jueves, 5 de marzo de 2015

Drones, un mercado en expansión y al acecho en Estados Unidos

Luis Brizuela Brínguez (PL)

La reciente publicación de normas para el uso de aviones teledirigidos (drones) con carácter comercial en Estados Unidos, alimenta el debate sobre el empleo de tales artilugios y los riesgos para la seguridad y privacidad de los ciudadanos. La polémica se avivó cuando casi al unísono, el departamento de Estado divulgó la nueva política que regirá la venta de este tipo de aeronaves a países aliados, tanto en sus versiones no armadas, como aquellas cargadas con misiles.

Washington se encuentra en el vórtice de una fuerte controversia, acusado por emplear estos aparatos para el espionaje doméstico y global, así como por recurrir a ellos para el asesinato selectivo de supuestos terroristas, con el consiguiente saldo de "daños colaterales", cobrados en vidas de inocentes.

El 15 de febrero, la Administración Federal de Aviación estadounidense (FFA) emitió nuevas regulaciones para el uso comercial de aviones teledirigidos en el espacio aéreo nacional.

La disposición permitiría que los drones con un peso de hasta 25 kilogramos vuelen a la vista de sus operadores durante el día, a una altura inferior a los 153 metros y a menos de 160 kilómetros por hora.

Quienes operen este tipo de aviones deberán tener como mínimo 17 años de edad, así como pasar una prueba de aeronáutica y ser examinados por la Administración de Seguridad en el Transporte, además de obtener un certificado.

De acuerdo con lo previsto, la FAA está a favor de facilitar que los agricultores, fotógrafos y otros sectores puedan manejar drones para inspeccionar cultivos, grabar vídeos y controlar las instalaciones remotas, como oleoductos, plataformas de perforación y torres de electricidad, entre otros usos.

La entidad dispuso un plazo de 60 días para recibir comentarios sobre la propuesta, aunque los expertos del sector calculan que pasarán 18 meses o más hasta que las nuevas normas estén listas y puedan entrar en vigor.

No obstante, la compañía AeroVironment, productora de estos artefactos y con sede en Artlington, estado de Virginia, fue la primera en recibir en junio pasado, el permiso de la FAA para operarlos con el fin de supervisar el trabajo en oleoductos de la compañía British Petroleum en Alaska.

Los defensores de la medida aseguran que el uso de aviones teledirigidos con fines comerciales podría salvar la integridad física de las personas en misiones riesgosas, al emplearse pequeñas aeronaves pilotadas remotamente, cada vez más baratas y multifacéticas.

Sin embargo, los críticos ponen de relieve los riesgos que plantean los aparatos no tripulados, vistos en estadios llenos de gente e interfiriendo en la trayectoria de vuelo de aviones durante el aterrizaje en aeropuertos.

Otros rechazan la posibilidad de que los artilugios sirvan para husmear en la vida de las personas, cuando permanecen frescas las acciones ilegales de la Agencia de Seguridad Nacional y el sonado escándalo de espionaje de las comunicaciones de millones de personas en Estados Unidos y el mundo.

La Casa Blanca divulgó un memorando firmado por el presidente Barack Obama, para asegurar que las agencias gubernamentales que usen drones en actividades como la agricultura o la seguridad fronteriza respeten la privacidad y las libertades civiles.

En enero pasado, el mandatario abogó por imponer regulaciones al uso comercial y recreativo de los aviones pilotados a distancia, después de que uno se estrellara en los jardines de la Casa Blanca.

Por su parte el 17 de febrero, el departamento de Estado confirmó el inicio de la exportación de drones militares armados a naciones amigas y aliados, algo largamente demandado por la industria armamentística.

Según el organismo, Washington se compromete a seguir "estrictos estándares para la venta, la transferencia y el uso posterior" de esos sistemas militares de aviación no tripulada -hasta ahora vendidos solamente a Reino Unido- y se estudiarán las exportaciones caso por caso.

Tal decisión contribuirá a fortalecer a los aliados estadounidenses enrolados en la denominada lucha contra el terrorismo en Medio Oriente, donde se efectúan bombardeos contra posiciones del autodenominado Estado Islámico (EI) en Siria e Iraq, justificó el documento.

El diario The Washington Post opinó que la medida constituye un "guiño" a las empresas de defensa del denominado complejo militar-industrial estadounidense, interesadas en una mayor participación en el creciente mercado mundial de los aviones no tripulados.

Recordó además que ese tipo de armamento ha sido "la piedra angular" de la estrategia antiterrorista estadounidense, si bien recalcó que el poder para matar por control remoto es "intensamente controversial".

De acuerdo con el Post, la movida de la administración constituye "un delicado acto de equilibrio"', pues la Casa Blanca "ha tratado de elevar los derechos humanos en su política exterior, pero también ha empleado ataques de drones como ningún otro gobierno en la historia". Indicó la fuente que se establecerá requerimiento de uso apropiado para los compradores, quienes no deberán usar esa tecnología para "realizar vigilancia ilegal o uso de la fuerza ilegal contra sus poblaciones nacionales".

Desde arriba alguien mira mata

El inminente incremento de operaciones comerciales con drones sobre el espacio aéreo estadounidense y su venta a otros países, ocurre pese a fuertes críticas de entidades defensoras de los derechos civiles.

Se teme que pese a la reglamentación para su uso, las agencias policiales y el Pentágono puedan utilizarlos con mayor flexibilidad dentro del país en misiones de vigilancia.

A nivel internacional, Washington mantiene desde 2004 bombardeos con aeronaves teledirigidas en Afganistán, Yemen, Somalia y Pakistán, los cuales se han incrementado durante la administración Obama y han causado la muerte de miles de personas, con el pretexto de lucha contra el terrorismo.

En agosto de 2013, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, condenó estas operaciones porque provocan la muerte de civiles inocentes.

Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York publicó en junio de 2014 un memorando donde el gobierno de Obama justifica el ataque aéreo que mató a un ciudadano estadounidense afiliado a Al Qaeda en 2011.

De acuerdo con el texto, la autoridad para usar fuerza letal en el extranjero puede ser aplicada en circunstancias apropiadas a un ciudadano norteamericano integrante de fuerzas enemigas, siempre que fuese ejecutado de acuerdo con las leyes de guerra.

Según el documento del Departamento de Justicia, "si un soldado mata intencionalmente a un enemigo combatiente en tiempo de guerra y dentro de las leyes de la guerra, no es culpable de asesinato".

En mayo de 2013, la administración demócrata reconoció por primera vez haber asesinado a cuatro de sus ciudadanos durante incursiones con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán.

En una carta a líderes del Congreso, el secretario de Justicia Eric Holder incluyó una larga justificación del asesinato selectivo contra el clérigo Anwar al Awlaki, un ciudadano estadounidense-yemenita acusado de vínculos con la red terrorista Al Qaeda.

El texto reconoció además la muerte de los estadounidenses Samir Khan, ultimado en el mismo ataque que el clérigo radical, el hijo de Al Awlaki, Abdulramán al Awlaki, asesinado en Yemen, y Jude Mohamed, quien falleció en un ataque teledirigido en Pakistán.

Holder señaló que Anwar al Awlaki es el único ciudadano estadounidense que Washington ha perseguido y matado deliberadamente desde 2009, pero que las otras tres "no fueron específicamente buscadas".

Asimismo, las posibilidades de accidentes también incrementan los temores por la expansión del uso comercial o militar de los aviones teledirigidos.

En junio de 2014, el diario The Washington Post reveló que desde el inicio de la guerra contra Afganistán en 2001 y hasta finales de 2013, más de 400 drones militares estadounidenses presentaron múltiples problemas de funcionamiento, y algunas se precipitaron a tierra por problemas mecánicos, errores humanos y otras causas.

Más de 190 aeronaves de este tipo se desplomaron y provocaron al menos dos millones de dólares en daños en cada caso al caer sobre viviendas, granjas, aeródromos, autopistas y en una ocasión al chocar en pleno vuelo contra un avión de transporte C-130 de la Fuerza Aérea, reveló la pesquisa.

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