miércoles, 19 de junio de 2013

A 29 años de la masacre “Alfa Carbón 1”, la olvidada “Operación Albania del Sur” (Parte I)

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

A casi tres décadas de los crímenes de Concepción, Los Ángeles y Valdivia, la Corte de Apelaciones todavía “no ha lugar” a las demandas de auto-procesamiento por asociación ilícita de los autores y jefes de la CNI presentadas por familiares de 7 víctimas de asesinatos premeditados y alevosos disfrazados por TVN y la prensa como resultado de “enfrentamientos” que nunca existieron. Un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” -pero inventada- e hizo despachos “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas del sur del país, a quienes la Central Nacional de Informaciones (CNI) les impidió el acceso y cobertura.


Foto: Víctimas de Concepción

“Azul 1 pase a canal 2: El sujeto no puede llegar vivo al hospital”. La orden explícita de matar al detenido y herido Nelson Adrián Herrera Riveros, de 31 años, fue impartida por radio, pasadas las 16:30 horas del jueves 23 de agosto de 1984, por el entonces coronel de ejército Marcos Derpich Miranda, jefe nacional de la División Regionales de la CNI, destacado en esos días en Concepción, 512 km al sur de Santiago.

El suboficial de carabineros José Abel Aravena Ruiz declaró -a fojas 5.230 de la causa- que recibió esa instrucción de matar por la frecuencia más confidencial -el canal 2- cuando aún se hallaba a escasos metros de la locación donde minutos antes abatieron a Mario Octavio Lagos Rodríguez, 34 años, acompañante de Herrera, a quien capturó herido pero vivo.

Los CNIs abrieron fuego en cuanto los dos jóvenes descendieron, desarmados y con los brazos en alto, desde un pequeño autobús -llamado “taxibús”- interceptado en mitad de la calle por vehículos de la CNI y carabineros.

El doble asesinato a la luz del día causó estupor entre el público que circulaba por la “Vega Monumental”, un populoso sector comercial de Concepción. Eran las 16:30 horas del 23 de agosto de 1984 y al mediodía ya habían comenzado dos jornadas de frías ejecuciones de dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), planificadas durante meses por la CNI, la “Operación Alfa Carbón 1”. La secuencia criminal incluyó 3 asesinatos en Concepción, 1 en Los Ángeles y 3 en Valdivia. La prensa local y nacional disfrazó todas las ejecuciones como “extremistas muertos en enfrentamientos”.

Ejecuciones simultáneas y sorpresivas

En reuniones previas en Concepción, la todopoderosa CNI de la dictadura militar y civil decidió quiénes morirían y quiénes sobrevivirían -como detenidos-, de acuerdo a una programación meticulosa de la Operación Alfa Carbón 1. Lo esencial del plan criminal fueron la sorpresa y la simultaneidad, para destruir toda la red sur del MIR, según un cronograma alevoso y premeditado. La rapidez y la sorpresa eran la clave del plan.

La primera jornada de exterminio comenzó exactamente a las 12:45 del 23 de agosto 1984, con la ejecución de Luciano Humberto Aedo Arias (30 años) mientras caminaba por una calle de Hualpencillo, suburbio de Concepción. Entre los numerosos testigos de este asesinato -todavía impune, como los demás- estuvo presente el periodista Esteban Montero y su equipo de TVN. Las imágenes captadas y su relato personal en el noticiario “60 minutos” adornaron la historia falsa del "enfrentamiento".

Para las 16:30 se programó que morirían Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, tras seguir el taxibús de recorrido en que viajaban desde el vecino puerto de Talcahuano. Al fin del día 23, a las 18.00 horas, los CNI dieron término en Los Ángeles a la vida de Mario Ernesto Mujica Barros (32), a quien vigilaban en su domicilio en esa localidad, 121 km al sur de Concepción y 527 de Santiago.


Foto: Víctimas de Valdivia

En Valdivia, 850 km al sur de Santiago y 435 de Concepción, a las 17.30 horas de la misma jornada detuvieron y ejecutaron a Rogelio Humberto Tapia de la Puente (31) y Raúl Jaime Barrientos Matamala (24), en otro “enfrentamiento” escenificado en el sector puente Estancilla del camino Valdivia-Niebla. TVN mostró fotografías de un vehículo acribillado en la locación del asesinato de los dos prisioneros.


Foto: Víctimas de Los Ángeles-Santiago

Y en Santiago sur, sector Ochagavía, ese mismo 23 de agosto 1984, la CNI dio muerte a Julio César Oliva Villalobos (38) y Roberto Homero González Lizama (37), en otra operación de exterminio contra el Partido Comunista (PC). La CNI y la prensa fabricaron la misma historia del “enfrentamiento”: fueron abatidos mientras “asaltaban una armería”.

Al día siguiente, y de nuevo en Valdivia, a las 16.30 horas la CNI ejecutó a Juan José Boncompte Andreu (31) en su domicilio de Rubén Darío Nº 643 y detuvo a su compañera, Inés Díaz Vallejos.

Para practicar estos asesinatos, la CNI trasladó desde Santiago al sur 60 efectivos, según declaran los imputados en la causa. Sumados a los agentes civiles locales más los refuerzos de Carabineros, completaron más de un centenar de exterminadores comandados en terreno por el oficial de ejército Álvaro Corvalán Castilla, hoy preso por numerosos otros crímenes. Además de cometer 7 asesinatos, en diferentes operaciones del 23 y 24 de agosto en Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia detuvieron a 19 personas, incluida una menor de 4 años, que venían vigilando desde comienzos de 1984.

Colaboración de TVN en fabricación de “enfrentamientos”

Todas las acciones de Alfa Carbón 1 fueron cubiertas in situ por un equipo de Televisión Nacional de Chile (TVN), a cargo del reportero policial Esteban Montero, quien viajó desde Santiago confundido entre el personal de la CNI para “cubrir en exclusiva” los “enfrentamientos”. Los CNIs incluso bloquearon el acceso de los periodistas locales en los lugares donde representaron la farsa del “enfrentamiento” ante una macabra escenografía de cadáveres aún frescos. Los “reportajes” de Montero se transmitían por TVN el mismo día de los “enfrentamientos”, de preferencia en el noticiario “60 minutos”.

Hugo Dolmestch, hoy ministro vocero de la Corte Suprema, la llamó "la Operación Albania del Sur", en alusión al nombre en clave de las ejecuciones de la “Matanza de Corpus Christi”, en que la CNI dio muerte a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Partido Comunista), el 15 y 16 de junio de 1987, también bajo el mando del mismo Corvalán Castilla. Faltaba un año para el plebiscito de 1988, pero la dictadura militar-civil de Pinochet estaba empecinada en "limpiar" el país creyendo que el electorado le daría el "Sí" para otros 10 años.

Ministro Aldana: “No ha lugar”

A casi 30 años de esta cadena de asesinatos, los 13 hijos de las 7 víctimas, sus viudas y demás familiares sobrevivientes continúan impetrando justicia. Pero el ministro Carlos Aldana Fuentes, de la Corte de Apelaciones de Concepción, continúa respondiendo “No ha lugar” a las sucesivas peticiones de autoprocesamiento por “asociación ilícita y homicidio calificado” de 21 miembros de la CNI, incluido el ex subdirector del organismo Hugo Salas Wenzel, presentadas por las abogadas Magdalena Garcés, en representación de las familias, y Patricia Parra, del Programa de Derechos Humanos de esa ciudad.

El quehacer de la justicia y sus servicios auxiliares de policía han sido poco eficientes en esta causa radicada en Concepción, a diferencia de otros crímenes igualmente emblemáticos procesados por ministros de cortes de la capital. Sólo hay dos procesados por “asociación ilícita y homicidio calificado”, los jefes Marcos Spiros Derpich Miranda y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla. Otros 13 CNIs están encausados por homicidio.

La última decisión del ministro Aldana se conoció en diciembre de 2012. Para estos días se espera la respuesta de la apelación al “no ha lugar” interpuesta ante la Corte local en abril 2013. Los familiares de las víctimas bregan por convencer a la justicia que la “asociación ilícita” incluyó a todos los agentes que actuaron en los operativos de Alfa Carbón 1.


Foto: Últimas Noticias 24 agosto 1984

Víctimas de Alfa Carbón 1

Ejecuciones en Concepción (512 km de Santiago), jueves 23 de agosto 1984:
• 12.45 hrs.: Luciano Humberto Aedo Arias (30 años), en Hualpencillo y ante numerosos testigos, incluido el periodista Esteban Montero y su equipo de TVN, que registró los hechos pero en el noticiario relató la historia falsa del "enfrentamiento".
• 16.30 hrs.: Mario Octavio Lagos Rodríguez (34) y Nelson Adrián Herrera Riveros (31), asesinados frente a la Vega Monumental ante numerosos testigos.

Ejecución en Los Ángeles (527 km de Santiago), jueves 23 de agosto, 1984:
• 18.00 hrs.: Mario Ernesto Mujica Barros (32), ejecutado en su domicilio, Población Orompello, calle Bombero Carlos Vichreister Nº 841.

Ejecuciones en Valdivia (850 km de Santiago), jueves 23 de agosto, 1984:
• 17.30 hrs.: Rogelio Humberto Tapia de la Puente (31) y Raúl Jaime Barrientos Matamala (24), asesinados en un “enfrentamiento” fabricado.
Valdivia, viernes 24 de agosto 1984:
• 16.30 hrs.: Juan José Boncompte Andreu (31), asesinado en su domicilio de Rubén Darío Nº 643 y detenida su compañera Inés Díaz Vallejos.

Ejecuciones en Santiago, jueves 23 de agosto:
• En otra operación de exterminio, la CNI asesinó en Santiago sur, sector Ochagavía, a Julio César Oliva Villalobos (38) y Roberto Homero González Lizama (37), militantes del Partido Comunista.
9 Detenciones en Concepción, en operaciones del 23 de agosto:
• Ignacio Vidaurrázaga Manríquez
• Alejandro Bernstein Rodget
• Patricia Zalaquet Daher, detenida a la misma hora en que era asesinado su compañero Nelson Herrera, en el centro de la ciudad
• Javiera Herrera Zalaquet, de 4 años, hija de Nelson Herrera y Patricia Zalaquett, recluida en instalaciones de carabineros
• María Soledad Aránguiz Ruz
• María Isolina Arroyo Soto
• Miguel Barriga Gutiérrez
• Lidia Barra Pérez
• Mónica Martínez Barra
2 detenidos en Los Ángeles
• María Cristina Chacaltana Pizarro
• Edgardo Cid Escobar
2 detenidos en Temuco
• José Luis Railaf
• Mercedes Cayupe
6 Detenidos en Valdivia:
• Manuel Barrientos Matamala
• Lucía Inés Díaz Vallejos (embarazada de 6 meses)
• Jorge Burgos Saavedra
• Mario Uribe Ampuero
• José Catripay Jaramillo
• Roswitha Guantzalp

De las 19 personas detenidas el 23 y 24 de agosto de 1984 en el sur del país, 16 fueron puestas a disposición de la fiscalía. Hubo otras detenciones de corta que no fueron informadas por las autoridades, ni denunciadas por las víctimas.

El Yo acuso de Monseñor Santos


Foto: Monseñor Manuel Santos

El Arzobispo de Concepción, monseñor Manuel Santos, reaccionó con valentía, mientras los medios imponían el libreto del "enfrentamiento", y el 28 de agosto solicitó a la Corte de Apelaciones de esa ciudad que un "ministro en visita" investigara los homicidios de Concepción y Los Angeles, a cargo de la justicia militar. El 10 de septiembre, la Corte local respondió "no ha lugar". El Arzobispo suspendió el Tedeum del 18 de septiembre en señal de protesta y se dirigió a Santiago, donde se entrevistó con el Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal López. En su escrito a la Suprema señaló que resultaba grave fundamentar el "no ha lugar" aduciendo "que los hechos denunciados no son materia de los tribunales ordinarios". Según El Mercurio del 29 de agosto de 1984, "...el prelado explicó que el que la Corte resolviera que el caso debiera ser entregado a los tribunales extraordinarios, que son los de las Fuerzas Armadas, era 'suponer que los autores del crimen son militares, lo cual es grave y desconcertante'".
Aclaró que la incompetencia sólo podría darse si se supiera que en los hechos hay miembros de las FFAA. "Evidentemente, ahí sería de competencia militar, pero es lo que hay que averiguar".

Juan Jorge Faúndez, de la Revista Cauce, con el tìtulo "El yo acuso de Monseñor Santos", publicó un resumen de los hechos y las opiniones del prelado opuestas a la versión oficial. "Yo estoy haciendo una acusación", dijo el Arzobispo, quien no vaciló en calificar los hechos como "un crimen... (…) Yo pido la investigación. (…) En el escrito no se personifica a ningún autor de delito. Entonces, quiere decir que ellos [se refiere a la Corte de Apelaciones de Concepción] resuelven que el asunto no era de la competencia de los tribunales ordinarios), suponen o saben más que nosotros. Que la Corte resuelva esto es suponer que los autores del crimen son militares" (Revista Cauce Año 1 Nº 21, 3/9 de septiembre 1984).

(Continuará)

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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Colombia: Claro debe atender las justísimas reclamaciones de sus trabajadores

Jorge Enrique Robledo (MOIR)

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Claro, sindicato de la multinacional de uno de los hombres más ricos del mundo, acaba de presentar un pliego de peticiones a Telmex que apunta a mejorar las pésimas condiciones laborales y frenar los abusos contra los usuarios de la empresa.

Claro es el conglomerado más grande del sector de las telecomunicaciones. Las utilidades de Telmex y Comcel son superiores a 2,5 billones de pesos y las dos empresas concentran más del 50% de los ingresos del sector. Telmex es la empresa de servicios fijos -telefonía internet y televisión- con las mayores ganancias del país con cerca de 285 mil millones de pesos, muy superiores a las de sus competidores.

Sin embargo, las condiciones laborales son supremamente malas. De acuerdo con Yuly Higuera, presidenta del sindicato, Telmex tiene cerca de 12 mil trabajadores, pero solo 5 mil están contratados directamente por la empresa, los otros 7 mil son tercerizados Desde que Carlos Slim compró las empresas colombianas de televisión por cable, los salarios han disminuido sustancialmente. En TV Cable y Cable Centro, por ejemplo, los asesores comerciales recibían comisiones por el primer servicio que vendieran, mientras que en Telmex tienen que vender 21 servicios para tener derecho a una comisión.

A esto se suma la enorme cantidad de despidos. En los últimos 3 años Telmex ha despedido a más de un centenar de trabajadores por no vender más de 21 servicios cada mes, despidos que han sido objetados por la justicia laboral. Además, en 2010 la empresa fue sancionada por prácticas de persecución sindical al haber despido a varios trabajadores que fundaron el sindicato.

El pliego de peticiones de la organización sindical apunta a frenar estos atropellos y también a crear mecanismos que protejan los derechos de los usuarios de una de las compañías de la que más se quejan los colombianos.

El senador Jorge Enrique Robledo manifestó su respaldo a las reivindicaciones de los trabajadores de Claro y señaló que la multinacional debe atender sus justos reclamos.

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Paraguay: Política tributaria del dinero

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

En clima de notable mediocridad política partidaria, se recuerda esta semana en Paraguay dos penosos hechos acaecidos hace un año, cuando se produjo una emboscada en el oriental Departamento de Curuguaty, muriendo 11 campesinos y seis policías, en aplicación de un plan golpista que, ocho días después, se concretó con el quiebre institucional y el derrocamiento del Presidente Fernando Lugo.

En medio de ello, el elemento público más positivo es la persistencia de una parte de la ciudadanía en condenar al gobierno faccioso con su política represiva y hambreadora, reclamando el derecho del pueblo de participar en las decisiones de los grandes problemas nacionales. Ejemplo de esa valiente actitud fueron las manifestaciones del pasado sábado 15 en Asunción y particularmente en los campos de Marina Cué, donde miles de familias de labriegos rindieron homenaje a los campesinos asesinados. Una similar movilización está prevista para este fin de semana en varios sitios del país.

Tras una primera negativa de los comandos uniformados que, por varias horas impidieron a familiares de las víctimas y activistas sociales el acceso en masa a esa tierra, finalmente se logró ingresar y plantar varios árboles en el mismo sitio de la tragedia, originada un año atrás cuando una comitiva policial llegó para dialogar con los campesinos que habían ocupado parte de las mil 800 hectáreas del Estado que están en conflicto, usurpadas desde hace varias décadas por una encumbrada familia del Partido Colorado.

En el momento de producirse los saludos de bienvenida, afirma Articulación Ciudadana una entidad solidaria con las víctimas y sus familiares, partieron disparos con armas de guerra desde un helicóptero y del bosque, donde se habían parapetado francotiradores, alquilados por latifundistas e instigadores del plan de Golpe de Estado que se produjo ocho días después, desencadenando una feroz represión policial y la detención de numerosos campesinos heridos y mujeres embarazadas, de los cuales permanecen aún en prisión 12, sin que el Ministerio Pública haya aportado pruebas incriminatorias.

La autoría de esa masacre ha quedado en la larga lista de crímenes anónimos, entre ellos de unos 130 dirigentes labriegos en los últimos años, de un Vicepresidente, de un General Jefe de Antidrogas, de ocho jóvenes que defendían la democracia en plena plaza del Congreso y, entre muchas más, cubiertas por la impunidad y alta corrupción reinantes, de un candidato a la Presidencia de la República, en plena campaña, en un accidente de helicóptero que su familia califica de atentado político.

Las cárceles desbordan de presos, más del 70 por ciento de unos siete mil sin condena, mayoría imputados por delitos menores, pero ningún delincuente financiero o estafador de las arcas del Estado, evasor impositivo o contrabandista de alto vuelo, mercenario o capo mafioso, están detrás de las rejas, consecuencia de la tarea de un mundillo jurídico sepulturero de la ética, las buenas costumbres y el mero rubor.

El Golpe de Estado, con etiqueta de parlamentario, terminó con un proceso de cambios que, pese a sus defectos, ha representado la mejor gobernanza del país en los últimos 75 años que, involuntariamente quizás, se iba transformando en una escuela de formación cívica, estimulando una conciencia colectiva de que es posible vivir con alguna soberanía social, integrado a las naciones vecinas y participando en la obra común de recuperar la evolucionada República que hace siglo y medio fue Paraguay.

Ese naciente sentimiento de pertenencia y el atisbo mental que ganaba terreno en diferentes sectores etarios y profesionales, de que es posible revertir el atraso cultural y las injusticias que ha generado más de medio siglo de perversidades políticas, se fue convirtiendo en una amenaza para las derechas política y empresarial, ambas de pensamiento cavernario e intolerante que, colgándose de las corporaciones transnacionales, propiciaron el golpe.

La cuarta pata de la mesa golpista fue la comandancia de la ingeniería imperial que se dedica a destruir los procesos progresistas de la región, tal lo que se puede inferir de la táctica empleada, del esquema de gobierno implantado, de la composición servil del mismo y de las reiteradas injerencias en los asuntos internos del país por funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y de algunas potencias europeas y asiáticas.

El quiebre constitucional de hace un año, resultó el primer paso de un planificado asalto al poder del Estado, amenazado por la pérdida del Ejecutivo después de siete décadas en manos del Partido Colorado, y cuyo objetivo fue el de recuperar a Paraguay como teatro de operaciones de la geoestrategia militar y económica imperialista, para la que resulta indispensable contar con partidos y gobiernos obsecuentes y venales.

El segundo paso fue la convocatoria a elecciones nacionales, respetando el calendario viejo, en una convocatoria que consiguió legitimar al organizador, el gobierno faccioso, con la participación de los sectores progresistas y democráticos que se sumaron al juego, procurando mantener sus migajas en el reparto de bancadas y otros cargos.

Tal lo sabido, Horacio Cartes, poderoso empresario y candidato del omnipresente Partido Colorado, resultó amplio ganador y hoy es el guía (en alemán fuhrer) de la política nacional con una inédita compostura que parcialmente lo sitúa fuera de la política clásica, por encima de las estructuras o aparatos partidarios, volcado a cultivar relaciones con entidades públicas y privadas extranjeras (Israel, Estados Unidos, Colombia, etc) para concretar acuerdos de asistencia en las sensibles áreas de la seguridad y de algunos importantes servicios sociales, como la salud y la enseñanza.

La irrupción de Cartes en la vida pública paraguaya se impuso a toda una serie de acusaciones de ser cabeza de una organización delictiva regional de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando a gran escala, e incluso barrió con la vieja maquinaria electoral a la que le imprimió una mecánica empresarial moderna, basada en una fuerte inversión de capital para contratar ágiles activistas que movilizaron a cientos de miles de personas e instalaron eficaces operadores en las mesas de votación.

Dentro de dos meses, el advenedizo político, que hace apenas cuatro años se afilió al Partido al que forzó el cambio de estatuto para poder postularse, pues el mínimo era 10 años de pertenencia para tener derecho a ser candidato, será investido con la banda presidencial, caminando cómodamente por encima de las aguas grasosas de esa centenaria institución.

Lo único novedoso es que nada garantiza que el ejercicio de Cartes lo convierta en un mandatario colorado más, sino que, por el contrario, termine por alimentar el eclipse que exhibe ese partido, carcomido por la obsolescencia de su cúpula que ha sido incapaz de formar una generación de relevo, un mal que padece igualmente el Partido Liberal, cuya descendencia carece de proyecto alternativo.

El ocaso es ideológico, es de modernización y apertura teórica, filosófica, y podría terminar en pocos años, con el dinero como principal actor en la política paraguaya, con un siglo y cuarto de bipartidismo, en una coexistencia conducida por los colorados con la complicidad liberal que, en las últimas ocho décadas, ha fabricado un país dependiente de una oligarquía inculta y altanera, ajena a toda formación profesional científica y tecnológica que ha producido muchos multimillonarios y pocos alfabetos.

Con suficiente oficio en el comando de funcionarios, Cartes está convirtiendo la dirigencia colorada en meros funcionarios de su nueva empresa, como parece mirar al Ejecutivo Nacional, a juzgar por los pocos movimientos suyos que salen a luz, pero que ha invisibilizado a los más conocidos representantes del partido, sin brújula desde el exilio de su “único líder”, el General Alfredo Stroessner y el fallecimiento de su principal heredero, consuegro y colega Andrés Rodríguez, a quien Estados Unidos consideraba un capo mafioso pero que, en 1989, lo utilizó para desplazar al tirano octogenario y unos años después lo hospitalizó en una clínica donde habría encontrado la muerte, cuya causa jamás se ha revelado al pueblo.

Por ahora, el Partido Colorado aparece salvado de una nueva amenaza de implosión gracias a la aparición de Cartes, y ese mismo fenómeno afectaba en el 2008 al Partido Liberal, que su alianza con Lugo evitó, pero en la coyuntura actual ese mal expresa mayor gravedad, pues podría tratarse del ocaso orgánico, provocado por un vaciamiento doctrinario y los desméritos de una dirigencia enceguecida por esa angurria de poder que aporta enriquecimientos rápidos.

El Golpe de Estado contra Lugo, encabezado por el Vicepresidente Federico Franco, a poco de andar se reveló como una victoria pírrica, aunque pensada por los golpistas como la antesala del triunfo electoral, que el pasado 21 de abril debía instalar al candidato del partido en la Presidencia de la República, en un cálculo desastroso que le hizo perder los votos de los no colorados que, por lejos, son mayoría en el país.

En cambio, lo que los liberales han recogido con ese manotazo inconstitucional del 22 de junio del 2012, quebrando el proceso de cambios que habían ayudado a emprender, es un enorme descrédito, groseramente agravado por una conducta corrupta en casi todas las instituciones del Estado donde tienen injerencia.

Lo penoso del panorama político paraguayo es que el famoso Quo Vadis? (adónde vas?) se aplica como zapato nuevo a todo el abanico democrático y progresista, en esa entelequia reformista que algunos llaman izquierda, que está ausente, sin respuesta frente a los grandes problemas nacionales, enfocados apenas por sus dirigentes a nivel de aparatos, los cuales cada día están más alejados del sentir popular.

El Frente Guasu, la expresión más orgánica de todas las fuerzas populares, mayoría semi desvanecidas después de las elecciones, reaccionó días atrás contra el intento de privatizar la energía eléctrica, una de las mayores riquezas del país, pero en cambio se muestra incapaz de anticiparse a operadores colorados que rechazan ciertas medidas del gobierno y del parlamento contra la población, como fue la estafa en ciernes de un proyecto, ya en marcha, de inspección vehicular pagada a talleres privados.

Otra ocasión perdida por los bien intencionados políticos paraguayos para servir mejor a la ciudadanía, se dio días atrás, cuando el gobierno condonó sus deudas con la banca estatal a muchos empresarios del transporte de pasajeros, habilitando nuevos créditos blandos a esos mismos millonarios morosos, propietarios de ómnibus chatarras, cuyos servicios son una verdadera burla humillante para las 300 mil personas que ingresan o egresan a diario de Asunción.

Tampoco se conoce la postura de los partidos democráticos, ni de las organizaciones y movimientos populares respecto a la política internacional a seguir, mudos frente a la figuración de connotados personajes de la derecha más rancia en el equipo asesor de Cartes en esa materia, lo cual crea perplejidad e incomprensión ciudadana, debido a la necesidad que tiene Paraguay de recuperar su presencia en el MERCOSUR y la UNASUR, avanzadas progresistas con las que se identifica el mejor pensamiento social.

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Grobocopatel: El rey de la “déKada”

Germán Mangione (SURSUELO, especial para ARGENPRESS.info)

Su presidente y cara visible se autodefine como un “sin tierra”, habla de una revolución agraria encabezada por los pooles de siembra y “el conocimiento”, y defiende la sojización asegurando que trae más beneficios que prejuicios. Una mirada sobre el Grupo Los Grobo, uno de los grupos empresarios que más creció en el campo durante el kirchnerismo y que comparte su visión del granero de China. Los Grobo inició sus actividades a mediados de los ‘80, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, principalmente en la producción de granos. En ese momento la estructura operativa consistía de 3.500 hectáreas de campo, una pequeña oficina, un camión y cuatro empleados.



A partir de los años ‘90, la empresa modificó su estrategia y comenzó a establecer redes con productores y proveedores permitiéndole crecer en escala. A fines de esa década, de la mano de Gustavo Grobocopatel, la empresa se plegó a “la revolución técnica” operada en el agro, con la hipertecnificación de la producción. Como forma de esquivar las crisis que por finales de los ‘90 golpeaba a la Argentina, el grupo diversificó sus inversiones ingresando a varios países de la región. Comenzó a participar en Uruguay en sociedad con ADP, en Paraguay como Tierra Roja, en el negocio de harinas de trigo adquiriendo Molinos Cánepa, y en Brasil, en sociedad con PCP, adquiriendo y conformando diversas empresas, como por ejemplo CEAGRO.

El Grupo Los Grobo se autodefine en la actualidad como una empresa de producción y procesamiento de granos pero, fundamentalmente, es un grupo de prestación de servicios. Se orienta hacia la oferta de servicios de producción, acondicionamiento de mercaderías, logística, comercialización de granos y agroinsumos, servicios y asesoramiento financiero, información, manejo del riesgo, asesoramiento técnico y asesoramiento en gestión.

En el ‘94 Los Grobo sembraron 70 mil hectáreas y tenían 5.000 propias. Hoy su director se autodefine (casi cínicamente) como “un sin tierra”. Al igual que varios de los actores que en la actualidad dominan los agronegocios en nuestro país y nuestra región, el grupo empresario de Carlos Casares, vio la posibilidad de generar ganancias en el agro sin invertir ni correr los riesgos que implica la propiedad de la tierra.

En entrevista con el portal plazademayo.com, Gustavo aseguraba: “Se puede hacer producción sin capital porque te lo prestan. Se puede hacer producción sin trabajo porque lo tercerizás. Sin tierra, sin capital, sin trabajo. Podés hacer producción sin nada. Sin nada, no: lo único que necesitás es el conocimiento. Si vos tenés conocimiento, podés hacer un business plan y te prestan la plata. Si vos tenés conocimiento, podés convencer a este dueño de la tierra de que te la alquile. Si vos tenés conocimiento, podés desarrollar tus proveedores, que te hacen el trabajo por vos”.

Los Grobo explota hoy unas 280 mil hectáreas, asegura que no posee tierras propias, pero sí individualmente sus socios. No como grupo empresario. Centralmente explota campos ajenos en arriendo, aporta productos y servicios: semillas y fertilizantes.

La facturación anual de Los Grobo es de 900 millones de dólares en total. Entre el 40 y el 45% es en la Argentina, un 40% en Brasil y cerca de un 15% en Uruguay. Paraguay en menor medida. Actualmente estudian su ingreso a Colombia.

Una “déKada” ganada

En las últimas semanas, algunas declaraciones y movimientos financieros del Grupo despertaron en la prensa especializada las más variadas hipótesis sobre el futuro de las inversiones de Los Grobo en la Argentina. Luego de las declaraciones de su gerente el último 23 de mayo en el Primer Encuentro de Agronegocios Argentino-Brasileño, organizado por la Embajada de Brasil, la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña y el Grupo Brasil, en las que Grobocopatel criticara la política agraria local al asegurar que “en la Argentina estamos secos por pagar 80% de impuestos”, se encendieron varias luces de alarma.

Sin embargo, y a pesar de las especulaciones, desde el Grupo y desde el gobierno argentino aseguran que no habrá desinversión en el país. Y en estos días se anunció también la compra de la firma Agrofina con un plan por 400 millones de pesos para desarrollar agroquímicos en el país. Y es que más allá de los chisporroteos mediáticos, las declaraciones altisonantes o la antigua retórica anti soja del gobierno nacional (hoy prolijamente silenciada) y las posiciones encontradas durante la crisis agraria del 2008, varios son los puntos de convergencia entre la política y los objetivos de ambos.

El crecimiento del grupo en la última década es una clara muestra de que en Argentina se puede hablar mal de la soja pero generarle espacio para fabulosas ganancias a quien la siembra, y también se puede ser un empresario que critica al gobierno que le permitió generar esas fabulosas ganancias.

La empresa de Los Grobo se configuró como el estandarte de la “nueva ruralidad”, una ruralidad vinculada a los avances científicos y a la hipertecnificación de la producción que fue creciendo en facturación e influencia a partir de la segunda mitad de la década del ‘90, pero que dio un salto en la última década con la expansión del boom sojero. Las mas de 60 mil hectáreas cultivadas en el país en la última campaña, una capacidad de acopio de mas de 1.600.000 toneladas y una facturación que rondó los 600 millones de dólares sólo en Argentina, hacen pensar que la sociedad gobierno-agronegocios tiene cuerda para rato.

La facturación del grupo pasó de 96,7 millones de dólares en 2003 a 1305,3 en 2012. Si bien esa es la facturación total de todas sus inversiones desperdigadas por el Mercosur, Argentina sigue representando como en el comienzodel negocio el mayor porcentaje de ganancias.

También durante estos años el grupo ha sabido aprovechar los “incentivos” gubernamentales. El caso más significativo es el creado por el gobierno destinado a otorgar compensaciones a operadores que vendan productos derivados de trigo, maíz, girasol y soja en el mercado interno, de forma de abastecer la demanda y el consumo del mismo. A través de la División Molinos, se comercializa harina tipo 000 para consumo masivo conforme la política de precios impulsada por la Secretaria de Comercio Interior y accediendo al derecho de compensaciones por el trigo molido para producción de harina.

El conocimiento como commodity

“La verdad es que con el Ministerio de Ciencia y Tecnología he tenido una excelente relación, con muy buenos resultados”, aseguró en entrevistas a la prensa Gustavo Grobocopatel. Y es que este es otro de los puntos de unión de intereses entre el gobierno y Los Grobo. En cada reportaje brindado por el ingeniero agrónomo devenido en empresario se encarga de remarcar que a diferencia de lo que ocurría con la producción años atrás, hoy el principal agregado de valor es el conocimiento.

En ese marco, llegó a afirmar que los pooles de siembra y los productores sojeros están protagonizando una “revolución agraria” sólo comparable con la Revolución Industrial inglesa. Esta sociedad estado-agroempresarios tiene su expresión concreta en instituciones como el INDEAR, centro de investigación tecnológica ubicado en Rosario que une a científicos del CONICET y a la Universidad Nacional del Litoral con empresarios del agro en la búsqueda de mejoras biotecnológicas que permitan aumentar los rindes y, por supuesto, las ganancias.

En esta visión, el Estado aporta el conocimiento y la preparación de los científicos y los empresarios el capital para la investigación. Y los resultados también se reparten, como en el descubrimiento del HB4, la construcción genética que permitió crear semillas resistentes a la sequía. Allí se generaron regalías para el CONICET y la UNL y la concesión del uso y la explotación del descubrimiento por 20 años a Bioceres, la empresa de investigación liderada por Grobocopatel.

Sin embrago, muchos científicos cuestionan ese modelo de asociación. Y es que tras estas sociedades lo que se oculta es el debate de dos ideas contrapuestas. Por un lado, el relato exitista y de progreso que pregonó la presidenta en la apertura de la asamblea legislativa del año pasado centrada en la idea de la exportación de conocimiento, una especie de commodity intelectual que, como en el caso de los naturales, parece orientarse en torno a las necesidades de las grandes potencias compradoras, dejando para nuestro país a lo sumo regalías o ingresos por su exportación.

“Son científicos argentinos que lo han patentado -patente argentina (aplausos)- asociados con una empresa argentina que acaba de firmar un joint venture con una empresa de origen estadounidense para la explotación a nivel mundial de este descubrimiento que puede reportarle al CONICET en términos anuales, considerando únicamente el mercado interno, algo así como 95 millones de dólares de regalías a partir de su explotación que se desarrollará en los años 2014 y 2015”, anunciaba Cristina. Una visión que comparten los socios privados del INDEAR, como afirmaba la cabeza visible del grupo económico Los Grobo: “Argentina exportará conocimientos y participará de una mega construcción colectiva donde la ciencia y los agronegocios ofrecen nuevas soluciones a los problemas de la humanidad”.

Por otro lado, se encuentra la visión que manifiesta otras preocupaciones ante este panorama. Consultado por SURsuelo, el doctor Damián Verzeñassi, subsecretario Académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, comentó en esa dirección:

“Veo con preocupación que la articulación público-privada no se está dando con el objetivo de beneficiar a la comunidad, sino con el objetivo de beneficiar a determinados grupos económicos. Independientemente de que hay excepciones, hay que dejarlo en claro porque este tipo de avances como el que se está dando ahora tiene que ver con una necesidad del sector productivo de poder mejorar rindes en situaciones ambientales adversas y no está pensado para reconocer o devolver la producción agrícola a la cultura del agro que implica nuevamente los campesinos en los campos, los trabajadores rurales trabajando dignamente en sus lugares y, principalmente, recuperar la soberanía alimentaria a partir de una cultura que sea propia”.

Todos los caminos conducen a Beijing

Finalmente, hay una visión que termina uniendo al “rey de la soja” con la región y principalmente con la Argentina, o mejor dicho con el modelo de país que hoy lleva adelante la Argentina. En cada declaración o análisis, de los muchos que gusta hacer en conferencias o notas periodísticas Gustavo Grobocopatel, siempre se encarga de remarcar el rol que él cree que debe tener América Latina en el concierto mundial de naciones y que podría resumirse en su frase: “Este modelo sólo corre peligro si se mueren 500 millones de chinos”. Y es que la alianza, que él denomina natural, con el gigante asiático es el punto más álgido donde sus intereses convergen con los del modelo económico de Argentina, pero también del resto de los países del Mercosur. La idea del granero del mundo parece haberse achicado hasta la de ser el granero de China. Y, paralelamente, el receptor de sus manufacturas. Casi una reedición de la relación con la Gran Bretaña compradora de carnes y vendedora de manufacturas de principios del siglo pasado. Si bien, al igual que la presidenta, una y otra vez el líder de Los Grobos repite la necesidad de generar cadenas de valor que despeguen a nuestros países del fenómeno de la primarización de las economías en donde sólo se exportan commodities, los números parecen correr en otro sentido.

El comercio total entre China y América Latina aumentó de 2011 a 2012 un 8%, llegando a 255,496 millones de dólares. Las exportaciones chinas, principalmente manufacturas, a América Latina crecieron 11% a 131,042 millones de dólares, mientras las exportaciones latinoamericanas, granos o sus derivados, hacia China aumentaron 5% a 124,454 millones de dólares. Cuando la presidenta Cristina Fernández anunció el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 que pretende entre otros objetivos llevar la cosecha de granos de 157 millones de toneladas frente a los 100 millones actuales, seguramente Gustavo se frotó las manos, pensando en los negocios por venir. Consultado sobre el tema declaró: “Estamos todos con una expectativa positiva, porque por primera vez un presidente habla sobre esta visión. Ninguno lo había hecho antes. Menem nunca mencionó la palabra ‘soja’. Entonces, a lo mejor es una nueva etapa que lo que hace es facilitar que este proceso ocurra”.

Y, en ese sentido, parece marchar la política argentina. Recientemente en su visita a Beijing, el titular de la cámara de diputados Julián Domínguez explicaba que “desde el 2003, con Néstor Kirchner y luego con la presidente Cristina de Kirchner, Argentina ha preparado toda la infraestructura para darle al intercambio bilateral la profundidad y la dinámica que amerita un socio tan importante como China”. Y aseguraba que “Argentina aspira a producir 160 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en 2020, y a profundizar el estándar de protocolo que nos permita una rápida autorización de los mismos para entender los eventos genéticos y biotecnológicos en ambas naciones”.

“Hay un gobierno que está alineado y la oposición en general también está alineada”, llegó a declarar Grobocopatel, consultado sobre el anuncio del Plan Agroalimentario y su intensión de intensificar la producción granaria, principalmente sojera en la Argentina de los próximos años. Y no parecía estar muy errado. No sólo el kirchnerismo peregrina a Beijing, como quien peregrina a la nueva meca de la economía global en busca de nuevos negocios y del estrechamiento de la relación comercial.

El primer ministro chino Li Keqiang recibió al presidente de la Cámara de Diputados y a una delegación de legisladores del Frente para la Victoria (FPV), la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), Frente Amplio Progresista (FAP) y el Frente Peronista, a la que aseguró que la Argentina tiene “un enorme potencial en materia agropecuaria y alimentaria”.

Es entendible que el Plan Estratégico Agroalimentario le resulte al empresario Grobocopatel un anuncio “positivo”. El líder de los Grobo parece entender que la política agraria va mas allá de “las discusiones para la tribuna”, y que en esta idea de la soja como producto estrella vinculada al mercado chino pocas diferencias hay entre los que dirigen la política desde el oficialismo o desde la oposición. Grobocopatel parece tener asegurada otra década ganada, esté sentado quien esté sentado en el sillón de Rivadavia los próximos 10 años.

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Chaco. Un nuevo y alarmante desmentido del director de Bosques: Confirman los desmontes y las explotaciones forestales

CENTRO NELSON MANDELA

Se hace imprescindible aclarar varias cuestiones de notable interés público que están relacionadas con las graves y alarmantes declaraciones formuladas por el director de Bosques, Miguel Ángel López, publicadas en el suplemento Sáenz Peña de Diario Norte y en la sección Interior del diario Primera Línea de las ediciones del viernes 14 de junio. López calificó como una “canallada” el informe que Telenoche, el noticiero central de Canal 13 de Buenos Aires, realizó sobre los desmontes y las explotaciones forestarles que se producen en el Chaco. El ingeniero se dedicó nuevamente a desmentir y a refutar un informe. Con sus declaraciones también descalificó la tarea que desarrolla el Centro Mandela en lo relacionado con el esclarecimiento público del sistemático avance de los desmontes, que en un proceso creciente viene afectando el frágil equilibrio ambiental chaqueño.



Particularmente nos preocupa la información brindada por este funcionario público en el tramo que figura desarrollado en recuadro por Diario Norte, potenciado por el contexto de la extensa nota descalificatoria que se le realizara a López, quien efectuó afirmaciones que -involuntaria o intencionalmente- fueron erróneas o falsas en relación a la participación de Osvaldo Ramón Maldonado y del Centro Mandela en la etapa de producción de la nota periodística que Canal 13 puso al aire bajo el título “Hecha la ley, hecho el desmonte”. Repitiendo la misma conducta pública que desplegó en otras oportunidades, esta vez el director de Bosques dijo - refiriéndose a los desmontes en donde se realizaran las entrevistas- que “descubrimos que este topado y las imágenes son de 2006”. Esta declaración, entre otros conceptos y manifestaciones realizadas por López, estuvieron finalmente dirigidas a calificar al informe periodístico como una “canallada”. Lo cierto y concreto es que en los tramos que opinamos, lo hicimos sobre desmontes realizados poco antes de nuestra visita. Sin embargo, López nuevamente salió a desmentir, tal cual lo hizo cuando cuestionó la denuncia pública de Greenpeace sobre los desmontes silvopastoriles, clandestinos o mal realizados en zona amarilla, que luego se demostró que se produjeron y que pusiera en evidencia el mal desempeño de este funcionario, que evidentemente cuenta con el apoyo del ministro del área y del gobernador.

La cronología de nuestra participación en la investigación periodística

En primer término visitamos una mega-carbonera ubicada en el Paraje Pampa Vargas, aproximadamente a 12 kms de Tres Isletas. El viernes 29 de marzo visitamos el lugar. Estaban quemando 47 hornos y preparaban 5 más para totalizar 52. El objetivo era llegar a 60 unidades. Encontramos hornos de 8, 9 y 10 metros cúbicos, que elaboraban de 12 a 15 toneladas de carbón cada 15 días. También existían hornos más grandes, del que pueden sacar de 20 a 22 toneladas de carbón. En la carga de los hornos combinan quebracho colorado con carandá y quebracho blanco con guayacán, aunque también utilizan otras maderas. Queman las mencionadas especies, fundamentalmente carandá y quebracho colorado, porque exportan a Chile, que utiliza carbón de altas calorías para sus industrias siderúrgicas. Usan despuntes, ramas y rollos de árboles enfermos y sanos, de modo de que no se respeta el régimen legal vigente. Diariamente entran a la carbonera de 8 a 10 camiones, que cargan de 28 a 30 toneladas de madera, lo que permite comprender que el promedio diario que ingresa a la playa se aproxima a las 300 toneladas. Para entender lo que esto significa, vale señalar que un árbol de quebracho colorado de 10 metros de altura y de 50 cm. de diámetro pesa 2 toneladas de fuste y 2 toneladas de despuntes y ramas. O sea que si las 300 toneladas fueran solamente de quebracho colorado, significa que consumirían -como mínimo- 75 árboles por día; sin embargo, como utilizan más fustes que despuntes y ramas, en realidad están quemando no menos de 100 árboles por día. La misma proporción se aplica para el carandá y el guayacán, mientras que el quebracho blanco tiene una leve diferencia en menos en su peso, de manera de que supone la utilización de un mayor número de árboles porque es más liviano.



Por lo tanto, es extraordinario el impacto ambiental que genera el funcionamiento de esta mega-carbonera, lo que pone en duda la eficiencia de los controles a cargo de la dirección de Bosques, que en el caso es fácil de ser realizado porque la carbonera tiene una sola tranquera de ingreso y una sola picada de acceso; sin embargo, queman rollos sanos.

Desmonte chico

El sábado 30 de marzo visitamos un predio que presentaba un desmonte, ubicado en el Paraje Raíz Chaqueña, a 50 kms en dirección oeste de Tres Isletas, frente a la tranquera de la propiedad comunitaria indígena que fuera comprada por la empresa cordobesa Bajo Hondo, violando la prohibición establecida por el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece la prohibición de venta de las propiedades comunitarias aborígenes.



El monte intervenido tiene una extensión aproximada de 40 hectáreas. Al tiempo de la visita ya habían retirado toda la madera con valor comercial. Los restos forestales, que erróneamente se considera sin valor maderable, estaban acordonados para ser quemados apenas se produzcan las primeras heladas. Cuando visitamos el predio no se exhibía el cartel obligatorio que publicite la autorización del desmonte por parte de la Dirección de Bosques, por lo que debimos presumir que era un desmonte clandestino o ilegal. Allí se efectuaron las entrevistas.

Desmonte grande

Ese mismo día visitamos un desmonte bastante grande, que también se produjo en el Paraje Raíz Chaqueña. Tenía una extensión aproximada de 200 hectáreas. Las coordenadas son S 26º 17.823’ W 060º 42.179’, S 26º 17.453 W 060º 42.173’, S 26º 17.453’ W 060º 42.015’, tomando dos vértices del desmonte desde la picada. No sacaron la madera. Los restos forestales eran visibles, pero las enredaderas y el gathon paning (pasto combustible) que plantaron cubrían los restos, que suponemos serán quedamos con las primeras heladas. El desmonte se produjo en zona verde. Cuando visitamos el campo, no exhibía el cartel obligatorio que publique la autorización, por lo que debemos presumir que era un desmonte clandestino o ilegal. Aquí también se realizó una entrevista. Este desmonte fue visitado el jueves 13 de este mes por funcionarios de la dirección de Bosques, orientados por Osvaldo Ramón Maldonado.



Dos mega desmontes

Ya sin el acompañamiento de Chala Maldonado, con el quipo periodístico de Canal 13 visitamos dos predios que presentaban grandes desmontes, ubicados en el límite entre los departamentos Maipú y Güemes, a los que se llega a través de la picada que divide ambos departamentos, camino por el que se llega al Paraje Bella Vista. Las Coordenadas, desde el esquinero Oeste, sobre la picada, es S 26º 21.153’ W 060º 48.259’; desde el esquinero Este, también sobre la picada, es S 26º 07.066’ W 060º 43.227’. En este predio se realizó una entrevista.



El titular de los predios es Crebus S.A. El total de la superficie desmontada fue de 490 y 850 hectáreas en cada uno de los campos. La autorización de desmonte habría sido otorgada por la Dirección de Bosques a través del sistema de cambio de uso de suelo. No exhibía carteles, a pesar de que es una grave infracción, por si misma. La falta de cortinas vegetales o la insuficiencia de las que vimos, también son infracciones graves.

Los dos grandes desmontes están ubicados cerca de la línea de inicio de la zona amarilla, a 28 kilómetros de la misma; por lo tanto, comparten los riesgos agroclimáticos. Por ese motivo es que cuando recorrimos la zona notamos que no existían chacras, por lo que entendimos que la zona no es apta para la agricultura intensiva que suponemos se aplicará en los predios a través del cultivo de la soja. Los suelos y las precipitaciones promedios en la zona, a largo plazo (50 años), indican un caudal anual que no supera los 800 milímetros, situación que se agravó en el curso de la última década, en la que perdimos el equivalente a un año de lluvia. Además, debe tener en cuenta que en el largo verano (7 meses) el sol al mediodía provoca temperatura cercanas a los 60/70 grados, lo que constituye uno de los factores más duros que generan severos riesgos agroclimáticos, que se caracterizan por el intenso calor y poca agua de lluvia, que se concentran en marzo y noviembre de cada año. Por lo tanto, es incierto el destino de estos predios cuando sean sometidos a los trajines demoledores de la agricultura intensiva.

Explotación del monte algarrobo en propiedad comunitaria de la Megue

Visitamos la explotación forestal que con intensidad se realiza en la propiedad comunitaria indígena de la Meguesoxochi, ubicada en el Interfluvio, frente al casco urbano de Villa Río Bermejito, en el Paraje que ahora la comunidad aborigen llama “El Naranjo” y que los criollos mencionan como el campo de quién en vida fuera Cayetano Palavecino, que ocupó el lugar hace aproximadamente 80 años, continuando con la posesión algunos de sus hijos. Recientemente el indígena qom Roberto Maidana hizo su pequeño rancho en el lugar; sin embargo, vive en el caso urbano de Villa Río Bermejito con su compañera, que es la hermana de Zenon Cuellar, presidente de la asociación civil indígena que es titular de la propiedad comunitaria, quién se encarga de obtener autorizaciones para explotar el monte de algarrobo.



Están talando descontroladamente los mejores algarrobos del lugar, incluso los que forman parte del monte de galería del Rió Bermejito, que prácticamente ya está seco a la altura del puente La Sirena, que está a pocos kms al norte de Villa Río Bermejito. Están destruyendo el ecosistema del lugar. Es muy poco el dinero que le queda a la familia indígena a las que se les hace firmar las solicitudes de los permisos para explotar el monte de algarrobo, haciéndoles aparecer como pequeños productores que no lo son. Es evidente que para diezmar el monte de algarrobo, para explotarlo hasta su extinción, los explotadores forestales cuentan con la ineficiencia, la complacencia o la corrupción del sistema institucional y político. Si hubieron resuelto impedir la explotación forestal clandestina debían controlar los puentes “La Sirena” y “Santa Ana”, que son los únicos lugares por los que pasan los camiones cargados con rollos.

Nuevamente atropellaron

Esta vez el director de Bosques y sus colaboradores avanzaron un poco más que en otras ocaciones. Al mediodía del pasado día jueves 13 tres personas del organismo se hicieron presentes, con pocas muestras de simpatía, en la humilde casa de Osvaldo Ramón Maldonado, ubicada cerca de los desmontes que Telenoche pusiera al aire. Los acompañó para ver un desmonte ubicado en el Paraje Raíz Chaqueña. Los funcionarios públicos miraron y permanecieron en silencio. Frente a este predio una topadora estaba desmontando. Los visitantes dijeron que no podían entrar al lugar. Después Maldonado propuso que visitaran otro desmonte cercano, pero no quisieron hacerlo. A la noche del mismo día llegó al rancho de Maldonado el director de Bosques, con dos personas más y el intendente y le dijeron que “deje de joder con el desmonte. Que ellos ya conocen la casa y la familia, prometiéndole un sueldo y un manejo de monte, que le pagarán si se calla y no hace más denunciadas por las topadoras”. Maldonado invitó a los funcionarios a mirar el trabajo de la topadora y le volvieron a decir que no podían entrar donde se estaba topando “porque seguramente tenían permiso”.











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Duro golpe a la estrategia gubernamental: La reforma judicial, un bumerán a prueba de tontos

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

La Corte Suprema falló, como todos preveíamos, en contra de la Ley de Reforma de la Justicia que el kirchnerismo aprobó por mayoría en el Congreso, la que partidizaba la conformación de la magistratura encargada de elegir a los jueces, con lo cual el Poder Ejecutivo (el actual y los que vinieran después) se asegurarían un Poder Judicial adicto, con todo lo nefasto que ello significa. Haber querido forzar semejante engendro no hace más que mostrar la desorientación del gobierno para intentar defender los desquicios que ha provocado, lo que sumado a la soberbia permanente de sus integrantes, no sólo no es buen augurio para el futuro del pueblo, si no que termina haciéndole representar un papelón de enormes dimensiones al oficialismo: ni un principiante en política cometería semejante error. Uno de esos que terminan pasando factura de las grandes.

Lo cierto es que acosado por sus propios yerros, por el humor popular y por una realidad económica cada vez más complicada, la cosa se le pone oscura al kirchnerismo en un año electoral. El fallo de la Corte es INAPELABLE en el país, por lo que CFK ya no podrá aspirar a controlar la Justicia como pretendía. Algunos aventuran que el gobierno "nacional y popular" va a recurrir a las Cortes Internacionales, lo que sería una muestra más de un raro concepto de "soberanía" que se somete a tribunales foráneos, instrumentos siempre del Imperialismo capitalista. No sería de extrañar: la misma contradicción lleva a cabo con la "Deuda" ilegal, ilegítima y fraudulenta.

Pero lo peor que hace el kirchnerismo es bastardear toda legítima aspiración popular, tergiversándola o cerrándole las puertas por decisión propia o por torpeza. Porque lo cierto es que reformar la Justicia en Argentina es imprescindible, pero abriéndole las puertas en serio a la soberanía popular, no engañando a las masas para que voten a sus propios verdugos. La trampa de la truncada ley del oficialismo estaba en querer hacer ver como que el pueblo elegía a los jueces, cuando en realidad votaba a los que elegirían a los jueces, delegando esa potestad a individuos organizados en un partido político. Soberanía Popular es otra cosa, por ejemplo, que las masas proclamen directamente a los encargados de impartir justicia, en procesos electorales diferenciados de los otros dos poderes y sin la intervención de los partidos políticos. Eso sí sería una reforma en favor de las mayorías populares, no ese mamarracho tendencioso para salvaguardar los intereses nada cristalinos de quienes ejercieron la función pública en la "década ganada” por las multinacionales.

Pero claro, esperar eso de Cristina sería más ingenuo que pedirle peras al olmo.

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El Consejo de la Magistratura seguirá como hasta ahora

Irina Santesteban (LA ARENA)

Luego de más de dos meses de intenso debate por las leyes de reforma judicial, la Corte Suprema de Justicia falló ayer declarando la inconstitucionalidad de la ley que modificaba el Consejo de la Magistratura.

En otras oportunidades hemos escrito sobre la necesidad de reformar distintos aspectos del Poder Judicial, entre ellos, la forma de selección y elección de los magistrados. Por ello, las opiniones que hoy vertimos no surgen sólo del profundo debate que se instaló en la sociedad argentina, luego que la presidenta Cristina Fernández enviara al Congreso de la Nación, el pasado 8 de abril, seis proyectos de ley para reformar el Poder Judicial de la Nación.

La necesidad de democratizar a un poder que se caracteriza por ser corporativo, elitista, y muy refractario a los cambios, ha surgido en diferentes situaciones de los casi treinta años transcurridos desde la recuperación democrática en 1983.

La fuerte resistencia que generaron las leyes de reforma judicial entre buena parte de los propios jueces, los colegios de abogados, los empresarios, los políticos de la oposición, etc., está revelando que la pelea por lograr un Poder Judicial democrático y más cerca de los intereses populares, no será nada fácil.

Hasta el gremio que nuclea a los trabajadores judiciales nacionales, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que dirige Julio Piumato, realizó siete paros en un mes para oponerse a estas leyes, a pesar que se prevé el ingreso igualitario y democrático al Poder Judicial. En cambio no se recuerda en los últimos años, un plan de lucha tan fuerte en ese gremio por reivindicaciones propias de ese sector.

Negociemos la caja

El artículo 114 de la Constitución Nacional dispone: "El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrada, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley".

Luego establece cuáles son las funciones que cumple, entre las cuales se encuentra "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia". En este último punto, la ley, en su articulado original, devolvía al Consejo esta función, hasta ahora en manos de la Corte. Sin embargo, Ricardo Lorenzetti negoció con la presidenta que estas facultades no le sean quitadas. Y tuvo éxito, pues ese artículo fue modificado.

Así, la Corte sigue administrando los fondos y el presupuesto del Poder Judicial, a pesar que el texto constitucional dispone expresamente que es una función que le compete al Consejo de la Magistratura. Fue una "negociación" que fue criticada con dureza por Elisa Carrió, pero en este caso, la apocalíptica diputada tenía parte de razón. ¿Quién declarará ahora la inconstitucionalidad de esas facultades que ejerce el máximo Tribunal?

Las generales de la ley

Según la página oficial de la Corte Suprema el fallo dispone declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26855, y la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas en el artículo 7 respecto al quórum previsto -régimen de mayorías y composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura-. Dispone también que seguirán vigentes las leyes anteriores.

Finalmente, deja sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la Magistratura representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico.

Es importante refrescar que las leyes 24937 y 24939, que reglamentaron el artículo 114 de la Constitución, dispusieron que se integraba con veinte miembros. Luego, la ley 26080, promovida por la entonces senadora Cristina Fernández, dispuso la reducción de ese número a trece, que es el que tiene actualmente, y que seguirá teniendo, luego del fallo declaró la inconstitucionalidad del aumento de miembros a 19. Nos preguntamos, si antes de la ley 26080 era constitucional que el Consejo de la Magistratura tuviera veinte miembros, ¿por qué ahora es inconstitucional que tenga 19? ¿Cuál es la lógica de esta decisión?

Respecto al origen de los miembros del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema afirma que los jueces y abogados no pueden ser elegidos por el voto popular, porque el artículo 114 habla de los "estamentos" de jueces y "abogados de la matrícula", dando a entender, según el fallo, que el constituyente quiso que fueran sus respectivos estamentos o colegios los que eligieran a sus representantes ante el Consejo.

Una interpretación así es discutible, y mucho más cuando es el argumento para declarar la inconstitucionalidad de una ley que establece cambios en el organismo que es el encargado del sistema de selección y remoción de los jueces. Los ministros de la Corte, aunque no son elegidos por el Consejo de la Magistratura, son miembros del Poder Judicial. Bien podría entenderse que los "comprenden las generales de la ley". ¿No hay conflictos de intereses cuando los jueces deciden la inconstitucionalidad de una ley, que tiene por objeto modificar la integración del órgano que luego puede juzgarlos y eventualmente, removerlos?

Como hasta ahora

Como no hay otra instancia superior a la Corte Suprema, y el propio fallo así lo dispone, la ley no va a aplicarse y el Consejo de la Magistratura seguirá siendo como hasta ahora. Es imposible decir "funcionando como hasta ahora", porque en realidad este órgano funcionaba bastante mal y estaba prácticamente paralizado. Por eso se decidió impulsar estos cambios, y no, como plantea la oposición, los medios concentrados y repiten muchos ciudadanos bastante desinformados, porque "el gobierno K quiere designar los jueces a su antojo".

La verdad es que quienes designaron jueces a su antojo fueron muchos gobiernos anteriores, cuando estaba vigente la Constitución de 1957, que disponía que los magistrados eran nombrados por el presidente de la Nación o por los gobernadores de provincia, con acuerdo del Senado o de las Legislaturas (en el caso de los provinciales).

Otros presidentes, como Carlos Menem, recientemente condenado a siete años por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, lejos de impulsar leyes y provocar debates, como hizo la presidenta, directamente promovieron el aumento del número de miembros de la Corte Suprema, de cinco a nueve, y designó de un plumazo a los cuatro nuevos ministros, logrando lo que se conoció durante la década de sus dos mandatos, como la Corte de "la mayoría automática". Su presidente, Julio Nazareno, era un impresentable, y su actuación ha quedado magistralmente relatada en el libro del periodista Horacio Verbitsky "Hacer la Corte", que recomendamos, aún veinte años después de su publicación.

Poco, muy poco

El fallo de la Corte fue firmado por cuatro ministros: Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Carlos Fayt; hubo dos que firmaron en forma concurrente: Carmen Argibay y Enrique Petracchi;y uno solo de sus miembros, Raúl Zaffaroni, que firmó en disidencia, se apartó del dictamen de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Esta funcionaria había dictaminado el lunes a favor de la constitucionalidad de la ley, pidiendo la revocatoria del fallo de la jueza Servini de Cubría. Uno de sus argumentos fue que el Consejo de la Magistratura anterior, no había logrado "satisfacer las expectativas sociales que llevaron a su creación". Y ejemplificó con el accionar de este órgano durante 2012, en el que sólo se realizaron doce reuniones de la Comisión de Selección, se convocaron a seis concursos y se remitieron ternas al Poder Ejecutivo, sólo en relación a dos concursos. También mencionó, críticamente, que "en ese período, la Comisión de Acusación sólo sesionó once veces y no formuló ninguna acusación".

El dictamen de la Procuradora también se pronunció a favor de la elección popular y la participación ciudadana en un órgano de gobierno y rechazó que ese mecanismo pudiera "quebrar el equilibrio" al que hace referencia el artículo 114 del texto constitucional. Para Gils Carbó este equilibrio estaba garantizado en la ley ahora declarada inconstitucional, porque ninguno de los estamentos mencionados en dicha norma (jueces, abogados y legisladores) tenía preeminencia sobre los demás, y por lo tanto ninguno podría hacer prevalecer su voluntad por sobre la de los otros sectores. Para la procuradora, el mentado "desequilibrio" resulta una "conjetura" que no podría justificar nunca una declaración tan grave como la inconstitucionalidad que invalida una ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Pero eso fue lo que ocurrió ayer, y la ley no podrá ser aplicada.

Habrá que plantearse otras estrategias para lograr la ansiada democratización del Poder Judicial, y un mecanismo más transparente y participativo para la elección de los jueces.

Parece necesario e ineludible hablar de una reforma constitucional. Así lo hizo Bolivia y hace dos años eligió a los magistrados de sus cuatro tribunales supremos por el voto ciudadano, en un ejercicio de soberanía popular que lo pone como ejemplo en América Latina y el mundo entero.

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Argentina: Empezó el juicio oral a los petroleros de Las Heras

Adriana Meyer (OJOS VENDADOS)

En Caleta Olivia tuvo lugar la primera audiencia del proceso oral y público a los imputados por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida en febrero de 2006 en medio de una pueblada en Las Heras para exigir la liberación del sindicalista petrolero Mario Navarro. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos denuncian que se trata de una causa armada en base a declaraciones obtenidas bajo tortura y decenas de irregularidades en la investigación del hecho. Y que suma otro capítulo a la criminalización de la protesta social. “La foto (como la que ilustra esta nota) que las petroleras, la burocracia y el poder político no quieren volver a ver: asambleas multitudinarias decidiendo el rumbo de la lucha”, declaran desde el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras.

Hace más de siete años los trabajadores petroleros de Santa Cruz estaban en plena lucha contra el impuesto a las ganancias, que llaman impuesto al salario, y la tercerización laboral. A la huelga le sumaron cortes de rutas en la provincia, hasta que una orden judicial contra los “cabecillas” de la protesta, tal como decía el escrito, derivó en la detención de Mario Navarro, vocero de los petroleros del sector sindical disidente. Navarro fue encarcelado mientras daba una entrevista sobre el conflicto a Radio Soberanía, la única FM local. Fue el 6 de febrero de 2006, y al rato surgió una pueblada en Las Heras para exigir su liberación. De los 9300 habitantes había más de mil personas en la calle, que llegaron hasta la comisaría y la apedrearon. El gobierno envió refuerzos y el grupo Geop reprimió con ferocidad la manifestación. La multitud se abalanzó sobre los uniformados y varios policías fueron lesionados, con golpes de todo tipo. También se escucharon múltiples disparos, el policía Jorge Sayago fue herido por la espalda y murió a las pocas horas.

El entonces gobernador de la provincia Sergio Acevedo como el gobierno nacional, a través del ex ministro del Interior Aníbal Fernández, acusaron al Partido Obrero. La abogada Claudia Ferrero, de Apel, afirma que “los investigadores dejaron el lugar de los acontecimientos sin perimetrar, permitiendo que se alteraran las evidencias, probablemente para ocultar la utilización de postas de plomo por parte de los policías, algo que fue denunciado por los vecinos”. Lo que siguió, según su relato, fueron “detenciones masivas e injustificadas por parte de la policía porque el poder provincial se enfocó en buscar un chivo expiatorio que cargue con la muerte de Sayago, y a su vez las petroleras consigan escarmentar a las intensas luchas sindicales” que se viven desde hace décadas en ese rincón del sur del país.
Las Heras fue militarizada para terminar con la huelga y los reclamos. Se realizaron numerosos allanamientos en el pueblo. Diecisiete trabajadores de Indus, que habían logrado pasar al convenio petrolero cuando se llegó a un acuerdo en el conflicto, fueron detenidos y acusados del crimen del policía. A esas detenciones se sumaron otras, incluso de algunos vecinos. Las pruebas contra ellos sólo fueron testimoniales, y por declaraciones obtenidas en base a apremios ilegales y terror. A muchos testigos les había allanado su vivienda antes de declarar. El cura párroco de Las Heras, Luis Bicego, cuestionó las detenciones y advirtió que formaban parte de una “caza de brujas”. Inmediatamente, abrió las puertas de la Iglesia, donde se refugiaron más de 200 pobladores temerosos de ser vinculados con el hecho. Esa situación se prolongó durante semanas. Según Ferrero, el resultado de esa cacería constituyó la base de la instrucción penal del juicio por el crimen de Sayago, que acaba de comenzar en Caleta Olivia.

Allí también estuvo Carlos Platkowski, delegado de LAN y abogado del Ceprodh, quien aseguró que "al menos seis petroleros fueron brutalmente golpeados y sufrieron torturas en las comisarías donde se los mantuvo presos hasta 2009, todos en el localidades alejadas de sus familias". Y agregó que "lo que llega a juicio es una causa armada, a siete años de los hechos, que fue declarada nula en dos oportunidades y donde cambiaron jueces y fiscales, en una provincia gobernada desde hace años por el kirchnerismo, que militarizó la zona en defensa de los intereses de las petroleras".

Finalmente quedaron procesados y detenidos Darío Víctor Catrihuala, Juan Pablo Bilbao, Ramón Inocencio Cortéz, Alexis Pérez, José Rosales y Humberto Hugo González, acusados de coacción agravada en concurso real con homicidio calificado. También permanecieron detenidos los trabajadores de Indus Néstor Enrique Aguilar, Daniel Eduardo Aguilar, Rubén Leopoldo Bach, Carlos y Pablo Mansilla, quienes fueron liberados, aunque siguieron acusados de coacción agravada. Posteriormente se detuvo a un menor, involucrándolo en los hechos. Los detenidos permanecieron cerca de tres años privados de su libertad.

“Este juicio pretende legalizar una investigación plagada de apremios, ilegalidades y nulidades, y por otro lado cerrar la cuestión Sayago cargándole su muerte a alguno de los trabajadores imputados”, dijo la abogada que, junto a Andrea Forgueras, asumió la defensa de los trabajadores petroleros, municipales y vecinos imputados. “Sólo se han previsto cuatro semanas para la realización del juicio. A pesar de figurar más de 190 testigos, se pretende la incorporación 'por lectura' de sus testimonios, lo que permitiría que no fuera cuestionada la versión de los hechos por parte de la acusación fiscal. Se trata de un planteo escandalosamente ilegal. El fiscal de Cámara se ha separado de la causa después de plantear la nulidad del requerimiento por impreciso e infundado. Sólo la publicidad de este fraude y la movilización popular podrá dejar al desnudo el carácter ilegal del proceso, y transformar el juicio en una tribuna de denuncia del régimen de terror, apremios y torturas que constituyen la base de la acusación contra los imputados”, denunció Ferrero. “La condena de cualquiera de los acusados en este juicio constituiría un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales en la provincia de Santa Cruz, al que se han sumado 52 maestros de Las Heras en el último mes”, agregó.

Tras el inicio del juicio el tribunal oral de Caleta Olivia pasó a un cuarto intermedio y se tomará hasta el lunes 23 para resolver todas las nulidades planteadas por la defensa, además del rechazo de la incorporación por lectura de los testimonios. "Es una burda maniobra de la fiscalía, porque no quieren que vuelvan a declarar los testigos que fueron apretados, pero además lo que mostraron en la acusación es una causa flojísima con pruebas que no existen, datos confusos y pocos testimonios", explicó Platkowski.

En el marco de la campaña nacional por la absolución de los acusados en este juicio, ya hubo una movilización a la casa de Santa Cruz, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia porque denuncian que se trata de una “causa armada como parte de la política nacional de criminalizar la protesta social, que ha dejado como saldo a más de 5000 personas procesadas por luchar por sus derechos”. En tanto, el Comité de Apoyo por la Absolución de los petroleros de Las Heras --integrado entre otros por la Junta Interna de Ate del Hospital Garrahan, los delegados de la línea 60, los ferroviarios del Sarmiento, la comisión interna de Paty y la agrupación de trabajadores el lucha del Hospital Posadas, entre muchos otros-- dio una conferencia de prensa para denunciar las “gravísimas irregularidades” del juicio. El Comité aspira a formar una comitiva numerosa que pueda viajar a Caleta Olivia para asistir a los tramos esenciales del proceso.

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Argentina: La CTA de Misiones condena la explotación infantil. Tragedia tarefera: Cinco muertos y 18 heridos, varios de ellos niños

Carlos Saglul (ACTA)

“La renta yerbatera se basa en la esclavitud del trabajador rural, aun de sus niños”. A través de esta introducción Rubén Ortíz, secretario Adjunto de la CTA misionera, se refiere a la tragedia que significó la muerte de 5 trabajadores y 18 heridos, muchos de los cuales eran niños, al volcar un viejo camión, casi chatarra que lograba por milagro seguir circulando transportando tareferos y hojas de yerba mate.

Cinco muertos y 18 heridos fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido a la altura de la localidad de Aristóbulo del Valle. Lo protagonizó un camión que transportaba a una cuadrilla de tareferos. Entre los 18 heridos nueve son menores, seis niños. Estos últimos formaban parte de la cuadrilla de trabajo, y eran trasladados en un camión, cuya estructura estaba totalmente “podrida”.

El antiguo camión Ford 7000 cargado con "taraferos", trabajadores de la cosecha de yerba mate, provenientes de las zona de Villa Bonita y Campo Grande. Según el testimonio oficial, se había desviado a caminos vecinales, aparentemente para evitar los controles policiales ubicados sobre la ruta 14 ya que el transporte era una verdadera “ruina”.

Rubén Ortíz, secretario adjunto de la CTA misionera habló con ACTA a su salida de la entrevista con el secretario de Derechos Humanos, Edmundo Soría Vieta, para denunciar lo sucedido: “Acá lo que sobra es impunidad. Estos camiones no andan por caminos alternativos sino por las rutas nacionales. Los ve todo el mundo, aún cuando cargan niños. Aquí se explota a toda la familia tarefera, aún a sus niños. Es parte de la cultura de las patronales que manejan los ingenios”.

“Esto –dice Ortíz- no sería posible sin la complicidad de policías, jueces y la clase política. Más del setenta por ciento de los tareferos está en negro. Es parte de la lógica de esta explotación donde la renta se compone fundamentalmente del trabajo esclavo”.

Cuando se le pregunta por la organización de los trabajadores, señala que “ese es el punto central donde está la Central de Trabajadores de la Argentina y nuestro sindicato de Tareferos, es decir la zona norte, donde la mayoría de los trabajadores dejó de estar en negro y se cobra 496 pesos la tonelada de hoja verde”. En cambio, en el sur “donde está la gente que responde al desprendimiento de la central que responde al gobierno, los tareferos perciben la mitad por tonelada de hoja y la mayoría está en negro. No es casual”, completa su idea el Secretario Adjunto.

Ortíz habla de la hipocresía del sistema: "Ahora para atraer el turismo han armado lo que llaman el circuito tarefero. ¿Vos te creés que le muestran al taferero explotado, a los chicos, que deberían estar en la escuela, trabajando como animales?”. En el campo, las familias viven amontonadas en carpas. Muchas veces ni siquiera hay baños. Bandadas de niños corren con las manos manchadas de tierra sin la esperanza de una escuela. Temprano aprenden que son “fuerza de trabajo”, no seres humanos.

Los fallecidos fueron identificados como Miguel Miranda, de 55 años; Luis Godoy, de 33; Fabián Da Silva, de 23, y Hugo Franco, de 33. Ortiz recuerda otros accidentes similares. Masticando bronca, dice que mientras exista lucha, no serán parte del olvido.“Estoy amargado por el destino de nuestra gente. Necesitamos más CTA, más organización no solo para vivir como seres humanos sino para pelearle a la muerte”.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires: A once años de la Masacre de Avellaneda

APN - ACTA

Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío, denunciaron en una carta pública, que ACTA reproduce en su integridad, que la impunidad sigue vigente.

Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío, en la proximidad de un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda que se llevó la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y dejó un saldo de más de 30 heridos, dieron a conocer el siguiente comunicado:

"Si bien en su momento y a través de la lucha conseguimos que los autores materiales, los que apretaron el gatillo cobardemente contra manifestantes desarmados, madres con hijos, jóvenes, contra Maxi, los que fusilaron por la espalda a Darío, fueran condenados -aunque gozan de grandes privilegios- el poder político continúa impune, amparado por acuerdos oscuros y complicidades perversas.

A 11 años ni Duhalde, ni Fepile Solá, ni Juan José Álvarez, ni Alfredo Atanasof, ni Jorge Matzkin, ni Luis Genoud, ni Oscar Rodríguez, ni Jorge Vanossi, ni Aníbal Fernández, ni el difunto Carlos Soria, entre otros; fueron investigados por aquella Masacre, a pesar no sólo de las sobradas pruebas de la existencia de un plan represivo con reuniones previas, directivas y complicidades necesarias, una autoría ideológica y responsabilidad política del asesinato de Darío y Maxi; sino también de las reiteradas promesas vertidas por los sucesivos gobiernos, y la del mismo gobierno kirchnerista que hoy ya cumple más de diez años en el poder y que prometió, allá por el año 2003, “investigar hasta las últimas consecuencias”.

Es éste gobierno quien, en su doble discurso, se presenta como garante de los Derechos Humanos mientras mantiene a Aníbal Fernández como senador nacional y vocero de las políticas de gobierno, el que en su momento apañara a Soria permitiéndole llegar a ser gobernador de la provincia de Rio Negro en representación del Frente para la Victoria, el que permitiera que Juan José Álvarez fuera por dos períodos consecutivos diputado nacional en alianza con el kirchnerismo, y el que nombrara a Oscar Rodríguez como consejero en la embajada argentina en Uruguay. Es el mismo gobierno que nunca abrió los archivos de la SIDE y que, ante la no investigación de aquella Masacre, termina siendo cómplice del silencio y la impunidad.

En nuestro largo camino nos queda la sensación de que una parte de nuestras vidas se desangró junto a Darío y a Maxi aquel 26 de Junio de 2002. Pero, a la vez, hemos aprendido que la lucha que impulsamos, como familiares y amigos, como compañeros, es también la lucha que Darío parió hasta el último momento de su vida y el ejemplo a seguir que nos dejó. Por eso seguimos peleando por justicia, contra la impunidad y por la memoria y a la vez levantamos con orgullo la bandera de Darío y su ejemplo de lucha, de amor y de entrega.

Pero hemos aprendido en todos estos años que la lucha contra la impunidad no se expresa sólo en buscar justicia por lo que paso aquel 26. Sabemos que luchar por Justicia es pelear por que en este país no mueran más pibes por el gatillo fácil, porque la redes de corrupción, trata y narcotráfico no se lleven la vida de nuestros hijos e hijas, por que no queden impunes las muertes de las jornadas del 19 y 20, por que el “Nunca Más” se haga cuerpo y aparezcan Luciano Arruga y Julio López, por que se respete la vida de nuestros pueblos originarios. Darío sentenciaba ya por aquellos años, frente al asesinato de Javier Barrionuevo en el año 2002, “¿Cuántas muertes más quieren?”. Por eso es que nuestro compromiso, como familiares sigue siendo el luchar por los Derechos Humanos de ayer y de hoy, contra la impunidad en todas sus formas. No elegimos este lugar, pero asumimos la responsabilidad que nos toca, por Darío, por Maxi, por un presente y un futuro con Justicia, con igualdad y dignidad.

Sentimos también que este camino, estas banderas, estas enseñanzas, no las aprendimos solos. Esa lucha que parió Darío también dio nacimiento a miles de Daríos, a miles de hombres y mujeres jóvenes que hoy se entregan como él lo hizo, que se organizan porque sienten en lo más profundo, como él solía decir parafraseando al Che, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa entrega, ese acto de amor, es el que nos renueva día a día y que nos inyecta la vida necesaria para seguir adelante".

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Angeles y los vampiros mediáticos

Silvana Melo (APE)

Cuando en noviembre de 2009 la familia Pomar salió de viaje desde José Mármol rumbo a Pergamino y nunca llegó, el patetismo de los relatores mediáticos fue un mojón que parecía difícilmente superable. En este caso, con la inestimable ayuda de la policía, que nunca busca, si busca jamás encuentra, pero siempre -siempre- opera.

Los Pomar estuvieron desaparecidos 24 días. Candelaria, de 6 años y Pilar, de 3, el caniche de las chicas y el matrimonio habían muerto estrellados en un monte después de perder el control en la ruta 31. Apenas a 15 metros del camino hiperrastrillado por la bonaerense. La policía y los medios, que funcionan como voceros y amplificadores, dijeron: que los Pomar habían huido del país por deudas. Que Fernando Pomar había matado a su familia porque era violento. Que los habían secuestrado a raíz de sus negocios sucios. Pero habían muerto en un accidente de tránsito, como decenas de miles. Solos de aterradora soledad. Sin búsqueda ni auxilio. Nunca pudieron defenderse de la policía que no los buscó ni de los medios que tiñeron, durante 24 días, su historia de oscuridad y violencia.



Poco duró el crespón en el pecho de un poder mediático que siempre se recicla. Y que en el cuello de una piba de 16 años, de clase media acomodada, que aparece muerta en una bolsa en el Ceamse de José León Suárez, encuentra un espacio propicio para clavar los colmillos y calmar su sed hemorrágica. Los mismos que fueron capaces de opinar sobre “la vida sexual de Candela Sol Rodríguez”, víctima propiciatoria de apenas once años, inmolada por la peor diversidad de monstruos sistémicos, buscaron culpables vorazmente un viernes de junio, desde los empleados del Ceamse al padrastro, desde los cirujas al medio hermano, desde un violador serial a los marginales de la tierra que salen a cazar niñas a las diez de la mañana por Palermo.

Culpables

En la tarde - noche del 14 de junio de 2013 la televisión argentina transmitió por primera vez el desarrollo de una causa judicial, durante horas, en vivo y en cadena. Gracias a los relatores, en cuatro días la muerte de Angeles fue un hecho terrible de inseguridad, una violación y asesinato, un asesinato a secas, un crimen cometido como consecuencia de “una familia ensamblada”. Entre otras especulaciones. En pocas horas hubo un padrastro y un hermanastro acusados, un padrastro detenido, una madre cómplice. Y un encargado de edificio esposado. Un compendio del horror. Un capítulo de Walking Dead donde los zombies bebedores de sangre ajena son periodistas especialistas en nada, conductores de programas de chimentos, movileros obligados a enviar una fruta, cualquiera. Y un episodio de banalización mediática del que difícilmente se vuelva.

“Nada parece real sino en una escena hiperreal asemejable al mundo del espectáculo”, pensaba Baudrillard cuando la Guerra del Golfo se convirtió en la primera guerra transmitida en vivo y en directo. ¿Cuál es la diferencia con la transmisión, durante horas y atravesando todos los programas, del desarrollo de la causa judicial por el crimen de Angeles Rawson? “Una escena hiperreal asemejable al mundo del espectáculo”.

La banalización de la tragedia cuando se la encuadra en el esquema mediático masivo implica su reducción a culebrón, serie policial o ambas, según corresponda. Y en medio de la utilización de cada uno para la propia conveniencia, se pierde de vista la real dimensión humana de las tragedias.

La mano dura

Para llegar al cenit de la escena hiperreal en Infama y Animales Sueltos, la historia comenzó el martes, cuando se encontró el cuerpo de Angeles en el Ceamse de José León Suárez. Vejada cruelmente, golpeada, torturada y asesinada, dijeron los medios, sin esperar una mínima pericia. Un festín para los vampiros de la inseguridad, que salieron a coro a pedir: pena de muerte y/o castración para los violadores; el desentierro de un registro de ADN lleno de polvo en el Congreso de la Nación -el mismo ministro de Justicia pisó el palito y anunció que se pondría en marcha-; fin para la “política garantista de derechos humanos para los delincuentes”; mano dura para los limpiavidrios de la 9 de Julio y urgente cacería de trabajadores y cirujas del CEAMSE -propuesto por un indefinible periodista de C5N-, indudablemente responsables de secuestrar, violar y matar a una adolescente de 16 años de clase media acomodada. Un caso perfecto para la retroalimentación medios - sociedad: títulos sobre la inseguridad que ya no se soporta, entrevista al padre de la chiquita y elección de un textual determinado para el título: “hay que recordar esto a la hora de votar”. Etc.

El problema comenzó cuando las pericias demostraron que no había existido violación. Y que Angeles no había sufrido “otros actos de violencia física más allá de la acción que causó su muerte” (textual del documento pericial). El tema, abruptamente, bajó de los titulares. Había que reacomodarse. Pero por suerte apareció el choque de trenes en Castelar para conceder la dosis de tragedia necesaria y no ingresar en el temido período de abstinencia que genera mudanzas y bajos encendidos.

200 horas de aire

Sin embargo Angeles, horriblemente revictimizada después de su muerte, seguiría ofreciendo yugulares para la avidez de tanto colmillo. Canales y diarios irrumpieron en su Facebook, robaron sus fotos, expusieron a sus amigos y amigas (todos chicos de su edad, frágiles y lacerables), desnudaron su intimidad con picos de rating inéditos para la tv por cable (entre 10 y 11 puntos el viernes a la noche, en horario central), se pasearon desparramando barro por la privacidad de su familia y culparon alegre e impunemente durante 200 horas de transmisión televisiva (informe Consultora Ejes de Comunicación). En el caso Candela, la filtración judicial de grabaciones telefónicas, las especulaciones obscenas, el reconocimiento del cuerpo por parte de la madre -con el Gobernador presente y una cámara de C5N inmortalizando el momento- tras el asesinato de la nena no fueron tan explosivamente excesivos: apenas 85 horas en el aire.

El clímax mediático llegó cuando el giro de las pistas apuntó hacia la familia. Periodistas, conductores, animadores, habladores de todos los temas sin conocer ninguno, seudo especialistas desinformadísimos, movileros que llenaban de palabras vacías -y en algunos casos peligrosas- los enormes baches con imagen de la fiscalía y el edificio de Palermo, todos opinando sobre la vida de una familia en la escena hiperreal de Baudrillard, pero rebajada ya no al espectáculo sino al chusmerío bizarro de Intrusos. Un periodista con apellido de conquistador español relataba en Canal 9 “un dato impactante”: la ex mujer del padrastro había muerto de leucemia. La mamá de Angeles era su íntima amiga. Pero cuando murió, se le quedó con el marido. ¿Crucial para la causa?. ¿Fundamental para saber quién asesinó a Angeles?. Chusmerío de esquina.

Los zócalos de los noticieros, con letras catástrofe, hablaban de “el padrastro preso como autor”. “Todo apunta al padrastro y al hermanastro”. Una familia atravesada por el peor de los dolores y destruida por una exposición mediática de enorme perversidad. Una información manipulada para que circule por los caminos de la necesidad televisiva. Una mercancía para ofrecer en vidriera con el packaging más atractivo. Es decir: el cadáver de Angeles expuesto con su padrastro en las puertas del cadalso. Ideal.

Una escena hiperreal más, con la estética del espectáculo pochoclero.

Siempre los mismos

Sin embargo, al final de la noche, cuando las programaciones ya estaban más cerca del Llame ya! que de Alejandro Fantino el preso resultó el encargado del edificio. Y -hasta ahora- el único imputado como autor. Confeso.

No necesariamente ese final indeseado para el suspenso de la noche del viernes implique la inocencia absoluta de los familiares directos. Habrá tiempo para saberlo. Y si esos familiares directos fueron tan víctimas como Angeles, se habrá escrito uno de los capítulos más tristes del periodismo de estos tiempos.

El de la morbosidad, el la información sin chequear, el de la construcción de una historia a medida como se fabrica una camisa. Una mercancía a tono de la necesidad del consumidor. Sin importar el costo ni lo que va quedando en el camino. Pero con un detalle: fuera del aire se muere de verdad. Y mueren también chicos y jóvenes en las calles y en las comisarías y se esfuman y se los traga la tierra y casi jamás logran el milagro de un minuto de aire. De un segundo de visibilidad en la comparsa mediática. Donde los que bailan y ríen y opinan y deciden son los otros. Siempre los mismos.

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Argentina, Córdoba: Juicio La Perla. Recorrido por el “temible” D2

Katy Garcia (PRENSA RED)

En el marco de megacausa La Perla, los Jueces y las partes realizaron junto a dos testigos el recorrido de rigor por el ex Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), ubicado a escasos metros de la Plaza principal, del Cabildo Histórico y de la Catedral. Al término de la inspección, Jaime Díaz Gavier destacó que este acto procesal permite “comprender el relato del testigo y reconstruir los hechos”.

Reunidos en la actual Sala de los libros prohibidos y guiados por la directora del actual sitio de memoria, Ludmila da Silva Catela, los jueces Jaime Díaz Gavier (Presidente) junto a sus pares Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Ochoa (cuarto juez); el fiscal Carlos Facundo Trotta y los abogados de las partes, recibieron información sobre el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

En el lugar les fue presentado en formato video los planos del lugar y fotografías del acervo documental. Fue impresionante observar imágenes con personas detenidas- en su mayoría jóvenes- y policías con vendas en la mano, listas para ser colocadas, y capuchas.

Por este sitio de detención y tortura se calcula que pasaron unas 20 mil personas entre 1971 y 1982. El objetivo de este departamento policial era perseguir y reprimir los delitos de la “subversión”.

Un primer recorrido fue realizado solamente con la prensa y un segundo con los testigos Jorge De Breuil y Gloria Di Rienzo, sobrevivientes de la dictadura cívico militar y ex detenidos en el D2.

Así, se visitaron sucesivamente el despacho del comisario Pedro Raúl Telleldín, responsable máximo del lugar; las oficinas y salas de tortura, la zona de los calabozos y baños, el pasillo que conduce al famoso “tranvía” tantas veces nombrado por los testigos.

Después se inspeccdionó el patio de la alcaidía que en aquél momento comunicaba con la sede de la Policía (Cabildo histórico), donde también había celdas.

Los testigos tuvieron la dura tarea de reconocer, sin vendas, estos espacios que aún mantienen esa estructura laberíntica original donde fueron torturados, picaneados, maltratados, mientras permanecían vendados y atados. De Breuil, señaló a la celda donde se encontraba Marcos Osatinsky, dirigente de Montoneros.

Luego de los interrogatorios que duraban varios días los prisioneros eran distribuidos a otros centros clandestinos como La Perla o La Ribera, o bien eran enviados a la penitenciaría.

El D2 se constituyó en los setenta en uno de los centros de persecución, detención y tortura más temidos por los cordobeses. Si bien dependía del Tercer Cuerpo de Ejército conducido por Luciano Benajamín Menéndez actuaba con autonomía. De allí surgió el Comando Libertadores de América, aparato parapolicial, que actuaba con igual o mayor ferocidad que la Triple A.

Sobre el final del procedimientro, Díaz Gavier reflexionó que “…uno ve aquí pisos, paredes, de modo accesible, mientras que para algunos habrá significado dolor. Es conmovedor. Y es increíble que haya ocurrido acá, donde pasaba la gente y seguía”.

Hoy como ayer las campanadas de la Catedral se escuchaban claras, fuertes, reiteradas.

El próximo martes 25, continúa la audiencia con la recepción de testimonios.

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Mackentor: Confirman el procesamiento de Menéndez

En otro orden, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por jueces Abel Guillermo Sánchez Torres, Carlos Julio Lascano y José Pérez Villalobo, resolvió por unanimidad dictar el sobreseimiento de Jorge Rafael Videla por fallecimiento en la causa que investiga los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, usurpación y robo calificado, y de privación ilegítima de la libertad agravada por extinción de la acción penal en su contra. Y confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez como autor mediato de allanamiento ilegal de domicilio, usurpación y robo calificado.

El 25 de abril de 1977, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, dependiente del Tercer Cuerpo, ingresaron de manera ilegal y se apropiaron de la totalidad de las instalaciones de la empresa Mackentor (talleres, depósitos, bienes muebles; dos campos ubicados en la Santiago del Estero; una finca vitivinícola en San Juan, una planta de fabricación de caños de alta presión en Córdoba; oficinas en la ciudad de Buenos Aires; y de las empresas Horcen (Hormigón Centrifugado Sociedad Anónima), EDISA SA. dedicada a la fabricación de refrescos.

En tanto que el 28 de abril de 1977, el Comandante de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, General de Brigada Arturo Gumersindo Centeno (fallecido), solicitó y obtuvo la autorización judicial para que el Ejército se haga cargo del “manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones”. Adolfo Zamboni Ledesma hizo lugar al pedido, dispuso la intervención de las firmas y designó al Coronel (RE) Rodolfo Batistella.

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