lunes, 22 de diciembre de 2014

Electroquímica El Carmen: Crónica de un abandono programado

COLECTIVO RADIO PUEBLO - ANRED

Hace un año, el 19 de diciembre de 2013, un grupo de trabajadores de Electroquímica El Carmen recibe la noticia de sus despidos por parte de la empresa jujeña en la que trabajaron alrededor de 20 años. Tras diferentes conflictos, pagos retaceados, sin seguro de riesgos, sumado a continuas irregularidades, los químicos con los cuales trabajaban eran vendidos pero de las grandes ganancias no vieron ni siquiera sus sueldos: una sumatoria de hechos que llevaron a que ese grupo de trabajadores tomara la empresa en el mes de enero de este año.

En la toma de la empresa los trabajadores se conscientizaron que la empresa había sido vaciada impunemente y que sus despidos además de arbitrarios habían sido planificados en un vaciamiento por el cual no serían reconocidos los años de antigüedad, mucho menos las deudas y evasiones de los empresarios dueños: las familias de Pablo Rafaelli y Oscar Zeballos, empresarios salteños, uno de ellos ex funcionario de minería de la provincia de Jujuy.

La toma de la empresa duró un poco más de medio año, con idas y vueltas a la Secretaría de trabajo, de la que nada obtuvieron. Marchas y reclamos que no fueron escuchados, solo la visibilización de los medios sirvió para que los jujeños se enteraran que 60 trabajadores quedaron sin su fuente de trabajo y una empresa que producía dos químicos esenciales para la potabilización del agua (hipoclorito de calcio y sulfato de aluminio), pero nada alcanzó y los trabajadores siguieron abandonados.

La causa legal avanzó hasta la designación de una síndico, Laura Pereyra de Zeballos, en el concurso preventivo de la empresa, y tras el hostigamiento de los mismos empresarios empecinados a sacar del predio las toneladas de borato y agrobor para su comercialización, hubo distintos intentos de represión y desalojo, de la cuales se inventaron causas y fueron la excusa de la síndico para no asumirse como responsable. Dada esta situación, los trabajadores se vieron acorralados, puesto que la síndico puso de condición que debían abandonar la toma para que ella pudiera obrar "sin presión y más objetivamente"; y así se garantizaba además que las denuncias penales presentadas hacía los trabajadores implicados serían levantadas, entonces no les quedó de otra que abandonar una toma de 5 meses de resistencia y lucha, por eso se decidió acampar en la puerta de la empresa, para continuar la resistencia y cuidar que no entraran camiones a robarse el borato y el agrobor.

El día que los trabajadores abandonaron la toma, había amenaza de desalojo y si bien la síndico estaba citada a asumir su responsabilidad, no llegó. La presión de los medios y de los mismos abogados de las dos partes hicieron que la policía tuviera que ir a buscar a la sindico personalmente. Tras varios días de trabajo y recolección de datos, inventarios y extracción de computadoras con el registro de la administración de Electroquímica el Carmen, continuó el hostigamiento y un día cuando había pocos trabajadores en el acampe, llegó un centenar de policías que permitió el ingreso de camiones que se llevaron los químicos valiosos. No alcanzó el robo y los mismos empresarios agasajaron a los policías por su ayuda con un almuerzo delante del desconcierto y el abandono de los trabajadores.

El desgaste y las heladas de invierno, sumado a la resignación y depresión de los trabajadores hicieron que se levantara el acampe sin otra certeza más que la poca confianza que tenían en sus abogados, abogados designados por un sindicato burocráta que brindó poco acompañamiento y mostró muchas veces también complicidad con la estrategia de los abogados de los empresarios.

El abandono hoy

Hoy a un año del conflicto, continua la impunidad de los empresarios con complicidad de la síndico, del juez, abogados, funcionarios en perjuicio de los trabajadores, que con las manos vacías tuvieron que sobrevivir como pudieron.

Hace unas semanas la sindico presentó un "informe"; al juez de la causa, Juan Pablo Calderón. En diálogo con Radio Pueblo, Marcelo Quispe relata que de la causa saben poco, que el informe muestra la complicidad de síndico con los empresarios y que pese al concurso en la empresa sus ex compañeros, trabajadores que estuvieron fuera del conflicto y que fueron de la planta permanente de Electroquímica, hoy trabajan en negro produciendo los químicos pero ahora bajo el nombre de Avanti S.A., la empresa de transporte a nombre de Enzo Rafaelli, hijo del empresario cuestionado.

Este informe por empezar ni siquiera sospecha del vaciamiento intencional y fraudulento, ni las evasiones, atropellos e irregularidades a la que fueron sometidos los trabajadores, mucho menos reconoce los años trabajados. En sólo 11 páginas sostiene que es el trabajo de meses de análisis de datos e informes, inventa que la suma fraguada de lo que se le adeuda a los trabajadores es obtenida del registro de un "huellero digital", en el que los trabajadores marcaban sus asistencias, huellero inexistente en los 25 años de existencia de la empresa, los trabajadores aún guardan una tarjeta plástica desgastada que les servía para marcar su asistencia cuando la máquina funcionaba para tomar el registro. Nada dice de los datos de las casi 10 computadoras que se llevaron con información que comprometía a los empresarios, de los recibos, cheques y transacciones con las que comercializaban al exterior los químicos, que darían cuenta de los ingresos reales de la empresa. Ni mucho menos por qué la síndico permitió la salida de los químicos cuando su deber era resguardar los bienes de la empresa.

Quispe, como sus compañeros cansados del abandono, esperan que la justicia reconozca sus derechos y tener siquiera alguna certeza que verán sus indemnizaciones. Sostiene que el vaciamiento estuvo planificado y que tras un año de abandono, él y sus compañeros piden la quiebra de la empresa, porque "sería la única manera en que vamos a poder cobrar algo o recuperar nuestra fuente laboral", y por otra parte perjudicaría en parte al empresario que sigue sumando cifras millonarias en sus negocios mientras ellos sobreviven con lo que pueden.

Como era de esperarse de la impunidad con la que obran los empresarios amigos de los poderes de turno, actúan libremente utilizando la mano de obra de los trabajadores en empresas como Electroquímica El Carmen que, además de producir millonarias sumas para su bolsillo, les sirvió para lavar sus otros negocios y cuando no pudo hacerlo más, se abandonó como así como también a sus trabajadores, que con la presión y la poca experiencia tuvieron que enfrentar su suerte y el abandono.

El próximo año el juez Juan Carlos Calderón tendrá que dar un dictamen en torno al concurso de una empresa vaciada fraudulentamente, con complicidad de funcionarios de turno, de una síndico que inventa informes, e incluso de él mismo; pocas esperanzas quedan de justicia tras el panorama redactado. Mientras, los trabajadores sobreviven de changas y algunos de ellos planean viajar al sur en búsqueda de trabajo, para poder volver a mantener a sus familias.

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