lunes, 29 de julio de 2013

El IV Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores” en Joao Pessoa, estado de Paraíba, en el nordeste del Brasil (Parte II)

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Se llevó a cabo EL IV Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores” en Joao Pessoa, estado de Paraíba, en el nordeste del Brasil, organizado por la Incubadora de Empreendimentos Solidários – INCUBES, de la Universidad Federal de Paraiba y el Programa Facultad Abierta, de la Universidad de Buenos Aires.

El Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores”, surgió como un espacio de intercambio entre académicos, militantes y trabajadores acerca de los problemas y las posibilidades de la autogestión y la regeneración de un proyecto político, económico y de sociedad por parte de la clase trabajadora y los movimientos sociales, así como debatir críticamente las prácticas de investigación académica en estos temas.

He aquí algunas de sus voces.

Los países latinoamericanos son un enorme laboratorio de experiencias innovadoras

Celia Pacheco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Dpto. de Sociología, México)

MH: Estamos participando del IV Encuentro Internacional de fábricas recuperadas en Joao Pessoa, Brasil, pero tengo entendido que el mismo fue precedido por un pre-encuentro en México.

CP: Lo organizamos en junio en la Universidad Obrera en la ciudad de México, participaron treinta ponentes en su mayoría de organizaciones de trabajadores.

MH: ¿Cuál es el presente de las empresas recuperadas por sus trabajadores en México?

CP: No son tantas como en el Cono Sur, sin embargo hay algunas que ya tienen varios años y son muy importantes, sobre todo, la empresa Pascual que es una refresquera que ya tiene unos treinta o más años de haber sido recuperada por sus trabajadores. Es el mismo caso que hemos visto aquí reproducirse muchas veces de una empresa que empieza a tener deudas con sus trabajadores, a pedirles que tengan paciencia, que les van a pagar más adelante, hasta que llega un punto en que cierra. Entonces los trabajadores tomaron la empresa, disputaron la marca, que fue muy importante, y el dueño la pierde, quien por cierto es el mismo de los Jugos del Valle y así los trabajadores conservan la producción de refrescos a partir de frutas naturales. Han tenido muchísimo éxito.
Otra empresa muy importante es la cementera Cruz Azul que es una cooperativa.

MH: Incluso tiene un equipo de fútbol.

CP: Así es y de hecho también toda una ciudad, alrededor de la fábrica, que depende de la producción de cemento. Tienen un consorcio enorme. El éxito los lleva a tener competencia de índole capitalista y, poco a poco, a tener problemas para conservar los ideales, los principios cooperativos, a tener problemas de funcionamiento, a perder algunos de los trabajadores la ética, empezando a buscar beneficios particulares. En verdad no ha sido para nada sencillo.
Otra muy importante es la fábrica de llantas Euskadi. La filial mexicana aparece un día cerrando y los trabajadores no lo permiten y empezaron con un movimiento nacional que luego se internacionaliza ya que la sede central se encuentra en Alemania. Hacen vínculos con los trabajadores de ese país y otros, y al cabo de una lucha de algunos años logran ganar y se quedan con la maquinaria, la planta y la producción. Al día de hoy es una fábrica autogestionada que tiene vínculos con el sector llantero en EE. UU., con Continental, por ejemplo.
En un documento filmograbado que trajimos a este Encuentro hay participaciones de estas experiencias, incluso un debate en torno al tema del socialismo.
Cruz Azul no participó en el Encuentro mexicano, pero Pascual y la empresa de neumáticos, que ahora se llama Tradoc (Trabajadores de Occidente), que se encuentra en la zona del Bajío, en México, sí lo hicieron.

MH: ¿Qué conclusiones sacaste de este Encuentro?

CP: Primero, el crecimiento. El primero se llevó a cabo en 2007 y al día de hoy ha crecido la participación, la cantidad de ponencias, los países, también los ejemplos se han multiplicado, los desafíos y los problemas. Las experiencias en el terreno de la reflexión han llevado a tratar de encontrar otros marcos teóricos y bibliografía más adecuada para explicar estos fenómenos.
Por otra parte, el conocimiento directo a través de los propios trabajadores es el mejor elemento que se puede tener para un grupo de académicos interesados, como es mi caso. Alimentar esa reflexión, actualizarla y ponerla a tono, sobre todo para los países latinoamericanos, que necesitamos desarrollar nuestros propios debates e interpretaciones, pero no a partir de lo que ocurre en otras partes del mundo como antaño, sino de lo que está ocurriendo en las realidades paralelas que son un enorme laboratorio de experiencias, no solo productivas, sino también auto-creativas, innovadoras y con aspectos socio-culturales de cambio radical. Nos parece que por ahí está surgiendo algo nuevo.


La experiencia acumulada permite que las nuevas no empiecen de cero

Anael Rieiro: Vengo de la Universidad de la República, Uruguay. Soy la coordinadora de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, soy socióloga e investigadora de la facultad.

MH: ¿Cuál es la actualidad de las empresas recuperadas en Uruguay y la vinculación con la Universidad?

AR: Podríamos decir que estamos armando el vínculo. Hace años que venimos aportando, pero la realidad de la Universidad es que funciona muy fragmentada, por ejemplo, las investigaciones a nivel de proyectos y las distintas cátedras, con muchos compartimentos, parecido a lo que ocurre en la Universidad argentina. Estamos tratando de hacer confluir todos los esfuerzos que están separados a través de estudiantes, tesis, extensión, investigación y docencia, que están desarticulados, para generar un vínculo más coherente, de acumulación.
En relación a las empresas recuperadas estamos en una coyuntura especial dado que se creó el Fondes (Fondo de Desarrollo) hace tres años en el gobierno del Frente Amplio, que es un fondo de crédito bastante fuerte conformado por el 30% de las ganancias del Banco de la República donde se le da prioridad a los emprendimientos autogestionarios.
Se han cubierto ocho propuestas grandes como la de la ex Pluna. La semana pasada a una empresa ceramista le otorgaron U$S 10.000.000. Se trata de un contexto nuevo y la mayoría de los proyectos financiados son empresas recuperadas.
El fondo también contempla la financiación de empresas nuevas, pero los proyectos presentados hasta ahora son de empresas recuperadas.
Hubo una etapa previa de diez años en la que pudieron sobrevivir, con un montón de aprendizajes y ahora pasaron a una etapa en que esa precariedad tine un apoyo crediticio que implica nuevos desafíos.

MH: ¿Cuál es tu primera impresión del Encuentro que está finalizando hoy en Joao Pessoa?

AR: Fue muy positivo por la búsqueda del intercambio de experiencias de los distintos países latinoamericanos, si bien han participado también España y Sudáfrica. Se fortalece mucho el vínculo viendo cuál es la realidad, las políticas públicas de los emprendimientos en Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Cuba, etc.
Esa perspectiva, así como hablaba de la Universidad, permite fortalecer el relacionamiento. Sin duda, la experiencia acumulada permite que las nuevas no empiecen de cero, sino que puedan aprovechar el camino recorrido desde hace más de diez años. Hay mucho aprendizaje, lo que falta es la síntesis para acumular y potenciar los nuevos emprendimientos.


La tarea estratégica es recrear el socialismo, respondiendo a las nuevas realidades

MH: Con Silvia Díaz, una de las primeras legisladoras trotskistas en Argentina, en este momento representando a FACTA (Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados) y concluyendo una de las presentaciones más profundas del Encuentro que ha tenido un alto nivel en cuanto a las propuestas y análisis. Ya se va cerrando, ¿qué podés rescatar?

SD: La participación de representantes de organizaciones cooperativas y también de trabajadores en relación de dependencia de muchos países de nuestra América Latina, también de España que está viviendo un proceso importante como experiencia para todos. Además del caso de Venezuela y el propio Brasil. Juntar a todas esas experiencias, poder reflexionar juntos, fue un logro muy importante.
También creo que como producto de eso se han instalado temas, preocupaciones y algunos aportes para dar esa gran respuesta que tenemos que ir armando con los trabajadores y los sectores populares de todo el continente y más allá. Así que lo considero como un aporte, un paso en el camino de esa búsqueda que es tan importante.

MH: En tu exposición retomaste conceptos de la conferencia que diera Ricardo Antunes en la noche del miércoles y también señalaste enfáticamente que se consideraban trabajadores.

SD: Insistimos en esta última definición porque dentro del movimiento cooperativo hay miradas que respetamos pero no compartimos que consideran al asociado a una cooperativa una mezcla de empresario y trabajador.
Nosotros creemos que somos trabajadores que autogestionamos nuestras empresas. Es algo muy distinto. Somos parte de la clase trabajadora. Esa confusión que somos medio empresarios puede llevar, como acá se señaló, a ser un salvavidas de un capitalismo en crisis, haciéndonos cargo de los sectores menos rentables y terminar autogestionando la pobreza. No aceptamos eso, nosotros somos trabajadores y tratamos de unir a todos los trabajadores autogestionados o en relación de dependencia para luchar por la transformación de conjunto en nuestros países y sociedades para que un trabajo digno nos permita que derechos como la salud y la educación se hagan realidad para el conjunto del pueblo.
En relación a Ricardo Antunes me pareció muy importante cuando planteó que la tarea estratégica, de fondo, ante esta brutal crisis que el capitalismo descarga sobre los trabajadores, con más precarización laboral, con más miseria, es tratar de buscar un proyecto que supere al capitalismo. En su intervención rescató volver a decir socialismo con toda la fuerza, pero que va a haber que reinventarlo porque no se trata de copiar experiencias que tienen cosas rescatables pero que alcanzaron sus límites y enriquecerlas tomando en cuenta las nuevas realidades que vive el mundo, el desarrollo tecnológico y la propia conciencia de los trabajadores. Me pareció muy bueno volver a reafirmar el socialismo pero al mismo tiempo hacer una apelación a la creatividad de los pueblos, a todos nosotros para recrearlo respondiendo a las nuevas realidades.

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La privatización de la guerra: “Empresas de seguridad privadas contratadas para operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas”

José L. Gómez del Prado

Con el fin de discutir la utilización de empresas militares y de seguridad privadas con uso de la fuerza armada para proteger al personal de las Naciones Unidas y a los locales de la Organización en el terreno, así como la utilización de este tipo de empresas en las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz, la ONU ha convocado un Panel de Expertos en su Sede en Nueva York, el 31 de Julio de 2013. El actual Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios organiza dicho Panel.

En otras palabras, Naciones Unidas contempla la posibilidad de privatizar las operaciones humanitarias y del mantenimiento de la paz: un objetivo de varios miles de millones de dólares al año que el cartel de las empresas militares y de seguridad privada lleva codiciando desde hace muchos años.

Desde que Gregory Starr asumió el puesto en Naciones Unidas de Secretario General Adjunto para la Seguridad en 2009 y comenzó a externalizar la seguridad de la Organización al sector privado, dicho Departamento ha estado elaborando directrices y criterios para dar un aspecto de legitimación a la utilización de empresas militares y de seguridad privadas ya que la utilización de tales empresas conlleva una imagen negativa debido a las graves violaciones de derechos humanos que dichas empresas han cometido en situaciones de conflicto o de post-conflicto como Iraq.

En 2012, el Departamento de Naciones Unidas encargado de la seguridad publicó un documento sobre la Política de Naciones Unidas. Asimismo dicho Departamento ha elaborado unas Directrices a seguir por la Organización sobre la utilización de empresas militares y de seguridad privadas que pueden hacer uso de la fuerza armada.

Según los organizadores el objetivo del Panel de Expertos que se reunirá en julio de 2013 en Nueva York es fomentar la discusión y provocar respuestas de la sociedad civil a las Directrices emitidas por el Departamento encargado de la seguridad de Naciones Unidas.

Las conclusiones del Panel de Expertos se incluirán en el próximo informe anual que el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios someterá a la Asamblea General.

Sin embargo, se puede plantear la cuestión de si uno de los principales objetivos del Grupo de Expertos de julio no es presentar y aprobar las Directrices de las Naciones Unidas con miras a lograr un paso más en la legitimación de la utilización de empresas militares y de seguridad privadas por el sistema de las Naciones Unidas.

Es interesante recordar que Gregory Starr antes de entrar en Naciones Unidas fue Director del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de EE.UU. Y que fue uno de los principales promotores en externalizar la seguridad de los diplomáticos de EE.UU a empresas militares y de seguridad privadas como Blackwater.

En este contexto hay que recordar que dos ex Secretarios Generales de la ONU han hecho propuestas para proveer a la Organización Mundial con un pequeño grupo de fuerzas permanentes que podrían estar a la disposición de la Organización en todo momento, de conformidad con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.

En efecto, los Estados miembros de la ONU aún no han implementado un ejército permanente de las Naciones Unidas o en su defecto una fuerza policial de la ONU según lo previsto en la Carta de la Organización.

Como resultado, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se han basado únicamente en coaliciones ad hoc de Estados voluntarios dispuestos a proveer personal militar nacional. La consecuencia en la mayoría de los casos ha sido una serie de disfunciones de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU así como de las operaciones de seguridad por falta de compromiso de los Estados Miembros de la ONU de facilitar el personal y los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de las operaciones de mantenimiento de la paz (1).

El Departamento para la Seguridad de la ONU parece haber optado por la privatización de la seguridad de la Organización.

Sin embargo, no hay que olvidar que las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) son la reencarnación moderna de un largo linaje de proveedores privados de la fuerza física, como corsarios, bucaneros y mercenarios (2).

En los siglos XIX y principios del XX, las naciones adoptaron instrumentos internacionales para regular las actividades de los corsarios y bucaneros (3).

Los mercenarios, que habían desaparecido prácticamente durante los siglos XIX y XX, volvieron a aparecer en la década de los años 1960 durante el período de descolonización, operando principalmente en África y Asia. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se aprobó una Convención que pone fuera de la ley y criminaliza las actividades de los mercenarios (4).

Con el fin de evitar el estigma que produce la etiqueta "mercenarios", estas entidades no estatales de combatientes, de free-lancers ha venido cambiado y adoptándose como los camaleones y ha pasado de llamarse "perros de la guerra" a "empresas militares privadas" en los años 90, cuando se crearon empresas como Executive Outcomes y Sandline , y más recientemente se han hecho llamar "contratistas privados" y "empresas de seguridad privada", durante la intervención de Estados Unidos en Afganistán e Irak y el desarrollo de la industria de la seguridad en el inicio del siglo XXI; y más recientemente han cambiado nuevamente y actualmente, coincidiendo con el desarrollo del cartel de la industria de la seguridad privada, se denominan "proveedores de servicios de seguridad privada".

La externalización generalizada en los últimos años de funciones militares y de seguridad a las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) por los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y las empresas multinacionales en situaciones de conflicto de baja intensidad, conflictos armados, post-conflictos, socorro internacional y operaciones humanitarias constituye un fenómeno de gran importancia.

En muchos casos, se contrata a empresas privadas con el fin de evitar la responsabilidad directa de los gobiernos o de organizaciones. La utilización de estos contratistas privados para apoyar las operaciones en Irak y Afganistán, y las violaciones de derechos humanos en los que han participado han sido el foco de la atención internacional. Y ha generado un debate sobre las funciones de las EMSP, las normas bajo las cuales deben operar, y cómo controlar sus actividades.

La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el órgano predecesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alertada por las violaciones cometidas por dichas empresas militares y de seguridad privadas, estableció en 2005 el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios con el mandato de analizar las tendencias modernas del mercenarismo.

En 2010, el primer Grupo de Trabajo sobre mercenarios de la ONU, después de haber cumplido su mandato de seis años, presentó a Naciones Unidas un proyecto de convención que había elaborado para regular y supervisar las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas.

En Afganistán no sólo ha habido violaciones de derechos humanos por dichas empresas sino también, como en otros lugares, colusión de las empresas internacionales militares y de seguridad privadas en casos de corrupción con el gobierno y negocios ilegales.

Dichas actividades incluyen la creación de la inseguridad, con el objetivo de asegurar el negocio a esas empresas e incluso de ampliar los contratos mediante sobornos a grupos anti-gubernamentales para garantizar la circulación de convoyes militares y de acción humanitaria, así como dando asilo y protección a sospechosos o presuntos autores de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. También hay información que indica que empresas militares y de seguridad privadas, contratadas por el gobierno de EE.UU., han tenido una relación privilegiada con los Talibanes.

El proyecto de convención presentado por el primer Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de Naciones Unidas, contiene una serie de normas y procedimientos para regular a estas empresas a nivel nacional e internacional. También prevé medidas de control que las organizaciones intergubernamentales tales como las Naciones Unidas y la OTAN deberían adoptar, así como la prohibición de subcontratar al sector privado una serie de funciones inherentemente estatales que son parte de la soberanía de los Estados.

En muchos países el número de personal de seguridad privada por cada 100.000 habitantes ya es mucho mayor que el de la policía activa. Entre estos países se pueden mencionar: Angola, Argentina, Australia, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, República Checa, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Jamaica, Japón, Kenia, Luxemburgo, Panamá, Polonia, Rumania, Federación de Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, Turquía y EE.UU. (5)

Tras la propuesta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas "de un instrumento internacional para regular y controlar las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas”, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un Grupo intergubernamental de composición abierta, encargado de debatir y negociar una posible convención.

Pese a que una mayoría de Estados Miembros de la ONU está a favor de las medidas de regulación y control, la posición de los Estados occidentales es un rechazo total a la regulación y los mecanismos de supervisión internacionales. Su posición es comprensible, ya que la nueva industria de seguridad, en todo su auge y florecimiento, se encuentra en los países occidentales y en particular en el Reino Unido y los EE.UU., donde el setenta por ciento de esas empresas se encuentran.

Cabe señalar que, paralelamente a la creación del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios y con el fin de evitar cualquier regulación internacional o estatal, así como las críticas por violaciones de derechos humanos, la industria internacional de la seguridad con grupos como la Asociación Operación Estabilidad (ISOA) de Estados Unidos y la Asociación Británica de Empresas de Seguridad Privada (BAPSC) y el respaldo de los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, lanzaron en 2006 lo que se conoce como la Iniciativa Suiza.

Dicha Iniciativa Suiza incluye una serie de acuerdos de autorregulación entre ellos el Documento de Montreux y el Código Internacional de Conducta, que ya han firmado cerca de 700 empresas militares y de seguridad privadas que operan en el ámbito internacional.

Entre las casi 700 empresas militares y de seguridad privadas firmantes del Código se encuentran empresas como Blackwater (que ahora figura como Academi después de haber cambiado dos veces su nombre), United Resources Group, G4S y su filial Armor Group o Triple Canopy, todas ellas implicadas en graves violaciones de derechos humanos; o empresas como DynCorp, Blackwater y Aegis (otra empresa que ha cambiado de nombre y que se llamaba Sandline), todas ellas con un pasado turbulento; o empresas como la ugandesa Saracen Uganda Ltd. presuntamente implicada en capacitar a paramilitares en Puntland, Somalia y violar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Es interesante señalar que no se ha sometido a ninguna de las empresas signatarias del Código Internacional de Conducta a cualquier tipo de control. Mecanismos de supervisión, tales como: (i) certificación, (ii) auditoría y control, y (iii) sumisión de informes sólo se aplicarán una vez que se haya establecido la Asociación del Código Internacional de Conducta.

Las empresas militares y de seguridad privadas no están reguladas ni controladas por los gobiernos: se autorregulan ellas mismas. Y consecuentemente operan por lo general en un vacío jurídico sin respetar el derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Con el fin de proporcionar una cierta legitimidad, el desarrollo más reciente de la Iniciativa Suiza va a ser el establecimiento de una asociación-cartel internacional - en Ginebra. Con esta apariencia de legitimidad se espera dar una zancadilla a cualquier proyecto de elaboración de un instrumento internacional de regulación así como seguir obteniendo contratos de las Naciones Unidas y de las organizaciones intergubernamentales del sistema de Naciones Unidas en operaciones humanitarias y por qué no en operaciones de mantenimiento de la paz.

La creación de la Asociación del Código Internacional de Conducta (ICOCA) de las EMSP va a tener lugar durante la conferencia que se va a celebrar en Ginebra los días 19 y 20 de septiembre de 2013. La Asociación va a ser oficialmente establecida bajo la ley suiza y se elegirá el primer Consejo de Administración.

El Gobierno de Suiza, como estado anfitrión de la ICOCA, se ha comprometido a contribuir con 467.500 dólares anuales durante los dos primeros años, y ha indicado la posibilidad de una mayor contribución después de ese período. El Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a participar con 300.000 euros como contribución inicial. Los Estados Unidos y Australia también han manifestado su intención de contribuir con donaciones a la Asociación.

A estas contribuciones hay que añadir la financiación de la misma industria de seguridad, es decir, la cuota de suscripción individual que cada una de las empresas militares y de seguridad privadas tendrán que hacer obligatoriamente todos los años como miembros de la Asociación. Dicha cuota está en función con el nivel de ingresos de cada empresa. Se puede decir que el nuevo cartel de seguridad no nace pobre.

José L. Gómez del Prado es Ex miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios

Notas:
1) Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN document A/55/305 – S/2000/809.
2) Hin-Yan Liu, Leashing the Corporate Dogs of War: The Legal Implications of the Modern Private Military Company, 15 J. CONFLICT &SEC. L., 141–168 (2010).
3)The 1856 Paris Declaration Respecting Maritime Law states in Article 1: “Privateering is, and remains, abolished.” Declaration of Paris (Apr. 16, 1856), in CONVENTIONS AND DECLARATIONS BETWEEN THE POWERS CONCERNING WAR, ARBITRATION AND NEUTRALITY 10 (1915) available at http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/105?OpenDocument.
The 1907 Hague Convention Relating to the Conversion of Merchant Ships into Warships further expands on this rule. Article 1 of the Convention stipulates, “A merchant ship converted into a war-ship cannot have the rights and duties accruing to such vessels unless it is placed under the direct authority, immediate control, and responsibility of the Power whose flag it flies.” Convention Relative to the Conversion of Merchant Ships into War Ships (1907) in JAMES BROWN SCOTT, 2 THE HAGUE PEACE CONFERENCES OF 1899 AND 1907 423 (1909), available at http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/210?OpenDocument.
4)International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries art. 1, December 4, 1989, 2163 U.N.T.S. 75
5)See Nicolas Florquin, Small Arms Survey 2011: States of Security, Geneva.

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Argentina: Crisis energética

PUENTE UNO

Hugo Palamidessi, experto en energía nuclear y miembro del grupo MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora), es entrevistado para profundizar el acuerdo Chevrón-YPF, y dada su experiencia, los temas que hacen a la energía nuclear en la Argentina.



Hugo Palamidessi es Ingeniero, vicepresidente del Grupo MORENO y experto en temas nucleares.

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Ajuste del salario mínimo

Julio Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

En dos cuotas se actualizará el salario mínimo según dispuso el Consejo del Salario Mínimo, el Empleo y la Productividad. Un 14% en agosto y otro 11% desde enero del próximo año, por lo que el acumulado hacia comienzos del 2014 expresa el 25,2% publicitado como ajuste.

Los precios se actualizarán durante todo el año, más o menos en esos valores, y quienes perciban el mínimo, lo harán luego de actualizados los precios. Los ingresos de los trabajadores corren desde atrás a los precios.

En valores absolutos, de los $2.875 actuales, el ajuste llevará el salario mínimo a $3.600 en enero del 2014. Tanto la CTA como la CGT solicitaban un salario mínimo de $5.180 por mes, claro que ambas estuvieron excluidas de los debates, a los que solo se invitó a las fracciones sindicales afines al gobierno. Este monto resulta de un porcentaje de la canasta mínima de bienes y servicios que se calcula en torno a los $8.600 mensuales, muy lejos de la línea de pobreza o de indigencia que mide el INDEC.

Hace poco difundimos un informe de la Fisyp con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, con información al segundo trimestre del 2012, es decir, referencias de hace un año, las que no se han modificado sustancialmente. De allí surge que:

• para 8.258.207 trabajadores en relación de dependencia en la Argentina, es decir, asalariados registrados y no registrados, se observa que el 38,2%, con salarios menores a $2.500 mensuales, unos 3.154.635 trabajadores perciben un ingreso promedio del orden de los $1.467 al mes, que completan con otros $153 de actividades secundarias, totalizando un ingreso mensual de $1.620. Son valores menores al salario mínimo vigente hasta el presente, sin considerar la reciente actualización;

• el 12,9% de los trabajadores percibía salarios entre $2.500 y $3.000 al mes, son 1.065.309 trabajadores y obtienen un ingreso promedio de $2.912 mensuales, al que adicionan $146 por ocupaciones secundarias, sumando $3.058 al mes.

• Sumando ambas categorías, las de menores ingresos, se encuentra el 51,1% de los trabajadores, unos 4.219.944 trabajadores, con ingreso promedio menor a $3.000, valor inferior al nuevo monto de salario mínimo.

• La información reseña que aquellos trabajadores que perciben ingresos mensuales entre $3.000 y $4.500 son el 24,7% del total, unos 2.039.777 de personas, con ingresos promedio al mes por $3.834, a lo que suman por actividades secundarias unos $215 por mes, totalizando unos $4.049 cada mes.

• Finalmente, los que ingresan en promedio al mes más de $4.500 representan el 24,2%, y son 1.998.486 trabajadores con ingresos promedio de $7.048, y al que adicionan por actividades secundarias unos $274 en promedio al mes, sumando por ambos conceptos unos $7.322.

Insistamos que son datos de hace un año y que cualquier actualización que se haga, no modifica sustancialmente la referencia al deterioro del ingreso de los trabajadores, más allá de cualquier actualización o cálculo que se pretenda.

Una cuestión a insistir es que nuevamente se ningunean consideraciones o debates sobre las otras cuestiones para lo que fue creado el Consejo del Salario, es decir, el “empleo y la productividad”. La novedad provino de la eximición del pago de ganancias al medio aguinaldo dispuesto por el poder ejecutivo, ya que excede las funciones del Consejo.

Respecto del empleo, el trabajo informal, un 32%, no perfora el piso de un tercio de los trabajadores en esa situación de precariedad y el desempleo se mantiene en valores altos del 7,9%. El trabajo informal convive con la precariedad en el empleo, la subocupación y la sobreocupación, todas formas de expresión de la súper explotación de la fuerza de trabajo. Respecto de la productividad, en términos generales ha sido apropiado como ingreso de los empresarios más concentrados. En ese sentido se puede afirmar que las mejoras de productividad no se socializan.

El salario mínimo es una referencia que debiera establecerse antes de la realización de las negociaciones colectivas por salario y condiciones de trabajo, aunque en la práctica se materializan a posteriori. Siendo un valor de referencia, resulta útil compararlo con la capacidad de compra del salario, algo complejo por la falta de credibilidad de las estadísticas de evolución de los precios al consumidor que mide el INDEC. En el mediano plazo, el valor de referencia del salario mínimo creció por encima de los indicadores del INDEC, y a la par del promedio inflacionario determinado por las pocas provincias que mantienen los registros de medición de precios, diferenciándose del INDEC. Más difícil resulta evaluar el impacto real en la capacidad de compra derivada del consumo cotidiano.

Vamos a insistir que en los ajustes, más allá de su magnitud son bien recibidos por los perceptores, algo que vale para los anuncios del salario mínimo o los ajustes previsionales. Sin embargo, la sensación de esos perceptores es que los precios de los bienes y servicios de consumo cotidiano se les escapan, en aquella alusión histórica de que “los salarios suben por las escaleras y los precios por el ascensor”. La evolución del precio de la fuerza de trabajo corre por detrás de un conjunto de precios que hacen al consumo cotidiano del trabajador y su familia. Es una cuestión económica, sí, pero sobre todo política, de quien define la apropiación del producto social del trabajo. No es solo una cuestión de salario mínimo, sino del mínimo de ingreso para satisfacer las necesidades en nuestro tiempo presente. Como siempre, se trata de Economía y Política.

Julio Gambina es Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

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La metamorfosis del Consejo del Salario

Horacio Meguira (ACTA)

En el proyecto constitucional el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es el punto de partida de regulación del salario y el motor del sistema arterial distributivo. Debe llegar a quienes no están convencionados, y es punto de partida para la negociación colectiva salarial.

La convocatoria al Consejo en el 2004 fue un hecho transformador, por el tripartismo, por la pluralidad de sus actores (todos los empleadores y las dos Centrales sindicales) y por sus objetivos: Empleo, Productividad y Salario.

Nos llenó de optimismo y en cada comisión la CTA presentó proyectos, participó, debatió. Sin embargo desde aquella primera convocatoria hasta ahora ha sufrido disfunciones, que modificaron su esencia y en consecuencia la expectativa que generó.

Nunca se resolvió la base de cálculo del SMVM ya que el Consejo, no obstante estar obligado, no se abocó al cálculo de la canasta Básica.

Esto fue el comienzo de las dificultades ya que su valor se relaciona con su propia definición: "…es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión", por lo tanto el cálculo se ha fijado "a ojo".

Su segunda función es que debe orientar la fijación de los salarios básicos convencionales.

En agosto las paritarias mas importantes ya se negociaron, por lo tanto su postergación le quita el sentido de impulsar los valores de dichos básicos. Simplemente año a año se le suma en cuotas el promedio de los aumentos ya fijados.

El tercer objetivo es la idea de consenso. Es decir que los actores sociales negocien entre sí y el Gobierno un valor que conjugue intereses de los empleadores, de los trabajadores y del Estado, además de consensuar el seguro de desempleo y otros temas económicos y sociales que sometidos a examen. Las Comisiones temáticas no son convocadas hace largos años.

El único ente tripartito es el Consejo del Empleo, la Productividad y el SMVM, no puede sesionar un solo día al año. Se trata de una ficción y una mueca del proyecto originario.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Alberto Lebbos:"En Tucumán reina una brutal impunidad"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Alberto Lebbos conversamos sobre el asesinato de hija Paulina en la Tucumán de Jorge Alperovich y compañía.



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Argentina, Formosa. Los pueblos olvidados (Parte II): Las elecciones secretas de Juárez

Esteban Ruffa (ANRED)

En esta segunda entrega ANRed aborda la inverosímil situación de unas elecciones que, de espaldas a la comunidad wichí, un sector de los caciques cercanos al intendente de Ingeniero Juárez (Formosa) quisieron llevar a cabo en el marco de una fiesta local por el aniversario del pueblo.


Fuente: Esteban Ruffa (ANRED)

El domingo pasado, 21 de Julio de 2013, fue el aniversario de la ciudad de Ingeniero Juárez. En ese marco, se preparó un festival "popular" en el remodelado, recién pintado y reinaugurado Polideportivo Municipal de Juárez, donde criollos, salteños, tucumanos y formoseños se mezclaban para disfrutar de una fiesta aniversario y "Fiesta el Petróleo" con bandas folklóricas, fuegos artificiales, rifas, y demás elementos, todo por el módico precio de 20 pesos la entrada general y 50 pesos la rifa.

En ese marco, tuvimos la oportunidad de visitar a los ausentes en ese festival (no por nada la entrada era paga).

Los Wichis no son bienvenidos a la fiesta local, mas bien es mejor que no estén, los nombrados "violentos" de Juárez: "son vagos, sucios, borrachos y violentos, cortan ruta, protestan por todo, no quieren progresar", nos comenta un criollo local.

Barrio Obrero, Barrio Curtiembre, Barrio Belgrano. Son algunos de los barrios wichi que están en las cercanías del pueblo de Juárez.


Fuente: Esteban Ruffa (ANRED)

Llegamos a Juárez, Pcia. de Formosa, gracias a un amigo que conocimos vía internet y telefónicamente, llamado Agustín Santillán, referente wichí de los barrios Obrero y Belgrano. Un muchacho de 31 años, que, con sus conocimientos del barrio y su ímpetu de lucha, es referenciado en su comunidad hasta el punto de participar en las asambleas, con los ancianos, con los sabios, y es el mensajero comunero, encargado de transmitir y avisar cuando suceden hechos de esta envergadura. Y destina largas horas de sus días a recorrer los alejados parajes y las comunidades dentro del impenetrable, donde sólo llega él, y algunos famililiares, y donde sólo es posible entrar a pie, o en moto.

Ese mismo domingo, 21 de Julio, la escuela 438 estaba abierta. Inaugurada hace pocos años, de enormes aulas y SUMs de actividades varias (allí asisten niños y niñas wichí, y criollos), en uno de los SUM se estaba realizando un evento bochornoso para la comunidad.

"Elecciones secretas en la escuela AHORA" . Le envían a Agustín un mensaje de texto. Agustín nos comenta la situación, y nos pide disculpas, ya que ese domingo íbamos a ir a visitar a las comunidades mas alejadas de Juárez, en el Impenetrable Formoseño.

Agustín nos invita a acompañarlo a avisar a sus hermanos lo que estaba pasando y a concurrir a la escuela.

"Siempre se manejaron igual, siempre hacen lo mismo" - denuncia Agustín - "la fecha de las elecciones de presidentes y vices de las comunidades era hoy, pero se pasó (mediante un acta adjunta de la Municipalidad) para el 28 de Julio". Es decir, para una semana después.

Resulta que el Organismo de Personerías Jurídicas del gobierno de Ingeniero Juárez, gobierno a cargo de Vidal Cristino Mendoza, (del Partido Justicialista, muy cercano a la gente del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán), había labrado un documento donde las elecciones se realizarían el día 21 de Julio, pero desde el Municipio se decidió pasarlo para el 28, por las actividades y los actos festivos previstos para el domingo pasado 21 de julio.


Fuente: Esteban Ruffa (ANRED)

Al llegar a la escuela, nos informa gente de la comunidad wichí Barrio Obrero que se estaban realizando dichas elecciones sin avisar a las comunidades, y que éstas estaban siendo llevadas a cabo por la gente afín al gobierno de turno, que ya hace 8 años están en el cargo, no porque hayan sido elegidos, sino porque en otras oportunidades ya habían realizado esta maniobra. "Al labrar las actas aparecen como votantes sólo de ellos. Acá en la comunidad barrio Obrero y Belgrano somos como 400 wichís, y siempre ganan las elecciones con menos de 200 votos, ya que votan sólo ellos. Esta maniobra ya la habían llevado a cabo en dos oportunidades, así hacen ellos", nos comenta un anciano wichí de Barrio Belgrano.

Al entrar a la escuela para verificar la situación, vemos gente muy nerviosa, wichís afines al gobierno, que estaban llevando la elección a escondidas, sin que toda la comunidad lo sepa. Una mujer, que no se quiso identificar sale gritando que las elecciones se hacen, que son legales, y se lleva debajo del brazo una carpeta con actas y documentos pertinentes, que nos esconde impetuosamente, y rápidamente se aleja de nosotros.

Esta señora, señalada por Agustín como representante del INAI en Formosa, es la señora de Clemente Amado, presidente hace ocho años, sin representatividad para la comunidad, por estar ligado a planes y proyectos del gobierno municipal, gobierno que se encargó en los últimos años de desmantelar el centro comunitario wichí, en Barrio Obrero, donde funcionaba una panadería comunitaria (que luego fue otorgaba para que la gestionen a la familia de Amado - de allí el enojo-), funcionaba también una herrería, que fue poco a poco robada de sus elementos de trabajo. También había un camión para repartir agua, de la comunidad, que, nos cuenta Agustín, la gente del gobierno sustrajo y desguazó, dejando sólo fierros retorcidos por la lluvia, el óxido y la erosión.


Fuente: Esteban Ruffa (ANRED)

Elecciones frustadas a espaldas de las comunidades

A medida que se iban enterando los referentes comuneros wichí se iban acercando para impedir que se lleven a cabo, por ser ilegales, por no avisar a la comunidad, por ir en contra del acta adjunta que todos los presentes en esa reunión firmaron (presidentes actuales, lista opositora, y el Intendente Vidal Cristino Mendoza). Pasadas unas dos horas, la gente de Cristino de retiró y se fueron a la panadería. Al rato se corría el rumor que podrían realizarla en la casa donde funciona la panadería. Luego se comprobó que era sólo un rumor.

Ya en la radio de la comunidad, los referentes armaron un documento e informaron a la población de la ilegalidad de las elecciones que se estaban dando, los invitaron a votar en la fecha acordada (28 de Julio), y denunciaron este accionar que ellos manifestaban como sistemático, anticomunitario y parte de la corrupción del gobierno municipal. Las elecciones secretas fueron frustradas gracias al acompañamiento y participación de los referentes de los barrios mencionados y a la organización que vienen llevando los comuneros wichí de Ingeniero Juárez para hacer visibles sus necesidades, internas, contradicciones y elementos de lucha para romper con el gobierno que no les ofrece nada, sobre todo a las comunidades más alejadas, en el Impenetrable.

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En el caso del general Milani, al gobierno se le escapó la tortuga

Emilio Marín (LA ARENA)

Las primarias PASO ya están a la vista. Y los golpes bajos de toda campaña electoral se hacen sentir. Sin embargo no lo explican todo, por caso el pésimo manejo del ascenso del cuestionado general Milani. Al gobierno se le escapó la tortuga.

Gobernar cuando hay elecciones supone una ventaja para el kirchnerismo, pero también le impone más obligaciones. Las ventajas son que las ideas tienen más posibilidades de plasmarse en medidas de gobierno. Así la población se beneficia y se amplían las posibilidades de captar el voto.

Esto se comprobó en la semana, cuando la presidenta anunció el aumento del salario mínimo, que pasó de 2.875 pesos a 3.600, en un porcentaje similar (25 por ciento) al de las paritarias. CFK informó que en agosto los asalariados que perciben menos de 25.000 pesos de salario bruto verán reintegrado lo deducido de su aguinaldo.

A la oposición sólo le quedó el pataleo. Que son medidas electoralistas. Que son insuficientes. Los más beligerantes las calificaron de "burla". Sangraban por la herida porque, como lo reconoció el radical Ernesto Sanz, sus perspectivas electorales se iban a acrecentar si la situación económico-social se deterioraba. Si hay mejoras para los trabajadores y otros sectores sociales, disminuirán sus votos.

Decidir políticas favorables a los asalariados supondrá un "gasto", en realidad inversión, de 2.657 millones de pesos. Se dirá que no es dinero de la presidenta, lo que resulta obvio. Tanto como que si gobernaran los que se alternaron hasta 2003, esos dineros y muchos más irían a parar a los organismos financieros internacionales y otros sacos sin fondo.

Como se advirtió al comienzo, esas posibilidades de aplicar políticas supone en simultáneo una exigencia de que las mismas sean bien instrumentadas. La oposición, en este plano, goza de la ventaja de hablar sin más límites que la paciencia del público. A veces hablan porque el aire es gratis, porque la justicia electoral les asigna espacios o porque Clarín les da cobertura.

Un resbalón que fue caída

Un ejemplo puntual de que el gobierno no es infalible lo proporciona el ascenso del general César Milani, propuesto a teniente general, luego que fuera investido como jefe del Ejército.

Ese militar había visto aprobar sus pliegos en el Senado cuando fue promovido a coronel, general de brigada y general de división. La cuarta, de llegar a la máxima categoría de su fuerza, se vio trabada por una intensa polémica al cabo de la cual la jefa de Estado decidió, el martes 23, postergar hasta diciembre el tratamiento de los ascensos.

¿Qué pasó? Al militar le cayeron municiones gruesas desde dos columnas bien diferenciadas. Por una parte, testigos de causas de derechos humanos y organismos humanitarios, entre ellos el Nobel Adolfo Pérez Esquivel, cuestionaron la decisión presidencial por los antecedentes de Milani en el "Operativo Independencia" y procedimientos en La Rioja, durante la pasada dictadura.

Por otra parte, la artillería de Jorge Lanata también abrió brechas en las filas milanistas, al compás de denuncias de los senadores radicales Gerardo Morales y José Cano.

Estos últimos, junto con otras autoridades de la UCR, denunciaron penalmente al secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. Lo acusaron de haber omitido los antecedentes del jefe del Ejército.

Esa denuncia penal fue una enormidad, viniendo de quien venía (el partido del Punto Final y la Obediencia Debida) y a quién iba dirigida (un hijo de padres desaparecidos y con un hermano/a apropiado), pero también hay que decir que el gobierno se equivocó. Y el error fue tanto más grueso por haberse cometido en un frente donde tiene una muy alta nota.

Se les escapó la tortuga

Esa alta calificación fue graficada por la presidenta, en medio de su defensa de lo actuado por Milani, al recordar los guarismos de los juicios por violaciones a los citados derechos. "Llevamos 1053 procesados, 559 elevados a juicio y 63 con solicitud de elevación; 475 personas fueron juzgadas en el marco de la Constitución, de los cuales 430 fueron condenados y 45 absueltos", enumeró en su descargo.

A propósito, entre esos 430 condenados habría que restar, ojalá que momentáneamente, a dos que se fugaron no en forma cinematográfica sino con mucha complicidad militar y del aparato de seguridad. El ex mayor Olivera, ya fugado dos veces, una en el extranjero; y el ex teniente De Marchi, condenados a cadena perpetua y a 25 años de prisión respectivamente en San Juan, están siendo buscados con una recompensa de 2 millones de pesos.

Fue un escándalo. Condenados hace poco tiempo en San Juan, fueron llevados desde allí hasta el Hospital Militar en la Capital Federal argumentando tratamientos dermatológicos y psiquiátricos. La esposa de Olivera era psicóloga en ese centro castrense y fue quien solicitó los traslados, convertidos en fugas apenas los supuestos pacientes fueron dejados allí por el Servicio Penitenciario Federal. Olivera y De Marchi no eran tortugas sino liebrones y se perdieron rápidamente en la urbe.

El Ejecutivo se equivocó al auspiciar al dudoso Milani. Y para mayor mortificación kirchnerista, quien ilustró semejante yerro fue un organismo como el CELS, cuyo titular, Horacio Verbitsky, suele ser acusado de muchas cosas pero no de no apuntalar esos derechos o de no defender a esta administración.

El 1 de julio, cuando había comenzado la polémica por el jefe de Inteligencia, el CELS dijo que no tenía en sus archivos datos fehacientes en su contra, pero que debían buscarse en otros organismos, testigos y la Unidad Fiscal respectiva. Y el 22 de julio, cuando la Comisión del Senado se aprestaba a votar el ascenso, una nota oficial de la entidad firmada por Verbitsky detonó como una bomba. Aseguraba que Milani había firmado en 1976 la seudo deserción del soldado Alberto Ledo en Tucumán, una forma de encubrir su desaparición y asesinato. Y añadía el testimonio de un ex preso político en La Rioja, acusando al entonces teniente de haberlos detenidos a él y a su padre, y haberlos torturado.

Paradojalmente, la presidenta quiso ningunear la denuncia del CELS y manifestó que no se trataba de "nada nuevo". Si era conocida, ¿cómo fue que promovieron a semejante jefe del Ejército y lo quieren aún como teniente general? Tendrán que analizarlo bien la jefa de Estado, el ministro Agustín Rossi y el secretario Fresneda: a uno o a más de ellos se les escapó la tortuga.

Mugido oligárquico

La actitud del gobierno de defender incluso lo indefendible puede ser vista por sus integrantes como la única forma de hacer política. Es un error. Los errores no son virtudes, los marque quien los marque y al margen del interés político destructivo que el denunciante pueda tener (y la oposición argentina vaya si los tiene, igual que Lanata y Clarinete).

Sin pretender comparar los procesos políticos sino exclusivamente la actitud ante los déficit propios, el cronista se atreve a recomendar a los funcionarios argentinos el estudio de la actitud del cubano Raúl Castro. En su última intervención ante el Parlamento de la isla enumeró 191 conductas no socialistas que han visualizado y señaló que la responsabilidad es en buena medida de las autoridades.

La autocrítica no es señal de debilidad. Al contrario, se puede caer en esa situación de tanto cerrar los ojos a la realidad y negar lo evidente. Para graficarlo: según la opinión de este cronista, que puede estar equivocado, en el tema Milani la verdad estuvo más del lado de Verbitsky que de Cristina. Fue la segunda vez que ocurre, pues la primera fue a raíz de la estimación sobre el papa Francisco, que es Bergoglio, mal que le pese al obtuso senador Aníbal Fernández.

A veces conviene mirarse en el espejo del adversario para tratar de no imitarlo, de no ser tan cerrado ni menos extraviarse por el peso de los intereses y negocios. El gobierno debería analizar el discurso del titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, en la 127 Exposición de Palermo.

Allí bajó una línea de total falta de respeto por todo lo actuado por el gobierno en diez años, de los que no hizo ninguna salvaguarda de que pudiera rescatarse nada. TN. Todo Negativo.

"El mundo no se nos cayó encima, señora Presidenta. Su gobierno dilapidó esas oportunidades, y malgastó en subsidios, politiquería barata, prácticas populistas, corrupción y propaganda", tronó el estanciero, con el aplauso de los espectadores, productores, sojeros, caceroleros y el palco político donde se asomaban Mauricio Macri, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Momo Venegas y otros opositores.

Por cierto que esas lindezas con que Etchevehere fulminó a la presidenta democrática no fueron usadas en su tiempo contra el genocida Jorge Videla. Es más, por el tono encendido del discurso no habría sido imposible que entre ese público destituyente estuvieran, de incógnito, los fugados represores Olivera y De Marchi. Palermo siempre fue el punto de convergencia de latifundistas, coimeros, represores y golpistas.

A diferencia de esa gente, que no hace autocrítica, el gobierno democrático debería hacerla, cuando mete la pata como lo puso en evidencia Verbitsky. Cuando el "Perro" o quien sea tiene razón, hay que dársela y saber poner marcha atrás.

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Scioli y Casal le dan más poder a la policía bonaerense

Darío Schapochnik (RED ECO)

Con el argumento de “sacar las armas de la calle”, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, impulsaron una modificación al Código Procesal Penal de la Provincia, para denegar la excarcelación en caso de tenencia o portación ilegal de armas de fuego.

La modificación al Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 22 de junio de este año, establece que la denegatoria a la excarcelación sería en caso de que el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento.

Si bien la modificación impulsada por Scioli deja librado al criterio del juez la posibilidad de denegar la excarcelación en estos casos, bastará un simple informe de la policía diciendo que el acusado de portar un arma intentó fugar, para que sea perfectamente legal dejarlo detenido, por lo menos hasta que el Fiscal o el Juez decidan lo contrario.

De este modo, si algún pibe se niega a “colaborar” con la policía, es de esperar que casualmente se lo encuentren a la noche por la calle (obviamente, sin testigos por lo avanzado de la hora), y ante el requerimiento policial de identificarse emprenda la fuga. Una vez reducido, se lo palpará y se encontrará en su poder un arma de fuego.

El informe policial convencerá al fiscal, quien intentará convencer al juez. Mientras tanto, el pibe seguirá preso.

Anteriormente, el 26 de febrero de este año, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires había declarado inconstitucional una reforma similar, que denegaba automáticamente la excarcelación en estos casos, sin que el juez pudiera disponer otra cosa.

Allí, la Corte había señalado que “podría presuponerse de la mera lectura del texto legal, la concesión a la autoridad policial en esa incipiente fase de la intervención estatal, de la facultad de incidir sobre la libertad de las personas, delicada potestad que sólo debe ser ejercida por un magistrado con las pruebas circunstanciadas y suficientes del caso sometido a su estudio. En otros términos: a primera vista, parece que se han exagerado las atribuciones de funcionarios policiales en cuanto a la determinación de los hechos, detalle que limita el ejercicio de la magistratura a la convalidación de los elementos que por aquellos le son arrimados.”

De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires correspondientes al año 2012, los delitos en los que se emplean armas de fuego no llegan a constituir el 10 por ciento del total de hechos denunciados.

Así, por ejemplo, se registraron 1.978 homicidios (incluidos los tentados), constituyendo el 0,3 % del total de delitos; 47.914 robos con armas (7,30 % del total); y 5,296 delitos contra la seguridad pública, entre los que se incluyen la tenencia y portación de armas de fuego (0,81 % del total).

Los delitos que encabezan el ranking son aquellos que derivan de relaciones familiares o vecinales: amenazas (96.358; o sea el 14,68 % del total) y lesiones leves (73.547; o sea el 11,21 % del total). Recién en el tercer lugar de este ranking aparecen los robos (sin armas): 59.208 (9,02 % del total).

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Argentina, Chaco: Los Wichí rechazan la propuesta del Gobierno de entregar el título a la MOWITOB

CHACO DIA POR DIA

Una nueva dificultad en la pretensión del gobierno de entregar 320 mil hectáreas de la Reserva Grande a la asociación MOWITOB, sigla que significa Mocoví, Wichí y Toba. Los representantes Wichís, confirmaron: “no fuimos consultados para armar la MOWITOB, no fuimos consultados para decidir qué hacer con nuestras tierras”.

El sábado por la mañana, en el corte de ruta en El Sauzalito, mientras continuaban los cortes en paraje El Sauzal y Wichí, el Gobernador se reunió con representantes de todos los parajes de El Impenetrable, territorio Wichí, de Fortín Belgrano, Comandancia Frías, Tres Pozos, Tartagal, Sebilar, Wichí, Vizcacheral, Nueva Pompeya, El Sauzalito, y una importante delegación Qom de Pueblos Originarios en Lucha, Federación Nacional Campesina y Originarios de la Corriente Clasista Combativa de Fontana, Las Palmas, La Leonesa, Makallé, Machagay, Gral. San Martín, Pampa del Indio, J. J. Castelli, Techatt y Pampa Argentina que apoyan activamente el reclamo.

El gobernador acompañado del ministro de Desarrollo Social, Diego Bernachea, el presidente del Instituto de Colonización, John Paris, el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, el escribano Juan Manuel Pedrini, y Julio García, debió escuchar una hora de intervenciones de todos los representantes Wichís, que a viva voz reafirmaron: “no fuimos consultados para armar la MOWITOB, no fuimos consultados para decidir qué hacer con nuestras tierras, nosotros queremos decidir democráticamente el trabajo que necesitamos en nuestra tierra, nos han faltado el respeto”.

Asimismo, los Qom expresaron: “Este es Territorio Wichí, nosotros somos Qom y no vamos a venir a vivir acá, respetamos a nuestros hermanos Wichís y vamos a seguir acompañando su lucha en toda la provincia, queremos que el Gobierno resuelva las tierras en nuestros lugares de origen”.

El primer punto del reclamo es: suspender la entrega de tierras a la MOWITOB, y que las asociaciones y organizaciones con sus representantes y delegados genuinos puedan debatir democráticamente en un plazo de 90 días la forma de organización necesaria para administrar sus tierras, para lo cual necesitarán que el gobierno garantice la movilidad para los viajes a fin de que puedan realizarse las reuniones necesarias.

El segundo punto es que el Gobierno resuelva los medios para la regularización de todos los títulos de tierras comunitarias de los parajes del Interfluvio Wichí, que se hayan vencidos o con problemas, y que por ser una zona alejada y siempre olvidada, no hay ningún tipo de ayuda para resolver administrativamente las documentaciones correspondientes.

El Gobernador propuso una reunión con la MOWITOB, el Idach y todos los representantes presentes de El Impenetrable, con el fin de buscar consenso, para la entrega más grande de tierras en la historia del Chaco.

Las comunidades pidieron un cuarto intermedio de 15 minutos, en el que resolvieron y expresaron al Gobernado de la Provincia:

1) Desconocer a la MOWITOB, por ser una organización que no los representa, y por lo tanto no mantendrán ninguna reunión con ellos.

2) No mantener ninguna reunión con el IDACH, (Instituto del Aborigen Chaqueño), por no acercarse nunca a escuchar a las comunidades.

3) Permanecer a la vera de las rutas, a la espera de los vehículos para el día Martes 30 de Julio, para comenzar las reuniones para debatir el tipo y la forma de organización necesaria para el Interfluvio Wichí.

El Gobernador aceptó las condiciones planteadas por la comunidad y dijo que no realizará ninguna entrega de tierras hasta resolver el problema.

A pesar de estar en época de elecciones y lejos de dejarse dividir por propuestas políticas que nunca dieron respuestas a la comunidad wichi , los representantes se mantuvieron unidos resistiendo el frio y el hambre en algunos casos demostrando la firmeza y las ganas de resolver un problema postergado por más de 500 años.

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Polémica propuesta hospitalaria en Chile en trámite parlamentario

PL

El proyecto de ley que crea en Chile los Hospitales Clínicos Concesionados, considerado por sus críticos con un claro perfil privatizador, pasará a manos de una comisión parlamentaria mixta que buscará el consenso.

La iniciativa es blanco de críticas de sectores políticos y de la sociedad civil, los cuales estiman que la forma de administración propuesta por el Gobierno para esos hospitales públicos, en la práctica lo que hará es propiciar la gestión privada y aislará a las instituciones de la red de salud a la que deben pertenecer.

"Vemos con temor que toda esta intención del Gobierno de apurar este proceso tenga que ver con dejar algunos amarres a los gobiernos que vengan para que sigan funcionando con este sistema nuevo", expresó la presidenta de la Federación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Gabriela Farías.

La dirigente gremial consideró que esta forma de gestión nueva pretenden instalarla en todos los hospitales que se están construyendo y que se van a construir por la vía de la concesión, en distintas partes del país.

A inicios de julio, la mayoría de la Cámara de Diputados dio un portazo a los 19 artículos del documento, que si bien será analizado por la comisión mixta, entró este fin de semana al Senado para su tercer trámite parlamentario.

"Podemos afirmar que se trata de un Proyecto dirigido a reforzar el desarrollo del modelo neoliberal en la salud", expresó durante el debate en la cámara baja el diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa debería apuntar a fortalecer la salud pública, garantizar los derechos y las buenas condiciones laborales de los trabajadores de la salud y dar una atención digna y de calidad a la población.

Sin embargo, "introduciendo factores de privatización y traspasando fondos públicos al sector privado de salud, no se van a resolver los problemas de buena atención en salud para la población", enfatizó.

El proyecto de ley, que crea los hospitales clínicos de las comunas de Maipú y La Florida, fue rechazado por 53 votos contra 51, y una abstención.

El Gobierno, sin embargo, sostiene que con la propuesta se pretenden crear establecimientos que funcionen de forma descentralizada, cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio, aun cuando estarían sujetos al ministerio de Salud y formarían parte de los Servicios de Salud Metropolitano Central y Sur Oriente.

Alega además que se busca potenciar la autonomía hospitalaria por medio del cumplimiento de objetivos ligados a los requerimientos de los pacientes.

A las críticas al proyecto de ley se sumó el líder del Partido Progresista y candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien entregó una carta en el Palacio de La Moneda, en la que solicita que el documento sea retirado del Congreso.

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Uruguay. Pobreza: Un millón de uruguayos presenta necesidades básicas insatisfechas

EL OBSERVADOR

Los artículos de confort y la calidad de la vivienda son las principales carencias de la población.

La tercera parte de los uruguayos no alcanza un piso mínimo de satisfacción de sus necesidades básicas, a pesar de que muchos de ellos obtienen ingresos mensuales por encima de la línea de pobreza.

A partir de los datos del Censo 2011, el Instituto Nacional de Estadística junto a la Universidad de la República y el Ministerio de Desarrollo Social, elaboraron el indicador de pobreza a través del método de las necesidades básicas insatisfechas, que permite una aproximación diferente a la problemática frente al cálculo a partir de las líneas de pobreza e indigencia.

Según el estudio -que considera como necesidades básicas habitar una "vivienda decorosa", contar con el abastecimiento de agua potable, el servicio higiénico, la energía eléctrica, el acceso a artefactos básicos de confort y la educación-, 34% de los uruguayos vive en hogares que tienen insatisfecha al menos una de las seis necesidad básicas relevadas. Eso implica un total de 1.068.000 habitantes.

A diferencia de esa metodología, la medición de pobreza a través del ingreso evalúa la cantidad de personas que no genera mensualmente un flujo de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades, más allá de las decisiones puntuales que tome cada familia frente a la administración y el gasto de esos ingresos.

En ese sentido, la medición de pobreza 2012 a través del método del ingreso muestra que 12,4% de los hogares no cuentan con los recursos necesarios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, una cifra tres veces menor que la de los uruguayos que efectivamente no las satisfacen.

Sin embargo, ambos métodos se acercan más en sus resultados cuando se considera el número de uruguayos que no cubren al menos dos necesidades, 14% de la población. Los casos más graves, de tres o más necesidades insatisfechas, involucran a 4,7% de los uruguayos.

Evolución

Mientras que el dato de pobreza medido a partir de las líneas de ingreso se calcula de forma anual, la metodología de las necesidades básicas insatisfechas requiere de información censal y por eso, se hace en períodos más prolongados de tiempo.

El antecedente a la medición 2011 fue realizado en 1996 y antes de ella, se realizó la primera experiencia en 1985. Otro inconveniente es que las necesidades cambian con el tiempo, como así también los umbrales de satisfacción que definen los expertos, lo que hace difícil comparar los resultados a través del tiempo.

La medición 1996 mostraba que 38,7% de la población contaba con al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que el sondeo realizado en 1985 mostraba 27,6%. En 1996, 17,2% de la población percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza, mientras que en 1986 el ratio de pobreza superaba el 46%.

Necesidades

El acceso a artefactos básicos de confort es la principal necesidad básica insatisfecha de los uruguayos. Uno de cada cuatro (23,5%) de los habitantes no cuenta con calefón, heladera o estufa, lo mínimo que requiere la metodología para considerar.

De esas tres dimensiones, la calefacción es la mayor limitante a la satisfacción plena de las necesidades básicas, con un nivel de privación en el hogar de 13,3% de los uruguayos. Tanto la conservación de alimentos como elementos para calentar agua en el baño están ausentes en 6,8% de los hogares uruguayos.

En segundo lugar, como necesidad básica insatisfecha, se encuentra el acceso a una vivienda decorosa (con 10,9% de la población privada), principalmente por la falta de un espacio para cocinar (6,4%). Otros factores que llevan a considerar a los expertos como insatisfecha la necesidad habitacional de los uruguayos es el espacio habitable (5,8%). Se considera que una familia donde más de dos miembros comparten una habitación no satisface sus necesidades básicas de vivienda. En tanto, 0,7% de la población vive en hogares donde los techos o paredes son de desecho o en el piso predomina la tierra.

Llama la atención que hay un mayor número de uruguayos que carece de acceso al agua potable dentro de su hogar (4,1%) respecto a aquellos que carecen de una conexión eléctrica (0,9%).

Respecto a la educación, el informe considera que el hogar presenta una privación en esa necesidad si al menos un integrante de entre cuatro y 17 años no asiste a ningún centro educativo. En un hogar de esas características viven 4,9% de los uruguayos.

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El presidente peruano confirma la prioridad del litigio con Chile

PL

El presidente de Perú, Ollanta Humala, confirmó que la pendiente solución de un litigio fronterizo marítimo con Chile es el tema prioritario de su política internacional.

También ratificó su compromiso con la integración regional, en un mensaje a la nación presentado ante el Congreso de la República, por el aniversario de la independencia nacional y por cumplir dos años su administración.

En el plano integracionista, hizo en una breve referencia a la Comunidad Andina (con Bolivia, Colombia y Ecuador), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya presidencia pro témpore ejerce Perú.

Humala dijo que el diferendo con Chile, que la Corte Internacional de la Haya se apresta a resolver con un fallo inapelable, ha unido a su país y que ambas naciones esperan la sentencia trabajando para crear un camino de serenidad y cooperación bilateral.

Destacó igualmente que, en ese contexto, Chile y Perú han expresado reiteradamente "el compromiso de acatar y ejecutar el fallo de La Haya" que zanjará una demanda presentada por el Perú a fin de que la corte fije la frontera marítima por no existir un tratado explícito que la haya establecido. Humala se extendió en elogiar a la Alianza del Pacífico que integra su país con Chile, Colombia y México y criticada aquí por comentaristas que lo consideran un eje económico y político afín a Estados Unidos y contrapuesto a mecanismos regionales de integración. Según el mandatario peruano, la Alianza es "una de plataformas más exitosas para la protección de nuestros intereses" y destacó que los países miembro trabajan para pactar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Dijo de otro lado que "el entorno de estabilidad y respeto irrestricto a la seguridad jurídica y el estado de derecho nos ha convertido en un país líder receptor de inversiones extranjeras".

Resaltó igualmente la labor de la Cancillería para proteger a los peruanos radicados en el exterior -unos tres millones- y la aprobación de una ley para facilitar la inserción de aquellos que retornen debido a los efectos de la crisis económica en los países donde residen.

En su informe sobre política exterior, Humala mencionó la realización aquí durante su gobierno, que hoy cumplió dos años, de la III Cumbre de Estados de América del Sur y Países Árabes.

Afirmó igualmente que el prestigio de su país genera confianza internacional y hace posible que haya sido designado sede de importantes eventos internacionales a realizarse en los próximos años.

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Los caminos de Celac y la integración regional vistos desde Caracas

Jesús Adonis Martínez (PL)

Los caminos de la integración hemisférica volvieron a confluir en Caracas, que acogió la pasada semana dos reuniones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) convocadas a fin de avanzar en el diseño de programas comunes en diversas esferas sociales.

Tanto la I Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social (22 y 23 de julio) como el encuentro sobre políticas públicas para la juventud, realizado entre jueves y viernes últimos, apuntan hacia la concreción de mecanismos que conviertan en decisiones efectivas el discurso inclusivo y unitario que ha alentado los actos fundacionales de la Celac.

Una vez más en el vórtice de la espiral integracionista, Venezuela -pese a la muerte hace más de cuatro meses de Hugo Chávez, valedor indiscutible de la unidad en el área- resultó un escenario irreprochable para oficiar un reimpulso desde el punto de vista práctico al organismo multilateral más abarcador y ambicioso del hemisferio.

Los ministros y altos funcionarios reunidos a inicios de la semana pasada dejaron establecida desde el primer momento su intención de esbozar una agenda común y concreta para enfrentar el hambre, la pobreza y fomentar el acceso universal a la salud y la educación.

Y así lo hicieron, incluyendo además las propuestas emanadas de un encuentro paralelo en el que participaron más de 80 movimientos sociales del continente.

El plan de acción y las conclusiones de la cita -que será llevado a la próxima cumbre de Celac, fijada para La Habana a inicios de 2014- refrendó el compromiso de los Estados para garantizar "las condiciones para el ejercicio y pleno disfrute de los derechos de todos en corresponsabilidad con la sociedad".

De ahí que se trazaran derroteros como la compra gubernamental de productos de la agricultura familiar, comunitaria y escolar; la promoción de redes alimentarias para proteger sectores vulnerables y de programas para auxiliar a países azotados por desastres naturales.

En tal sentido, las naciones de la región se plantearon la meta de erradicar el hambre y la malnutrición para cuando rompa el año 2025 (fecha que coincide con el bicentenario de la independencia de la Tierra Firme americana).

Según precisó en la declaración final el vicepresidente venezolano para el Área Social, Héctor Rodríguez, se acordó la conformación de estrategias para la atención materno-infantil, la creación de programas de vigilancia epidemiológica y la promoción de la lactancia materna.

Respecto a la educación, las estrategias estarían dirigidas a la ejecución de planes de alfabetización y al diseño de métodos estadísticos para la evaluación de los sistemas de formación en cada país, entre otras.

Fue convenida también la articulación de mecanismos para el intercambio constante de experiencias y la evaluación de proyectos.

Por lo pronto, varias de las autoridades presentes en Caracas coincidieron en el criterio de que América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayores potencialidades para avanzar hacia el cumplimiento de tales objetivos.

El canciller venezolano, Elías Jaua, destacó en declaraciones a la prensa que existe estabilidad política y paz en casi la totalidad de la región, así como tolerancia con respecto a ideologías y modelos de gestión diversos, lo que permite articular visiones compartidas.

Además -consideró-, los pueblos latinoamericanos y caribeños poseen una mayor participación en los procesos democráticos de sus países y en buena parte del hemisferio ha predominado la ruptura con el neoliberalismo de décadas pasadas.

A su vez, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, dijo que deben prevalecer las políticas de Estado y los pactos sociales sobre el mercado para avanzar en la lucha contra el hambre y la desigualdad.

El desafío parece estar jalonado en lo inmediato -según la experta- por el advenimiento de un período más difícil para el crecimiento, tras una época de explosión macroeconómica y el gran boom de hace una década en los precios de las comodities (mercancías) producidas en el continente.

Precisamente, las partes representadas en la reunión de autoridades de Juventud de la Celac privilegiaron la visión de un Estado comprometido con el fomento de programas inclusivos a fin de que los jóvenes puedan generar sus propias políticas públicas.

En el foro fueron abordadas temáticas transversales a toda la sociedad, pero que atañen especialmente a la juventud: el flagelo de la violencia, la cultura de paz, la formación, la necesidad de un empleo digno y de participación en empeños productivos.

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Graves tensiones entre los docentes panameños y la ministra Molinar

PL

Las tensiones entre los gremios docentes y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, se agravaron por el fracaso en la mesa de diálogo y mientras los maestros insisten hoy en una huelga general, la titular dice que la impedirá.

Después de dos intentos de negociación con el Ministerio de Educación, ocho gremios docentes aglutinados en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, acordaron reunirse en las cabeceras de provincia para definir acciones contra un decreto ejecutivo que crea los Centros de Formación Integral.

Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses, explicó que el decreto define nuevas estrategias de gestión que le abren las puertas a la privatización de la educación.

Cada escuela debe velar por generar sus propios recursos y eso se lograría a través de dos medios: cobrar por la matrícula o realizar actividades en las escuelas, señaló Pino.

Consideró que el modelo como lo establece el propio decreto viola el derecho a la igualdad de la educación y pone en riesgo la estabilidad de los docentes que laboran bajo la nueva exigencia del Ministerio.

Andrés Rodríguez, secretario general de la Asociación de Profesores, planteó que existe un desgano de las autoridades por resolver las inquietudes de los gremios en cuanto a estabilidad y mejoras salariales, e insistió en definir acciones porque a la ministra nunca le ha interesado dialogar.

Ambos dirigentes solicitaron a los padres de familia que no envíen mañana a los estudiantes a los centros educativos y mantenerse atentos a las decisiones que surjan en las asambleas.

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México: Escalan ataques contra defensoras de Derechos Humanos

Anayeli García Martínez (CIMAC)

Hay una escalada de violencia contra las mujeres que se organizan para defender una causa social, advirtió Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés), una organización civil que asegura que la estela de muerte que recorre el país que de 2009 a 2012 cobró la vida de 19 defensoras de Derechos Humanos.

Jass, junto con la agrupación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, elaboró el informe “Situación de las mujeres defensoras de Derechos Humanos en México” para documentar que desde 2009 la violencia que enfrentan las activistas arreció como nunca antes.

“La violencia contra las mujeres aumenta en su crueldad y saña y se consolida como un mecanismo de control social. En territorios militarizados o con fuertes medidas de seguridad no disminuyen los índices de violencia contra las mujeres”, reclaman las organizaciones.

Al respecto, Orfe Castillo, integrante de Jass, dijo que las defensoras en México viven en una situación de riesgo que sumada a la impunidad resulta preocupante: “No hay ningún tipo de sanción para quienes cometen agresiones contra activistas, y en ese sentido no hay ningún límite”.

El reporte señala que hay un aumento de violencia contra las defensoras: en 2009 hubo un homicidio; para 2010 el número ascendió a cuatro defensoras asesinadas; en 2011 fueron ocho mujeres, y para 2012 sumaron seis activistas más que perdieron la vida por su labor a favor de las garantías humanitarias.

“Las mujeres han tenido que asumir un papel protagónico como defensoras de Derechos Humanos debido al contexto general de impunidad, violencia y criminalización de la protesta, viviendo graves riesgos a su labor”, se critica en el informe.

Castillo alertó que además de los riesgos por su activismo, las defensoras también enfrentan expresiones machistas, una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias, e incluso violencia en sus hogares u organizaciones.

Lo anterior se demuestra con el asesinato de activistas. Según el reporte ciudadano, del total de agresiones contra este grupo social el 41 por ciento fue dirigido hacia mujeres defensoras.

Por otra parte, registros de la Red Nacional de Defensoras indican que las mujeres dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos suelen ser agredidas en más de una ocasión; es así que en 2012 se contabilizaron 109 actos de violencia contra 62 mujeres defensoras y sus familias.

Si bien es una problemática que afecta a todo el país, los estados con más casos son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y la región de la Huasteca en Veracruz e Hidalgo.

La Red Nacional de Defensoras destaca que el 55 por ciento de las activistas con las que tienen contacto señalan que el Estado es el responsable directo de los ataques y amenazas en su contra, además otros agresores son las empresas mineras y eólicas, junto con las autoridades locales y los caciques de la región.

Orfe Castillo destacó que por su condición de desigualdad, las defensoras corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual, difamación basada en estereotipos de género, y violencia al interior de sus movimientos y sus comunidades.

Ante los peligros que padecen estas mujeres, Jass propone que los países que participen en octubre próximo en el Examen Periódico Universal (EPU) -mecanismo de Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de los Estados en materia humanitaria- recomienden a México que defina plazos razonables para informar del avance en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra defensoras y sancionar, conforme a derecho, a los responsables de los ataques y asesinatos.

Asimismo pide que se exhorte al Estado mexicano a implementar protocolos de prevención y protección con enfoque de género en todos los estados, y fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar que estas mujeres no corran peligro por su trabajo.

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Obamacare atraviesa terreno movedizo en Estados Unidos

Jorge V. Jaime (PL)

La reforma sanitaria estadounidense, el más publicitado logro legislativo del presidente Barack Obama, pierde respaldo entre una comunidad política que era antes su principal patrocinadora: los demócratas moderados.

Esta ley, oficialmente denominada Affordable Care Act, fue aprobada en 2010 por el Congreso pero nunca ha sido muy popular debido a la inmensa carga tributaria que acarrea y la sobresaturación de discrepancias partidistas que genera.

Una encuesta de opinión implementada por los medios Washington Post y ABC News encontró en el mes de julio que los demócratas se están virando en contra del proyecto de cobertura médica presentado por el jefe de Estado desde 2009.

Hace tres años el apoyo hacia la iniciativa era de 74 por ciento entre los moderados y conservadores militantes del partido azul, pero el más reciente sondeo halló que apenas un 46 por ciento de los correligionarios de Obama conceden su voto a la idea.

La tendencia significa una recaída de 28 puntos porcentuales en el favoritismo de la calificada como ley reina en la actual administración. En el espacio del público general, más del 49 por ciento de los consultados se opone a la aplicación de la medida.

Analistas políticos vaticinan una repercusión social por este cambio de preferencias en el seno del partido gobernante en la Casa Blanca, al tiempo que la bancada republicana en el Capitolio ha planteado tres docenas de enmiendas para neutralizar al programa.

En ese sentido, el senador por Utah Mike Lee convenció en julio a un grupo de nueve congresistas para armar otro muro de contención parlamentaria en contra de la ley, que se supone beneficiará a unos 20 millones de ciudadanos sin seguros de salud.

Junto a Lee, apuestan por la desactivación del llamado Obamacare los legisladores republicanos Marco Rubio, Ted Cruz, John Cornyn, Rand Paul, James Inhofe, David Vitter, Roger Wicker, John Thune, y Chuck Grassley.

Este comité espontáneo antirreforma dio un paso adelante en la ofensiva contra el plan de la Casa Blanca y advirtió que bloqueará el presupuesto para financiar al gobierno federal más allá del 30 de septiembre de 2013.

Lo peor en este caso es que el presidente sopesa la opción de aplicar el programa de una forma selectiva, es decir, cambiando capítulos que ya fueron validados o rechazados por ambas cámaras en el Capitolio, señaló Lee. La Cámara de Representantes confirmó que investigará una decisión de la administración federal de posponer el llamado mandato de empleados en el programa de la reforma sanitaria.

Esta sorprendente medida del gobierno de Obama tiene relación con la complejidad hallada en el proceso de implementación de la ley que el gabinete ejecutivo no acaba de reconocer, indicó el congresista Tim Murphy.

El legislador republicano por Pennsylvania agregó que el secretario del Tesoro, Jack Lew, y la secretaria de Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, también deberán responder por este cambio de estrategia en Washington.

Murphy recordó que la ley de salud fue aprobada hace tres años por la mayoría de los miembros del Congreso, y la Casa Blanca no puede alterar sus preceptos sin consulta previa con los delegados civiles integrantes del Capitolio.

Bajo la presión política de republicanos y demócratas conservadores, el gobierno de Obama decidió posponer hasta 2015 un capítulo de la reforma nacional que intenta actualizar el sistema de cobertura médica.

En lo que es visto por analistas como una derrota para el llamado Obamacare, el gabinete demócrata resolvió congelar un acápite que hubiera facilitado el suministro de asistencia facultativa a las pequeñas y medianas empresas.

La decisión afecta a cientos de miles de trabajadores, es sorprendente ver como Washington se desvió de sus objetivos sociales principales, comentó Eric L. Wright, de la organización no gubernamental Public Policy Center.

Según una indagación parlamentaria, el Obamacare tendrá un especial impacto negativo en los jóvenes entre 21 y 29 años, quienes verán un repunte en los precios de seguros en el orden de 189 por ciento.

La reforma de salud además conducirá a un alza en impuestos por valor de 165 mil millones de dólares, y el seguro premiun podría costar unos siete mil dólares adicionales cada año.

También un grupo de 79 congresistas de ambos partidos decidieron vetar una propuesta de Obama que proyectaba gravar con nuevos impuestos la venta de equipos médicos a partir de 2014.

Tanto demócratas como republicanos están vislumbrando las adversas consecuencias que la reforma va a inducir en la economía y en el precio de los cuidados de salud, y esa visión causa una convergencia política entre opositores, dijo el exsenador Evan Bayh.

Sebelius reconoció que el nuevo programa nacional de cobertura médica podría encarecer el acceso a los llamados seguros premiums en el norteño país.

Los comentarios de Sebelius, citados por el Wall Street Journal, fueron los primeros en ese sentido emitidos por un funcionario federal como señalamiento directo en contra de la reforma sanitaria de Obama.

Acorde con la funcionaria, los individuos que tengan que optar por este tipo de coberturas verán subir los precios de los talones después de las primeras semanas de enero de 2014, cuando entra en vigor el plan.

Mucha gente tendrá que adquirir un producto más caro, pero esperamos que nuestro optimizado sistema de subsidios compense los mayores expendios de los contribuyentes dentro de un mercado renovado, acotó Sebelius.

El grupo no gubernamental The Society of Actuaries aseguró que el valor de las pólizas aumentará en un 32 por ciento el próximo año por culpa de la Affordable Care Act, aprobada en 2010.

Detalló que las alzas previstas para el 2017 serán de 62 por ciento en California, casi 80 por ciento en Ohio y Wisconsin, más de 20 por ciento en Florida y 67 por ciento en el estado de Maryland.

El senador Pat Roberts criticó igualmente la reforma aprobada en 2010 y la comparó con un tren en vías de descarrilamiento. Según el legislador por Kansas, el acta entrará en vigor en 2014 con muchos acápites controvertidos y aún no bien explicados.

Faltan menos de 100 días del plazo en el cual los ciudadanos de este país están obligados a comprar algún tipo de cobertura médica y el gobierno central no ha respondido a todas las preguntas, acentuó Roberts.

Hasta ahora lo único cierto del llamado Obamacare es que encarecerá las opciones de seguro para la mayoría de los estadounidenses y que casi será un monopolio masivo de la administración federal, agregó el veterano congresista.

El líder republicano y excandidato vicepresidencial Paul Ryan predijo que la reforma de salud sancionada hace tres años colapsará por su propio peso.

Acorde con el jefe del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el plan fracasará en un marasmo de gastos excesivos y será una oportunidad para que los republicanos presenten alternativas.

No es simplemente otra inconveniente ley estatal, este programa coloca un sexto de la economía de Estados Unidos en manos de la burocracia, subrayó el congresista por Wisconsin.

Además -recalcó Ryan- le otorga visado a Washington para que el gobierno central administre las vidas de los ciudadanos en el dominio familiar más privado: la salud.

Asimismo trascendió que la Secretaria de Salud y Servicios Humanos preparó un Centro Nacional de Servicios Estadísticos (CNSE), que virtualmente funcionará como el sistema de espionaje interno desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional.

El propósito de este CNSE es recolectar informaciones de ciudadanos para crear una gran carpeta federal de datos civiles personales que ayuden al gobierno a la hora de comparar y "verificar la elegibilidad de los individuos" que opten por el seguro estatal.

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Nazismo: Augurios en Roma por 100 años de Priebke

ANSA

Carteles con augurios para el criminal nazi Erich Priebke por los 100 años que cumple hoy, aparecieron esta mañana en varios lugares de Roma.

Esta madrugada fue hallado un cartel con felicitaciones a Priebke en via Boccea, en el barrio romano Aurelio, a pocos metros de la casa del ex SS, condenado a cadena perpetua por la matanza de las Fosas Ardeatinas, cometida el 24 de marzo de 1944.

Ese día fue el responsable de la ejecución de 335 civiles, fusilados en dichas cuevas de la periferia de Roma, por lo cual descuenta bajo arresto domiciliario su condena a cadena perpetua.

"Dios maldiga a tus acusadores... Buen cumpleaños, capitán Priebke!", decía el cartel firmado por la Comunidad Militante Tiburtina, encontrado hoy y que fue retirado de inmediato.

A raíz de posibles manifestaciones o protestas en las inmediaciones de la casa del ex SS, se intensificaron los controles policiales en la zona, con despliegue incluso de carabineros.

En pleno centro apareció otro cartel, que decía "Pacifici, llega tú a 100 años!", firmado por la misma organización. Riccardo Pacifici es el Presidente de la Comunidad judía romana.

"Augurios, Priebke" y una esvástica aparecieron pintados, además, en una pared externa de la sede de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI) en Roma.

"Los escritos elogiando al criminal Priebke y las esvásticas aparecidas en ANPI son el habitual vil acto de quien aún no cede frente a la única y sacrosanta verdad de la historia", afirmó una nota de la Asociación de ex combatientes de la resistencia contra el nazi-fascismo. "El nazismo y el fascismo fueron exclusivamente regímenes sanguinarios que llevaron el horror de la guerra y del odio racial a toda Europa y más allá", agregó el grupo.

Para esta noche, militantes del partido Sel (Izquierda, Ecología y Libertad), del gobernador de Apulia, Nichi Vendola, organizaron en Roma una fuerte "movilización para evitar todo festejo público a Priebke". "Durante el acto serán leídos los nombres de las víctimas de la matanza y algunas cartas de condenados a muerte de la resistencia. Serán recordadas las víctimas porque no hay nada que festejar", destacó el Sel.

El alcalde de Roma, Ignazio Marino, hace unos días había respondido al llamado de Pacifici, que pedía a las instituciones vigilar la situación en los 100 años de Priebke.

"Vigilaré personalmente para que ninguna fiesta pública sea autorizada...Como he recordado en muchas oportunidades, Roma tiene el deber de recordar a quien combatió para liberar la ciudad de la ocupación nazi-fascista y a quien por esto perdió su propia vida. Roma fue honrada con la Medalla de Oro de la Resistencia y nadie puede festejar a uno de los responsables de la matanza de las Fosas Ardeatinas", concluyó.

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Países europeos gastan 194.000 millones de euros al año en defensa

RIA NOVOSTI (especial para ARGENPRESS.info)

Los países de la Unión Europea gastan 194.000 millones de euros al año en sus Ejércitos integrados por un total de 1,6 millones de personas, informan este lunes medios europeos.

En 2001 el gasto militar de la Unión Europea ascendió a 251.000 millones de euros. Entre 2005 y 2010, los países comunitarios recortaron un 14%, hasta 9.000 millones de euros, la inversión en las labores de investigación y diseño para las Fuerzas Armadas.

En comparación, el gasto de Estados Unidos en esta partida supera siete veces la inversión conjunta de los 28 países europeos.

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha instado en reiteradas ocasiones a que los miembros de la alianza, a la que pertenece la mayoría de los países comunitarios, no reduzcan las inversiones en defensa pese a las dificultades económicas causadas por la crisis. Según Rasmussen, los países aliados “deben acordar un aumento” del gasto militar tras la recuperación económica.

La OTAN exige que cada uno de sus países miembros destine un mínimo del 2% del PIB nacional a la financiación del bloque militar.

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Confirman en Palestina el reinicio de las conversaciones hoy con Israel

PL

El negociador principal palestino, Saeb Erekat, partirá hoy hacia Washington para participar esta noche en la primera sesión de las negociaciones de paz con Israel, anunciaron fuentes aquí.

El Gobierno de Estados Unidos envió invitaciones a ambas partes, señaló el informante, el cual reiteró que las dos primeras sesiones, hoy y mañana, serán dedicadas a establecer un marco de procedimiento para las negociaciones.

La información sigue a un comunicado de la portavoz del Departamento de estado norteamericano, Jen Psaki, según el cual el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, pidió al presidente palestino, Mahmoud Abbas, y al primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, que envíen equipos para reiniciar el diálogo.

Anuncios previos especificaron que Erekat presidirá la delegación palestina y la ministra de Justicia Tzipi Livni, el grupo israelí.

La víspera, el gabinete de Israel aprobó la liberación de 104 presos palestinos, muchos de los cuales llevan hasta 30 años en cárceles de ese país por oponerse a la ocupación militar de Tel Aviv.

Acorde con datos oficiales, en las prisiones israelíes hay cuatro mil 800 palestinos acusados de delitos políticos, casi dos centenares de ellos bajo el régimen de detención administrativa que priva a los acusados de asistencia legal y sin conocer las razones por las cuales fueron detenidos.

Centenares de palestinos se manifestaron en Ramallah contra el reinicio de las pláticas, al que también se opone la organización islamista Hamas, que gobierna en la franja de Gaza.

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