viernes, 2 de enero de 2015

Uruguay: Organizaciones de derechos humanos cuestionan al Gobierno por la continuidad del Ministro de Defensa

Carlos Santos (ANRED)

En una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Montevideo organizaciones sociales plantearon su preocupación por la señal del gobierno electo -bajo la presidencia de Tabaré Vázquez- de mantener en el ministerio de Defensa a Eleuterio Fernández Huidobro, a quien identifican como el principal responsable del estancamiento de las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la dictadura militar.

El 10 de diciembre, en horas de la mañana se llevó adelante la presentación del Informe de Derechos Humanos del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) en la Sala Mario Benedetti de la Asociación de Autores de Uruguay.

Allí, en el capítulo referido al estado actual de las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura militar y sus víctimas, Madelón Aguerre -integrante de la organización- cuestionó que el futuro gobierno de izquierda mantenga en su cargo a Fernández Huidobro, sosteniendo que el actual secretario de Estado analiza todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país desde una “lógica marcial” que no es en la que se encontraban los miles de procesados por el régimen, ni aún todos los asesinados o desaparecidos. Aguerre dejó entrever además la existencia de un pacto que asegura el mantenimiento de esta impunidad, denunciando además los recientes traslados de jueces y fiscales que habían alcanzado algunos avances relativos en las causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

El informe de SERPAJ plantea además la vinculación entre el mantenimiento de la impunidad de estos crímenes con otras impunidades cotidianas, como la violencia de género -que tiene en el aumento de los casos de feminicio una preocupante y lamentable expresión- y en el accionar del sistema represivo sobre los jóvenes pobres.

Precisamente sobre este punto, Mauro Tomasini -también integrante de la organización- sostuvo que hay que relativizar el efecto de ciertos avances en materia de derechos, ya que no cuenta lo mismo la legalización de la marihuana en Pocitos que en Casabó (haciendo referencia a las diferencias entre la zona costera donde vive la población acomodada de la ciudad y la región oeste donde vive la población marginalizada).

Tomasini sostuvo que más allá de la alegría que provocó que no se alcanzaran los votos para bajar la edad penal juvenil -plebiscitada junto a las elecciones nacionales en el mes de octubre- se ha instalado en la sociedad uruguaya un consenso coercitivo, del cual forman parte una serie de iniciativas legislativas que han contado con el apoyo de todo el espectro político (como la ley de faltas o el mantenimiento de los antecedentes penales de los menores de edad). El ‘punitivismo’ -como denomina Tomasini a este consenso- es una lógica que se ha instalado en la sociedad a partir del accionar de los medios masivos y sin que ningún actor social o político logre enunciar un discurso diferente.

El informe de SERPAJ también avanza sobre la situación de otros derechos humanos fundamentales, como la educación, la vivienda o el ambiente.

Por la tarde, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos organizó un acto en el Memorial ubicado en el Cerro de Montevideo, recordando que a 30 años de reinstaurada la democracia en el país aún siguen sin resolver la mayoría de los crímenes y los culpables aún están sin condena.

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