domingo, 23 de marzo de 2014

A casi once años, la causa de Sergio Ávalos finalmente cambió a desaparición forzada

LA RETAGUARDIA

El joven de 18 años desapareció el 14 de junio de 2003 y hasta hace muy poco la carátula de su causa era por averiguación de paradero. El cambio se logró a partir de que Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados, comenzara a representar a la familia Ávalos. Dialogamos con el letrado quien enumeró las numerosas irregularidades que encontró en el expediente.

La última vez que se lo vio a Sergio Ávalos fue en el boliche Las Palmas, al que había ido con sus amigos de la residencia universitaria donde vivía, ya que estudiaba economía en la Universidad Nacional del Comahue. Ávalos tenía 18 años y era hijo de una familia muy humilde de la localidad de Picún Leufú, ubicada al sur de Neuquén. Su padre es Asunción Ávalos, un trabajador postal; y su madre Margarita, que murió hace tres años sin saber qué había pasado con su hijo.

Según testigos presenciales, el joven ingresó al boliche alrededor de las tres de la mañana y no volvió a salir del lugar. Nunca más se supo nada acerca de él.

“En aquel entonces el caso tuvo una enorme repercusión pública porque estaba la universidad de por medio, que se constituyó como Amicus Curiae de la causa. El trámite fue de averiguación de paradero y en ese momento me acuerdo que funcionaba una radio en el local bailable a la que le llovían denuncias y versiones que el Ministerio Público en ese momento comenzó a investigar, pero que nunca llegaron a nada. Son doce cuerpos de expediente con la nada misma. Se han investigado llamadas telefónicas anónimas que indicaban lugares donde lo habrían enterrado, se han hecho pericias, rastrillajes y nada”, explicó Luis Virgilio Sánchez a La Retaguardia.

Sánchez es el abogado de la familia Ávalos desde el año pasado y apenas fue contactado pidió ver el expediente. Ya en las primeras páginas advirtió cosas extrañas: “el boliche tenía cuarenta cámaras de seguridad que dejaron de funcionar quince minutos antes de que ingresara Sergio al local -afirmó el letrado-, algo muy extraño que no sé por qué no investigó en aquel momento el Ministerio Público. Hubo testimonios de chicos que sufrieron apremios ilegales de parte de la seguridad del boliche. Vale aclarar que en ese momento la seguridad de Las Palmas estaba a cargo de siete personas; la mitad era personal retirado del Ejército y los otros eran policías haciendo adicionales, que además trabajaban en forma coordinada con los efectivos que estaban en actividad normal, porque esa noche se hicieron detenciones. Hay testigos que vieron cómo golpeaban salvajemente a una persona con las características de Sergio en el baño. Esos testimonios se recabaron, pero cuando le tomaron declaración al personal de seguridad del boliche hablaron como si hubiera sido un día tranquilo. Tenemos, por un lado, testimonios de que esa noche pasó de todo y, por el otro, los agentes que dicen que no pasó nada. Uno sabe que cuando hay contradicciones entre los testimonios se debe someter a un careo, pero no se hizo absolutamente nada. También hubo distintas denuncias y versiones, por ejemplo en Neuquén hay una teoría famosa de la Viuda Negra, de que Sergio habría bailado con una señora que llamó por teléfono, el marido celoso... todas versiones falsas para desviar la atención de la no investigación”.

Sin duda el nulo avance de la causa durante tantos años está relacionado con que el Estado está involucrado a través de la fuerzas de seguridad de la provincia: “no tenemos dudas de esto -dijo al respecto Sánchez-, lo advertimos en las primeras páginas del expediente, hicimos el planteo de cambio de carátula porque en 2011 nuestro código penal incorpora la figura de desaparición forzada de persona. Aunque parezca increíble nosotros tenemos una historia de un país con 30.000 desaparecidos pero esta figura penal no existía hasta 2011. Lo que sí existía era la convención de desaparición forzada de personas que fue firmada por nuestro país en el año 1994, existen precedentes jurisprudenciales, y además tenemos el artículo 75 inciso 22 de la Constitución que incorpora como ley nuestra los tratados internacionales. De todos modos, Ávalos desapareció en 2003 y este tratado se firmó en 1994 por lo que yo creo que se podría haber hecho un planteo o lo podría haber planteado el Ministerio en ese momento. A esta causa la agarré recién el año pasado y pedimos el cambio inmediatamente porque nosotros ya no tenemos dudas de que está involucrada la fuerza de seguridad de la provincia en esto. Una persona de 18 años, que sale con amigos y que ingresa a un lugar de masiva concurrencia como es un boliche, que iba a la universidad, tenía actividades, no puede desaparecer de un día para el otro si no hay un crimen atrás y una red de encubrimiento”.

El cambio de carátula implica que la causa pase al fuero federal. Al respecto, Sánchez manifestó: “el juez provincial ya dijo que es incompetente, ahora la justicia federal de Neuquén debe expedirse sobre su competencia. En la hipótesis de que ellos se declararan incompetentes quien debería resolverlo es la Corte Suprema porque tendríamos un conflicto interjurisdiccional, habría dos fueros que se estarían autoexcluyendo”.

“Lamentablemente Sergio Ávalos integra una lista que ya suman 200 desaparecidos en nuestra democracia y nosotros tenemos la difícil tarea de tratar de averiguar -reflexionó el abogado hacia el final del diálogo con La Retaguardia-, los familiares siempre quieren que aparezcan aunque sea los restos de las personas, pero la realidad es que esta es una búsqueda de la verdad en primer lugar para después saber qué le pasó a Sergio. Yo pertenezco a una multisectorial contra la represión, que integran muchas organizaciones, y quienes militan son las víctimas. Es lo que más o menos pasó en la década del ’70, con las Madres, Abuelas y la APDH, eran víctimas y familiares. La hermana y la madre de Sergio, también la hermana de Luciano Arruga, todos se han transformado en militantes contra la violencia institucional, la del Estado”.

El caso de Sergio Ávalos tuvo gran trascendencia local en su momento y recién ahora empieza a romper muy de a poco las fronteras provinciales, a partir de la difusión que hacen de estos casos sobre todo los familiares de Luciano Arruga, que van recogiendo historias en diferentes provincias, y que son uno de los motores, junto a otro familiares, de las reuniones aún informales de familias y víctimas de violencia estatal. Allí, quizá, estemos asistiendo a un germen de organización como fueron, en los primeros años de la última dictadura, las primeras reuniones de lo que hoy conocemos como Madres de Plaza de Mayo.

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