lunes, 1 de abril de 2013

El gobierno paraguayo calla ante las acusaciones de la ONU

PL

El gobierno paraguayo mantiene su mutismo ante la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que reclamó una investigación independiente del sangriento desalojo campesino de Curuguaty y la destitución del presidente Fernando Lugo.

Todos los medios de difusión del país se hicieron eco de las acusaciones de ONU incluidas en las que también exigió la aclaración inmediata de los asesinatos de dirigentes campesinos y denunció atropellos, torturas y muertes de labriegos a manos de grupos irregulares de civiles.

Las publicaciones recordaron que este duro planteamiento del Comité se materializó aun después de los descargos hechos por el Ejecutivo de Federico Franco sobre las acusaciones de violaciones de derechos humanos hechas por las organizaciones sociales paraguayas ante esa instancia.

Ni el vocero presidencial ni otros funcionarios del Gobierno consultados por algunos de los diarios y emisoras radiales y televisivas locales quisieron comentar o tomar posición ante los planteamientos del Comité garante del Pacto de Derechos Civiles y Sociales, firmado también por Paraguay.

Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, la Red Paraguaya de Afrodescendientes y la Red contra toda forma de Discriminación, entre otras entidades, reafirmaron sus denuncias contra el Gobierno, mientras Franco partió del país para visitar España.

Esas organizaciones, basadas en la resolución adoptada en Ginebra por el Comité de la ONU se disponen ahora a intensificar su campaña para obligar al Ejecutivo a cumplir con los planeamientos y reiteraron que el Plan sobre Derechos Humanos presentado allí por el gobierno carece de valor.

A su vez, Esperanza Martínez, vicepresidenta del Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones sociales, resaltó en declaraciones públicas que el documento de ONU coincide plenamente con las protestas y denuncias hechas por esa agrupación política de izquierda.

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