viernes, 30 de enero de 2015

Ley de Trata: Un avance que se hizo esperar

Giselle Scardilli (RED ECO)

Luego de dos años de sancionada la Ley, la reglamentación estipula un procedimiento de asistencia integral para las víctimas, la creación de un Consejo Federal y la posibilidad de que el Estado sea querellante en las causas.

A más de dos años de su sanción, el Poder Ejecutivo reglamentó parcialmente la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas N° 26.364 y su modificatoria N° 26.842 de diciembre de 2012. A través del decreto 111/2015, publicado ayer en el Boletín Oficial, se establecen los derechos que el Estado Nacional deberá garantizar a las víctimas de delitos de trata o explotación de personas. “Nos parece positivo a pesar de que pasaron dos años”, señaló Fabiana Tuñez, coordinadora de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

La Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas fue sancionada en abril de 2008 y, tras el vergonzoso fallo que absolvió a todxs lxs acusadxs por la desaparición y secuestro de Marita Verón en diciembre de 2012, fue modificada por la Ley N° 26.842. Tanto Zaida Gatti, responsable del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como Cecilia Merchán, al frente del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas destacaron que a pesar de la ausencia de reglamentación la Ley se encontraba operativa desde 2012. De hecho, el Comité que coordina Merchán fue creado por la Ley 26.842 y funciona desde septiembre de 2013.

La reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional es parcial porque deja al margen las disposiciones penales y procesales, que se plantean en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. “A pesar de ser parcial, consideramos que los puntos que desde la sociedad civil veníamos reclamando con mayor urgencia fueron los que se reglamentaron”, expresó Tuñez.

Con esta normativa, se establecen los pasos que deberán seguir las distintas áreas del Estado en lo que respecta a la atención y asistencia de las víctimas rescatadas; se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que deberá designar a sus integrantes en un plazo máximo de 60 días; y se le otorga poder al Estado para constituirse como querellante en los procesos judiciales por este delito.

El procedimiento de “Garantías Mínimas para el Ejercicio de los Derechos de las Víctimas”, publicado ayer en el Boletín Oficial bajo el Decreto 111/2015, prevé el trabajo conjunto entre ministerios en la asistencia integral de las personas rescatadas. Plantea que el primer contacto se llevará a cabo por profesionales especializados en el delito de trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes, previo requerimiento del magistrado competente”.

Luego, la asistencia continuará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, “que efectuará las articulaciones necesarias con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el abordaje de las víctimas procurando la continuidad de la asistencia integral hasta la restitución efectiva de sus derechos”. Además, se establece que toda víctima deberá recibir información detallada y clara, y se estipula la provisión de intérpretes en los casos en que no hablen español o tengan alguna dificultad para comunicarse. Se asegura el acceso de las víctimas a un “alojamiento apropiado” y a los programas de empleo o cursos de formación laboral dependientes del Ministerio de Trabajo de la Nación, así como el asesoramiento legal y el patrocinio jurídico gratuito por parte del Ministerio de Justicia.

El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estará integrado por un representante de cada una de las carteras que intervienen (Justicia, Trabajo, Desarrollo Social, Seguridad, Interior, Relaciones Exteriores), así como representantes del Congreso, del Poder Judicial, de cada provincia y de CABA, del Ministerio Público Fiscal, del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del Consejo Nacional de las Mujeres. Asimismo, habrá tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo a la normativa, todas las jurisdicciones deberán definir a sus representantes en un plazo máximo de 60 días previo a la primera reunión del Consejo, que será convocada por el Jefe de Gabinete de Ministros.

Desde la Casa del Encuentro, Tuñez pidió “la reglamentación total y que el Consejo Federal entre en funcionamiento cuanto antes”. Esta ONG, que desde 2010 brinda asistencia y orientación psicológica, legal y social en forma gratuita a familiares y víctimas de violencia de género y trata de personas, es una de las tantas organizaciones de la sociedad civil que reclama hace dos años la reglamentación de esta Ley. “Todo lo que tiene que ver con el género en nuestro país parece ser que no es prioridad, lamentablemente todo lo que implica reglamentaciones y modificaciones se demora más de lo que se necesita que se demore”, sentenció Tuñez.

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