miércoles, 18 de marzo de 2015

Boletín informativo de CORREPI

Simulacro de fusilamiento en Sierra Chica / Otro pibe sexualmente abusado por un policía federal / El asesinato de Kevin: crónica de una zona liberada / La Taser de Macri y Aníbal / La muerte viaja en patrullero.

Simulacro de fusilamiento en Sierra Chica
“Con sangre verdaderamente están regando el país ahora”, escribió Juan Gelman.
Los presos fueron despertados de madrugada para salir de sus celdas. Los penitenciarios no mediaron palabra ni dieron explicaciones: los sacaron al corredor en fila y les taparon la cabeza; ahí llovieron los golpes y los insultos. Después de un largo rato de torturas (ya para cuando la visión anulada sólo sentía el frío del suelo), los pusieron de rodillas, les apuntaron, apoyaron el cañón en la cabeza, y descargaron.
Aunque así parezca, no estamos hablando de la masacre de Trelew, sino de los hechos ocurridos la madrugada del 1° de marzo en el penal de Sierra Chica, Pcia. de Buenos Aires. Afortunadamente, ésta vez la descarga llegó sin municiones. No hubo balas, sólo la vieja advertencia: “la próxima, no hay próxima”.
Semanas antes, los presos habían tomado algunas medidas de fuerza que iban de la huelga de hambre a coserse la boca, con el objetivo de lograr el traslado a unidades cercanas al núcleo familiar. La respuesta, como vimos, no tardó en llegar. Pero más allá de lo que los hechos hablan por sí solos, están las causas y –fundamentalmente- los objetivos. Estos métodos, propios de la última dictadura cívico-militar, son materia común en la cartera de prácticas que cotidianamente desarrolla el Servicio Penitenciario con el objetivo de garantizar el control dentro de las unidades.
Así, dentro de los penales, las comisarías, como en los barrios, funciona la tortura y el gatillo fácil. Para el Estado no importan los métodos que utilicen sus efectivos: si el control y la disciplina están garantizados, hay luz verde.

Otro pibe sexualmente abusado por un policía federal
El martes 10 de marzo, en horas de la tarde, un adolescente de 17 años iba cruzando las vías del Ferrocarril Sarmiento en la estación Caballito, del barrio porteño, cuando un efectivo de la Federal -que hacía tareas extras en el lugar- lo detuvo. El policía interceptó al chico preguntándole de dónde venía, qué hacía por ahí y exigiéndole que "exhibiera sus efectos". Según consta en la denuncia que realizó el padre del muchacho minutos después del hecho, el policía lo llevó hasta la plazoleta aledaña a la estación y lo requisó sacándole dos cigarrillos de marihuana para luego romperlos y comenzar a tocar abusivamente sus partes íntimas y el resto de su cuerpo. Lejos de cualquier “cacheo de rutina”, el oficial aprovechó su poder para violentar la dignidad del pibe.
Cuando llegó a su casa, el chico le contó al padre lo que había vivido y juntos fueron a la placita para constatar que el Federal aún estuviera en el lugar. Allí lo vieron y así derechito se fueron a la comisaría 13ª para radicar la denuncia (nota: siempre es mejor no ir a la comisaría, sino al juzgado o fiscalía de turno, para denunciar a las fuerzas). Horas después el efectivo que trabajaba en la División Fraudes Bancarios fue pasado a disponibilidad, pero no detenido, porque la jueza que instruye la causa le encontró la vuelta.
La misma vuelta que encontraron el juez y la Cámara Criminal para mantener libre al policía federal Jesús Yapura, ese que forzó al pibe peruano de 14 años a arrodillarse en el baño de la estación del subte Congreso de Tucumán el 1º de enero de 2012, y le dijo “chupala”. El chico, como el de ahora, recurrió a su papá, que hizo la denuncia. Confiada la querella a CORREPI, para el pibe peruano hubo finalmente algo de justicia. Un tribunal oral condenó al policía Yapura a 12 años de prisión por abuso sexual doblemente agravado, y hace pocos días la Cámara de Casación confirmó la pena, con lo que va a tener que cumplir al menos algo de la condena, hasta que le encuentren la vuelta para largarlo.

El asesinato de Kevin: crónica de una zona liberada
El 7 de septiembre de 2013, Kevin escondió sus 9 años bajo la mesada de su casita del Barrio Zabaleta, en la ciudad de Buenos Aires. De un lado y otro de la placita que lleva su mismo nombre (no por él, sino por otro pibe asesinado como él), bandas de narcos protagonizaron un tiroteo encarnizado con UZI, FAL y 9 mm al por mayor. Una de esas balas entró por la ventana y dio en la cabeza del chiquito.
Al mismo tiempo, el oficial principal de la Prefectura Naval Argentina, Daniel Andrés Stofd, junto a otros seis prefectos y gendarmes, recorrían la zona presuntamente como "garantes de la seguridad en la barriada". Los llamados al 911 que los vecinos realizaron instantes antes, advirtiendo que la cosa se estaba poniendo mal y derivaría en un seguro enfrentamiento, fueron registrados por esos efectivos. Sin embargo las modulaciones dicen: "Hace 2 segundos salimos de la Placita y negativo masculinos en ella... el panorama es normal"
Un año y medio después, el juez Schlegel, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 14, resolvió que el prefecto Stofd debe responder por el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (previsto con pena de inhabilitación y multa) “por haber omitido, retardado o rehusado constituirse en el lugar, para evitar males mayores”. La leve imputación deja a salvo al resto de los prefectos y ni siquiera investiga a los gendarmes. Un eufemismo que expresa una lógica nada novedosa y que -entre tantos otros- podemos apreciar en el fallo que alivianó la situación procesal de los policías que contribuyeron al crimen de Mariano Ferreyra, el emblemático caso en el que estado burgués mostró su contacto con las patotas sindicales.
En este caso, asesinado a sus 9 años, Kevin desnuda la línea de contacto entre el mundo del crimen y los intereses de la burguesía, en tanto clase que detenta los resortes de ese mismo estado.
Porque el caso de Kevin pone en evidencia que las fuerzas de seguridad del estado NO están para cuidar al pueblo, sino para disciplinarlo. La evidente zona liberada garantizada por los uniformados permitió el crimen, revelando cómo lo de bandas narcos es una media verdad, que deja afuera a los que supuestamente están para impedirlo y en cambio lo facilitan.
El caso de Kevin muestra el verdadero rol del estado a través del accionar de sus fuerzas: garante de la seguridad de los negocios del poder, "legales" y de los otros. El negocio narco es acumulación capitalista, reciclaje del capital, reproducción del mismo. Convierte la mierda en dinero, y la vida en un calvario.
El caso de Kevin revela la otra cara de ese mismo estado cuando esgrime la igualdad formal ante la ley y la desigualdad concreta en la realidad: una investigación por un delito menor, con penas insignificantes, destinada a cumplir formalidades, antes que a juzgar y castigar el imperdonable crimen y la participación necesaria e imprescindible de los uniformados en su comisión.
La crónica de esta zona liberada podría sintetizarse así:
El 7 de septiembre de 2013, grupos narcos, con el apoyo del Estado a través del oficial Stofd y compañía, se tirotearon en la placita del Barrio Zabaleta.
Un año y medio después, una vez más, la impunidad pretende cerrar el caso con los eufemismos judiciales, esta vez a cargo del juez Schlegel.
No sólo de las balas se escondían Kevin y toda su pobreza.

Van a estar buenas las Taser
Fue grande el escándalo mediático cuando Mauricio Macri propuso, hace varios años, las pistolas Taser para la Policía Metropolitana. Fueron prohibidas judicialmente, y ahora el Tribunal Superior de la Ciudad las autorizó, con el argumento de que “los planteos en su contra resultan conjeturales e hipotéticos”. Habrá pues picanas portátiles para todos y todas en la ciudad de Buenos Aires.
Nadie se queja, en cambio, de que ese tipo de arma de tortura sea utilizada por los cuerpos especiales de las policías Federal (GEOF), de Buenos Aires (Halcón), Mendoza (GES), Santa Fe (TOE) y Eter de Córdoba. Hasta en la ciudad de Las Heras (Santa Cruz) se usan, desde que el intendente de Las Heras en 2010, Teodoro Caminos, representante del kirchnerismo local, creó su propia policía municipal y las dotó de Taser. Ante el cuestionamiento dijo “las picanas no matan”. No claro, solas no matan a nadie, salvo cuando algún representante del aparato represivo las usa para represaliar.
Dijimos en el Boletín nº 544, hace cinco años: “Por su parte, el Pentágono estadounidense viene llevando la delantera en el desarrollo de las llamadas “armas no letales”. Uno de los proyectos más conocidos es el cañón LRAD, un dispositivo acústico de largo alcance. Esta arma puede usarse contra muchedumbres, pero las ondas sonoras también pueden dirigirse contra una persona bien determinada. La eficacia de este cañón puede apreciarse en las escenas del 7 de noviembre de 2007, en Tiflis, que muestran cómo fue dispersada allí la manifestación. Otro proyecto norteamericano es un sistema de neutralización activa, (Active Denial System), que consiste en un potente irradiador de ondas medias. Los voluntarios en los que fue experimentada esta arma “no mortal” explicaban que sentían dolor y el deseo reflexivo de escapar inmediatamente del lugar de su acción”.
Entonces ¿armas no letales? Nada nuevo, simple juego de palabras, para legitimar, una vez más, la represión del estado.

La muerte viaja en patrullero
El 15 de diciembre del año pasado, en el barrio porteño de Barracas, una camioneta de la Policía Metropolitana conducida por el oficial Daniel Germán Castagnasso, acompañado por el subinspector José Daniel Soria Barba, atropelló y a Nehuén Rodríguez, un pibe de 18 años, recién egresado de la secundaria, que iba en su moto y salía a festejar el triunfo de su club, Huracán.
La condición de policías de los embestidores impuso el perfil de la causa. Los vecinos cuentan que enseguida llegó otro patrullero, pero la ambulancia tardó más de media hora en llegar. El fiscal y los policías federales de la comisaría 28ª llegaron seis horas después al lugar.
Todos cuentan que el patrullero cruzó en rojo a gran velocidad, sin balizas, ni sirenas. Según datos periciales, la moto fue arrastrada veintiséis metros, lo que da la medida de la velocidad del patrullero. La familia asegura que ésta es una práctica habitual en el barrio y que hoy continúan haciéndolo con total impunidad.
Aunque en un principio se imputó a los policías por homicidio simple, en pocos días se redujo a homicidio culposo, cuyas penas son mucho más leves.
Los policías imputados declararon que circulaban con las balizas y sirenas encendidas, pero cuando, para verificarlo, se solicitaron las filmaciones de la cámara de seguridad ubicada exactamente en el lugar del hecho, resultó que ese 15 de diciembre la cámara solo registró imágenes del asfalto. Casualmente, las numerosas cámaras aledañas tampoco registraron imágenes del patrullero, ya que no funcionaban.
Este tipo de hechos, aunque no vinculados directamente con el ejercicio del control social contra el pueblo, muestran que, también en casos de criminalidad común, las fuerzas y el poder judicial funcionan de conjunto para garantizar la impunidad de los suyos.

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