la discusión indígena en otro nivel, nos visibilizó. Más allá de la falta de respuesta de la Presidenta, nos fortaleció como actores sociales y políticos. A dos años de esa marcha, el actual avasallamiento de derechos es totalmente coherente con la respuesta que la Presidenta nos dio ese día, donde nos reconoció que primero estaban el petróleo, la minería y la soja, y luego los pueblos indígenas.

JN: Hay dos estereotipos muy marcados sobre los pueblos indígenas. El estereotipo del “pobre indio”, marginal, camino a la extinción, obstáculo para la modernidad y el desarrollo, para el cual hay una política enfocada en marginalidad, en la ayuda social. Y está el otro estereotipo, elaborado también por el poder luego de las movilizaciones indígenas, el “indio secesionista”, que no respeta los valores nacionales, que promueve la desintegración nacional y que es terrorista. Son dos extremos. Al primero hay que dejarlo que se muera solo, al otro hay que matarlo por terrorista. El Estado promueve ambas visiones, te da comida para callarte o te apalea y te mete preso.

¿Cuál es la respuesta indígena a esos estereotipos?

JN: No somos ni uno ni otro extremo. Todos los avances de derechos que hemos tenido en el campo internacional sorprende a muchos, pero todo lo que planteamos en el ámbito local está encuadrado en los avances de derechos normativos constitucionales, que no han sido regalos sino que los hemos ganado con mucha lucha. En ese marco, la reforma del Código Civil no es inocente, está hecho para restarnos derechos y facilitar el avance del modelo extractivo. Necesitan asegurar el avance de las empresas petroleas, mineras, y lo hacen quitándonos derechos y territorios. Es coherente con lo que nos dijo la Presidenta en mayo de 2010, nos dijo que las extractivas era del modelo que defendía y que teníamos que “ser inteligentes” y adaptarnos a esa lógica, no oponerse.

Más allá de un gobierno o de los medios de comunicación, ¿por qué cuesta tanto que la sociedad sienta como propia las injusticias que padecen los pueblos indígenas?

PAQ: Vivimos en una sociedad con aristas bien marcadas de racismo y xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque buena parte de la sociedad argentina reniega de su origen, muchos argentinos quieren ser blanquitos y europeos. Pero a esa sociedad le tenemos malas noticias: somos pueblos preexistentes a la propia Argentina, relegados en los 200 años de conformación del Estado, y seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.