miércoles, 4 de marzo de 2015

Violencia es mentir

Ignacio Pizzo (APE)

Las causas de muerte no escapan, desde luego, a la estadística. Nuestra devaluada salud pública no ha tenido en este tiempo la capacidad de decirnos la verdad acerca de cuáles son los males que ocasionan mortalidad y no se pregunta sobre hechos que el empirismo coloquial nos relata a diario. No obstante, las muertes violentas en adolescentes y niños no siempre han sido objeto y mucho menos “sujeto” de estudio para la epidemiología argentina.

Las estadísticas de muertes violentas, no contemplan, no quieren contemplar -aparte de los homicidios, accidentes de tránsito, suicidios y traumatismos varios- a las muertes por desnutrición y a los muertos en vida en donde las secuelas del hambre, transforman un sueño de futuro, en un terror diurno y nocturno y tendrán que conformarse con ser “casos aislados”. Su ninguneo sistemático nos obliga a comprar números que nunca pueden ser corroborados.

¿Acaso los Ni-Ni, eufemismo policíaco del “NN”, para llamar a los jóvenes que no trabajan ni estudian, no son almas en pena que deambulan buscando una sonrisa sanadora para su agonía? ¿Acaso el Paco no es el perdigón que llega para quedarse en todos los territorios fértiles que son nuestros pibes menos, donde el amor parecería una ironía?

Luciano Arruga, que quizá sería un ni-ni, es emblema de la desaparición en democracia y de la intacta práctica represiva de las fuerzas del estado y nos recuerda todos los días que la mentira de la “violencia social” no es casual. Néstor Femenía, niño qom asesinado por desnutrición, es el último ícono de la violencia estatal y mediática, cuyas imágenes circulan por los caminos del software, del papel prensa o de la pantalla led, sólo para alimentar la voracidad -paradójicamente- del amarillismo mediático espasmódico. Todas son violencias y por lo tanto promotoras de la muerte.

Quizá los paralelismos puedan resultar irritantes y las comparaciones, tediosas, pero no puedo dejar de mencionar un trabajo publicado por el Doctor Hugo Spinelli, que toma datos del período de la dictadura militar desde 1976 a 1983, donde se estableció una metodología violenta de exterminio planificada y sistemática, conocida como terrorismo de estado Se han recogido datos de 13.444 casos de desapariciones denunciadas por la CONADEP, si bien la denuncia de organismos de derechos humanos data que son más de 30.000. De los casos registrados por CONADEP, el 70,7% de las víctimas tenía entre 21 y 35 años y el 83% tenía menos de 35 años. Integrantes de las fuerzas armadas como el General Pita hablaba de “juventicidio” cometido por las máximas autoridades del estado. Para ellos el CIE -10 (Clasificación internacional de enfermedades), no ofrece un código específico para consignar las defunciones ocurridas como consecuencia del terrorismo de estado. Señala Spinelli que tanto en Argentina como en Latinoamérica y en el mundo, el lugar que ocupa la temática en la comunidad científica, evaluada a través de análisis del espacio que se le dio en la literatura médica, es muy bajo. Aún con el advenimiento de la democracia, la problemática de la mortalidad por causas de este tipo no fue retomada por la comunidad científico—sanitaria. Este silencio de la época por parte de organismos estatales de salud, encontraba respuesta en quien fuera secretario de Estado de Salud Pública desde 1976 a 1981. Señalaba la necesidad de observar el “país real”, para diseñar políticas de salud y hablaba de “conflicto social abierto”, haciendo mención a una “violencia desconocida en nuestro medio”. De esa manera borra de cuajo la figura del desaparecido.

Para agregar a esto, y sólo como ejemplo, una comparación de datos de CONADEP de la ciudad de Buenos Aires con datos del Ministerio de Salud de la Nación, consignan que durante el año 1976 el número de desaparecidos entre 20 y 24 años (233) es mayor que la sumatoria de todas las causas de muertes (217), en el mismo año y para el mismo grupo de edad. Señalar esto nos ayuda a pensar que ante una causa de muerte aislada, provocada de manera intempestiva, en un grupo de edad, representando entre el 10 y el 30 % de las muertes, el aparato médico-sanitario declararía una epidemia, sin embargo no lo hizo, porque la ciencia selecciona sus “objetos de estudio”. Esa selección no es casual, el aparato científico-estadístico será el aliado del estado cuando se requiera el silencio impune. Es silencio de los sepulcros innominados, donde los enterrados como NN, fueron despojados de su identidad, con el único fin de terminar de aniquilar utopías , e impugnar toda forma de vida justa.

Durante los tiempos corrientes de esta pobre democracia, donde el estado se jacta de estar presente, nos encontraremos que los datos son sólo fantasmas burlones, en el mejor de los casos. Aparecen, si es que lo hacen, en forma desperdigada y sin tener sustento científico y, me atrevo a decir, con una alta carga de desconfiabilidad.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en el año 2013 murieron 891 personas en la Argentina a causa de la desnutrición. Según estos registros oficiales, menores de 14 años fallecidos por esta causa fueron 62. No tarda en reconocer que la mayor cantidad de desnutridos según este organismo vive en el Gran Buenos Aires y en los cordones suburbanos. Pero los casos más extremos se encuentran en el noreste y noroeste de la Argentina, en donde se registran muchas zonas donde el agua no es potable, no hay acceso a cloacas ni buena higiene ambiental.

Pero si quisiéramos no llamar a las cosas por su nombre, y si no dijéramos que el hambre es un crimen, y sólo nos dedicáramos a analizar números de muertes juveniles en un sentido “literal”, tampoco se encuentran datos en organismos oficiales confiables acerca de muertes en adolescentes, y mucho menos por represión de organismos estatales.

Podemos sí, citar datos de la CORREPI, cuyo último informe señala 218 desaparecidos en democracia, 2.778 asesinados por el aparato represivo estatal desde el 25 de mayo de 2003 y 4.321 desde diciembre de 1983.

Encontramos también datos de la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría), del 2013 que menciona que muertes que podrían evitarse, como los accidentes viales y los suicidios, constituyen las principales causas de defunción entre los 15 y 24 años.

La “casa del encuentro” dice existen alrededor de 21 chicas adolescentes de entre 15 y 18 años, asesinadas por año.

Podríamos seguir hurgando, en los confines de la web, de ministerios, podríamos echar mano en las tramperas de las oficinas encuestadoras, con la ingenua premisa de buscar certezas donde no las hay, para tener de dónde agarrarnos, sólo con la convicción de que la indignación nos podría ayudar a remover tanto silencio, para hacer visibles a los invisibles. Aquellos muertos por el paco que se constituye como la nueva picana de nuestros tiempos, los asesinados por el hambre, y los asesinados por balas y cárceles, estas últimas sin perder costumbres de estado terrorista. En sus certificados de defunción, se escribirá el clásico paro cardio- respiratorio, falla multiorgánica, herida de arma de fuego, suicidio, muerte dudosa o violenta, pero no dirá que el germen de la violencia estatal fue el patógeno, que lo acorraló, para restarle vida a nuestra vida. Su muerte evitable es una hipótesis que la ciencia aún no redactó. Las defunciones de los muertos en vida, desnutridos y NI-NI, cuyo único pecado fue ser niño o adolescente pobre, aún no se inscriben en el registro civil; con azar, les espera al decir de Alberto Morlachetti, al menos un remedio que le demore la muerte. ¿Cuantos sumarían todos ellos, niños y jóvenes, a quienes la bala policial, el paco, y el hambre los tiene en la mira? Para luego borrarlos de la estadística, desaparecerlos, esconderlos. La epidemia de dolor por los niños, niñas y adolescentes que no están aún no se presenta por resolución ministerial, sólo adquiere vuelo mediático propagandístico para reclamar imputabilidad o para exponer obscenamente sus siluetas abofeteadas por el hambre.

Ninguna marcha, ninguna movilización, ni silenciosa ni ruidosa se ha convocado por ellos. En estos tiempos donde la disputa de las calles es la disputa por el poder, la única frase que cabe es: violencia es mentir.

Ignacio Pizzo es médico generalista, Casa de los Niños. Fundación Pelota de Trapo.

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