jueves, 15 de enero de 2015

España. Criminalización de la protesta: El PP pretende convertir los escraches más graves en delito de terrorismo

Gonzalo Cortizo (ELDIARIO.es)

Influir en la actuación de una autoridad, alterar la paz social y el funcionamiento de las estructuras políticas será considerado terrorismo si el PP hace valer sus propuestas. Antes de su debate en el Congreso, los populares se sentarán con el PSOE para delimitar el nuevo marco jurídico de lucha contra el terrorismo.

El PP pretende convertir el delito de terrorismo en un cajón de sastre en el que cabe casi todo. Sus enmiendas presentadas en la reforma del Código Penal incluyen un listado de nuevas prácticas homologables con la definición que tradicionalmente se reservaba para bandas como ETA o los GRAPO. La nueva catalogación que quiere imponer el PP señala a los escraches, las huelgas con piquetes o la alteración de un pleno parlamentario al borde de ser definidos directamente como terrorismo. Lo hace de manera ambigua, vaga y excesivamente amplia.

En la enmienda 874 redactada por el PP se puede leer: "Se considera terrorismo la comisión de cualquier delito grave" que pretenda "alterar gravemente o de cualquier otro modo la paz social". El tradicional sentido que se le ha dado en democracia al término “paz social” –el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal– comenzó a cambiar el día que Jorge Fernández Díaz tomó posesión de su cargo de ministro de Interior en enero de 2012. Su primera intervención como ministro estuvo dedicada casi en su 50 por ciento a explicar el objetivo de mantener la “paz social” en un momento de más que previsibles protestas sociales. La otra mitad de su intervención la ocupó casi por completo el terrorismo de ETA.

En otro punto de la propuesta, el PP dice que será terrorismo cualquier delito que persiga "influir o condicionar de modo ilícito la actuación de cualquier autoridad nacional o extranjera". En el articulado propuesto no hay referencia expresa a los escraches pero, según fuentes jurídicas, de aprobarse el nuevo Código Penal en los términos que pretende el PP, "parece evidente que se está abriendo la puerta a considerarlos como un delito de terrorismo, cuando en su desarrollo se produzca algún delito grave".

Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Autónoma, considera que "determinados escraches excesivamente agresivos los estarían convirtiendo en terrorismo en función de la reforma legal planteada". Según este profesor, las enmiendas del PP "usan términos extraordinariamente abstractos y luego esos términos los carga el diablo".

La enmienda 874 afirma que cualquier delito que persiga "alterar gravemente el funcionamiento de las estructuras básicas políticas" también será considerado terrorismo. Esta referencia recuerda al asedio al Parlament en 2011 o las convocatorias de Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012. Con el Código Penal vigente, el caso catalán fue juzgado y se estimó absolver a los acusados de los delitos de atentado contra las instituciones del Estado. Si las tesis del PP se imponen, un caso similar supondría con gran probabilidad la apertura de un proceso por terrorismo.

La deriva que ha impuesto el Partido Popular en sus leyes de orden público choca con la doctrina del Tribunal Constitucional que advierte del "efecto del desaliento". Según esta doctrina, también asumida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el riesgo de sancionar en exceso los delitos cometidos en ejercicio de derechos fundamentales puede acabar provocando el desaliento de la ciudadanía en el ejercicio normal de esos derechos. Dicho de otro modo, si los delitos cometidos durante una manifestación o en el ejercicio del derecho de expresión son penados en exceso, la ciudadanía acabará renunciando a manifestarse o a expresarse libremente por temor a sanciones.

Las propuestas del PP han sido apartadas del debate sobre el Código Penal a la espera de la negociación que se ha abierto entre los dos principales partidos. Fuentes del PSOE consultadas por eldiario.es advierten de que no están dispuestos a aceptar el "camino de criminalización" y "generalización del terrorismo" que pretenden los de Rajoy. En caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto y el PP insista en sus propuestas, el grupo mayoritario se verá obligado a aprobar estos cambios en solitario. Sería la primera vez en democracia que un partido en el Gobierno apruebe su política contra el terrorismo sin el concurso del principal partido de la oposición.

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