viernes, 13 de marzo de 2015

Boletín informativo de CORREPI

Triunfo en Neuquén: De movilizaciones, represión y justicia de clase / Las herramientas del crimen organizado (usa antifaz de polizón) / Gendarme violador en Huechulafquen: otro paisaje para una historia repetida / Inseguridad es la policía en la calle / Desalojo violento en Carmen de Patagones / Metropolitanos a juicio por tirar balas de plomo.

Triunfo en Neuquén: De movilizaciones, represión y justicia de clase
El viernes 6 de marzo, debía comenzar en Neuquén el juicio contra militantes sindicales y de organizaciones sociales que, en agosto de 2013, junto a más de cinco mil manifestantes, protestaron contra el gobierno nacional denunciando la entrega a Chevron de la explotación del yacimiento Vaca Muerta.
Por entonces, la legislatura de la provincia se disponía a aprobar el proyecto por el que YPF comprometía el futuro del yacimiento “Vaca Muerta” (uno de los mayores caudales de hidrocarburos no convencionales de aceite y gas de esquisto en el planeta) conforme las condiciones que impusiera el gobierno de EEUU en favor de la multinacional Chevron.
La movilización fue brutalmente reprimida, con heridos de gravedad, entre ellos, Rodrigo Barreiro, hijo del decano de la Facultad de Humanidades de la UNCo, con una herida de bala de plomo calibre 22 alojada en el tórax; otro que recibió una bala de goma en el rostro y perdió un ojo, y otro más que fue golpeado en el abdomen por un cartucho de gas lacrimógeno.
También fueron detenidos y luego encausados por ejercer el derecho a la protesta el secretario general de la CTA local, Carlos Quintriqueo, y referentes de FASINPAT (ex - Zanon), como Raúl Godoy, diputado provincial del FIT al momento de los hechos, y Andrés Blanco, del Sindicato de Ceramistas.
Se abrían las puertas de un nuevo e infame juicio sobre trabajadores. Neuquén se preparaba el viernes pasado para continuar firmemente la lucha. Movilizando, recibiendo solidaridades desde todas partes, agitando, ganando las calles con verdades a puño, los compañeros ponían ahora en evidencia el rol que ostenta el sistema judicial.
Probablemente, y para no quedar expuestos en un año electoral, esto fue advertido por ese mismo estado que, a través de su Fiscal Di Maggio, pocas horas antes del debate oral, presentó un pedido de sobreseimiento que acogió la jueza y terminó con un proceso más de los tantos que integran la lista de la criminalización de la protesta.
Saludamos la movilización y férrea actitud de lucha de todos los compañeros, que derivó en el fin de una causa propia de una justicia de clase, selectiva y funcional a los intereses de los grupos económicos más poderosos del planeta.
Una vez más ha quedado demostrado que la mejor herramienta a nuestro alcance es la lucha organizada, con la confianza depositada únicamente en nuestras propias fuerzas.
Las herramientas de la represión (usa antifaz de polizón).
El viernes 6 de marzo, en Ciudadela, la noticia fue que un efectivo de la Bonaerense mató a uno de dos “motochorros”, adjudicando la violencia a una cuestión de categorías: “ellos o nosotros”, le dijo a su novia para calmarla, frente al cuadro de desconcierto de sus gestos. Los vecinos vieron desplazarse en Fuerte Apache a la pareja, dentro de un auto Chevrolet Astra, seguidos por una moto con dos hombres. Desde dos ruedas, los muchachos habrían querido asaltarlos (nadie dice cómo ni con qué) y fue ahí cuando el efectivo bajó la ventanilla y les tiró tres veces: una bala en la cabeza y otra en el abdomen del acompañante de la motocicleta, la tercera para el conductor sobreviviente. Pero ese ellos o nosotros no titula las noticias, se esconde tras el método mediático del “violento enfrentamiento” con armas de un solo lado.
El mismo día, en Misiones, los diarios tuvieron que recular con la noticia dada una semana antes, cuando “informaron” que el changarín Julio Antonio Lloret, de 25 años, había sufrido una “muerte súbita” en un calabozo de la comisaría de Guaraní. La autopsia reveló que el joven murió apaleado, por lo que ocho policías y el médico que certificó la muerte como “natural” se convirtieron en imputados por las torturas y su encubrimiento. Julio había sido detenido el 24 de febrero, cuando esperaba el colectivo para ir a Oberá, donde le había salido una changa. Lo tuvieron preso varios días, y cuando fue liberado, en pésimo estado, alcanzó a contar que le habían pegado. Agonizó varios días, hasta que falleció y fue rápidamente enterrado sin ordenarse una autopsia, con apoyo en el certificado del médico encubridor. La constancia en la denuncia pública de la familia logró que se ordenara la exhumación, y esta pericia que determinó que sufrió múltiples golpes, y que murió como consecuencia de los recibidos en la cabeza.
Sólo dos ejemplos de la docena ocurrida en las últimas dos semanas, de las dos principales causas de muerte a manos del estado: el gatillo fácil en las calles y la tortura en lugares de detención.

Gendarme violador en Huechulafquen: otro paisaje para una historia repetida
El domingo 1 de marzo, en horas de la tarde, un suboficial de la Gendarmería Nacional violó a una turista polaca que visitaba la zona del lago Huechulafquen en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.
El gendarme, con destino en la fronteriza zona del Paimún, se movilizaba con su propio vehículo, que pudo ser identificado por la víctima y con ello lograr su detención.
La condición de integrante de las fuerzas de seguridad le agrega un plus al siempre despreciable hecho.
Sobre todo, cuando se halla fresco un hecho similar ocurrido en Monte Chingolo en enero pasado, siendo el autor de la violación un compañero de armas del uniformado de Neuquén y del que dimos cuenta en nuestro boletín nº 750.
No es un hecho aislado ni es el producto de un perverso más.
La humillación, el sadismo, la violencia, el dominio físico, que entrañan estas repugnantes conductas, se agravan cuando su autor es alguien al que el estado potencia concediendo facultades de control y disciplinamiento social y haciendo la vista gorda cuando esas manifestaciones extremas ya se vislumbran en la cotidianidad de la función.
Por eso también es responsable el estado. La lógica del "daño colateral", con la que asume estas conductas, es esa otra perversión institucional.
Hay sin dudas un componente de personalidad que siempre está presente en estos casos, pero la naturaleza de la función para la que son convocados estos sujetos, prevalece por sobre aquellas condiciones y hasta el adiestramiento mismo que reciben, suelen fomentar y liberar en ellos, el descontrol de sus nefastos impulsos.
Con estos mismos parámetros deben medirse otras costumbres uniformadas y que constituyen otro capítulo de la misma historia: detener arbitrariamente, torturar, desaparecer, matar.
La repetida historia de una perversión mayor: el ejercicio del poder por quien monopoliza legalmente el uso de la fuerza y concede a sus ejecutores, uniforme, armas e impunidades varias.

Inseguridad es la policía en la calle
El miércoles 4 de marzo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto con el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, y una gran cantidad de intendentes bonaerenses, celebraron el egreso de la primera camada de la policía de Prevención Local en Ezeiza. Se trata de 330 nuevos uniformados que ya se encuentran patrullando las calles del distrito y que son parte de los 92.000 efectivos, entre policía provincial y local, que Scioli pretende alcanzar al finalizar su mandato.
Con declaraciones como “¿Donde vieron una Policía que no use armas para estar al cuidado de los vecinos? Esta es la Policía que soñaba. Muchos se hicieron los boludos. Hasta que Scioli puso la firma“, el ministro agradeció la iniciativa del gobernador que, a su vez, pronunció algunas frases del estilo "Volqué todo mi Gobierno para dar respuesta a la demanda de brindar mayor seguridad. Les quiero agradecer su vocación de servicio y responsabilidad social. Van a ser una policía más próxima, más amigable. No quiero una policía autoritaria, sino con autoridad”.
La policía de Prevención Local en Ezeiza es una primera muestra del incremento de voltaje de las políticas en materia de seguridad que se viene implementando en la última década, con reformas que pretenden resignificar y revalorizar los lazos entre policía y comunidad. Con este objetivo, se han tomado varias medidas, por un lado la descentralización territorial de la formación policial, que incluye la inclusión de la carrera de policía en universidades nacionales (UNLaM, UNLa, UM, UNLZ, etc.) a través de convenios con los municipios, y por el otro, la apertura de nuevas carreras vinculadas a la Seguridad Ciudadana, como por ejemplo, licenciatura en seguridad y en criminalística, entre otras.
Sin embargo, basta recorrer las otras notas que se incluyen en este boletín -o tan solo leer un diario o ver la televisión-, para darnos cuenta que los efectivos egresados son los nuevos verdugos que salen a la escena para ejecutar la orden de la clase dominante, y por tanto del estado. Para ellos, es imprescindible contar con estos servidores que lo que hacen, no es ni más ni menos, es cuidar la propiedad privada, pilar fundamental del sistema capitalista en que vivimos. Y para eso, las fuerzas represivas asesinan con el gatillo fácil y con la tortura en cárceles y comisarías, reprimen a los trabajadores organizados y desaparecen personas. Pero eso no es todo, porque a su vez, participan y hasta organizan otros delitos como los secuestros extorsivos, narcotráfico, extorsión a vendedores ambulantes, redes de trata, encubrimiento de robos, entre otros.
Desde el retorno de la democracia hasta fines de 2014, en la provincia de Buenos Aires -excluida CABA- el aparato represivo del estado asesinó a 1.946 personas. Si ampliamos los datos al territorio nacional y a marzo de 2015, el número de asesinados supera los 4.350 casos registrados. Por eso, resulta indiscutible afirmar que inseguridad es la policía en las calles.

Desalojo violento en Carmen de Patagones
En los primeros días de marzo, en los barrios de Villa Rita y Néstor Kirchner de la ciudad de Carmen de Patagones, se realizó un violento desalojo por parte de la policía, que tenia como objetivo sacar de esas tierras a las familias que habían decidido tomar el predio ante el déficit habitacional en esa zona.
Los efectivos policiales ingresaron al predio con la intención de recuperar esa tierra privada. Su primera acción fue disparar con balas de goma y lanzar gases lacrimógenos contra los vecinos, que no retrocedieron y resistieron el avance del accionar represivo, arrojando piedras, botellas y otros elementos, lo que obligó a frenar el avance del operativo mandado por la municipalidad para recuperar el predio.
Todas las crónicas periodísticas de los medios de comunicación masivos focalizaron su energía en la “agresión” sufrida por las fuerzas represivas, y no en el ataque, ni en la violencia sistemática que sufre diariamente el sector más pobre de esa zon, sin una política de viviendas, y con una constante persecución y represión, que son moneda corriente para los habitantes de Carmen de Patagones.
En octubre de 2002, en la edición 187 de este boletín, describíamos las características de las supuestas victimas que construyen los medios: “Carmen de Patagones tiene la particularidad de ser el reducto al que son trasladados los policías bonaerenses involucrados en casos de corrupción o violencia institucional impunes. Es una especie de castigo para estos canas que en realidad se constituye en castigo para los pobladores. Los policías rionegrinos no se quedan atrás y se hermanan con sus pares bonaerenses a la hora de reprimir. Los vecinos de Carmen de Patagones coinciden en afirmar que las recorridas policiales de los fines de semana están dirigidas a “cazar pibes” exhibiendo escopetas Itakas, las que accionan para intimidarlos. Algunos padres empezaron a denunciar que sus hijos adolescentes fueron detenidos “sólo porque iban caminando por la calle”. Del otro lado del río, los jóvenes rionegrinos sufren las mismas persecuciones”.
El desalojo violento ejercido por las instituciones democráticas para resguardar la propiedad privada con la represión a los sectores que escapan de su control y órbita institucional es lo que sucedió en la mañana del 2 de marzo. Ante este atropello, los vecinos se organizan y se enfrentan a la legalidad del sistema que los avasalla todos los días con las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil y los desalojos violentos, igual que a toda persona que enfrente directamente o indirectamente al modelo capitalista.

Metropolitanos a juicio por tirar balas de plomo
Exactamente a dos años del 12 de marzo de 2013, cuando dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) -Germán Darío de los Santos (integrante de DTL!) y Esteban Ruffa (fotógrafo de la Agencia de Noticias ANRed)- y un manifestante recibieron disparos con balas de plomo de la policía Metropolitana en el intento de desalojo del acampe de la Sala Alberdi, la jueza Wilma López, titular del Juzgado de Instrucción Nº 38, consideró completa la etapa de instrucción, y la querella requirió la elevación a juicio oral de las actuaciones.
En el escrito presentado hoy, con patrocinio de CORREPI, los querellantes de la RNMA pidieron que la causa sea elevada a un tribunal oral que juzgue a los oficiales mayores Gabriel Heriberto Pereyra De La Rosa y Miguel Antonio Ledesma, y al oficial Nelson Maximiliano Acosta, por el delito de homicidio calificado, reiterado en tres oportunidades, en grado de tentativa. Además, pidieron que continúe al investigación contra el comisario Pedro Carnero (Seccional 3ª) y el comisario Inspector Guillermo Calviño (Jefe de la Dirección General de Conducción Operativa) de la Policía Federal Argentina (PFA), por incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión funcional; y contra los responsables políticos de la represión, sobre los cuáles la justicia aún no ha avanzado.
Antes de correr vista a la querella para que se expida sobre la elevación a juicio, la jueza remitió copias de las actas del allanamiento realizado en el domicilio del oficial Pereyra De la Rosa al juzgado de instrucción nº 47 que instruye la causa por los homicidios del Parque Indoamericano, donde intervino mismo el funcionario policial, y al juzgado federal nº 6, que resultó sorteado para intervenir en la nueva causa iniciada contra Pereyra De la Rosa por acopio y tenencia ilegal de armas y municiones de guerra, a partir del hallazgo, en un casa, de un arsenal de proporciones.
En los próximos días, deberá expedirse la fiscalía sobre la clausura de la instrucción y la elevación a juicio, y luego será el turno de la defensa de los policías, ejercida por poderosos estudios jurídicos vinculados al poder político y económico, antes que la jueza López resuelva al respecto. Luego de los previsibles recursos con los que los defensores de lujo intentarán dilatar el proceso, se designará el tribunal oral que deberá intervenir en el debate que podría tener lugar en el segundo semestre de este año, o a principios de 2016.
Esta causa se suma a la larga lista de las que reflejan el accionar represivo común y la cooperación operativa entre las policías Metropolitana y Federal, como lo vimos en las represiones del Hospital Borda (causa en la que ha sido sobreseído el jefe de gobierno Mauricio Macri, mientras que trabajadores de la salud, como la enfermera discapacitada del Garraham, Cristina Alem, siguen procesados por defender la salud pública) y del Parque Indoamericano, lo que deja en evidencia que, a la hora de intentar paralizar al pueblo organizado que reclama por sus derechos, las diferencias entre el gobierno nacional y el de la Ciudad se diluyen.

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