jueves, 28 de noviembre de 2013

El Acuerdo por la expropiación de YPF y el rumbo energético del país

Gustavo Lahoud - Claudio Lozano (IPYPP)

I- El acuerdo Argentina- España por YPF. ¿ Más de lo mismo?.

Transcurrido un año y medio de la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF por parte del Estado nacional, la actual administración ha comunicado que se ha alcanzado un acuerdo político, económico y financiero entre Argentina y España para dar por finalizado el conflicto bilateral abierto a partir de la mencionada decisión que, por cierto, tuvo implicancias político-estratégicas relevantes y un conjunto de aristas que, lejos de resolverse, quedaron insertas en la contradictoria trama de la política energética nacional.

Entre estas cuestiones, debemos mencionar tres aspectos relevantes:

1- La Tasación oficial de los activos expropiados como así también del conjunto de los activos de la empresa, tarea que debía ser acometida por el Tribunal Nacional de Tasación y que aún está pendiente.

2- Una completa auditoría de activos que de cuenta del manejo político-institucional y económico-financiero de la empresa en el marco del llamado proceso de argentinización llevado adelante en 2008 con el Grupo Eskenazi y que derivó en una compleja trama de venta de activos de la empresa simultáneamente al vaciamiento vía remisión de utilidades al exterior que, sólo en el trienio 2008-2010, alcanzaron la friolera del 140% de las utilidades de la compañía.

3- Una completa auditoría de los pasivos ambientales y del desempeño productivo de la empresa bajo el control estratégico de Repsol hasta fines de 2011, aspecto que ha quedado irresuelto al compás del avance de los problemas integrales de la política energética nacional.

Estas problemáticas configuraban ya en 2012 un conjunto de aspectos cuya resolución resultaban centrales a la hora de consolidar el rumbo de una nueva política energética nacional a partir de la recuperación del control de la mayoría accionaria de la principal empresa hidrocarburífera del país.

Sin embargo, no sólo no se adoptaron definiciones importantes en el marco de una planificación energética integral que, a todas luces, es inexistente, sino que, además, se adoptaron medidas que han profundizado la pérdida de margen de maniobra soberano de nuestro país en materia hidrocarburifera.

En efecto, nos referimos al acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de una ínfima porción de la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina, que, como ya hemos reflejado en nuestras investigaciones, estuvo rodeado de una batería de decisiones ad hoc propias de un esquema de emergencia, cuyo objetivo central era viabilizar la inversión de la empresa Chevron en condiciones muy favorables a sus intereses corporativos y bajo la creciente sospecha de la existencia de cláusulas secretas en la gestación del convenio.

Es, entonces, en este delicado contexto político-institucional en el que se ha anunciado en forma rimbombante que Argentina y España alcanzaron un acuerdo satisfactorio para cerrar el conflicto por la expropiación accionaria.

No es un detalle menor que el acuerdo alcanzado sea a nivel de Estados y que, en esa gestión, haya tenido una crucial participación la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) que, a los efectos del diferendo bilateral por YPF entre Buenos Aires y Madrid, juega un doble rol fundamental.

Por un lado, es uno de los principales accionistas de la empresa española Repsol- con un 9,3% del paquete accionario-y en los últimos meses se convirtió en un actor relevante a la hora de intentar una mediación efectiva entre ambas compañías para llegar a un acuerdo que permitiera, por un lado, despejar el horizonte de controversias legales en distintos estrados internacionales- Madrid, Nueva York (Ciadi) y Buenos Aires donde Repsol ha planteado recursos por la expropiación- y que, por el otro, generara el suficiente impulso para la aceleración del proceso de inversiones externas dirigidas al nuevo El Dorado de la Argentina en materia de hidrocarburos no convencionales: Vaca Muerta.

Por el otro, hay una perspectiva no siempre justipreciada en el análisis del cuadro de situación de la problemática hidrocarburífera regional y mundial, y que refiere a que México es hoy uno de los principales espacios geográficos en los que se juega la geopolítica de la energía mundial, a partir del conocido proceso de reforma constitucional y reestructuración de todo el sistema energético mexicano a la luz de su creciente “integración” al gran espacio norteamericano mediante la llamada estrategia de seguridad energética de Norteamerica”. (1)

Si se observan ambos ejes en forma simultánea y en espejo a las decisiones que se toman en Buenos Aires en lo que respecta a la política hidrocarburífera, se observa que, una vez más, la República Argentina- como ha ocurrido recientemente con el acuerdo con Chevron- afronta decisiones capitales en lo que hace al futuro de nuestros recursos naturales hidrocarburíferos en condiciones de extrema debilidad que profundizan la pérdida de margen de maniobra político externo y, además, generan nuevos escenarios de imprevisibilidad, cortoplacismo, e inconsistencia en el diseño de la política energética, agravados por la pronunciada caída extractiva de todo el sector, el peso creciente de los subsidios para el fisco- representarán casi un 3,5% a término de 2013- y las mayores importaciones de combustibles líquidos y gas natural.

Por ende, nos preguntamos si acuerdos en la línea de Chevron o el reciente esquema de consenso al que se ha llegado para terminar con el “caso YPF”, antes que posibilitar la pretendida recuperación de la soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento energético perdido en los últimos tres años, no generan, en realidad, margen de maniobra que consolida el juego estratégico de los actores del Big oil y de otros Estados, al tiempo que torna más vulnerable nuestra capacidad de acción y de control en el complejo tablero mundial de los hidrocarburos.

En este contexto, es aún más importante conocer si el eje central del acuerdo alcanzado, supondrá- como se ha dado a conocer públicamente (2)- un esquema compensatorio que se viabilizaría a través de “activos líquidos” por un valor aproximado a los US$6.000 millones en bonos o títulos de la deuda argentina o mediante activos físicos, léase, la concesión a Repsol de campos productivos en la cuenca neuquina, situación que se ha dejado trascender pero que ha sido desmentida como posibilidad.

Si se tiene en cuenta el esquema de acuerdos como el de YPF-Chevron y la escasa capacidad de maniobra de la Argentina, resulte pertinente poner sobre la mesa una legítima preocupación en torno a la denominada “letra chica” del acuerdo que el Consejo de Administración de Repsol se apresta a aprobar.

Téngase en cuenta que, a partir de la vigencia de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera N°26.741, por la que se expropió el 51% del paquete accionario de YPF, el accionar del Estado nacional y de las provincias, no está condicionado por organismo de contralor alguno, sea ya la Auditoría General de la Nación o la Sindicatura General de la Nación, ya que la empresa sigue siendo una sociedad anónima abierta, no sujeta por ello a los mecanismos de control y regulación públicas que son consustanciales a los entes empresariales estatales. (3)

En definitiva, estamos ante una situación en la que se combina nula capacidad de contralor público- lo que aumenta la capacidad de acción discrecional gubernamental- inconsistencia creciente de la política energética nacional y pérdida de margen de maniobra soberano en materia de planificación del manejo, preservación y control de nuestros recursos energéticos.

Ante ese escenario, estimamos que debemos plantear un esfuerzo tendiente a presentar una propuesta de carácter alternativo, sustentada en un diagnóstico completo de la actual coyuntura, de cara a abrir el juego para la creación de nuevos escenarios de decisión que preserven nuestros intereses nacionales y populares. Aquí va, entonces, la descripción de un diagnóstico y propuesta alternativa.

II- Diagnóstico

El sistema energético nacional ha acumulado en los últimos años un conjunto de problemas que, al compás de su agudización, se han convertido en factores estructurales que permiten describir y explicar su creciente vulnerabilidad.

Por un lado, el funcionamiento de carácter rentístico instalado a partir de las reformas estructurales de los ’90, que desregularon y fragmentaron el sistema energético nacional. Esta lógica se basó en:

• la liberalización integral del mercado de los hidrocarburos;

• la fijación de los precios de las transacciones internas por parte de los agentes privados ( libertad de precios dixit);

• la creación de un mercado exportador de hidrocarburos con la consecuente libre disponibilidad de divisas por parte de las empresas que operan en el sistema;

• la paulatina privatización y fragmentación de los activos públicos estatales en los subsectores de hidrocarburos y eléctrico y;

• la creación de una estructura regulatoria laxa y proclive, por ello mismo, a la no intervención del Estado en la materia.

Además de lo ya mencionado, entre los años 1991 y 1994, la administración menemista produjo una serie de modificaciones radicales que consolidaron estas nuevas reglas de juego instaladas en el mercado de la energía en la Argentina.

La primera de ellas, fue el cambio de la estructura societaria de YPF, convertida en SA en 1991 para abrirla luego al capital privado, proceso que concluyó en 1999 con la oferta hostil que realizara la española Repsol para hacerse de la casi totalidad de las acciones de la empresa.

Luego, en 1992, se aprobó una norma clave: la llamada ley de federalización de los hidrocarburos, que abrió claramente el juego a las provincias en lo referente a las decisiones sobre la tenencia accionaria en la empresa y sobre la propiedad de los recursos. Finalmente, la Reforma Constitucional de 1994, que en su artículo 124 estableció el dominio originario de los recursos por parte de las jurisdicciones provinciales.

Vale decir, también, que todas las provincias -incluida Santa Cruz- vendieron sus tenencias accionarias en YPF a Repsol. Finalmente, el Estado nacional renunció en los hechos a la denominada “acción de oro”, llave estratégica que le permitía hacer uso del poder de veto sobre los planes de negocios encarados por la empresa.

De esta forma, durante los ’90, el país alcanzó un autoabastecimiento artificialmente sostenido en un modelo típicamente extractivista y pro-mercado, con una estructura oligopólica y concentrada que, al compás de la aceleración en la explotación de los pozos de gas y petróleo que habían sido descubiertos durante los 50 años previos de la YPF SE, generaba una disminución paulatina de los niveles de reservas comprobadas con las que contaba la Argentina.

Tal es así que, para 1989, teníamos 30 años de reservas de gas y unos 28 de petróleo y después de más de 20 años, nos encontramos con una situación de difícil reversión en el corto plazo, ya que contamos con 8 años aproximadamente de reservas de petróleo y unos 9 de reservas de gas, con un estancamiento estructural en la reposición de reservas debido a la falta de inversiones que permitieran reducir la magnitud de los daños acumulados, a sabiendas que, a pesar de todo ello, nuestro país ha sido poseedor de modestas reservas hidrocarburíferas, lo cual es muy diferente de ser un Estado sentado sobre riquezas petroleras desbordantes ( es decir, como señalábamos antes, somos un país con gas y petróleo pero no un país petrolero y gasífero).
En los últimos años, las medidas tomadas han profundizado las vulnerabilidades de la Argentina en los aspectos señalados, ya que en 2006 se aprobó la Ley 26.197- denominada Ley Corta- que modificó la Ley nacional de hidrocarburos 17319, vigente desde 1967.

Esta ley, aprobada en 2006 y promulgada en enero de 2007, profundizó el escenario de desguace de las estructuras nacionales de planificación e intervención en materia de política energética, que comenzó con los famosos tres decretos liberalizadores de la Administración Menem- 1055/89, 1212/89 y 1589/89- y que continuó con la Ley 24.145 de federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF, sancionada y promulgada en 1992. En efecto, en su artículo 1º, la denominada Ley corta establece: “ Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentre”. De esta manera, refuerza lo normado por la citada Ley de 1992 y modifica dramáticamente la Ley nacional de hidrocarburos 17319, vigente desde 1967 y que establecía taxativamente la propiedad inalienable, imprescriptible y exclusiva del Estado nacional sobre todos los recursos hidrocarburíferos existentes. En conclusión, las provincias poseen el dominio originario sobre los recursos ( art. 2 de la Ley) y, además, se transforman en la autoridad concedente y de aplicación en materia de contratos y tienen el poder de fiscalización y de policía en lo que respecta a asuntos tributarios y regulatorios.

Simultáneamente, las provincias petroleras comenzaron a cerrar acuerdos con las compañías operadoras de las cuencas con actividad productiva en la Argentina, que derivaron en renovaciones de concesiones de campos y bloques de explotación de gas y petróleo que se extendieron por 20, 30 y hasta casi 40 años, como fue el caso de Cerro Dragón, el principal yacimiento de petróleo de la Argentina, ubicado en Chubut y operado por Pan American Energy que, a partir de los nuevos contratos vigentes, podrá operar estos pozos hasta el año 2047. En todos estos casos, las provincias han obtenido los mismos porcentajes de ingresos por pago de regalías- un 12% sobre los totales extraídos-, pero, en contrapartida, y de la mano de amplias políticas de incentivos, se han dado facilidades importantes en materia de devoluciones de impuestos, configurando un escenario soñado para las operadoras hidrocarburíferas.

La conclusión fundamental es que en el “juego de la energía”, las “reglas de juego” y las formas que tome la planificación, coordinación e intervención por parte del Estado nacional (o la falta de ellas) son aspectos estructurales esenciales: ningún país en el mundo (salvo la Argentina de las últimas décadas), y por ende ninguna empresa petrolera privada, niegan el carácter estratégico de la disponibilidad de energía suficiente y se adaptan (y adaptan el nivel de sus inversiones) al marco regulatorio existente y al modelo de planificación y control que establezcan los Estados.

Luego de la crisis del 2001, se encararon ajustes más bien cosméticos que reprodujeron los vicios estructurales del sistema, ya que la política energética- si es que realmente ha existido- se basó en asegurar la suficiencia o abastecimiento, esto es, la oferta por los medios que fueran necesarios, perdiéndose la mirada integral en el enfoque del problema.

En ese sentido, se congelaron tarifas a partir de la declaración de emergencia económica, se redujeron y suspendieron exportaciones de hidrocarburos, se establecieron regímenes de retenciones ( desde 2006, reforzadas a fines de 2007), lo cual le permitió al Estado captar porcentajes ya menguados de la renta petrolera, debido a que exportábamos cada vez menos por el estancamiento productivo y se crearon regímenes de incentivos en petróleo y gas (petróleo y gas plus) y en refinación (refino plus) bajo la lógica de incentivar la mayor producción a partir de mejores precios de transacción ofrecidos a las empresas.

Amén de todo ello, en los últimos cuatro años, el país comenzó a sufrir serios problemas de insuficiencia, a tal punto que para el 2010 perdió definitivamente el autoabastecimiento, situación que se palió con el aumento progresivo de subsidios utilizados para la importación de gas boliviano, gas natural licuado por barcos y electricidad de Brasil. El sostenimiento de todo este irracional andamiaje de medidas contingentes, demandó entre 2008 y 2012 alrededor de 25.000 millones de dólares (más de cien mil millones de pesos).

Por ende, en los últimos diez años de administración kirchnerista, la situación se ha agravado notoriamente, a tal punto que el país nunca pudo salir de la declinación productiva que ya es estructural. De hecho, el pico de extracción en petróleo lo alcanzamos en 1998 a menos de una década de instalado el esquema de saqueo y en gas llegamos al tope extractivo en 2004.

En definitiva, las medidas que se instrumentaron, persiguieron el objetivo de aliviar la vulnerabilidad en materia de oferta energética total sin cambiar aspectos cruciales de las reglas de juego heredadas de los ’90 que provocaron esta situación de estancamiento y crisis. De esta forma, se profundizó el escenario ya delicado de agotamiento de reservas, acumulando una caída promedio de 6% en los niveles de extracción de petróleo y gas entre los años 2008 y 2012.

III- Propuestas desde un nuevo camino popular.

A partir de lo expuesto, cualquier plan que se elabore a cualquier dimensión temporal, debe ser consistente con dos grades “avenidas estratégicas” que creemos deberían ser las autenticas políticas de Estado en la materia:

- Diversificación de la matriz energética incrementando la participación de fuentes de energía renovables y mejorando los grados de eficiencia energética;

- La integración latinoamericana, tanto en la conformación de un sistema regional como en el desarrollo científico-tecnológico del mismo.

A partir de estas grandes líneas, planteamos escenarios a modo de propuestas iniciales de política pública en energía en el corto, mediano y largo plazo.

a- Escenario de corto plazo: cambiar el marco regulatorio para maximizar la apropiación estatal de la renta petrolera del sistema hidrocarburífero.

En lo inmediato, y a partir de la recuperación por parte del Estado nacional y provinciales de un tercio de la renta petrolera potencial que la actividad de explotación hidrocarburífera genera en nuestro país a través de la expropiación y el control del 51% del paquete accionario de YPF S.A., es factible proponer un esquema de funcionamiento del sistema que permita morigerar los nocivos efectos de la pérdida del autoabastecimiento, con la consecuente profundización de la crisis.

Para ello, es fundamental conocer la magnitud real de la renta petrolera total que el sistema hidrocarburífero genera en la actual coyuntura crítica de la Argentina. En tal sentido, se han elaborado estimaciones iniciales para el año 2011, sobre la base de una extracción total de 33.000.000 de m3 o su equivalente de 209.000.000 millones de barriles, a un precio promedio de costo de extracción de $12/b, lo cual arrojó un valor total aproximado de 18.000 millones de dólares, con los siguientes coeficientes relativos de captación de la renta generada:

- Estado Nacional: 22% de la renta total.

- Estados provinciales: 8% de la renta total.

- Empresas privadas: 28% de la renta total.

- Refinación y consumo: 42% de la renta total.(*)

A partir, entonces, de esta situación, proponemos maximizar las capacidades de intervención y regulación del Estado sobre estas rentas extraordinarias, de modo tal de capturar el 100% de los beneficios generados por los operadores del sistema, lo cual implica, simultáneamente, el cambio en las reglas de funcionamiento intersectorial entre los eslabones de la cadena hidrocarburífera. En efecto, bajo este esquema, todas las empresas operadoras deben vender el petróleo y el gas extraído a YPF que, de esta forma, pasaría a monopolizar todas las operaciones del Downstream del sector hidrocarburífero, con el doble objetivo de aumentar la oferta potencial de hidrocarburos en el mercado interno y, por el otro, disminuir la brecha del creciente déficit energético a través de la progresiva reducción de las importaciones.

(*) Cabe consignar que en este último punto la refinación le viene ganando la partida al consumo en el marco del incremento de los combustibles que en los últimos años se acercó al 100%

De esta manera, comenzaríamos a dar cuenta de la grave situación de insuficiencia y de sostenibilidad del sistema energético, lo cual implica, ciertamente, seguir operando en las difíciles circunstancias de la crisis con todas sus consecuencias.

Simultáneamente, desde el punto de vista normativo, es imprescindible proceder a la derogación de los principales instrumentos legales a través de los cuales se estableció la desregulación en el sector en los ’90:

- Decreto 1055/89: estableció la desregulación del sector y permitió la conversión de los contratos de locaciones por contratos de concesión permitiendo la extensión de los plazos de concesión de 20 años (para las áreas de interés secundario) a 25 años (para las áreas de recuperación asistida).

- Decreto 1212/89: estableció la libre disponibilidad del crudo, así como la libre importación y exportación del recurso cual si fuera un commodditty y no un bien estratégico de carácter no renovable; al tiempo que dispuso la liberación total de los precios en todas las etapas de la producción, permitiendo a su vez la libre capacidad de refinación, de instalación y titularidad de bocas de expendio. Además suspendió la vigencia de los artículos 25 y 34 segundo párrafo de la Ley Nro 17.319 posibilitando la conversión de los contratos preexistentes y eliminando la prohibición de la tenencia de más de 5 concesiones de explotación o más de 5 permisos de exploración a un mismo operador.

- Decreto 1589/89: si bien se derogó parcialmente en lo referido a la libre disponibilidad de las divisas en hasta un 70% en el exterior, aún rige para importantes aspectos del marco regulatorio como lo son los referidos a la determinación de los contratos de explotación, la preferencia de compra de gas, disposiciones de comercio exterior, tipo de cambio, restricción a la importación, intercambio de petróleo crudo y concesiones de transporte.

Por otro lado, resulta fundamental encarar dos procesos decisivos para conocer el cuadro de situación integral en todo el sector hidrocarburífero:

- Auditoría integral de reservas comprobadas de petróleo y gas en todas las cuencas productivas de la Argentina. Ello debe complementarse con una auditoría de pasivos ambientales y de los activos y estado patrimonial y de deudas de YPF S.A. Todo este proceso debe ser monitoreado por la Auditoría General de la Nación y debe garantizarse la participación de todos los sectores políticos concernidos.

- Propuesta de una nueva ley de hidrocarburos: legislación integral, que regule aspectos claves como modos y características de los contratos, régimen económico de los hidrocarburos, control del Estado nacional compartido con las provincias en todos los eslabones de la cadena hidrocarburífera, efectivos mecanismos de sanciones ante incumplimientos contractuales.

b- Escenario de mediano plazo: asociaciones estratégicas.

A partir del esquema de intervención de corto plazo propuesto, estimamos que es fundamental encarar un diseño de planificación de mediano plazo que permita la consolidación de alianzas estratégicas por parte de YPF con grandes empresas latinoamericanas del sector a los efectos de comenzar a operar sobre las vulnerabilidades vinculadas a una política de contingencia aún vigente en el sistema hidrocarburífero.

En tal sentido, se abren perspectivas de cooperación sobre la base de los principios de complementariedad y reciprocidad, de modo tal que puedan elaborarse acuerdos que resulten mutuamente beneficiosos y que, de paso, coadyuven al fortalecimiento de un proceso de integración energética regional en el largo plazo.

Se sugieren, en tal sentido, algunos caminos posibles:

1- Asociación estratégica con Petrobras: esquema de vinculación pensado en función de las capacidades tecnológicas de la empresa brasileña en la explotación offshore, en la perspectiva de la planificación de la exploración del frente marítimo.

2- Asociación estratégica con PDVSA: maximización de la oferta potencial de petróleo en el mediano plazo y know how de la Argentina en materia nuclear.

3- Asociación estratégica con Bolivia: maximización de la oferta potencial de gas y construcción de infraestructura de transporte, fraccionamiento y distribución de combustibles líquidos.

Los hidrocarburos no convencionales y el nuevo El Dorado: Vaca Muerta en Neuquén.

Los modelos extractivistas de cuño neoliberal y progresista, parecen haber encontrado el camino de su supervivencia en la promesa de grandes recursos hidrocarburíferos denominados no-convencionales.

Los hidrocarburos NO CONVENCIONALES, son los mismos hidrocarburos (petróleo y gas) CONVENCIONALES, la diferencia esta en que, los NO CONVENCIONALES se encuentran en reservorios diferentes de muy baja permeabilidad y porosidad, de manera que es imprescindible estimularlos por ejemplo, a través de fracturas hidráulicas ( fracking), para poder producirlos.

Este método, resulta extraordinariamente perjudicial para el medio ambiente y demanda el uso de millones de toneladas de agua y agentes químicos para poder extraer el gas y petróleo entrampado en la roca madre. Por ende, además de la insostenibilidad en el mediano plazo de una explotación de recursos no convencionales a gran escala, se pone en grave riesgo la posibilidad de usos alternativos de los bienes hídricos, con lo cual, la profundización de un nuevo tipo de ciclo extractivista de estas características, es contrario a un proceso que debe perseguir el objetivo de diversificar la matriz energética e identificar fuentes complementarias de energía basadas en recursos renovables.

Por lo tanto, estimamos que en la perspectiva del mediano plazo, podría encararse una planificación acotada y sostenible de algunos de los recursos hidrocarburíferos no convencionales que la Argentina posee en sus cuencas geológicas. Pensamos, en este sentido, que podrían desarrollarse racionalmente los recursos en tight gas- gas alojado en arenas compactas- en la cuenca neuquina, de modo tal de financiar, con los recursos inicialmente obtenidos de su comercialización, los complejos procesos de reconversión de todo el sistema energético nacional de cara a diversificar y equilibrar paulatinamente la matriz energética con la incorporación progresiva de fuentes renovables de generación.

Es decir, solo como parte de un esquema de transición se puede pensar en la explotación parcial de este recurso, ya que apostar a una explotación intensiva del mismo aparece como volver a cometer el mismo error de otras crisis: maximizar producción actual a cuenta del bienestar de las generaciones futuras.

c- El largo plazo: eficiencia y diversificación de la matriz energética

Las problemáticas estructurales que afronta el sistema energético nacional y las profundas limitaciones a partir de la fuerte dependencia hidrocarburífera de la matriz energética, requieren de una planificación consistente por parte del Estado nacional y los Estados provinciales de cara al logro del gran objetivo de todo sistema energético en equilibrio: la diversificación de la matriz de generación de energía, orientada fundamentalmente al logro de metas/objetivos de crecimiento paulatino de la oferta de energía basada en recursos renovables.

Pensamos, en primer término, en la hidroelectricidad, que constituye, per se, una fuente de base en términos de la disponibilidad del recurso hídrico en la Argentina y en la tasa de utilización de esta alternativa.

Por otro lado, se abre la perspectiva de la energía eólica, solar y biomasa, entre otras, vinculadas fuertemente al diseño de un sistema descentralizado de producción y gestión de la energía, que puede brindar soluciones sostenibles en el mediano y largo plazo en regiones periféricas del país. A su vez, estimular la investigación en biocombustibles conocidos como de segunda o tercera generación.

Finalmente, la energía nuclear, que puede ser una alternativa de disponibilidad en términos de capacidad excedentaria de provisión de oferta energética y de reemplazo circunstancial y acotado de otras alternativas de base como la hidráulica o la térmica en la generación de electricidad en momentos en que el sistema deba requerir mecanismos fiables de sustitución por paradas técnicas de equipos. Aquí es importante tener en perspectiva el desarrollo de los reactores modulares de baja potencia- el modelo CAREM de 25MW de potencia instalada- pensados para la generación de energía eléctrica bajo esquemas descentralizados de producción, transporte, distribución y consumo.

Por su parte, la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos energéticos, está directamente relacionada con la problemática de la diversificación de la matriz. En efecto, se trata de una de las aristas centrales de los análisis de prospectiva que desde hace tres décadas aproximadamente han impactado en mayor o menor medida en la planificación de las políticas energéticas en los países centrales.

Ahora, ¿cómo definimos la eficiencia y qué dimensiones involucra? La eficiencia energética es la capacidad que tiene el sistema para producir la misma o mayor cantidad de energía con un uso más racional, diversificado y sostenible. Ello impacta, directamente, en una variable crítica, que es la intensidad energética, que puede definirse como la relación entre el uso de recursos e insumos para la obtención de una determinada cantidad de energía. En efecto, se trata de producir la misma o mayor cantidad de unidades de energía, pero con un uso menos intensivo de petróleo, gas o carbón, es decir, de recursos fósiles.

Asimismo, esta problemática implica, por lo menos, cuatro dimensiones fundamentales:

- Uso racional de los recursos: no hay posibilidad de encarar políticas de eficiencia si no van de la mano de la internalización de una cultura de la racionalidad en los usos de la energía, tanto en los sectores industriales, comerciales, residenciales y de transporte.

- Sostenibilidad socio-ambiental: la búsqueda de la obtención eficiente de la energía implica la minimización de riesgos y daños al medioambiente, la elaboración de adecuados estudios de impacto ambiental y la adecuación de procesos industriales y productivos a los requerimientos de menor contaminación y emisión de gases contaminantes y optimización de los recursos vía procesamiento y reciclaje.

- Diversificación de fuentes: sólo puede sostenerse en el tiempo una política de eficiencia energética, si va acompañada de un proceso paulatino de diversificación de la matriz de generación de energía que incorpore los recursos renovables, tal como se comentó en el punto anterior.

- Acceso y políticas dirigidas a la demanda: una política energética basada en la eficiencia y el uso racional, implica asegurar el acceso igualitario a los bienes y servicios energéticos, al tiempo que se promueve una cultura de la demanda basada en el ahorro energético, compatible con el sostenimiento del sistema en su conjunto.

Por otro lado, ¿cuáles son las principales políticas a encarar y a qué sectores alcanzarían?

El abordaje de la eficiencia y el uso racional de la energía debe ser completo y consistente. Así, deben encararse criterios de optimización en el uso de los recursos en las siguientes áreas:

- Hábitat: estandarización de normas de usos finales más eficientes del gas y la electricidad, procesos de etiquetado de productos con garantía de menores emisiones, promoción de viviendas sostenibles con códigos de edificación que incorporen el uso de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica y el calentamiento de agua y la cocción de alimentos (paneles solares térmicos y fotovoltaicos, geotermalismo, entre otros).

- Industrias y comercios: optimización de procesos industriales con el objetivo de lograr mayores estándares de reutilización de insumos y reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos (pequeñas instalaciones para la obtención de biogás a partir de desechos orgánicos, entre otras posibilidades), adecuación de las estructuras de las plantas fabriles y locales comerciales a las normas de uso racional y eficiente de la energía (uso de sistemas de iluminación y equipos más eficientes y amigables con el medio ambiente).

- Sector público: promoción de normas de uso racional y eficiente en los sistemas de iluminación de alumbrado público, en las oficinas gubernamentales municipales, provinciales y nacionales, criterios de armonización de normas y estándares de uso de productos y equipos en todas las jurisdicciones, fortalecimiento de los programas y fondos orientados a la eficiencia energética y al uso racional con el involucramiento de las áreas de planificación energética, económica y educativas de todas las jurisdicciones del país.

- Consumos residenciales: relanzamiento de los programas de uso racional y eficiente de la energía destinados a los hogares ( conocimiento de normas de etiquetado, equipos de iluminación más eficientes, control del consumo, entre otros aspectos), estudio integral de los subsidios destinados a la cobertura de los servicios públicos de gas y electricidad, con el objetivo de concentrarlos en los sectores de menores recursos de nuestra población, garantizando el acceso igualitario a los servicios pero también mayor equidad, bajo el principio progresivo de que el que más ingresos tiene, más paga.

- Transporte: incorporación de motorizaciones que promuevan el uso más eficiente de insumos con el doble objetivo de reducir los costos de utilización de combustibles de origen fósil y la intensidad de las emisiones contaminantes ( vehículos híbridos, eléctricos, entre otros), promoción de la multimodalidad en el transporte público, garantizando mejores servicios, acceso y uso a partir de inversiones públicas dirigidas a la racionalización del transporte de cargas y a la optimización de los servicios de trenes urbanos de pasajeros y de cargas ferroviarias.

III- Energía: por un camino distinto.

A partir de todos los aspectos analizados, creemos que es fundamental luchar por la internalización de una fuerte cultura del uso eficiente, racional y responsable de los recursos, sin la cual, no será posible lograr buenos resultados en el mediano y largo plazo.

La pérdida del horizonte de autoabastecimiento de hidrocarburos, que ya es un hecho imposible de disimular, nos ha convertido en importadores netos de energía. El carácter estructural de la problemática se ha agravado en los últimos años, en los que han primado la inconsistencia y el cortoplacismo en la política energética.

Entre 2011 y 2013, habremos pagado la friolera de 32.000 millones de dólares por la importación creciente de gas natural, gas licuado por barcos y combustibles líquidos, que se han destinado en estos años para tapar la brecha entre lo que producimos y lo que consumimos en materia de energéticos. Asimismo, en estos últimos tres años, se han destinado más recursos que los que estaban presupuestados inicialmente para cubrir el déficit creciente, superando un 50% promedio por año. La contracara de esto, es una madeja de transferencias en subsidios a los sectores privados, que no han dejado de crecer en número y en inequidad, ya que hoy, en la Argentina, todos pagamos para sostener este déficit, independientemente de cuál sea nuestra capacidad contributiva.

Es hora de comenzar a actuar, en todos los planos y con perspectivas de corto, mediano y largo plazo, para recuperar nuestra soberanía energética, entendida como la capacidad de la comunidad para asegurar el suministro, estabilidad, acceso, sustentabilidad y aumento del margen de maniobra en un contexto de cooperación regional ampliada y profundizada a través de la integración energética y científico-tecnológica.

Notas:
1) Jalife Rahme, Alfredo: “Tecnofobia” y miseria de la “contrarreforma energética Peña/Videgaray/Aspe”, diario la Jornada de Mexico. Ver: http://www.jornada.unam.mx/2013/11/20/opinion/018o1pol
2) http://www.lanacion.com.ar/1642094-preacuerdo-con-espana-por-la-expropiacion-de-ypf?utm_source=n_tip_nota1&utm_medium=titularP&utm_campaign=NLPol
3) Esto fue establecido en el artículo 15 de la mencionada legislación. Ver: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm

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