miércoles, 17 de diciembre de 2014

El trabajo de los presos: No es un "privilegio" sino una forma de reinserción social

Irina Santesteban (LA ARENA)

El fallo que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo de un grupo de presos de la cárcel de Ezeiza generó una fuerte polémica con más prejuicios que conocimientos sobre la real situación de los detenidos en las prisiones argentinas.

El fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, dictado recientemente y que acogió el reclamo que hicieron los presos del penal de Ezeiza, para que sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales se equiparen a los de los trabajadores en libertad, dio lugar a todo tipo de comentarios en las redes sociales y los medios masivos de comunicación.

Muchos de los que opinaron, lo hicieron desde el lugar común de aquellos que piensan que los presos "deben pudrirse" en las cárceles, y que cualquier reclamo a favor de mejorar su situación significa "contemplar los derechos humanos de los delincuentes".

Esta acusación, que subestima los esfuerzos que hacen muchas instituciones y profesionales para mejorar la situación en los lugares de encierro, encubre prejuicios y desconocimiento sobre lo que realmente pasa "detrás de los muros" de las prisiones en nuestro país. Y también demuestra una actitud necia respecto a la sociedad que se quiere construir, pues no es con mayores penas ni con máximo rigor como se combate con éxito el delito.

Quienes defienden el concepto de una "seguridad democrática", además de hacer hincapié en la prevención del delito, a la hora de orientar políticas para la ejecución de las penas, recomiendan la implementación de iniciativas que propendan a la reinserción social de los delincuentes. Porque los presos, aún los más peligrosos, cuando cumplen su condena salen en libertad, y si la cárcel -como ocurre actualmente- sólo les ha dado violencia, humillación, malos tratos, su actitud y su respuesta hacia la sociedad que lo confinó en ese lugar, será de mayor violencia.

Derecho al trabajo

El fallo que hizo lugar a un recurso de hábeas corpus colectivo incoado por la Defensoría Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, está firmado por los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David. En su voto, Slokar sostuvo que "no puede ser ajeno a la cuestión laboral carcelaria que enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social". Recordando el adagio "el trabajo digno dignifica al hombre", el magistrado consideró que el trabajo del preso no es una concesión graciable, sino un derecho y goza de protección constitucional, además que le sirve para la evaluación de su conducta y así poder ser beneficiado con la libertad condicional.

En la resolución, los camaristas le ordenan al Ente de Cooperación Técnica y Financiera (Encope), dependiente del Servicio Penitenciario Federal, "la elaboración de un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que, a la par de organizar el trabajo intramuros atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla, adapte su régimen a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales que rigen la materia".

Quienes han opinado sobre lo que consideran un "privilegio" para los presos, esto es que trabajen y cobren el salario mínimo, con vacaciones y aguinaldo, deberían informarse y saber que en realidad, sólo lo hace un 37% del total de la población carcelaria. Porque para que el Servicio Penitenciario permita a un preso que trabaje, éste debe tener buena conducta, que es evaluada por el personal.

Otro dato que no figuró en los numerosos programas donde se comentó este tema, en general de manera negativa, es que la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad, 24660, fue sancionada en 1996, durante la presidencia de Carlos Menem. No fue una ley sancionada por el gobierno kirchnerista, que para los defensores de la "mano dura", sólo se ocupa de los "derechos humanos de los delincuentes".

Respecto al trabajo, el artículo 106 establece: "El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación". Y en cuanto a la modalidad del trabajo de los presos, el artículo 107 dispone que "No se impondrá como castigo; no será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado; propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales; procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre; se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral; deberá ser remunerado;

y se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente".

Quiere decir que el fallo de la Cámara de Casación Penal, no hizo más que ratificar lo que una ley dispone desde hace 18 años en nuestro país, pero que parecen desconocer muchos periodistas, opinadores, y lo que es más grave aún, muchos dirigentes políticos que pretenden ser candidatos a presidente, como Sergo Massa.

El intendente de Tigre y actual diputado nacional, dijo respecto al fallo que "mientras se garantiza el derecho de los presos a tener un sueldo, se le quita un ingreso a la gente con Ganancias", en relación al pago de este impuesto por parte de un sector de trabajadores.

En un artículo publicado en el diario La Nación del día 17 de octubre, titulado "Cómo es el sistema por el que trabajan 22.000 presos en las cárceles argentinas", firmado por la periodista Sol Amaya, se cita el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, del año 2012, según el cual el 53% de los presos (32.592) de todo el país no tenía trabajo remunerado en la cárcel, mientras que los que sí realizan tareas laborales en prisión (22.664), un 17,95%, trabaja hasta 40 horas semanales.

Como dato llamativo, Amaya indica que el 58% de las personas presas en todo el país (35.506) tenía trabajo al momento de ser detenida.

Si se considera la situación de las cárceles que están bajo la órbita del SPF -siempre según el informe- en el año 2012 casi el 69 por ciento (6.750) de los presos en cárceles federales tenía trabajo remunerado.

El sueldo de los presos

La ley dispone que "si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil". Pero como a los presos que trabajan se les considera las jornadas efectivamente trabajadas, según la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), los detenidos cobran las horas que la autoridad penitenciaria sostiene que han trabajado. El preso no tiene ninguna instancia donde rebatir esa decisión, y según las normas carcelarias, el máximo que un detenido puede trabajar al mes, son 200 horas. Como la hora se paga 18 pesos, lo máximo que un preso puede cobrar por mes son 3.600 pesos. Esto, siempre y cuando pueda trabajar ese máximo de horas (200) y que el SPF, no sólo se lo permita, sino que informe con veracidad la cantidad de horas que efectivamente ha laborado.

Como es bien sabido, incluso reconocido por el propio secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, "hoy, se venden los certificados de buena conducta para que salgan los presos". Por ello, en lugar de indignarse porque los presos cobren un sueldo, con vacaciones y aguinaldo, lo que deberían hacer, en primer lugar el gobierno y las autoridades de seguridad, y luego los periodistas y demás opinadores, es apuntar a combatir y erradicar esa corrupción en el SPF.

Entonces, no sólo que es una parte de la población carcelaria la que accede al trabajo, sino que, además, sólo una muy pequeña porción es la que percibe ese sueldo, pues la mayoría trabajan menos de las 200 horas estipuladas como el máximo permitido.

Destino del sueldo

Según la PPN, del sueldo que percibe el preso, se le descuenta el porcentaje para su jubilación y también para un fondo de reserva. Este fondo le es entregado al preso cuando sale en libertad, ya sea efectiva, condicional o asistida, y constituye un 30% del sueldo.

También se le descuenta un 25% para solventar los gastos que causa en el establecimiento carcelario, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia consideró inconstitucional este descuento.

Por último, la mayoría de los presos, luego de los descuentos, utilizan el dinero de su sueldo para enviar a su familia y también para mejorar sus condiciones dentro de la cárcel, adquiriendo elementos de higiene y limpieza que no se les suministra en muchos casos, o mejorar los alimentos.

Con este artículo no pretendemos hacer un panegírico del detenido, porque se entiende que quien está en una cárcel es porque ha cometido un delito, en muchos casos, de gravedad, y en otros, de menor cuantía.

Pero frente a un aumento de los robos, algunos con violencia, o de otros delitos, que sufren los ciudadanos, desde algunos ámbitos se intenta imponer la idea que sólo aplicando severas condenas, y sometiendo a los delincuentes (los presuntos y los que tienen sentencia firme) a un régimen carcelario severo, es la forma de acabar con la delincuencia.

Esto no es así, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo. La única forma de combatir el delito es atacando sus causas, que son, entre otras, las desigualdades sociales y la falta de oportunidades de estudio y trabajo para los sectores juveniles, que de esa manera, son más fácilmente captados por las redes mafiosas que organizan los delitos llamados complejos, como el narcotráfico, la trata de personas, la piratería del asfalto, el tráfico de armas o de órganos, etc.

Si los propios funcionarios de Seguridad reconocen que en las cárceles reina la corrupción, que muchos de los delitos son cometidos por presos que son utilizados por miembros del Servicio Penitenciario, que los dejan salir de las prisiones para que roben para ellos, si todas estas cosas pasan y los ciudadanos seguimos pidiendo que las cárceles sean más duras, y a los presos les damos menos derechos, ¿qué esperamos que hagan esas personas cuando salen de prisión?

Porque salvo que se les aplique a todos los condenados, la pena de prisión perpetua, para cualquier delito, cosa imposible, todos los que hoy están detenidos, cuando cumplan su condena, saldrán de prisión. Y van a reincidir, incluso con mayor violencia, si en la cárcel sólo sufrieron humillaciones y malos tratos.

Muy lejos de ser "privilegiados", los presos, por lo menos la mayoría de ellos, viven en cárceles superpobladas y sufriendo tratos vejatorios.

No es de esa forma como se reinserta como personas útiles en una sociedad a las personas que han cometido delitos, aún cuando hayan sido graves. Para ello está la pena, que se gradúa de acuerdo a la entidad del crimen cometido, y a la reincidencia del condenado.

Las prisiones deben ser sanas y limpias, como dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, y si se enseña a trabajar y estudiar, seguramente se conseguirán mejores resultados que los que hoy tenemos, con un altísimo porcentaje de reincidencia.

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