miércoles, 18 de marzo de 2015

Elecciones en México: de la partidocracia a la ineficiencia

Walter Ego (SPUTNIK NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

A unos tres meses de las elecciones intermedias en México, resulta preocupante el escenario en el que tendrá lugar la jornada electoral del 7 de junio.

A unos tres meses de las elecciones intermedias en México, resulta preocupante el escenario doblemente "increíble" en el que tendrá lugar la jornada electoral del 7 de junio: por una parte, la crisis de credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE); por la otra, la que padecen los partidos políticos del país según percepción popular.

En ese sentido apunta una encuesta llevada a cabo por el Colegio de México, la cual evidenció la escasa confianza que generan entre la población los partidos políticos y el propio INE, los primeros con apenas la aprobación del 19% de los encuestados, cifra que sube hasta un 34% en el caso del organismo que debe dar certeza al proceso electoral en puertas.

Lo que revelan tales cifras no es tanto el deterioro de la democracia en México como el secuestro de la que ha sido víctima por parte de actores políticos que bajo el ropaje de la representatividad popular viven a costa del erario público, situación propiciada por un sistema electoral para el cual la cuantía es sinónimo de valía y aun de diversidad y en el que la sociedad civil es un simple espectador de la dinámica social sin otro consuelo que el cambio trienal (o sexenal) de administraciones.

Es por ello que en las próximas elecciones contenderán partidos cuyo mayor mérito apenas si sea el de haber encontrado un nombre que los identifique y con plataformas políticas donde "pluralidad", "bien común" y "cambio" son el núcleo de prédicas falazmente novedosas que buscan convertir los desechos discursivos de los desacreditados partidos tradicionales en soflamas originales, proceso de reciclado que comparten con los líderes que los encabezan.

Así, el Movimiento de Renovación Nacional tiene al frente al ex priista y ex perredista Andrés Manuel López Obrador; el Partido Humanista a Ignacio Irys Salomón y a Javier Eduardo López Macías, el primero un dirigente campesino que en el 2006 estuvo en el Partido Social Democracia y el segundo un militantes del Partido Acción Nacional hasta el 2013, mientras que el Partido Encuentro Social lo preside Hugo Eric Flores Cervantes, un pastor bautista con un oscuro pasado por presuntas irregularidades cuando se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Por su parte, la cuestionada credibilidad del INE tiene su raíz en un despropósito: los miembros de su Consejo General son elegidos por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que la pretendida autonomía e imparcialidad del organismo que organiza y vigila las elecciones en México no pasa de ser una utopía bienintencionada en la que los jugadores eligen al árbitro que ha de hacer cumplir el reglamento del juego.

De ahí que su demora para sancionar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por su publicidad electoral en los cines, su tardanza para elegir al titular del órgano interno de Fiscalización y el no aceptar debatir un acuerdo que acote el uso de programas sociales del gobierno con fines electorales, lo coloque en la disyuntiva de hacer valer su autonomía o aceptar la acusación de los partidos políticos inconformes con un desempeño que parece favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actuar en consecuencia. La sanción al PVEM por más de 37 millones de pesos acaso sea justa, pero cubre con la sombra del equívoco una decisión que no se sabe si es hija del libre arbitrio o del apremio de los institutos políticos descontentos.

La INEficiencia del organismo electoral mexicano parte también de la disparidad entre el poder que está facultado para ejercer y el real alcance del mismo. Si bien el INE está capacitado para anular una elección porque uno o varios de los contendientes rebasaron el tope de dinero a gastar en la campaña electoral, la realidad demuestra que las irregularidades que conducen a ello —como la inyección de recursos de particulares a las campañas o el uso de recursos estatales para apoyar a candidatos del partido que detenta el poder en las entidades federativas donde hay elecciones- resultan difíciles de comprobar vía judicial.

Si a ello se suma que la integración de los Organismos Públicos Locales (OPLES) en los estados donde se efectuarán comicios el próximo junio fue un proceso no carente de críticas —una de ellas por la eventual falta de autonomía que supone el ser organismos cuyos presidente y consejeros si bien los designa el INE son remunerados por los gobiernos locales- parece evidente que a tres meses de que se renueven la totalidad de los curules de la Cámara de Diputados (500), los gobernadores de nueve estados, los diputados locales de diecisiete entidades, 993 alcaldías en dieciséis estados, así como los dieciséis jefes delegacionales del Distrito Federal, el escenario doblemente "increíble" en que tendrá lugar este proceso será una suerte de tamizaje neonatal para el INE (el hijo predilecto de la reforma político-electoral promovida por el presidente Enrique Peña Nieto) y un atisbo de los comicios presidenciales del 2018, una prueba de fuego, en fin, para una democracia que a pesar de la apertura que vive México desde el año 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pasó a la oposición luego de 72 años en el poder, aún se orina en la cama, una democracia imperfecta, sí, pero preferible, de cualquier modo, a la perfección de una dictadura que supone la permanencia (Vargas Llosa dixit) "no de un hombre, pero sí de un partido".

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